V Asamblea de la AMIJ

Francisco Blake, Secretario de Gobernación, en la V Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C.

Ixtapan de la Sal, Edo. de México, 11/11/2010

Muy buenos días a todas y a todos.

Saludo con aprecio al Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

También saludo con aprecio al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del Estado de México; al Magistrado Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México;

También saludamos a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, presidenta de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados;

Aprecio la hospitalidad del maestro Hugo Andrés Hernández Vargas, presidente municipal de Ixtapan de la Sal. Muchas gracias, presidente.

A todos los integrantes del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que nos acompañan en el presidium en este evento, a los señores jueces, a los señores magistrados, a los ministros y también por supuesto hay que mandarle un saludo a los actuarios, a los secretarios de acuerdo que mucho les ayudan en su tarea, y a todo el personal de los tribunales y del Sistema Judicial.

Señoras y señores, medios de información:

2010 es el año de la patria, en el que festejamos el inicio del movimiento de Independencia, gracias al cual nuestro país conquistó la libertad, la justicia y la soberanía. En este año también conmemoramos el centenario del inicio de la Revolución, epopeya en la que los mexicanos reivindicamos el sufragio y las garantías individuales, además de los derechos sociales y la soberanía de las naciones sobre los bienes y recursos naturales en nuestro país.

Estoy convencido de que la dignidad de una nación se expresa en la forma en que se conoce, reconocen y respetan las ideas y los ideales, la forma en que se reconocen las obras y las hazañas de los antepasados, individuales y colectivos.

Me siento honrado en asistir a este foro nacional de gran trascendencia en el que se presentan y se discuten las experiencias, investigaciones sobre los procesos de reforma y modernización en la impartición de justicia. Bien se ha dicho aquí: la confianza del ciudadano en las instituciones que procuran e imparten justicia es uno de los activos más importantes en un Estado democrático de derecho.

La certeza de que la justicia funciona para todos por igual sin distingo de orden social, género, creencias o condición económica es fundamental para que las personas tengan la seguridad de que hay instituciones que están a su servicio, porque para ello fueron precisamente diseñadas.

Cuando estas instituciones funcionan de manera transparente, eficaz y pronta responden a los anhelos de quienes en aras del interés público, superior, de la nación tuvieron a bien complementarlas en nuestro orden constitucional y legal.

La justicia es el instrumento más poderoso que tenemos para hacer frente al dolor humano, es por ello que en el ejercicio de las libertades siempre existe como límite el respeto a las leyes, a las normas de convivencia, a las instituciones y a los derechos de las personas. Desafortunadamente para muchos mexicanos la justicia es una realidad distante y ajena; para muchos la justicia si llega, llega demasiado tarde ya cuando aveces no hay nada que hacer.

En todos los rincones de México hay voces que se elevan y claman por una justicia, voces que no tienen un medio para llegar a quienes la imparten y que padecen en silencio el dolor de haber sido víctimas de delitos o de injusticias graves que cambian sus vidas para siempre.

Es a ellos a quien la justicia debe llegar. Nuestro reto no está en llegar a las mayorías que tienen acceso a los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino a los mexicanos que tienen la esperanza de que para ellos todavía puede haber justicia.

La justicia tiene que estar cerca de las personas, tiene que ser parte de su vida y de un valor entrañable siempre vivo. Tenemos instituciones democráticas, un amplio sistema de libertades constitucionales y un régimen con plena división de poderes que debemos aprovechar para transformar profundamente la percepción que muchas personas tienen de que la justicia tarda o que a final de cuentas no cumple con su función de proporcionar retribución adecuada.

La justicia debe ser pronta, expedita y transparente, por ello debemos esforzarnos en que nadie quede sin acceso a la justicia que dan nuestras instituciones. Como ustedes bien saben, estamos en transición a un sistema de justicia adversarial, aquí ya lo ha dicho el Gobernador, con juicios orales. Este sistema es un paso adelante a favor de los mexicanos.

El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que desde su creación, a partir del 13 de octubre de 2008, tiene a su cargo precisamente establecer la política y la coordinación necesaria para implementar, en los órdenes de gobierno Federal y estatal, el nuevo sistema de justicia penal.

El Consejo ha tenido reuniones en las que se ha establecido las reglas para el funcionamiento del propio Consejo, la determinación de las estrategias de implementación, de la reforma constitucional en las entidades federativas, el diseño del programa de capacitación y difusión, y el nombramiento de los representantes de la academia y de la sociedad civil en el Consejo, que también tienen un papel fundamental que realizar, las academias, los universitarios, los ingenieros. No es un tema nada más del sistema, de los abogados, sino que se requiere de un esfuerzo fundamental y esencial para poder sacar este desafío y este reto que nos hemos propuesto como Estado mexicano.

A la fecha las reformas se han implementado en Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Morelos, por supuesto que aquí en el Estado de México, ya el Gobernador ha dado cuenta detallada de esta implementación; Durango y Baja California.

Y por supuesto también esto requiere de recursos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente aún, hoy yo sé que estamos ya discutiendo el presupuesto y que hay muchas inquietudes pero se incluyó una partida a favor de los estados por más de 196.2 millones de pesos a los que posteriormente se sumaron 115.7 millones derivados del programa de austeridad. Con este monto hemos beneficiado a 22 entidades en la realización de 88 proyectos.

El Gobierno del Presidente Felipe Calderón seguirá, por supuesto, impulsando el nuevo Sistema de Justicia Penal a favor de los justiciables. Hemos generado, además, los instrumentos jurídicos para facilitar y acelerar las relaciones de cooperación con las entidades federativas.

Entre estos instrumentos se encuentran convenios de colaboración y las directrices para regir diversas actividades y canalizar los recursos. Se ha realizado también, un análisis comparativo de las diferentes iniciativas y propuestas para la elaboración del Código de Procedimiento Penal a nivel Federal, y otros a nivel local, que vale la pena, también, que le echemos una buena revisada a estos instrumentos y aprovechemos estos espacios para ello.

Se cuenta ya con un Modelo de Código Federal de Procedimientos Penales, el cual ya fue puesto a disposición de los integrantes del Consejo de Coordinación para sus observaciones y comentarios. Así es que estamos en plena oportunidad para llevarlo a cabo.

Y como bien aquí se ha dicho, entre los principales retos que estamos enfrentando en estos momentos, están las sinergias, mismas, institucionales, los vicios del sistema tradicional y la resistencia al cambio de algunos operadores mismos del Sistema de Justicia Penal; no es fácil, por supuesto, romper paradigmas para transitar a nuevos modelos en el tema de la justicia penal.

Sabemos que para hacer frente a estos desafíos el Gobierno Federal cuenta con aliados y el Estado de Derecho cuenta con aliados tan importantes como son los de esta Asociación Nacional de Impartidotes de Justicia.

El Presidente de la República ha dejado en claro en los Diálogos por la Seguridad, que se están realizando en las entidades federativas, que es necesario impulsar la Reforma de Justicia Penal, teniendo cuidado, por supuesto, en su aplicación e interpretación. Así lo platicaba en la mañana con quienes me recibieron y creo que valdría la pena seguir trabajando y dialogando para perfeccionar nuestro régimen de justicia.

También, debemos impulsar reformas constitucionales que están pendientes en el Congreso de la Unión, las cuales permiten adecuar nuestro Marco Jurídico y perfeccionar nuestras instituciones. La reforma en materia de amparo, por ejemplo, para hacerlo más flexible y accesible; las reformas en materia de derechos humanos para elevarlos a rango constitucional, son parte fundamental de este esfuerzo hacia una mayor protección de las personas.

La dignidad humana exige al Estado que tenga instituciones sólidas, imparciales y orientadas a hacer valer en la vida cotidiana del ciudadano sus derechos y sus libertades, por supuesto, especialmente preocupa al Gobierno que la lucha entre las organizaciones de criminales, así como la que guarden hacia el interior de sus propias estructuras sean causa de violencia irracional que sufren los mexicanos.

Los criminales, y ustedes lo saben porque los juzgan, los representan, los criminales son los culpables de la violencia. Toda organización criminal causa un impacto negativo a la sociedad y debe ser perseguida y desarticulada conforme a lo que marca la ley.

El Gobierno seguirá desplegando, con toda firmeza, su acción frente a las organizaciones del crimen en todos los casos de ilegalidad, pero especialmente los casos donde hay más violencia y donde la criminalidad agrede más a los ciudadanos, como son los delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión. La crueldad con la que se desenvuelven todas las organizaciones es repudiable.

Y por eso, sé que muchos de ustedes en su localidad atienden, precisamente, en el fuero de su competencia este delito, y tenemos que seguir trabajando hombro con hombro con los señores Gobernadores, como lo hemos venido haciendo, en un compromiso fundamental con el Estado para fortalecer nuestras instituciones las que persiguen el delitos, las que detienen al delincuente y las que juzgan al delincuente,.

El Gobierno Federal lamenta que inocentes sean asesinados como consecuencia de la guerra entre las bandas de delincuentes como La Familia, por ejemplo, y la absurda violencia que aplican entre ellas mismas.

Sólo para que tengan algunos datos. Fíjense:

En decomisos, aseguramientos y detenciones. Cocaína: cien toneladas, estas cifras son del primero de diciembre de 2006 al 21 de octubre del 2010; mariguana, siete mil 523 toneladas; psicotrópicos 60.7 millones de unidades. Toda esta droga para envenenar juventud. Por eso, le tenemos que hacer frente a esta batalla.

Armas cortas y largas 90 mil 444 unidades en armas; granadas seis mil 871 unidades; municiones 9.3 millones de unidades. Armas y balas con las, asesinan, se enfrentan entre ellos mismos, causan la muerte y lamentablemente también la vida de muchas personas inocentes.

Vehículos 38 mil 872 unidades; más de 363 millones 909 mil 810 pesos Moneda Nacional; más de 420 millones 675 mil dólares, producto del secuestro de la extorsión, y de la venta de droga.

Por eso, por toda esta evidencia que seguramente a muchos tribunales y a muchos juzgados llega, son pruebas contundente, para que con toda la fuerza del Estado y el imperio de la ley, los criminales sigan siendo detenidos, procesados, sentenciados y condenados para resarcir algo del dolor que le ha ocasionado a muchos mexicanos del bien nacer y del bien quehacer.

Es decir, los criminales deben estar tras las rejas y los ciudadanos recuperando sus espacios públicos de tranquilidad y de paz. Que es a lo que aspiramos todos los mexicanos. Yo lo sé que ustedes también, porque además de ser impartidotes de justicia son ciudadanos, son padres de familia, son gente que anhela y que quiere a su México.

Por eso, señoras y señores, finalmente, la justicia es la fuerza y el valor que da cohesión a la sociedad. Los intereses de la asociación, por temas, que aquí se ha comentado, de capacitación, gobierno judicial, la ética judicial, la justicia administrativa, penal y laboral, así como la justicia alternativa son ampliamente compartidos por nosotros, por el Gobierno Federal para apoyarlos a salir adelante.

Su trabajo y su esfuerzo, en estos dos días de actividades, las conclusiones de su V Asamblea, estoy seguro, serán de gran valor para todos aquellos que trabajamos para que México, ha hecho instituciones cada vez más justas, porque es gracias a la justicia en que construiremos un México próspero ordenado, seguro, en el que todos podamos vivir en paz.

Que pasen buen día.