Conapred

Conapred: del dicho al hecho hay mucha discriminación

Instituciones surgidas de la necesidad de procurar la igualdad y la no discriminación se vician y pervierten inmersas en un aparato burocrático tan políticamente correcto como inútil.

• 2010-10-17 | Milenio semanal

Narrador y periodista, Daniel Herrera trabaja como profesor de una preparatoria en Torreón, Coahuila. Advirtió a sus alumnos que quien copiara algún texto de internet para entregar el trabajo final quedaría reprobado. Descubrió que uno de ellos así lo había hecho, y cumplió con su propia regla. El tramposo se encontraba entonces en la Ciudad de México, de donde es originario, al igual que sus padres, inscribiéndose al concurso para ser admitido en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando se enteró de su calificación acudió al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) para denunciar al profe lagunero puesto que éste, en clase, se atrevió a contar varios chistes sobre chilangos.

A la preparatoria de Torreón llegó la notificación aseverando que la escuela entera discriminaba y llamando al profesor Herrera para que probara en sus oficinas la falsedad de la acusación. El director entendió que se trataba de un intento para fastidiar al maestro, por lo que le dio su apoyo. Pero tuvo que aceptar, vía telefónica, que el personal docente a su cargo recibiría un curso de sensibilización por parte de un instructor del Conapred, puesto que, según el criterio del noble órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la palabra chilango es discriminatoria (no obstante que el diccionario de la Real Academia de Española lo define como el natural o perteneciente a la Ciudad de México o el Distrito Federal).

El curso se llevó a cabo, sirviendo para dos cosas: en modo alguno se consideraron las condiciones centralistas del país y la inequitativa relación que guardan los estados respecto a la capital como factores de incubación de chistes o expresiones de antipatía respecto al defeño, sino que fueron cuatro horas de pérdida de tiempo en un intercambio de valores entendidos: nosotros hacemos como que realmente nos convence este curso, nos arrepentimos de todo lo malo que hayamos dicho de los chilangos y prometemos no hacerlo más, y yo hago como que realmente los estoy convenciendo, puesto que así justifico mis honorarios y los gastos de transportación para que la institución ejerza su presupuesto y presente un informe mejor que el del año pasado. Si alguien aquí vuelve a contar chistes de chilangos, de castigo se les dará otro curso, pero que dure dos días. El director optó por solicitarle al profe Daniel que fuese más prudente o que, de plano, mejor no dijera más chistes de chilangos, y no tanto para que no ofendiese la dignidad de los capitalinos, sino para evitarse la tortura de otro curso como ese.

El efecto de la queja y la respuesta del Conapred, paradójicamente, han estado lejos de lo que supone o pretende lograr, puesto que los compañeros y las compañeras del alumno tramposo, lejos de simpatizar con él con motivo de su intento por eludir una responsabilidad con la que ellos sí cumplieron, trató de perjudicar al profesor, de tal modo que pudo haberse reforzado un prejuicio negativo entre ellos (chilangos vs laguneros, o provincianos) a partir de un hecho que les ha constado desde su propia experiencia.

Ricardo Bucio Mújica, presidente del Conapred. Foto: Héctor Téllez

A LA SALUD DE LOS DISCRIMINADOS

El Conapred fue creado con el decreto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicado el 21 de julio de 2003. Su objeto es, según establece su artículo 17, contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país, llevar a cabo acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Su domicilio está en la colonia Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo, y este año gastará 107.2 millones de pesos. Opera con tres direcciones generales, tres direcciones y una contraloría en un total de 68 puestos de mando.

La nobleza de su fin le confiere una legitimidad incuestionable, pero su eficacia y eficiencia no son tan plausibles. Es decir, sus resultados están por debajo de las demandas y expectativas con altos costos. Se trata de una institución a medio camino entre el complemento y la repetición de las funciones que tienen otras, como, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, los institutos de las mujeres y los dedicados a personas adultas mayores.

Similares al curso de sensibilización que recibió el profe Daniel, durante 2008 se impartieron 101 talleres a dos mil 95 personas, como resultado de “medidas administrativas, a dependencias e instituciones públicas y privadas, así como a particulares”. En ese mismo año que reporta el informe de actividades de Conapred publicado en 2010, se atendieron 874 denuncias, de las cuales 174 se presentaron en años anteriores. Algunas de ellas llevan títulos como de tabloide amarillista: “Vulgar ira homofóbica”, “Medidas incendiarias”, “Hospital enfermo”, “Seguros infectados”, entre otros. Sus actividades más importantes, su razón de ser, es precisamente la atención de las denuncias y quejas. Todo lo demás es algo que pueden hacer, y que de hecho hacen, organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, el ejercicio del presupuesto del Conapred no necesariamente contribuye de la mejor forma al cumplimiento de su objeto. Podría cuestionársele a partir de los contratos que ha firmado durante este año; por ejemplo, a los contribuyentes nos costará más de 209 mil pesos que le den “apoyo y seguimiento” al correo electrónico de su Dirección de Administración y Finanzas; 400 mil pesos por jardinería tan sólo de agosto a diciembre y 100 mil pesos más para comprar macetas y macetones; 479 mil para la empresa Estafeta, en vez de utilizar el económico y eficiente Servicio Postal Mexicano; 150 mil para “festividades indígenas” con motivo del Bicentenario y el Centenario. Además hay que pagar dos millones 200 mil pesos en “reservación y venta de boletos para transportación terrestre y aérea nacional e internacional” y “reservaciones de alojamiento en cualquier parte del territorio nacional o del extranjero” para sus agentes, más la duplicidad de servicios contratados como en lo que se refiere al monitoreo de medios. También hay gastos en coffee breaks, lunches y comidas tipo bufete “de cinco a siete platillos”: es una cruel ironía que para presentar un libro sobre la condición del refugiado y la discriminación en México se contrate un servicio de canapés para 100 personas.

Perla Patricia Bustamante Corona fue destituida como presidenta del Conapred por la paralización ante varios de los programas sustantivos. Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro

CONSEJO PARA LA REPRODUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

“Se había impuesto vigilancia excepcional a la mayoría del personal para saber qué hacía en las computadoras, entradas y salidas, tiempo y lugares para comer, y si lo hacían en grupos. La sede del órgano social que se creó para combatir la intolerancia se estaba tornando en una especie de reclusión para el personal. Las críticas a la incompetencia, que fomentaron un ambiente de persecución policiaca, entonces fueron más que severas”, afirma respecto al Conapred el periodista Rogelio Hernández López, quien es integrante de su Asamblea Consultiva. Se refiere al periodo en el que fue presidido por la ingeniera Perla Bustamante Corona, medallista paraolímpica, apenas el año pasado. Hernández define esa gestión como “falta de oficio y dolo” por hostigamiento y despido injustificado de sus propios trabajadores al citar las palabras del doctor Luis de la Barreda Solórzano en ese sentido: la Asamblea se encontró con “incoherencia general” y “la paralización ante varios de los programas sustantivos”, por lo que solicitó al presidente Felipe Calderón el nombramiento de otra persona como nuevo titular. (Anexo del Informe de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación/2009).

Ricardo Antonio Bucio Mújica fue nombrado su presidente en diciembre del año pasado, con la satisfacción de las y los miembros del Consejo Consultivo. A la fecha no parece haber queja alguna sobre su gestión. Sin embargo, el Conapred sigue siendo un organismo público que pide a los privados lo que él no concede. Bucio, quien usualmente es presentado como licenciado aunque en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana no hay registro de tesis a su nombre, escribe para El Universal, por ejemplo, que “desde el Legislativo y desde el Ejecutivo” se reconocen legalmente los derechos de las mujeres, se crean instituciones y generan políticas públicas para que las mujeres accedan al poder, pero que de facto lo impiden (ocho de marzo de 2010). Lo que no dice es que el Conapred se dirige de un modo poco equitativo desde la perspectiva de género, puesto que su Junta de Gobierno se compone por cinco representantes del Poder Ejecutivo Federal, y sólo hay una mujer entre ellos; entre los cinco representantes del Poder Legislativo Federal designados para la sesión ordinaria del nueve de septiembre de este año, sólo hubo una mujer. Y de los ocho invitados permanentes tres son mujeres, misma proporción que entre suplentes. Ni siquiera en su Asamblea Consultiva hay plena equidad, pues son nueve mujeres de un total de 20 integrantes. Además, su ley no incorpora la perspectiva de género, ni tampoco el reglamento de su asamblea consultiva.

Sobre la igualdad, el licenciado Bucio considera que cada contexto requiere resignificarla “para no seguir caminando como si sólo fuera horizonte abstracto que no tiene maneras de hacerse vida” (El Universal, 15 de junio de 2010). Y que “disminuir la brecha de desigualdad económica” es una de las “formas a través de la cuales se construye la igualdad” (El Universal, 17 de mayo de 2010). El caso es que la desigualdad en el ingreso entre el presidente del Conapred y el empleado con menor sueldo es mayor a 29 veces. Uno gana 146 mil pesos y tiene para el contribuyente un costo total anual de dos millones 685 mil 244 pesos por sus prestaciones, mientras el salario de los auxiliares administrativos es de cinco mil pesos. En lo que va de este año su administración ha otorgado 170 adjudicaciones directas en contratos bajo el objeto de “apoyo” por un total de 11 millones 264 mil 463.38 pesos, la mayoría de las cuales disimulan la contratación por honorarios de trabajadores de los que no se hacen responsables de sus derechos laborales. Cabe subrayar que ni siquiera este organismo dedicado a la promoción de la no discriminación logra evitar la contratación de outsourcing para limpieza, es decir, una manera de subarrendar trabajadores para no darles prestaciones a los de por sí mal pagados intendentes.

Mientras tanto, cuando nadie los ve, el profe Daniel y sus colegas continúan con sus chistes lejos de la presencia de alumnos o de chilangos.

Héctor Villarreal