Jorge Carrasco Araizaga, reportero
Revista Proceso # 1770, 3 de octubre de 2010;
El michoacanazo no sólo representa el rotundo fracaso del operativo emprendido por Calderón; también ilustra el “ejercicio absoluto pero equivocado del poder” y obliga a pedir cuentas a quienes protagonizaron este fiasco en la procuración y administración de justicia, que comenzó con “el uso y abuso político del Ministerio Público”. Tal es la evaluación que, en entrevista con Proceso, hace el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy legislador Juventino Castro y Castro, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El fracaso del llamado michoacanazo es la muestra más acabada del ejercicio absoluto pero equivocado del poder, de la grave crisis del Ministerio Público en México con la tolerancia del Congreso y de la necesidad de que el Poder Judicial revise la actuación de sus jueces.
Es un fracaso por donde se le quiera ver, asegura el diputado federal y ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juventino V. Castro y Castro.
Legislador por el PRD, con una vida de servidor público de 62 años, en los que ha ocupado posiciones relevantes en los tres Poderes del Estado, Castro y Castro no duda en considerar como un fiasco el resultado del operativo policiaco-militar ordenado por el presidente Felipe Calderón en Michoacán en mayo de 2009, como parte de lo que entonces llamaba “guerra contra el narcotráfico”.
La liberación de 35 de los 36 exfuncionarios detenidos durante y después del operativo, en el que participaron el Ejército y la Policía Federal obliga no sólo a revisar la actuación del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial, sino a pedir cuentas por esos hechos y por cuanto está pasando en el país. “Alguien debe ser responsable”, dice.
Para empezar, señala que, “por dignidad”, debería renunciar el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez. Es cierto que su antecesor Eduardo Medina Mora, ahora embajador de México en Londres, hizo las consignaciones, pero el actual “llegó sin ánimo de corregir; al contrario”.
En el caso del Poder Judicial, asegura que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –que encabeza el presidente de la Suprema Corte y se encarga de administrar y vigilar a los jueces y magistrados de los tribunales federales del país– puede iniciar una investigación contra los jueces que concedieron las órdenes de aprehensión.
“La Suprema Corte y el CJF deberían tomar nota e investigar muy seriamente a esos jueces y decir cómo es que aplicaron la ley o qué ley aplicaron”, especifica Castro y Castro, quien en la L Legislatura federal fue director jurídico.
En medio del escándalo por el fracaso que le representó la liberación de casi todos los exfuncionarios, la PGR anunció, el pasado 30 de septiembre, que interpuso una queja ante el CJF contra el juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, por considerar que se excedió en sus funciones al ponerlos en libertad, así como al conceder la suspensión provisional al ahora diputado federal por el PRD Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel.
Según el procurador Arturo Chávez, en el caso de 22 de los detenidos hay elementos incriminatorios de su relación con La Familia michoacana. Además, dijo que la PGR presentó un recurso de revisión para impugnar la suspensión provisional expedida por el mismo juez a favor de Godoy Toscano.
En entrevista, Castro y Castro, de 92 años, asegura que hubo diversas violaciones a la ley en el michoacanazo.
“Primero, quitaron a presidentes municipales que habían sido elegidos por el pueblo. Le dijeron que eran responsables de varios y graves delitos: ‘Éstos ya no te van a gobernar’, le manifestaron en pocas palabras a la gente.
“Alguien se tomó esa atribución: ‘Los quito yo’. ¿Pero con qué derecho actuó de esa manera si después resulta que no son responsables?”, cuestiona ante la liberación de prácticamente todos aquellos a quienes la PGR acusó de estar relacionados con el cártel de La Familia.
Sin dudar, Castro y Castro, quien también fue director jurídico de la Secretaría de Gobernación, afirma: “En México el poder se ejerce absoluta y equivocadamente”, y explica que se usa y abusa del Ministerio Público por razones políticas, pasando por encima de la Constitución.
Puntualiza que el artículo 19 de la Constitución establece claramente los requisitos para que una persona pierda su libertad y cómo debe actuar un juez en el proceso. En este caso, continúa, hay un doble fracaso: de quien acusa y de quien procesa.
“La Constitución es muy clara respecto a cómo se deben hacer las cosas. Lo que vimos fue un abuso político del Ministerio Público. Como institución, éste se encuentra en una etapa final. De aquí no queda más que mejorar. Está en el fondo. Ya no le queda más que rebotar”, enfatiza.
Ilustra “la gravedad” de lo que pasa con el Ministerio Público: “Es un monigote. Sólo obedece. ‘A éste me lo procesas’. Y se le procesa. ‘A éste le encontré esto y lo acusas’. Y lo acusa. Bueno, ¿qué procuración de justicia es esa?”.
Pero si el que acusa –el Ministerio Público– está mal y lo hace mal, los que deben corregir son los jueces de Distrito, que están para defender a las personas inocentes, señala Castro y Castro.
“¿Cómo es posible que hayan admitido todo lo que les dijo el Ministerio Público y que después de tanto tiempo digan: ‘Bueno, 35 a la calle y uno se queda’. Esas actuaciones lo único que denotan es un fracaso total en la procuración e impartición de justicia”, sentencia.
Castro y Castro conoce en detalle las relaciones entre el Ministerio Público y el aparato judicial. Fungió como director y consultor jurídico de la PGR y como director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Además, fue ministro de la SCJN, donde inició su carrera judicial en 1948 como secretario de estudio y cuenta.
“Da la impresión de que hubo un convenio: ‘Ahora tómalos, ahora déjalos’. La malicia podría permitir pensar que existió una negociación para dejarlos en libertad. Lo más cómodo es pensar que se pusieron de acuerdo”, pero lo que sí queda claro es que el Poder Judicial, en particular los jueces de Distrito, debieron negar las órdenes de aprehensión de personas que no estaban acreditadas como delincuentes; al menos eso indica su liberación.
“No sé cómo intentaron acreditar las acusaciones. Pero sí sé lo que está pasando en México: que el Ministerio Público está persiguiendo a las personas sin necesidad de mostrar nada.”
Testigos protegidos o impunes
Juventino Castro y Castro se refiere entonces a las dos figuras de las que ha echado mano el actual gobierno para “procurar justicia”: el arraigo y los testigos protegidos.
“Los testigos protegidos han sido el fundamento de la procuración de justicia. Como no saben investigar o no quieren hacerlo, lo más cómodo es utilizar a esos testigos que para mí no son protegidos, sino impunes: ‘Te concedo impunidad si acusas a otro. Acusa a quien quieras o a quien yo te diga y yo lo agarro’. ¡Qué fácil!”, exclama.
Se ha llegado al extremo de que hay unos cuantos testigos protegidos para casi todos los casos de delincuencia organizada. Son testigos protegidos “de oficio”, ironiza. “Es una aberración que está ocurriendo ante los ojos de todos”.
El otro recurso es el arraigo. Explica: “Yo como Ministerio Público sospecho que alguien está implicado y pido un arraigo de 40 días. Si pasa ese tiempo y no he podido hacer nada con él, le digo al juez que no fue suficiente y le pido que me de otro plazo igual. A los 80 días tengo que tomar una decisión. Pero me apoyo en los testigos protegidos para mantener mis acusaciones sin probar nada. Así, si se quiere ir contra un enemigo, es muy sencillo”.
En esta práctica, indica, el Poder Legislativo también está implicado, ya que en 2008 aprobó una reforma penal por la que se introdujo la figura del arraigo en la Constitución. “Ahí hay una responsabilidad grave, ¿pues cómo es que se generó el arraigo en la Constitución después de que la SCJN resolviera que era inconstitucional y violaba las garantías de las personas?”, precisa en relación con un criterio que estableció la Corte cuando él formaba parte del pleno de ministros y de la Primera Sala del máximo tribunal.
Integrante durante ocho años de la Suprema Corte, entre 1995 y 2003, cuando ésta empezó a asumirse como tribunal constitucional, se pregunta indignado: “¿Cómo es posible que no se derogue el arraigo? ¿Cómo es posible que exista el arraigo en nuestra Constitución cuando es una figura totalmente inconstitucional? Es una divergencia que causa extrañeza. Es como si a la Constitución se le quitara la presunción de inocencia. Es un abuso con el que estamos perdiendo todos y al que urge poner remedio”.
Militares y derechos humanos
El diputado llama también la atención sobre otra de las prácticas recurrentes del Ministerio Público durante el gobierno de Calderón:
“Hay una falta absoluta del ejercicio. El Ministerio Público declina y le concede todo a la Procuraduría de Justicia Militar. Eso es absurdo, porque el artículo 21 constitucional es muy claro: Es el Ministerio Público el que debe acusar, pero ocurre que los que están acusando, aprehendiendo y a veces no sé qué haciendo con los detenidos son los militares.”
Para el jurista, quien también es maestro en filosofía y letras, en el ejercicio “absoluto y equivocado” del poder participan las Fuerzas Armadas. Bajo esa perspectiva, da su explicación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que cabildean Calderón y los jefes militares en la Cámara de Diputados.
“Parece ser que al presidente le pareció muy cómodo decir: ‘Yo acabo con el narcotráfico; meto al Ejército y se acabó’. Pues lo metió y fracasó. Y ahora busca legitimar la actuación de los militares, evitar investigaciones en el futuro y quitarse responsabilidades” por lo que está ocurriendo en el ámbito de los derechos humanos.
“Creía que realmente se iba a tener éxito. La sorpresa fue que no, que se agravó el problema porque ahora resulta que los soldados y los marinos también cometen delitos y abusos”, agrega.
Uno de los temas más controvertidos de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional tiene que ver con el fuero de guerra. En mayo pasado, el Senado de la República aprobó una modificación que abre la posibilidad de que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos de civiles sean juzgados por tribunales ordinarios y no castrenses, como sucede ahora.
Pero Castro y Castro recuerda: Al respecto, la Constitución es muy clara: “El fuero de guerra existe para actos que violan la disciplina militar. Si un inferior se rebela contra un superior y lo hiere o mata, eso se juzga ahí adentro; aplica el Código de Justicia Militar. Pero si hay un civil, es la justicia ordinaria la que debe conocer. Es decir, si hay militares que no faltaron a la disciplina militar, sino que cometieron delitos, es la parte no militar la que debe regir”.
Confirma que los militares están muy reacios a ese cambio porque sienten el fuero militar como una conquista. Ni siquiera la Suprema Corte se ha atrevido a hacer cambios, asegura.
A principios de septiembre, una mayoría en el Pleno de Ministros decidió posponer una resolución para definir la manera en que el Poder Judicial debe cumplir lo que le corresponde en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en Atoyac, Guerrero, durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta.
El ministro en retiro asegura que la SCJN “se metió en un enredo de sometimiento. No quiso obedecer a un tribunal internacional porque México no ha aceptado que son los tratados internacionales los que rigen. A los ministros les faltó examinar y definir sus criterios. Decir por qué aceptaba o rechazaba el fallo, y si lo que le pide la Corte Interamericana está en nuestra Constitución y sus leyes. Sólo resolvieron por encima. Eso no es aplicar justicia”.
Sin rodeos, asevera: “La Corte le sacó. Pareciera que no quiere chocar con los militares”.
Recuerda que como ministro participó en la primera resolución de la Corte sobre la presencia de los militares en labores de seguridad pública. “Dijimos que el Ejecutivo y las autoridades podían pedir a las Fuerzas Armadas que aceptaran ciertas misiones. Yo mismo hice una explicación. En mi paso por las procuradurías supe que no siempre era posible que los agentes judiciales fueran al campo, por lo que tenían que pedir forzosamente la ayuda de militares.
“La sentencia fue muy clara y estableció que esa participación siempre debe estar bajo las decisiones de la autoridad civil, para que los militares no actuaran de forma autónoma y con prepotencia. Pero eso no ocurre; todo lo contrario. Se les está dando todo el poder porque, como yo soy comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puedo utilizar al Ejército y a la Marina y les digo: ‘sobre ellos’ (los narcotraficantes). El problema es que ni tengo éxito y los militares están cometiendo delitos.”
Castro y Castro es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde está pendiente de aprobarse una reforma sobre derechos humanos.
“La tenemos muy presionada por muchas partes. Alguien está saboteando esto”. Explica: “El Senado añadió una modificación que no era necesaria. La reforma ya se había aprobado en la Cámara de Diputados y se mandó al Senado. Ahí se hicieron cambios y la regresaron. Lo que está pendiente no es el contenido, que ya está aprobado en las dos cámaras, sino las modificaciones que hicieron los senadores”.
Para el diputado, los cambios son “un castigo a la Corte” por la resonancia que están teniendo en todo el país las investigaciones que ha emprendido ante graves violaciones a los derechos humanos y que han involucrado a gobiernos tanto del PRI como del PAN.
Las modificaciones del Senado pretenden quitar a la Corte la facultad de determinar cuándo hay una “grave violación” a las garantías individuales o a los derechos humanos, como se establece en el artículo 97 de la Constitución, y dársela a un individuo (el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
“Eso no era necesario –observa Castro y Castro–, porque la reforma confirma el carácter de investigación de la CNDH y la refuerza para que reciba información. En la Cámara de Diputados hay una mayoría que quiere quitar el añadido de los senadores”, refiere. “Yo soy partidario de que se refuerce a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no que sustituya a la Suprema Corte”.
Indica que esa sustitución va más allá de un nuevo artículo y de la derogación correspondiente. Cuando la CNDH estudie casos de grave violación a los derechos humanos y emita un criterio, ¿éste tiene que ser aceptado por la Suprema Corte, que es el máximo tribunal del país?
“Eso es algo que no se vio o no se quiso ver en el Senado, y ahora estamos en riesgo de perder la que tal vez sea la última oportunidad de la actual legislatura para lograr esa reforma”, concluye.
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