La sucesión/ |
 |
Ana Laura Magaloni Kerpel
Reforma, 20 Nov. 10;
El presidente de la Corte juega un papel fundamental en la conducción del debate. Gracias a sus intervenciones, el proceso de deliberación se ordena o se vuelve un caos, fluye o se empantana
En mes y medio termina el periodo de Ortiz Mayagoitia como presidente de la Corte. Para ser exactos: el 3 de enero los ministros eligen a su sucesor. Sería importante comenzar a definir los restos más relevantes del siguiente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es verdad que una tarea importante del presidente de la Corte es eminentemente administrativa. Se encarga de que el tribunal funcione: que se pague la nómina, que sirva el servicio de comedores, que los departamentos de informática, de compilación de tesis de jurisprudencia, de publicaciones provean un buen servicio. Es decir, una parte del trabajo del presidente de la Corte tiene que ver con que funcionen bien las áreas de apoyo al trabajo de los ministros y con que el personal administrativo cumpla con sus responsabilidades. Sin lugar a dudas es una tarea muchas veces ingrata, pero indispensable.
Sin embargo, la parte más importante del cargo no es administrativa, sino política. Lo cuenta bien el presidente de la Corte de Estados Unidos, John Roberts, en una entrevista que llevó a cabo Jeffrey Rosen, profesor de la Universidad de George Washington. Un presidente de la Corte -señala Roberts- "debe poder hacer a un lado sus propia agenda ideológica o su deseo por atención personal en el interés de que se alcance el consenso y la estabilidad en la resolución de casos". Lo relevante, según Roberts, es que la Suprema Corte pueda generar una voz propia, la voz del tribunal, y no que se escuchen todas las voces de sus miembros al mismo tiempo. Sólo así el máximo tribunal puede definir el alcance y sentido de los preceptos constitucionales al futuro, para la sociedad y para los actores políticos. Un buen presidente de la Corte, por tanto, es un facilitador de la discusión, pero al mismo tiempo es alguien al que sus colegas le tienen admiración y respecto por su capacidad y sus conocimientos jurídicos.
Nuestra Corte no se ha dado cuenta de la relevancia que tiene para su fortaleza y legitimidad que exista la voz del tribunal. El hecho de que el proceso de deliberación del Pleno sea público y televisado -en ninguna parte del mundo es así- ha puesto un énfasis extraordinario en las individualidades de los ministros, en lo que dice cada uno de ellos y no en lo que están de acuerdo todos o la mayoría. Es por ello que en el caso de nuestro máximo tribunal, el presidente de la Corte juega un papel fundamental en la conducción del debate. Gracias a sus intervenciones, el proceso de deliberación se ordena o se vuelve un caos, fluye o se empantana, se prolonga o se agiliza. La capacidad de Ortiz Mayagoitia para desempeñar esta compleja tarea ha sido verdaderamente extraordinaria. Se le va a extrañar. Va a ser difícil que su sucesor pueda suplir el liderazgo que tiene sobre sus colegas. El talento jurídico de Ortiz aunado a su enorme carisma es una combinación difícil de encontrar.
La segunda gran asignatura del sucesor de Ortiz tiene que ver con las políticas de austeridad. Le toca al siguiente presidente de la Corte la construcción de una Corte más compacta, más eficiente, más austera, menos dispersa, más moderna y mucho menos cara. El estudio que elaboré junto con mi colega Carlos Elizondo busca dimensionar el problema. Nuestra Corte es mucho más cara que alguno de los tribunales de su tipo más prestigiosos en el mundo: la Corte Suprema norteamericana cuesta 37 por ciento de lo que cuesta la nuestra, el Tribunal Constitucional alemán 13.4 por ciento y la Corte Constitucional de Colombia 3.3 por ciento, por mencionar algunos. ¿Qué es lo que explica el alto costo de nuestra Corte? el tamaño de su burocracia. Mientras que en nuestra Corte trabajan 3 mil 116 personas, en la Corte norteamericana lo hacen 483, en el Tribunal Constitucional alemán 167 y en la Corte Constitucional de Colombia 146. Hay que adelgazar a nuestra Corte. Me parece que es un reto casi ineludible del siguiente presidente tener que reorganizar, recortar, limitar, ordenar y hacer más eficiente aparato administrativo del máximo tribunal.
Al interior de la Corte no hay consenso respecto de la necesidad de construir una Corte más austera. Varios de los ministros estiman que el costo de la Corte se justifica ple- namente, que no les resta legitimidad y fuerza y que no hay dilemas de ética pú- blica en la forma en que la Corte ha ejercido sus recursos. Sin embargo, afortu- nadamente, los dos candidatos a suceder a Ortiz -los ministros Juan Silva Meza y Fernando Franco- no coinciden plenamente con esa visión. Creo que ambos ministros están conscientes de que hay que hacer algo al respecto antes que desde afuera les impongan los cambios.
Ninguna institución en México es un ejemplo de lo que significa la administración de recursos públicos en un país democrático y en donde la mayoría de la población vive de forma muy austera o de plano en pobreza. Si la Corte decide ser la institución que pone el ejemplo, ganará un enorme prestigio y legitimidad en la población. Ojalá el próximo presidente del máximo tribunal pueda ver que la austeridad real y no de discurso es la ventana de oportunidad para hacer la diferencia histórica de su gestión.
Reforma, 20 Nov. 10;
El presidente de la Corte juega un papel fundamental en la conducción del debate. Gracias a sus intervenciones, el proceso de deliberación se ordena o se vuelve un caos, fluye o se empantana
En mes y medio termina el periodo de Ortiz Mayagoitia como presidente de la Corte. Para ser exactos: el 3 de enero los ministros eligen a su sucesor. Sería importante comenzar a definir los restos más relevantes del siguiente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es verdad que una tarea importante del presidente de la Corte es eminentemente administrativa. Se encarga de que el tribunal funcione: que se pague la nómina, que sirva el servicio de comedores, que los departamentos de informática, de compilación de tesis de jurisprudencia, de publicaciones provean un buen servicio. Es decir, una parte del trabajo del presidente de la Corte tiene que ver con que funcionen bien las áreas de apoyo al trabajo de los ministros y con que el personal administrativo cumpla con sus responsabilidades. Sin lugar a dudas es una tarea muchas veces ingrata, pero indispensable.
Sin embargo, la parte más importante del cargo no es administrativa, sino política. Lo cuenta bien el presidente de la Corte de Estados Unidos, John Roberts, en una entrevista que llevó a cabo Jeffrey Rosen, profesor de la Universidad de George Washington. Un presidente de la Corte -señala Roberts- "debe poder hacer a un lado sus propia agenda ideológica o su deseo por atención personal en el interés de que se alcance el consenso y la estabilidad en la resolución de casos". Lo relevante, según Roberts, es que la Suprema Corte pueda generar una voz propia, la voz del tribunal, y no que se escuchen todas las voces de sus miembros al mismo tiempo. Sólo así el máximo tribunal puede definir el alcance y sentido de los preceptos constitucionales al futuro, para la sociedad y para los actores políticos. Un buen presidente de la Corte, por tanto, es un facilitador de la discusión, pero al mismo tiempo es alguien al que sus colegas le tienen admiración y respecto por su capacidad y sus conocimientos jurídicos.
Nuestra Corte no se ha dado cuenta de la relevancia que tiene para su fortaleza y legitimidad que exista la voz del tribunal. El hecho de que el proceso de deliberación del Pleno sea público y televisado -en ninguna parte del mundo es así- ha puesto un énfasis extraordinario en las individualidades de los ministros, en lo que dice cada uno de ellos y no en lo que están de acuerdo todos o la mayoría. Es por ello que en el caso de nuestro máximo tribunal, el presidente de la Corte juega un papel fundamental en la conducción del debate. Gracias a sus intervenciones, el proceso de deliberación se ordena o se vuelve un caos, fluye o se empantana, se prolonga o se agiliza. La capacidad de Ortiz Mayagoitia para desempeñar esta compleja tarea ha sido verdaderamente extraordinaria. Se le va a extrañar. Va a ser difícil que su sucesor pueda suplir el liderazgo que tiene sobre sus colegas. El talento jurídico de Ortiz aunado a su enorme carisma es una combinación difícil de encontrar.
La segunda gran asignatura del sucesor de Ortiz tiene que ver con las políticas de austeridad. Le toca al siguiente presidente de la Corte la construcción de una Corte más compacta, más eficiente, más austera, menos dispersa, más moderna y mucho menos cara. El estudio que elaboré junto con mi colega Carlos Elizondo busca dimensionar el problema. Nuestra Corte es mucho más cara que alguno de los tribunales de su tipo más prestigiosos en el mundo: la Corte Suprema norteamericana cuesta 37 por ciento de lo que cuesta la nuestra, el Tribunal Constitucional alemán 13.4 por ciento y la Corte Constitucional de Colombia 3.3 por ciento, por mencionar algunos. ¿Qué es lo que explica el alto costo de nuestra Corte? el tamaño de su burocracia. Mientras que en nuestra Corte trabajan 3 mil 116 personas, en la Corte norteamericana lo hacen 483, en el Tribunal Constitucional alemán 167 y en la Corte Constitucional de Colombia 146. Hay que adelgazar a nuestra Corte. Me parece que es un reto casi ineludible del siguiente presidente tener que reorganizar, recortar, limitar, ordenar y hacer más eficiente aparato administrativo del máximo tribunal.
Al interior de la Corte no hay consenso respecto de la necesidad de construir una Corte más austera. Varios de los ministros estiman que el costo de la Corte se justifica ple- namente, que no les resta legitimidad y fuerza y que no hay dilemas de ética pú- blica en la forma en que la Corte ha ejercido sus recursos. Sin embargo, afortu- nadamente, los dos candidatos a suceder a Ortiz -los ministros Juan Silva Meza y Fernando Franco- no coinciden plenamente con esa visión. Creo que ambos ministros están conscientes de que hay que hacer algo al respecto antes que desde afuera les impongan los cambios.
Ninguna institución en México es un ejemplo de lo que significa la administración de recursos públicos en un país democrático y en donde la mayoría de la población vive de forma muy austera o de plano en pobreza. Si la Corte decide ser la institución que pone el ejemplo, ganará un enorme prestigio y legitimidad en la población. Ojalá el próximo presidente del máximo tribunal pueda ver que la austeridad real y no de discurso es la ventana de oportunidad para hacer la diferencia histórica de su gestión.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario