La amenaza de Jojoy

Columna Estrictamente Personal/ Raymundo Riva Palacio,

La amenaza del Mono Jojoy

Ejecentral.com, september 27, 2010;

La muerte de Víctor Julio Suárez la semana pasada en Colombia permitirá durante los próximos meses, si las autoridades colombianas y mexicanas acceden a hacer pública una voluminosa documentación en poder de los militares de aquella nación, escudriñar cajones muy bien ocultos a lo largo de los años que permitan ver el grado de penetración del narcotráfico en organizaciones sociales, universidades y en cuando menos dos partidos políticos. Suárez, uno de los comandantes de las FARC, es una pieza fundamental, al haber tenido bajo su cargo durante casi una década la relación con los cárteles de drogas mexicanos.

Suárez, cuyo nombre clandestino era “Jorge Briceño” y su nombre de guerra era “Mono Jojoy”, murió durante un ataque militar quirúrgico el miércoles pasado en la sierra colombiana, con lo cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyo acrónimo es FARC, pierden el enlace fundamental con los cárteles mexicanos. De acuerdo con documentos del número dos de la organización, “Raúl Reyes”, muerto también en una operación militar en 2008, esa relación le significaría ganancias a las FARC por unos 700 millones de dólares.

La historia de las FARC en México tiene más de una década, y fue expuesta al público cuando la PGR detuvo en 2001 a Carlos Ariel Charry Guzmán, apodado “El Doctor”, quien era el enlace del “Mono Jojoy” con el Cártel de Tijuana, a través del lugarteniente de los hermanos Arellano Félix, Ismael Higuera, “El Mayel”. Su arresto se dio cuando organizaba uno de los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, y al ser detenido le encontraron un video donde estaba con Suárez. Pese a la evidencia, Charry Guzmán siempre negó estar vinculado a las FARC y al narcotráfico.

Aquella red de relaciones se fue extendiendo durante esta década. Las FARC, que ante la atomización de los cárteles de la droga colombianos fueron mudando de una organización guerrillera cuyo eje era el ideológico con la pretensión de la toma del poder hacia un grupo dedicado fundamentalmente al tráfico de drogas, llegó a enviar el 55% de la cocaína al mercado estadounidense a través de los cárteles mexicanos, según un documento de la DEA en 2008.

Pero las FARC no se limitaron a establecer sus relaciones sólo con los cárteles. Desde mucho antes que se involucraran en el narcotráfico, la organización guerrillera tenía en la ciudad de México uno de sus principales bases de operación política y diplomática, y mantenía una intensa relación con un sector del PRI, que le ayudaba económica y políticamente. Esos apoyos ha venido cambiando de partido, y en los dos últimos años han provenido principalmente del PT, algunos de cuyos representantes son considerados interlocutores válidos para las FARC. Los últimos representantes oficiales fueron Olga Marín, la hija de Manuel Marulanda, “Tirofijo”, el legendario líder de las FARC muerto de manera natural, casada con “Reyes”, y Luis Alberto Albán, “Mario León Calarcá”, que era el vocero.

En la última década, enfrentados al gobierno panista de Vicente Fox que cerró las oficinas de las FARC en 2002, la narcoguerrilla diversificó sus relaciones. Tras el enlace con el Cártel de Tijuana forjaron también vínculos con el Cártel de Sinaloa (hoy Pacífico), con los hermanos Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, y con Los Zetas. El negocio de la venta de drogas era altamente significativo. De acuerdo con uno de los documentos que se encontraron en la computadora de “Raúl Reyes”, un kilo de cocaína que costaba tres mil 500 dólares, al ser colocado por sus socios mexicanos en Estados Unidos, tendría una utilidad neta de cinco mil quinientos dólares; un kilo de cocaína dirigido al mercado europeo, que costaba 15 mil dólares al entregar, tenía una utilidad neta del 100%.

Pese a la declaración de guerra contra los cárteles mexicanos por parte del gobierno de Felipe Calderón, la relación no se interrumpió ni las FARC tomaron partido por una sola de las organizaciones criminales mexicanas. Sin embargo, intensificaron el establecimiento de relaciones con otros sectores políticos y sociales. Las FARC penetraron medios académicos y universitarios en México a través de los círculos bolivarianos que financiaba el gobierno de Hugo Chávez, y tenían nexos también con células vinculadas al EPR y con su enemigo ideológico, el ERPI. Uno de los ejes para las operaciones en México se encontraba en una de las facultades de la UNAM. Inclusive, las autoridades colombianas pidieron la extradición del ciudadano de ese país e investigador en la institución, Miguel Ángel Beltrán Villegas, a quien el gobierno en ese entonces de Álvaro Uribe identificó como “Jaime Cienfuegos” y dijo que era el principal operador de las FARC en México.

La documentación colombiana estableció también que el centro de mando de las FARC en México se escudaba en las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, mientras que señalaba como uno de sus líderes a Ángel Fermín García Lara, cabeza en México del Movimiento Bolivariano y dirigente sindical en el IMSS. García Lara ha negado esa asociación.

La relación con grupos radicales e incluso rebeldes se ha construido en los tres últimos años con información del gobierno colombiano al mexicano que muestra una ruptura de todo tipo de pacto no escrito entre las FARC y el gobierno con movimientos insurgentes en México. Uno de los vínculos más visibles es a través de las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, que nacieron en 1996 con el “Manifiesto de los Volcanes” donde reivindican la lucha armada, con grupos anarquistas que han estado detrás de bombazos en contra cajeros automáticos y empresas multinacionales en el Distrito Federal en los dos últimos años.

La profundización de contactos y relaciones de todo tipo de las FARC con fuerzas políticas, sociales y criminales en México está directamente relacionada con la llegada del PAN a la Presidencia. La muerte del “Mono Jojoy”, en la lógica electoral que domina la racional política del presidente Felipe Calderón, se inscribe como una gran oportunidad para golpear adversarios y vincular a algunos con el narcotráfico.

No sería una nueva estrategia, sino la continuación de una práctica. En esta ocasión ni siquiera tendría que ensuciarse las manos. Es cuestión de esperar que los colombianos procesen la documentación encontrada a Suárez, que le entreguen al gobierno mexicano lo que sea de su utilidad, y que la empiecen a procesar en Los Pinos política, jurídica y mediáticamente.