"Las víctimas somos nosostros"Patricia Dávila, reportera.
Revista Proceso # 1775, 7 de noviembre de 2010; Las pugnas entre la exprocuradora de Chihuahua Patricia González Rodríguez y el exalcalde juarense José Reyes Ferriz por sus diferencias sobre la efectividad del Operativo Conjunto Chihuahua y la penetración de las bandas del narco en la ciudad fronteriza –ventiladas en las páginas de Proceso– cobraron ya una víctima: Mario González, hermano de la exfuncionaria. Y aun cuando ya hay ocho sicarios detenidos por ese caso, lo único cierto es que todos están implicados.
La aparición del cuerpo de Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora de Justicia de Chihuahua Patricia González Rodríguez, y el arresto de ocho sicarios que presuntamente participaron en su secuestro y ejecución, son facetas de un conflicto que llego a su climax entre el exalcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, y la exfuncionaria.
El viernes 5 por la mañana, el comisionado general de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas Rosas, declaró que el miércoles 3 por la noche habían sido capturados en una residencia de la ciudad de Chihuahua ocho presuntos implicados en el homicidio.
El funcionario declaró que uno de ellos, Luis Miguel Ibarra Castellanos, El Cora, confesó que el secuestro fue ordenado por El Buitre, mientras que la ejecución la decidió Adrián Orozco, El M1. El Cora es un policía municipal de Chihuahua que tiene nexos con el cártel de Sinaloa y se comunica con esa organización a través de Noel El Flaco Salgueiro Nevárez, líder de la banda Gente Nueva.
Rosas relató que, junto con El Cora, fueron arrestados Luis Alberto López Rodríguez; Martín Morales Soto, El Viejito; Rubén Eduardo Jacobo Larrea, Pinky; Jesús David Rendón Villela, El Badú; Víctor Hugo Villegas Espino, M2; Alonso Velarde Lizárraga, e Israel Zaragoza Elenes, El Zorrillo.
El funcionario de la PF asegura que la dependencia supo de la presencia de un grupo de personas armadas en un predio ubicado en el fraccionamiento Paseos de Chihuahua. Al desplazarse al lugar, los agentes fueron recibidos a tiros, pero controlaron la situación y aseguraron el inmueble. El Cora fue quien informó que el cadáver de Mario González se encontraba en otro inmueble ubicado en la colonia Granjas del Valle.
Según El Cora, uno de los cinco encapuchados que aparecen en la grabación escoltando a Mario González durante el interrogatorio es él. Aparece de pie al lado derecho del plagiado; otro es Pinky, quien se ubica al lado izquierdo; Alonso está justo atrás; y en medio están El Güerito y Luis.
El Cora también declaró que quien interrogó a Mario es su hermano Eduardo Alexander Ibarra Castellanos. La grabación, dijo, se hizo en la casa de seguridad. Terminada la sesión, las paredes de la habitación se pintaron de azul.
Según él, sus compañeros le ordenaron cavar una fosa en un predio en la periferia de la ciudad de Chihuahua. Al regresar, Mario fue ejecutado con lazo y un pedazo de madera. Le aplicaron un torniquete hasta asfixiarlo. En seguida lo subieron a una Dodge Nitro gris y lo llevaron a la fosa.
El jueves 4 la reportera se comunicó con la exprocuradora y ella envió un documento la madrugada del viernes 5 en el que explica:
“El cuerpo localizado aún no puede identificarse por los medios de prueba ordinarios, ya que fue localizado con el proceso de putrefacción en curso; por lo tanto, su rostro y demás peculiaridades físicas han desaparecido y no puede afirmarse que se trata de mi hermano, porque no existen elementos de prueba que lo corroboren. La familia y tu servidora pediremos la aplicación de la técnica del ADN con el objeto de tener la prueba técnica científica necesaria para conocer sobre la identidad de una persona en avanzado estado de putrefacción.
“Por el momento, sólo se encontró un cadáver (…) Toda esta información está en el ámbito especultativo. Se requiere de la intervención del Laboratorio de Genética Forense, su proceso para establecer la identidad de las personas dura aproximadamente 24 horas.
“Considero que debemos permanecer a la expectativa, hasta en tanto la autoridad competente, en este caso el área de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, que se formó con el sistema penal acusatorio, auxilie en la notificación a la familia sobre el resultado de la técnica de ADN. Aunque algunos en tono burlesco digan que no tiene cabida la prueba técnica científica. En estos casos resulta indispensable y determinante para la identidad de una persona. Mañana proporcionaremos la muestra biológica para que sea cotejada con el perfil genético del cadáver. Sólo resta esperar...”
Los enconos de octubre
El mes pasado, Reyes Ferriz y Patricia González se lanzaron invectivas en las que se acusaban del fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH). En entrevistas por separado recogidas por este semanario (Proceso 1771 y 1774), ambos hablaron incluso de la corrupción que priva en los cuerpos policiacos estatales, municipales y federales y de la protección que los uniformados dan a los cárteles de Juárez y de Sinaloa en territorio juarense.
Los diferendos se activaron el 5 de octubre último. Ese día, a través de su área de prensa, Reyes Ferriz ofreció una entrevista a esta reportera para, dijo, hacer un balance del OCCH y de la recomposición de los cárteles en Juárez. El encuentro se realizó al día siguiente, al término del último informe de gobierno del alcalde juarense.
Durante la plática, Reyes Ferriz soltó: “La guerra emprendida en esta frontera en contra del narcotráfico es un fracaso. El gobernador José Reyes Baeza confundió mi solicitud de cooperación al gobierno federal para combatir al narcotráfico como una estrategia política para llegar a la gubernatura, cuando no lo era. En represalia, nunca apoyó el operativo; por si fuera poco, la procuradora del estado, Patricia González, liberó a más de 9 mil 500 delincuentes de 10 mil que pusimos a disposición. La impunidad lleva al fracaso” (Proceso 1771).
El 15 de octubre, ya publicada la entrevista con Reyes Ferriz, a través de un intermediario, la exprocuradora pidió una oportunidad para dar su propia versión. Incluso viajó a la Ciudad de México y acudió a las oficinas de este semanario para platicar con la reportera. El encuentro se realizó el 18 de octubre. Era lunes.
Tres días después, el 21 de octubre, Mario González fue levantado por un comando. Aún no se conocía la versión de Patricia González, que se publicó el 24 de octubre.
“Fue el gobernador José Reyes Baeza quien solicitó la intervención del gobierno federal en Ciudad Juárez (y no Reyes Ferriz). Además, asegura que el estado aportó 270 millones al OCCH como gasto extraordinario, mientras que el municipio (de Ciudad Juárez) asignó 400 millones de pesos de su gasto operativo normal”, declaró la entrevistada (Proceso 1774).
Luego, tras hacer un diagnóstico de las estructuras delictivas de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, Patricia González comentó que en Chihuahua, las estructuras del crimen organizado permanecen prácticamente intocadas. En dos años y medio de guerra, aparte de sobrevivir el cártel de Juárez, se consolidó en la ciudad fronteriza la organización que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
También afirmó que Reyes Ferriz ni siquiera pudo disminuir la violencia en la ciudad durante su gestión; incluso atribuyó esa situación al “error” de sacar al Ejército de las calles de Juárez y sustituirlo por elementos de la PF.
La reportera le comentó que se le implicaba en el asesinato del reportero Armando Rodríguez, El Choco, del Diario de Juárez, ocurrido el 13 de noviembre de 2008, y que en el municipio de Namiquipa una persona afirmó que ella contrató a policías para realizar ejecuciones y que se le señalaba como protectora del cártel de Juárez. Patricia González rechazó esas versiones.
Dijo que esa organización y la que lidera Vicente Carrillo Fuentes lograron infiltrar a las policías municipales, la estatal y la federal. Y dio nombres y mencionó casos concretos de elementos que apoyan al cártel de Juárez y los pagos que reciben por sus servicios.
El 22 de octubre, el día posterior a la desaparición de su hermano Mario, la exprocuradora presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, la esposa del desaparecido recibió una llamada en la que los presuntos plagiarios le dijeron que debía pagar 500 mil dólares para que su marido recuperara la libertad. El fin de semana siguiente, el silencio.
La madrugada del día 25 aparecieron varias mantas en la ciudad de Chihuahua. La del puente de la vialidad Nogales y calle Alfonso Sosa tenía el siguiente mensaje:
“A las autoridades y público en general, no se dejen engañar, las causas de todos los desmanes en esta ciudad son causados por los (ilegible) del cártel de Sinaloa…”; la otra, en el puente de Periférico de la Juventud y calle Ignacio Rodríguez, rezaba: “Qué pasó, Noel Salgueiro, para qué secuestraste al Lic. Mario González…”.
De forma casi simultánea, en la página electrónica youtube se difundió un video de 9.56 minutos en el que se observa a cinco encapuchados que custodian al secuestrado mientras es interrogado. Todos visten uniforme tipo militar y portan armas largas. La edición 1774 de Proceso aún no se distribuía en Ciudad Juárez.
Ese mismo 25 de octubre, Patricia González solicitó a la agente del Ministerio Público federal Damaris Baglietto Hernández realizar un análisis criminalístico de los cubículos de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua porque, dijo, el lugar donde fue grabado el video tiene características “peculiares” e “idénticas” al edificio donde se ubican las oficinas del Ministerio Público estatal y la Agencia Estatal de Investigación; también solicitó que peritos en dactiloscopia buscaran huellas de calzado, manchas de sangre, saliva, sudor en estas instalaciones.
Dos días después, personal del MP federal realizó un recorrido por los centros de Cuauhtémoc y Parral. A las 15:30 horas del 27 de octubre en youtube apareció la segunda parte del videointerrogatorio, en el que Mario González enumera varios asesinatos y da los nombres de los presuntos ejecutores. Dijo, por ejemplo, que El JL y otro sicario conocido como El Mónico murieron en dos enfrentamientos. En la primera parte del interrogatorio Mario González había declarado, que El JL no había muerto en un enfrentamiento en Culiacán.
Piezas sueltas
El 28 de octubre, en una segunda entrevista, Patricia González dijo que el día anterior pidió a las autoridades que citaran a comparecer a los titulares de las ocho dependencias que durante dos años y medio participaron en el OCCH.
La exprocuradora mencionó al coordinador del programa, general Felipe de Jesús Espitia; al secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos; a Conrado García y a Eddie Robles, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); al titular de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa (Unito) en Ciudad Juárez, Arnoldo Cristerna; al secretario de Seguridad Pública Municipal, general Julián David Rivera Bretón; al comisario coordinador operativo de la PF, Vidal Díaz Leal Ochoa; el subprocurador de Justicia de la Zona Norte, Alejandro Pariente, así como a Gustavo Zabre y a Javier Torres Cardona (Proceso 1774).
Dijo también que contaba con el apoyo de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), pero lamentó que la Sedena se lo regateé: “El personal de la Unito, ubicada en el interior de la V Guarnición Militar en Ciudad Juárez, sabe perfectamente quién tiene a mi hermano y cómo ubicar al grupo para rescatarlo. “Ellos (el Ejército) detuvieron a personas relacionadas con ésta célula, saben dónde viven y cómo se llaman quienes usan los seudónimos de elquitapuercosenchihuahua y elpumaoriginal”.
Proceso intentó entrevistar al exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, a su sucesor, César Duarte, así como al exalcalde de Ciudad Juárez. No tuvo respuesta en ninguno de los tres casos.
El 29 de octubre, la Agencia Noticiosa del Centro (ANC), con sede en Aguascalientes, informó que Fernando Ornelas, excoordinador operativo del Centro de Inteligencia Policial (Cipol), fue ejecutado junto con su hermano Calixto. En la segunda parte de su interrogatorio, Mario González señaló que Fernando Ornelas estaba coludido con el cártel de Juárez, al igual que el titular de esa dependencia, Saúl Hernández.
Fernando llegó al Cipol en 2006, invitado por el director del centro, Raúl Grajeda Domínguez; antes había laborado como policía municipal bajó el mando del mismo Grajeda Domínguez.
El jueves 4, medios de comunicación de Ciudad Juárez informaron sobre el enfrentamiento de agentes federales con sicarios en el fraccionamiento Paseos de Chihuahua la noche anterior, que terminó con la detención de ocho sicarios. El Diario de Juárez informó que de manera extraoficial se había mencionado a Jorge Gutiérrez Corral, El Chule, quien fungió como coordinador del Cipol cuando el organismo era dirigido por Grajeda Domínguez. El Chule se dio de baja en 2006.
A principios de año, Grajeda Domínguez publicó el libro Seguridad Pública en México, callejón sin salida, en el que calificó a César Duarte como candidato de “legítimo orgullo”; asimismo, señala que Patricia González y Baeza Terrazas de presuntos nexos con el cártel de Juárez.
El jueves 4, poco antes de que se localizara el cuerpo del secuestrado, la PGR determinó que “por su complejidad” e “impacto social”, atraería el caso de Mario González Rodríguez (AP/PGR/CHIH/CHIH/3093/2010-B). Horas después el rumor sobre la ejecución del hermano de la exprocuradora cobró fuerza.
El viernes 5, en su conferencia mañanera, el comisionado de la PF, Facundo Rosas, no habló sobre la presunta detención del Chule. Proceso buscó de nueva cuenta a la exprocuradora para conocer su opinión. Hasta las 20:30 horas de ese día respondió que aún no tenía ninguna confirmación oficial sobre la muerte de su hermano.
Alrededor de las cinco de la tarde del mismo viernes 5, la reportera se volvió a comunicar con Patricia González. Poco después envió un mensaje escueto: “Las autoridades deben responder. Nosotros somos víctimas…”. l
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