Narcos mexicanos en Costa Rica

Los narcos mexicanos “ya están aquí”José Meléndez
Revista Proceso # 1776, 14 de noviembre de 2010

“México está pagando las consecuencias de gobiernos miopes que no supieron medir el riesgo del narcotráfico”, que ya se desplazó a Centroamérica, afirma José María Tijerino, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica. En entrevista con Proceso el funcionario reconoce que el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana ya se asentaron en su país,  cuya ubicación geográfica es clave para el trasiego de drogas de Colombia a México y Estados Unidos. Un dato ilustra el fenómeno: 43 mexicanos están en cárceles costarricenses acusados de narcotráfico.

 SAN JOSÉ.- En marzo de 2008 el costarricense Sigifredo Ceciliano Gamboa formó parte de una comitiva de empresarios que acompañó al entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias, a una visita a México. El 27 de ese mes, Ceciliano asistió a un banquete en la embajada de su país en la capital mexicana, al que Arias, tras entrevistarse con el presidente Felipe Calderón, también acudió.

En un aparte del acto social, el entonces ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz, accedió al ruego de Ceciliano y lo presentó con Arias. Minutos después el empresario y el presidente centroamericanos posaron para una fotografía.

Menos de tres meses más tarde –el 19 de junio–, la policía costarricense detuvo a Ceciliano cuando intentaba huir en un vuelo a Ecuador. Su delito: exportar a México vía marítima, desde el puerto de Caldera, en el Pacífico costarricense, 97 tiburones congelados rellenos con 893 kilos de cocaína. El cargamento había sido descubierto tres días antes por la policía mexicana cuando era descargado en Progreso, Yucatán. Presuntamente su destinatario era el cártel de Sinaloa. 

El caso ilustra el fenómeno de penetración de los cárteles mexicanos del narcotráfico en Costa Rica, país cuya posición geográfica lo coloca cerca de las bases de producción en Colombia y de los principales mercados de contrabando y consumo en México y Estados Unidos.

“Todos los cárteles mexicanos tienen miembros” en Costa Rica, asegura a este semanario  el ministro costarricense de Seguridad Pública, José María Tijerino. “Los más fuertes son el de Sinaloa y La Familia Michoacana”, puntualiza.

Según el Ministerio de Justicia de Costa Rica, el número de mexicanos presos en ese país por delitos relacionados con el narcotráfico se disparó en el último año: el 31 diciembre de 2009 había 29; el pasado 10 de junio ya eran 43. Al menos otros seis fueron detenidos después de esta fecha.

El territorio costarricense es utilizado “para el almacenaje y transporte de la droga proveniente de Colombia y que comercializan los cárteles de México”, informa Francisco Segura, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), brazo policial de la Fiscalía General de Costa Rica. 

En entrevista con Proceso, Segura dice que “se sabe que los grandes cárteles que mueven todos los estupefacientes en México tienen presencia aquí en Costa Rica, porque ellos comercializan; es el negocio de ellos”. Y señala que “como cualquier empresa privada deben tener sus casas comerciales en el extranjero para manejar sus operaciones”. Los narcotraficantes “han pasado sus oficinas a Centroamérica” para “comercializar” la droga, añade. 

Segura dice que los cárteles mexicanos han corrompido a jueces e infiltrado a la policía. “Desgraciadamente, junto con la droga viene también una gran ola de corrupción, y a esos sujetos les sirve localizar y permear a algunos sectores (…) El negocio es muy rentable y requieren menos obstáculos. Por todos lados están tocando para continuar con su actividad”, advierte. 

Y sostiene: “No podemos decir que estábamos o estemos preparados para atender una criminalidad organizada tan violenta como la mexicana”.

Los registros 

El caso Ceciliano –las autoridades costarricenses insisten en que su nexo con Arias fue casual– mostró apenas una vía que utilizan los cárteles mexicanos para traficar estupefacientes.

Los tiburones rellenos de droga fueron transportados en un buque de las islas Marshall que zarpó del Pacífico costarricense, cruzó el Canal de Panamá e hizo escalas en Honduras y tres puertos del sur de Estados Unidos antes de llegar a Yucatán.

La mercancía iba dirigida a la firma Tenería del Caribe Internacional, de Guadalajara, que opera en Costa Rica y cuyo dueño es el mexicano Francisco Pozos Lepe, según la información oficial suministrada en la capital costarricense. 

Pero antes y después de ese caso, los narcotraficantes mexicanos han utilizado a Costa Rica para sus actividades. 

En marzo de 1985 el narcotraficante Rafael Caro Quintero huyó de Mazatlán; era perseguido por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, en febrero de ese año. Un mes después Caro fue detenido junto con varios de sus lugartenientes en una mansión del noroeste de San José, Costa Rica. De inmediato fue deportado a México.

En marzo de 2008 San José confirmó que una reunión “cumbre” de cabecillas de cárteles del narcotráfico mexicano se realizó en 2007 en Costa Rica. El objetivo: coordinar compras de droga a las mafias colombianas, así como los operativos para llevarla a Estados Unidos. La revelación se produjo tras el desmantelamiento de una red de mexicanos y colombianos que enviaba cocaína a España haciéndola pasar por chicle.

En junio de 2008 el OIJ frustró un plan del cártel de Sinaloa para liberar al mexicano Luis Alberto Malaña Alcaraz, preso en una cárcel costarricense desde mayo de 2007 por intentar traficar más de 2 mil 200 kilos de cocaína. Malaña y otros cinco mexicanos fueron condenados, en octubre de 2008, a penas de 10 años de cárcel.

Ese mismo junio el OIJ incautó 144 kilos de cocaína a un grupo de mexicanos, guatemaltecos y costarricenses que traficaba de Colombia a México y encubría sus operaciones con un negocio de aguacates. La policía sólo arrestó a un mexicano, a quien las autoridades judiciales identificaron sólo por sus apellido: Avilés (la ley costarricense impide revelar los nombres de los implicados en casos penales).

El mexicano Germán Trejo Retamosa y el costarricense Édgar Arguedas Alfaro murieron en mayo de 2009 al estrellarse un helicóptero en el que transportaban 347 kilos de cocaína. Ese accidente destapó una red de almacenamiento y tráfico de droga establecida en Costa Rica por el cártel de Sinaloa.

Arguedas, que era el piloto, había laborado varios años en la sección Aérea de Seguridad Pública y participó en operativos antidrogas. Al trascender la noticia del percance, tres mexicanos que estaban hospedados en un hotel de la ciudad de Turrialba, en el suroriente de Costa Rica –y al que era llevada la cocaína–, huyeron por tierra a Panamá.

En octubre de 2009 la policía antidrogas de Seguridad Pública desarticuló una “narcoestructura” del cártel de Sinaloa comandada por cinco mexicanos identificados por los apellidos Pérez López, Patterson López, Pardo López, Anguiano Escobedo y Peña Servín. Todos lograron huir. Habían adquirido residencias y vehículos en la ciudad de Guápiles y negociaron la compra de un helicóptero para movilizar grandes cantidades de cocaína por tierra y mar.

El pasado 11 de febrero la policía detuvo en el aeropuerto Juan Santamaría, el más importante de Costa Rica, a una mexicana procedente de Guadalajara que pretendía meter al país 250 mil dólares escondidos en una valija. La mujer, de apellido Ávila Elizalde, presuntamente está ligada a La Familia Michoacana. 

Al día siguiente la policía encontró 969 kilos de cocaína en una casa-bodega en Cuatro Cruces de Esparza, en la provincia de Puntarenas. La casa era resguardada por los mexicanos José García Padilla y Margarito Arroyo Lavariega, de La Familia Michoacana. Arroyo era “jefe de la estructura” y, según la Dirección de Migración y Extranjería, había entrado varias veces al país a partir de octubre de 2009.

Derivado de este caso, el pasado 16 de junio la policía desmembró otra célula de La Familia Michoacana. Sus integrantes trasladaban cocaína desde la sureña localidad de Paso Canoas, fronteriza con Panamá, hacia Cuatro Cruces de Esparza, donde la almacenaban y después la reenviaban a Guatemala y México en compartimentos secretos de vehículos. La policía detuvo a cuatro mexicanos y siete costarricenses en 12 allanamientos.

Alarma

Fuentes policiales dijeron a Proceso que los cárteles mexicanos tienen la costumbre de enviar dinero a sus emisarios para cubrir costos por alquiler de casas, bodegas, vehículos y alimentos, así como para sobornar a policías y autoridades, y financiar el acondicionamiento de las lanchas y aeronaves.

Un ejemplo: el pasado 30 de enero, un mexicano de apellidos Muñoz Briceño llegó a Costa Rica procedente de Guadalajara y planeaba retornar el 1 de febrero a México. La policía lo sorprendió al ingresar al aeropuerto Juan Santamaría con 251 mil dólares ocultos en una maleta. 

El caso más reciente ocurrió el pasado 10 de octubre: una avioneta con matrícula de Guatemala y dos guatemaltecos y 177 kilos de cocaína a bordo se estrelló en la ribera del río Torres, de San José, sólo dos minutos después de despegar del aeropuerto Tobías Bolaños. Cuando socorristas y policías llegaron a auxiliar a los dos heridos –uno de ellos murió más tarde–, se toparon con gran cantidad de paquetes de cocaína que flotaban en el río. La droga se había desprendido de un compartimiento cercano a los tanques de combustible, donde los narcos la habían escondido.

Las indagatorias condujeron a los mexicanos Rubén Martínez Trujillo y Elvis Mendoza Rivera. La policía inició su persecución. Menos de 24 horas después del accidente un agente costarricense los detuvo cerca del límite con Nicaragua, a donde querían cruzar por un punto ciego.

Martínez Trujillo, nacido en Chiapas, residente en Sinaloa y con un registro migratorio de 25 entradas y salidas de Costa Rica hacia y desde México y Guatemala, compró, en junio pasado, la empresa de taxis aéreos Aerolíneas Turísticas de América, con hangar incluido en el aeropuerto Tobías Bolaños. La nave accidentada acumulaba un largo historial de vuelos entre los tres países, según informó la Dirección de Aviación Civil de Costa Rica.

El escenario, advierte el ministro Tijerino, es de alarma. “Los detalles específicos y precisos sobre el emplazamiento de los cárteles mexicanos y colombianos en Centroamérica pintan un cuadro muy amenazador, una situación de riesgo muy alto a la que debemos enfrentar con calma pero con decisión”, dice.

El ministro repasa los cambios que durante los últimos años ha registrado Centroamérica –Costa Rica en particular– en el tema del narcotráfico. “Empezamos a ser una simple ruta (de tráfico), luego pasamos a ser centro de almacenamiento y de distribución, y una tercera etapa es ya el asentamiento de miembros de los cárteles de la droga en nuestro país, y presumimos que la próxima etapa será el traslado de los capos, para ponerlos a salvo en Centroamérica”, explica.

Sentencia: “Colombia y México no podrán decir que han culminado exitosamente una lucha contra el narcotráfico si el narcotráfico lo que hizo fue desplazarse a Centroamérica. Desde allí (los cárteles) volverán a atentar contra esos dos países. Eso lo tienen muy claro las autoridades mexicanas y colombianas”.

Y señala que es peligroso “pretender que el narcotráfico se va a conformar sólo con la actividad comercial y no va a penetrar las estructuras sociales y políticas. Lo cierto es que el narcotráfico pretende un poder omnímodo sobre la sociedad. No es la venta de automóviles. El narcotráfico busca cómo corromper y apropiarse del poder político”.

–Con este panorama, ¿se puede derrotar al narcotráfico?

–Sí, cuando hay decisión política y la sociedad apoya a su gobierno. La forma más equivocada de enfrentar el problema del narcotráfico es hacerse de la vista gorda. México está pagando las consecuencias de gobiernos miopes que, para ser benévolos, no supieron medir el riesgo del narcotráfico. l