Diálogos en Campo Marte

Diálogos en el Campo Marte/Fred Alvarez

Publicado en Código Topo, de Excélsior, 6 de septiembre de 2010;

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Justo a dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el presidente Felipe Calderón clausuró el mes de los Diálogos por la Seguridad, que conformaron 10 mesas de trabajo en donde participaron gobernadores, alcaldes, legisladores, ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales y locales, rectores de universidades, lideres religiosos, columnistas, académicos, y voceros de organizaciones empresariales y de la sociedad civil.. A mi parecer fue un ejercicio abierto, plural, franco e incluyente en el que los participantes se expresaron con amplia libertad, y donde se plantearon una serie de propuestas con sentido crítico, donde incluso se habló de despenalizar el consumo de mariguana y otras drogas blandas. Habría que decir que los diálogos se dieron tarde si contamos que van cuatro años de gobierno de la actual administración, pero es mejor tarde que nunca.

El mismo presidente reconoció "con tristeza", lo mucho que hace falta por hacer. Y por supuesto hubo implacables críticas de que esos diálogos fueron soliloquios, una especie de prédica en el desierto, que en nada ayuda a resolver los grandes problemas nacionales, concretamente el combate al crimen organizado. Lo cual no es del todo cierto. Y es que justo en los días que se celebraban las reuniones en el Campo Marte, en varias ciudades del país la violencia se generaliza; de momento hasta pudiera leerse como si fuera una reacción del crimen organizado ante las medidas que se iban anunciando un día tras otro. En agosto se incrementó la violencia, decenas de muertos se registraron en varios estados del país, y lo más grave sin duda, fue la masacre perpetrada en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 personas fueron encontrados el 24 de agosto en un operativo realizado por personal naval. Las autoridades informaron que las personas asesinadas serían migrantes indocumentados de diversas nacionalidades que estaban en tránsito por México. Las personas masacradas tenías en común ser pobres y como sueño cruzar el Rió Bravo y llegar a trabajar a lo E U. Un acto cobarde del crimen organizado. "Estoy profundamente impactada por estos asesinatos, que prueban la crítica situación de los inmigrantes en ese país (México)'', afirmó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en un comunicado divulgado en Ginebra. Mismo posicionamiento externaron jefes de estado y de gobierno. El periódico The New York Times en tono critico "confirmó" en un editorial que el gobierno de Barack Obama delegó en los 'señores de las drogas' el manejo de su política de abasto migratorio, así como lo hizo con el suministro de droga. Y para no dejar pasar desapercibido agosto se cerró además de decenas de muertos con explosiones de petardos, carros bomba en Tamaulipas afortunadamente de baja capacidad, aunque hubo varios heridos y sobretodo algunos civiles inocentes. La buena noticia el arresto de Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie". El fantasma del terror ronda en México. El crimen se vuelve violento, sinónimo de debilidad.

Las charlas del presidente -acompañado por su gabinete de seguridad- se iniciaron la mañana del lunes 2 de agosto cuando líderes de distintas organizaciones ciudadanas y empresariales -Eduardo Gallo, presidente de México Unido Contra la Delincuencia, Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Olrlando Camacho de México SOS- entre otros, exigieron al Presidente Calderón i) que las procuradurías de las entidades sean transparentes; ii) la necesidad de implementar estrategias contra el lavado de dinero; iii) la creación de un centro para mujeres encarceladas por crimen organizado; iv) pidieron que los ciudadanos se hagan cargo de los organismos de fiscalización sobretodo en el área de control de confianza, v) plantearon crear la figura de un auditor independiente de la policía; f) demandaron acelerar la implementación de los juicios orales empezando por renovar el Código Federal de Procedimientos Penales, entre otros puntos.

Un tema que generó confianza fue el hecho que de entrada el presidente Felipe Calderón le regresara al Instituto de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) los apoyos gubernamentales para hacer la Encuesta Nacional de Seguridad, que semanas atrás se había decidido las hiciera el Instituto Nacional de Estadística y Geografia. (INEGI)*. Y aunque se sabía que el presidente preparaba esos diálogos, justo desde la muerte de Jorge Torres Cantú candidato a gobernador por Tamaulipas, varios creímos que el primer encuentro con organizaciones sociales era con ese propósito, debido a que días antes se había publicado desplegados en varios periódicos pidiendo no se hiciera a un lado a ICESI del trabajo en las encuestas, y es que la tarea del ICESI en los últimos 7 años ha sido la de mostrar la situación de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades responsables de la materia, y para cumplirla ha utilizado la encuesta victimológica.

De hecho en la primera intervención Calderón Hinojosa dijo ser sensible a la participación de la sociedad en la medición de los fenómenos delictivos, por lo que instruyó al Secretario de Gobernación a concretar los mecanismos para institucionalizar la participación del ICESI en este tipo de mediciones. Las organizaciones sociales agradecieron al presidente tan certera decisión.

Por otro lado, hay que decir que hubo desdén de varios actores políticos de participar en los diálogos, concretamente de legisladores del PRI y del PRDCONAGO, con legisladores, con ministros de culto, con especialistas, con banqueros, en fin, recomiendo leer completos los debates, disponibles -en forma desorganizada por cierto - en la página de internet de la Presidencia de la República. http://www.presidencia.gob.mx/

Hay que decir que el Presidente Calderón resume y retoma en general muy bien las opiniones, propuestas y compromisos que se plantearon en las 10 sesiones de trabajo. De entrada es acertado que los diálogos se transformaran en mesas de trabajo sobre cuatro vertientes, a saber:

i) La necesidad de fortalecer el entramado institucional, es decir, crear un sistema de justicia eficaz y transparente, por lo que se propuso instituir un nuevo modelo policiaco, integrado por 32 policías estatales, profesionalizadas y confiables, cada una de ellas con un mando único; y redefinir las funciones, los alcances y las vías de coordinación con los cuerpos de seguridad municipal; transformar al ministerio público en una institución fuerte, profesional y bien remunerada; fortalecer la carrera judicial, a través de la revisión de los mecanismos de selección, profesionalización, protección y remoción de los jueces;

ii) La urgencia de redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito. Instrumentar acciones que contribuyan a recomponer el tejido social dañado por la delincuencia y atacar de raíz sus causas, mediante la generación de mayores oportunidades de desarrollo, educación, salud, oportunidades de esparcimiento especialmente para los jóvenes y adolescentes. Hubo consenso sobre la importancia de reforzar el componente social de la estrategia, mediante una mayor oferta educativa y de mayor calidad; y una política, también, mucho más activa en materia de prevención y de tratamiento de adicciones;

iii) La necesidad de contar con sistemas efectivos de información, de evaluación y de control. Se planteó en las charlas la urgencia de hacer accesible la información sobre el fenómeno delictivo; se propuso el crear instancias ciudadanas de seguimiento y evaluación de las acciones de las instituciones policiales, ministeriales y judiciales, para poder evaluar con objetividad el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, del 27 de agosto de 2008, y;

iv) El imperativo de asegurar la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno en las tareas de seguridad, tal y como lo señala nuestra legislación. Ello necesariamente implica definir con claridad las tareas de seguridad en los niveles Federal, estatal y municipal. Eso se resume a que cada quien haga lo que le corresponde; si bien es cierto, el combate al crimen organizado, es competencia federal; pero hoy por hoy los delitos que más agravian y más afectan a los ciudadanos, son del delitos del fuero común; como son el robo, la extorsión, el secuestro, el homicidio y las lesiones, constituyen más del 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país. Pero, sobre todo, se propuso establecer mecanismos de colaboración e intercambio de información en todos los órdenes de Gobierno, a partir de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Se planteó, también, la colaboración de todos los órdenes de Gobierno en la operación del Sistema Único de Información Criminal.

Fortalecimiento institucional.

Y en lo que respecta al fortalecimiento institucional, el gobierno federal se comprometió a hacer varias cosas; a seguir apoyando con las fuerzas federales a estados y municipios para contrarrestar la acción de los criminales; reforzar la Estrategia Nacional de Seguridad y revisar, ajustar y rectificar en su caso, todo lo que sea necesario, sobretodo el revisar -una y otra vez- los procedimientos de control de confianza.

El jefe del Ejecutivo anuncio que someterá a la aprobación del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas sobre temas prioritarios, como son: la creación de la policía con mando único estatal, la corresponsabilidad de integrantes de bandas criminales en los delitos cometidos por esas bandas y reformas a la ley de extinción de dominio. (apenas aprobada unos meses atrás). Se hizo exhorto publico a los legisladores que entre las iniciativas que se han presentado y que aún requieren de aprobación se encuentran; entre otras: el proyecto que reforma el código de justicia militar, la reforma a la ley federal de armas de fuego, la ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, las reformas para sancionar delitos contra familiares de servidores públicos de instituciones de seguridad y de candidatos de elección popular, y las reformas a la ley de seguridad nacional, entre otras.

Estrategia para la prevención y el combate al lavado de dinero.

Por cierto, uno de los temas que estuvo presente y que además fue compromiso del gobierno asumido desde el acuerdo nacional por la seguridad de 2008, y una exigencias realizada durante los diálogos fue el asunto del lavado de dinero. El delicado asunto fue abordado una y otra vez durante las 10 sesiones de trabajo. es evidente que no se puede combatir al crimen organizado si no se le golpea donde más le duele: en el bolsillo. Es un asunto fundamental y lo hemos descuidado, se ha tratado marginalmente sabiendo que constituye el eslabón fundamental de una cadena que incluye delitos graves como el homicidio, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de armas, las extorsiones y, por supuesto, el narcotráfico. Hasta hoy la fiscalía de la PGR que combate ese ilícito la denominada Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de SIEDO- PGR- y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) no han hecho nada significativo al respecto. Las averiguaciones previas son muy pocas y por alguna razón no se concretan sentencias en firme. La falla es sin duda al mal funcionamiento del sistema de inteligencia y en parte también a la falta de una legislación dinámica. El éxito de Colombia fue entrarle por ese lado, además de emplear la figura de extinción de dominio en toda su plenitud, nosotros todavía no lo hacemos. Parece que tenemos temor de entrarle a fondo.

Además el blanqueo de dinero es un asunto complejo, no se combate exclusivamente evitando el lavado de los recursos ilícitos en el sistema bancario. Un informe de hace unas semanas hecho por el Departamento de Seguridad Interior de los EU, señala que en nuestro país es de los pocos en los que es posible incorporar recursos ilícitos a la economía formal, para lavarlos, sin necesidad de que los mismos entren al sistema financiero. Y tal y como lo dice el ingeniero Ignacio Deschamps González, presidente de la Asociación de Bancos de México los delincuentes no necesitan depositar los billetes de pesos o dólares en efectivo en la Banca, o triangular operaciones financieras sofisticadas para legitimar su dinero. "el dinero se lava, porque entra a la economía formal a través de la compra de mercancías en efectivo, y posteriormente se deposita, como producto de una operación legítima, en el sistema bancario." Por lo que se recomienda desarrollar medidas no convencionales para combatir a esos délitos.

Consideramos que de todas las propuestas planteadas en los diálogos del campo Marte la estrategia en el combate al lavado de dinero es la que reviste la mayor importancia. Bienvenida las iniciativas de ley anunciadas para cortar la vía del financiamiento a la delincuencia organizada. Las iniciativas están integradas en diversos proyectos, tanto de reformas a la ley federal para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, como una Miscelánea Penal en materia de lavado de dinero.

Los cuatro ejes que conforman la Estrategia gubernamental son: detectar eficazmente las operaciones de lavado, con el objetivo de mejorar los mecanismos para que las autoridades consulten la información de la que disponen las instituciones financieras; el que los agentes financieros- como las Casas de Cambio- se deberán sujetar a las mismas reglas administrativas en materia de prevención de lavado de dinero; mejora el uso de información de inteligencia al supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales; y el aplicar una metodología que mida la efectividad de las autoridades Federales, por medio de una política efectiva de comunicación social.

Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda dijo que la Estrategia tiene dos metas fundamentales: la primera, impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias, y la segunda; Judicializar oportuna y efectivamente casos de lavado de dinero. Comento que una de las iniciativa de ley pretende prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo. Ello incluye el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos, y transmisión de títulos accionarios. En caso de ser aprobadas la iniciativas las operaciones que se realicen en contravención a esta disposición serán sancionadas con prisión de cinco a 15 años. Para esto habrá que ajustar los tipos penales, reconocer nuevos tipos penales relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En tanto, Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República, comentó que dentro de los aspectos relevantes de la Miscelánea Penal que se presenta al Congreso se crean nuevos tipos penales, dentro de los cuales se mencionan:

A. El fomento al lavado de dinero. En el caso de que profesionistas apoyen la presentación de informes falsos o erróneos en los reportes que deben de rendir las instituciones financieras.

B. El aliento para realizar actividades ilícitas financiadas con dinero lícito.

C. Llevar a cabo operaciones estructuradas; es decir, las que se realizan con el fin de burlar los controles del sistema financiero.

D. El que alguien preste su nombre o la denominación social de alguna empresa para registrar o titular bienes que en realidad son de un tercero.

E. Aportar documentos falsos o alterados para evitar que una persona porte su identidad cuando esté obligada a hacerlo, ante las instituciones financieras.

También se fortalece el delito de encubrimiento, con objeto de sancionar a quienes se nieguen a declarar, estando obligados a hacerlo.

El paquete legislativo proponen entre otras reformas a la ley federal contra la delincuencia Organizada, al código fiscal de la federación y a las leyes del mercado de valores, de sociedades de inversión, de Ahorro y Crédito Popular, de Uniones de Crédito, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, entre otras.

A manera de conclusión:

Bienvenido el ejercicio del diálogo. Siempre hace falta y no está de más, sobretodo si hay mecanismos para darle seguimiento a los compromisos contraídos. De entrada es positivo el hecho de que los diálogos se transformaran en mesas de trabajo sobre las cuatro vertientes ya mencionadas, la necesidad de fortalecer el entramado institucional; la urgencia de redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito; la necesidad de contar con sistemas efectivos de información, de evaluación y de control; y poder asegurar la corresponsabilidad entre los tres órdenes de Gobierno en las tareas de seguridad, tal y como lo señala nuestra legislación. El combate al crimen es una responsabilidad compartida y nunca es tarde para hacer algo. Por lo pronto hay que darle el beneficio de la duda al presidente de la República y a todas las organizaciones que se comprometieron a revisar y rectificar en su caso, todo lo que sea necesario para ello. A lo pocos días, se dieron las primeras acciones; el lunes 30 de agosto el comisionado general de la policía federal Facundo Rosas Rosas, dio a conocer el despido de 3,200 agentes de dicha institución e informó que otros mil 485 efectivos podrían salir de la corporación en los próximos meses. Los elementos fueron despedidos por reprobar los exámenes de Control de Confianza. Un examen no tan justo por cierto, en lo que tiene que ver con el famoso polígrafo, quizas´muchos de ello sean despedidos con justicia. ¡Que bueno que así sea! Lástima para otros que hayan sido despedidos injustamente y estigmatizados. (Acerca de los controles de confianza véase Código Topo número 1, lunes 6 de octubre de 2008). Hace dos años planteamos que se usara más la inteligencia y se privilegiara el factor humano en esos examenes, además de usar otras tecnologías alternas, como por ejemplo la biométrica.

Y por último, con respecto al lavado de dinero. Es uno de los delitos más difícil de acreditar. Hay mucho dinero ilícito circulando impunemente en el sistema financiero, las mismas autoridades de Hacienda lo reconocen, y de repente saben que necesitan hacer algo, y lo hacen. A veces pareciera una ocurrencia, como por ejemplo la de implementar medidas para frenar la entrada masiva de dólares en efectivo al sistema bancario nacional, medida que sirve tan sólo como un "analgésico" a un enfermo de cáncer terminal. Incluso ya hay problemas en la frontera. Un reportaje del periódico Reforma (30 de agosto) señala que ante la medida impuesta a los depósitos bancarios en dólares en efectivo las empresas legalmente establecidas se ven amenazadas y que de entrada provocará pérdidas millonarias en ventas despidos y fuga de inversiones hasta por "unos 6 mil millones de dólares. En ese sentido, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Haciendas e modifiquen las medidas que regulan las operaciones con dólares en efectivo sin interrumpir la actividad económica.

El asunto no es fácil. Y había que hacer algo, esperemos que esto sea muy serio. Colombia lo pudo hacer, ¿nosotros por que no? La actividad criminal tiene varias vertientes, pero dos son fundamentales, la primera es la comisión del delito en sí mismo, y la otra es la utilización de los recursos obtenidos de la comisión del delito. Si no se combaten ambas vertientes, no se tendrá éxito en el combate al crimen organizado. Buenas iniciativas. Ahora la pelota -de nuevo- esta en la cancha de legisladores.

Al margen

*En la sesión del 28 Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), de noviembre de 2009, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se enfrascaron en una fuerte discusión con los representantes del gobierno federal, luego que se dieran a conocer los resultados de una encuesta sobre inseguridad pública en la que ambas entidades no salieron bien libradas.

Esa sesión del CNSP fue de las más ríspidas, a tal grado que el entonces secretario ejecutivo del organismo, Jorge Tello Peón, enmudeció ante la molestia y los reproches de los gobernadores. El ambiente de tensión fue creciendo. Los gobernadores cuestionaron duramente al Dr. Luis de la Barreda Solorzano director del ICESI, por los resultados de su trabajo. El ambiente en esa sesión en Palacio Nacional se complicó aún más cuando el Dr. de la Barreda expuso sobre una pantalla los resultados de la percepción de inseguridad pública en los estados, en particular en delitos del fuero común –homicidios, robos y asaltos con violencia-- que, en el papel, corresponden a las Procuradurías locales. Marcelo Ebrard dijo que no era sensato tomar esos datos como oficiales, ya que nunca hubo un acuerdo previo de la Conago para ese trabajo. De hecho demandó que se explicara la metodología empleada, pues las cifras ahí vertidas no coincidían con las del gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, Ebrard Casaubón fue aún más puntilloso cuando le preguntó a Luis de la Berreda quién había financiado ese trabajo:

-¿Quién aportó el dinero para ese estudio? –cuestionó Ebrard.

-Fue el Consejo Nacional de Seguridad Pública y diez o doce estados --respondió el Dr. de la Barreda.

-Entonces ¿usted me está diciendo que hubo dinero del gobierno federal? –acorraló Ebrard, lanzándole una dura mirada al especialista.

-Fue dinero del Consejo y de diez estados –insistió De la Barreda.

A propuesta de Ebrard, los gobernadores se fueron sumando para pedir que se hiciera una comisión especial para definir qué tipo de sistema de evaluación puede reflejar –desde su perspectiva-- con mayor nitidez la inseguridad pública sin denostar el trabajo de las entidades.

Entonces el priista Peña Nieto respaldó al perredista Ebrard y, además, demandó que en esos trabajos se tome en cuenta los avances, los programas oficiales que han dado resultado.

Antes que concluyera la reunión, el presidente Felipe Calderón otorgó parte de la razón a los gobernadores, en el sentido de que no se explicó la metodología ni tampoco se tomaron en cuenta los avances de los estados. Además el Ejecutivo aceptó que se creara una comisión de gobernadores para elaborar un nuevo estudio sobre inseguridad.

Meses después se publicó en el DOF que las encuestas las hiciera el INEGI.

Este asunto de algunos gobernadores y concretamente del Jefe de Gobierno con ICESI es añejo, y data desde su nacimiento en mayo del 2002. El Icesi inició con el apoyo de organizaciones empresariales, de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y de la revista Este País, además de un subsidio inicial por parte del Gobierno federal. La función principal del instituto fue pues la elaboración de estadísticas "fidedignas, verídicas y objetivas" que permitan analizar las tendencias de la delincuencia en el México, y difundir sus resultados a la población en general. Como invitados a la presentación estuvieron Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública y la entonces Subprocuradora de la PGR, María de la Luz Lima Malvido; no asistieron el Procurador de DF, Bernardo Bátiz, ni el entonces titular de la SSP del DF, Marcelo Ebrard.