Nuevo Ministro de la SCJN

De 114 votos emitidos, 97 fueron a favor de José Mario Pardo Rebolledo, 12 a favor del ciudadano Jorge Higuera Corona, y 4 votos a favor de Alberto Gelacio Pérez Dayán, y un voto nulo.

SESION ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES CELEBRADA EL JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2011.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO

SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA

Versión estenográfica
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Pasamos a continuación a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos, Primera, con punto de acuerdo. Y este es el relativo a los requisitos de legibilidad de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informo a la asamblea que en caso de ser aprobado este dictamen, los candidatos realizarán una exposición en tribuna por un tiempo máximo de 15 minutos. Su aparición será conforma al orden que se consiga en la propuesta remitida por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Posteriormente se realizará la votación por cédula para la elección correspondiente.

El dictamen sobre la cobertura de requisitos de los candidatos se encuentra ya publicado en la Gaceta del Senado de este día.

 En tal virtud, solicito a la secretaría dé lectura sólo a su parte resolutiva.

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.

Primero.- Con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho del dictamen que se formula, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la  Cámara de Senadores, determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el ciudadano Presidente de la República, el 3 de febrero del año en curso de 2011, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de José de Jesús Gudiño Pelayo.

Segundo.- En consecuencia, son elegibles para sustituir a José de Jesús Gudiño Pelayo por reunir los requisitos constitucionales procedentes, los ciudadanos Jorge Higuera Corona, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán.

Es todo, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: En consecuencia, está a discusión este proyecto de dictamen con el punto de acuerdo relativo a los requisitos de legibilidad de los candidatos a ministro.

Doy, en primera instancia, porque así lo han solicitado, el uso de la palabra el señor senador Ricardo Monreal Ávila, informándole a la asamblea que también han solicitado hacer uso de la palabra el señor senador Dante Delgado, el señor senador Jesús Murillo Karam, y el señor senador Alejandro González Alcocer; y el senador, después del senador Dante Delgado, Tomás Torres Mercado.

-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA: Gracias ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. He solicitado el uso de la palabra para razonar mi voto en este dictamen con punto de acuerdo que expresa si reúnen o no los requisitos de legibilidad los propuestos en la terna para ratificación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por segunda ocasión este Senado ejerce la facultad consagrada en el artículo 96 constitucional para cubrir una bacante de un Ministro de la Corte que lamentablemente falleció.

Aún cuando tenemos, señores senadores y senadoras, de conformidad con la Constitución 30 días improrrogables para emitir nuestra resolución, esta se ha apresurado y creo que el acto en el que nos encontramos, el acto de autoridad que este Poder Legislativo va a ejercer, debió haber sido con mayor reflexión, mayor serenidad, mayor prudencia.
Nos hemos tardado cuatro meses, no por culpa del Senado. El Senado apenas recibió esta terna el martes pasado, el miércoles lo citamos a comparecer o el martes mismo, ayer con grupos parlamentarios y hoy se ha pronunciado la mayoría en nuestra contra de poner a discusión el dictamen y enseguida la votación.

Nombrar un Ministro de la Corte no es una cosa menor, es integrar el más alto tribunal de justicia de la nación.

La ratificación que contempla el artículo 96 constitucional no es sólo porque el Senado sea una Oficialía de Partes, es un auténtico equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, es una colaboración entre dos poderes para que los ministros de la Corte que resulten ratificados con un amplio consenso de las dos terceras partes, no piensen que se la deben a uno u a otro; sino que son producto de un amplio consenso y que los obliga a actuar conforme a los principios rectores de la impartición de justicia, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, transparencia, principios que son invariables en cualquier régimen democrático para integrar un órgano del Estado como es el Poder Judicial de la Federación.
El dictamen a discusión nadie podrá objetarlo, porque los tres reúnen los requisitos, los tres provienen de una amplia carrera judicial, los tres cumplen con los requisitos exigidos por la ley. No, a lo que yo me refiero de haber permitido los 30 días cuando menos, es a la reflexión que debe de hacer cada senador, cada senadora para emitir su voto. No basta con escuchar los 15 minutos, lo que necesitamos es conocer su vida académica, su desempeño, su función e incluso acceder a las resoluciones emitidas a lo largo de su carrera judicial, si éstos han sido presionados por ajenos intereses o han sido presionados para resolver en tal sentido en contra del sentido jurídico, todo esto no pudimos revisarlo; bastaron dos días para que en este ejercicio apresurado vayamos a emitir un acto de ratificación. 

Por eso estoy razonando mi voto y por eso yo les pido reflexionen bien por quien votar, porque si la rechazamos, como la ocasión pasada por un grupo parlamentario, a pesar de que una de las propuestas reunía el consenso de toda la oposición en su conjunto, entonces estaremos renunciando a nuestra facultad de ratificación, y le estaremos entregando al Ejecutivo la decisión de nombrar  a uno, pero tendrá que ser dentro de los tres, de la terna que se presentó al Senado. Por eso les pido una vez que se llegue ese acto, cuidemos con mucha seriedad la emisión de nuestro voto.

El país atraviesa por una etapa complicada y compleja, se reúnen crisis sistémicas, crisis de seguridad, de alimentos, crisis de justicia, crisis de opinión pública, crisis financiera, crisis económica, en un desgaste sin precedente de la clase política, de la clase gobernante, de los jueces y magistrados, atravesamos por momentos complejos de la República.

Por eso llegan estos nombramientos y esta decisión a este Senado en un momento crucial para la vida de la República, y los tres deben de saber que van, uno de ellos a elegirse, pero que no le deben nada a nadie, porque surgirán de un amplio consenso, porque luego surgen padrinos que intentan presionar para torcer la ley o la resolución de un caso determinado.

¿Cuántos jueces de consigna hay en el país?  No podría generalizar, sé que el Poder Judicial, como la clase política de este país atraviesa por una etapa profunda de deterioro, las instituciones están sufriendo profundo deterioro; la deshonestidad y la corrupción permean los órganos de justicia en nuestro país, la justicia al mejor postor existe, por eso la importancia de este acto que vamos a ejercer. 

No podría generalizar, conozco jueces y magistrados rectos, que no aceptan presiones ni convertirse en jueces de consigna, así me gustaría que hoy nombráramos a uno de ellos, que no aceptara ser de consigna y que luchara por convertirse en ser la diferencia. 

Dice la Corte que le urge que nombremos ministro porque tiene 23 asuntos empatados, la Corte puede desempatarlos, ejerciendo el voto de calidad, por qué tardarse tanto tiempo  a ejercer nuestro acto para el nombramiento de ministro de la Corte. Debemos haber esperado los 30 días. 

A mí lo que me preocupa es esta etapa de apresuramiento. Los escuché a los tres, fui uno de los diez que estuvimos escuchándolos, me hubiera gustado que hubieran estado más, los escuché con atención y con respeto, y obviamente nadie va a votar en contra de este dictamen porque los tres reúnen los requisitos de legibilidad, los tres son idóneos, el problema de fondo es saber quién es cada uno, cuál fue su desempeño, cuáles fueron las resoluciones emitidas; de dónde provienen, cuál es su carrera y cuál es, incluso, su inclinación, por supuesto, nosotros no queremos una Corte conservadora, y en este caso de ahora que nos ocupa, puede ser la diferencia.

El perfil de la persona que nombremos o ratifiquemos como ministro de la Corte, es un acto trascendente en la vida de la República ejercido por el Senado de la República, ojalá y logremos este amplio consenso y no renunciemos a nuestra facultad de ratificación de este alto puesto del Poder Judicial Federal. Presidente, muchas gracias por su tolerancia.  (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA:  Gracias a usted, señor senador.  Para continuar desahogando este punto de acuerdo, ruego al senador Dante Delgado, haga uso de la palabra, como lo solicitó previamente. 

-EL C. SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO:  Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy esta “decisión” reviste una especial significación porque en el ánimo de colaboración de poderes nos corresponde la responsabilidad de elegir al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vacante desde hace meses.

Queremos significar aquí el hecho de que la terna integrada por los magistrados: Jorge Higuera Corona, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán, forman parte del Poder Judicial de la Federación. 

Queremos hoy reconocer también que la anterior terna fue integrada por personal de carrera del Poder Judicial de la Federación.  Me ha tocado asistir como integrante de las comisiones a las comparecencias de todos los candidatos propuestos, y puedo significa el hecho de que han dado una demostración de su perfil profesional que acredita su carrera y, desde luego, la participación en una contienda que va más allá de su propia formación profesional, y que tiene que ver con la decisión de esta soberanía. 

La diferencia es que en el anterior proceso pretendió darse un espacio creciente a la participación de las mujeres en la integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lamentablemente esto no se pudo hacer por la decisión adoptada por el Partido Acción Nacional, que fue el responsable de que se rechazara la primera propuesta formulada por el propio Presidente de la República, surgido de su partido, esto solamente lo puede entender Kafka, lo cierto  es que tenemos  la responsabilidad  de elegir hoy  al nuevo Ministro,  el martes pasado  por espacio de cuatro horas, participaron los tres candidatos al cargo, comparado con lo que sucede  en otras naciones  donde se analiza a profundidad el sentido de las resoluciones que han emitido en su carrera judicial los candidatos propuestos, resulta desde luego  un tiempo muy breve, sin embargo, vale la pena, que el Senado de la República tome la decisión, para que ésta no la asuma de manera directa  el propio Presidente de la República, salvo que sus correligionarios del Partido Acción Nacional, así lo hayan previsto  desde el inicio, si así es, no va a quedar ninguna duda, rechazarle al Ejecutivo Federal dos ternas por parte  de Acción Nacional y que  vendría a evidenciar la manipulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto no es deseable bajo ninguna circunstancia, sobre todo en los momentos actuales en los que en el México pervertido  advertimos  los niveles  de inseguridad y de injusticia que lastiman a nuestra  sociedad. 

Hagamos votos porque el díada hoy elijamos con sentido de responsabilidad y anteponiendo los intereses de México, al Ministro que hace falta en las decisiones colegiadas de sala y del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Convergencia participará con un alto sentido de responsabilidad en esta decisión trascendente que nos corresponde a todos los integrantes de este cuerpo senatorial. Muchas gracias, Presidente.

-EL C. PRESIDENTE MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA: Gracias a usted, señor Senador Delgado.

Y para continuar con el desahogo del punto de acuerdo, se concede el uso de la palabra al señor Senador Tomás Torres Mercado.

-EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO:  En el análisis  de este dictamen enviado por las Comisiones Unidas, una de Estudios Legislativos y de Justicia, se plantea  la elegibilidad  de las tres propuestas hechas por el Presidente de la República en un proceso de colaboración que incumbe a aquel poder y al Senado de la República para cubrir la vacante dejada por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, del más alto tribunal de justicia de este país, de ese órgano jurisdiccional que a través de sentencias, que a través de resoluciones juzga los actos  de cualquier autoridad  en aras  de preservar el orden constitucional en México.

Desde la controversia entre dos particulares hasta la invasión de las órbitas constitucionales de la competencia de los poderes estatales,  a pesar de que este órgano  cumple una función jurisdiccional de aplicar la Ley, y por eso seguramente a algunos no les interesa, cabildean en los escaños de este Senado al tiempo que se aborda tan fundamental asunto para la vida de la Nación.

Los sujetos que forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son sujetos fundamentales en la vida política de la República.

Por eso, por eso es importante decir que debe cuestionarse en este proceso de colaboración la propuesta inicial del Presidente de la República, porque a pesar de que había un perfil con mayoría de tres que eran suficientes, no fue posible y se desperdició la oportunidad de haber tenido un perfil idóneo para completar el pleno de ese alto tribunal de justicia nacional.

Ahora como es común en el Senado, con la precipitación y con un arrinconamiento aparente,  diciendo  que porque la Corte está en medio de los empates es responsabilidad  de este Senado resolverlo a la brevedad.

Es suficiente el argumento, señores senadores, señoras senadoras, decir que la Corte Suprema del país tiene un empate en una discusión constitucional  en la que hay sentencias y jurisprudencias firmes respecto de la improcedencia en esa materia.
Es acreditado el empate sobre si la resolución de un Tribunal Internacional tiene efectos vinculatorios o no en México y el Senado está mudo o el Senado está cabildeando, porque este Senado fue el que aprobó  la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y no dice nada, que resuelvan los jueces y que se deseche la responsabilidad política de hacer leyes en este Senado.

Quiero, su señorías, en medio de estos llamamientos a los senadores y a las senadoras para que se vayan a tomar la fotografía y el iris para inaugurar la sede majestuosa del nuevo Senado de la República, decirles que en medio de la violencia, en medio de la ausencia. de la confianza a la autoridad, de un Poder Judicial que está llamado a mantener en equilibrio la acción de la autoridad y las garantías de los gobernados, que hay crecimientos cuantitativos muy importantes en términos de recursos, pero no hay crecimiento cualitativo en términos de la confianza de quienes administran justicia para los gobernados que a gritos nos lo están reclamando.

Seguramente en esta misma sesión ya se prefigura una mayoría para que haya Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que cumpla, ni más ni menos con esa responsabilidad política en la vida nacional, que habrá que decirlo, es tiempo de que la autoridad, de que el Senado de la República, de que el Poder Ejecutivo, de que el Congreso y de que el Poder Judicial Federal les sean, es tiempo, de que le sean leales, de que la autoridad le sea leal al pueblo de México.

Muchas gracias.

(A P L A U S O S)

 EL C. PRESIDENTE SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA: Gracias a usted, señor Senador Torres Mercado, y tiene el uso de la palabra el señor Senador Jesús Murillo Karam.

- EL C. SENADOR JESUS MURILLO KARAM: Señores senadores: Mi posición en esta tribuna tiene un propósito muy claro, sustentar la posición de mi bancada frente a este dictamen.

Por los términos en que se ha venido dando el debate, la primera parte que tengo que plantear es el tiempo, y yo quisiera decirles que aunque estoy de acuerdo en que este Poder, esta Cámara tiene que tomarse el tiempo suficiente para que sus decisiones estén bien pensadas, bien planeadas y sean decisiones que podamos asegurar tienen el fin y el objetivo que se persigue, en este caso específico, la rapidez con que han actuado las Comisiones de Justicia y, la Primera de Estudios Legislativos para mi, es absolutamente loable y es absolutamente necesaria.

Era fundamental que tomáramos una decisión sobre este tema con la velocidad con que lo estamos haciendo, y que lo hiciéramos además con la certeza con que se hizo, es decir, analizando clara y profundamente, primero, la capacidad de los tres propuestos para ser ministros, y ya estoy en el tema de las capacidades.

Y, segundo, la búsqueda del conocimiento de cada uno de ellos para saber quién es aquél de ellos en el que en este momento, ante esta circunstancia del país, ante la propia circunstancia de la Corte, acomoda mejor su perfil a la necesidad que nos reta el propio problema.

Es en esa tesitura en que se ha actuado en las Comisiones Unidas, es con esa velocidad que, a mi gusto, hoy es verdaderamente digna de alabanza, y es con la certeza de cada uno de nosotros y la profundidad con que hayamos acercado nuestra información a cada uno de los tres.

Con lo que hemos de tomar una decisión que sí es crucial para la república, una decisión que es fundamental para darle certeza a las decisiones más importantes del país; que es fundamental, porque debemos pensar con toda claridad en el equilibrio del país, en su posibilidad de acceder a resoluciones trascendentes en función de un tribunal que nos asegure a todos que no es de nadie, porque es de todos. Que tiene en su conjunto la capacidad y la suficiencia para asegurarnos que cuando decide, decide correctamente, y en ese sentido, después de haber analizados a los tres prospectos, mi bancada, la bancada de mi partido ve en ellos tres prospectos con calidad, con capacidad, y el esfuerzo que hagamos para emitir nuestro voto será en función de que cualquiera de los tres capaces, íntegros posibles sea el mejor para la circunstancia, para el tiempo y para el momento.

Muchas gracias.

(A P L A U S O S)

- EL C. PRESIDENTE SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES: Gracias señor Senador Murillo Karam. Para terminar con la lista de oradores inscritos, ruego haga uso de la palabra el Senador Alejandro González Alcocer.

 EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores senadores:

Hoy, vengo también a hablar a favor del dictamen que sí de manera rápida sacamos las Comisiones de Justicia  y de Estudios Legislativos Primera en un actuar con responsabilidad por el tema que significa el dejar empatada a la Suprema Corte de Justicia en varias decisiones, cuando no hubo el consenso necesario en la terna pasada, algunos dijimos que este problema se iba a presentar en la Suprema Corte de Justicia por la falta de un ministro.

Yo creo que el encontrar también la disposición en los miembros de las Comisiones de Justicia y, de Estudios Legislativos es loable, y es materia de llamar la atención, porque no siempre se puede hacer las cosas en el tiempo que debíamos de hacerlo en el Senado.

Por un lado, si nos tardamos mucho en las comisiones, es muy malo; y si, por otro lado, lo hacemos rápido, también es criticado.

Yo creo que aquí es hablar con responsabilidad, actuar con responsabilidad y resolver un problema rápidamente que sí tiene el Poder Judicial Federal.

Hoy me congratulo de que nos haya llegado una terna, en donde cualquiera de los tres puede resultar electo, porque los tres perfiles son suficientes para alcanzar este privilegio de ser Ministro de la Corte.

Yo me sentiría plenamente satisfecho con cualquiera de los tres que llegara, pero también debemos privilegiar el consenso, y en esto se ha estado trabajando, y creo yo que vamos a lograr este consenso para nombrar un Ministro de la Corte que llegue con toda la palabra a hacer valer su experiencia y su capacidad, pero sobre todo su independencia de criterio en el máximo tribunal de nuestro país.

Por ello, implica que pudiera haber críticas por el sistema tan rápido que llevamos ahora, pero creo que fue a cabalidad, a conciencia y con toda responsabilidad, yo creo que muchos de nosotros conocemos la trayectoria de los tres magistrados que propuso el Presidente ahora, y creo que por eso sabemos el desempeño que han tenido, que cumplen con la expectativa, y por eso, yo también les pido que suscribamos y aprobemos el dictamen emitido por las comisiones.

Muchas gracias.

(A P L A U S O S)                          

- EL C. PRESIDENTE SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES: Gracias a usted, señor Senador González Alcocer.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse en anterior acuerdo.

- EL C. SECRETARIO SENADOR CLEOMINIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica si el acuerdo es de aprobarse, quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Aprobado el acuerdo, Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES: Está aprobado entonces el dictamen, que establece que los ciudadanos propuestos para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Honorable Asamblea: A fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado el 3 de febrero pasado, nuestro siguiente asunto es la exposición que deberán de hacer los ciudadanos Jorge Higuera Corona; Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelasio Pérez Dayán, quienes han sido propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo ello en sustitución del Ciudadano José de Jesús Gudiño Pelayo.
Conforme al acuerdo aprobado, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de exposición de quince minutos y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de los senadores.
En consecuencia, solicito a los Senadores Alejandro González, Jesús Murillo, José Guadarrama, Ludivina Menchaca, Ericel Gómez Nucamendi, Sergio Alvarez Mata, Fernando Baeza, Jesús Garibay, Francisco Labastida, Ricardo Pacheco y José Luis García Zalvidea, introduzcan a este salón al Licenciado Jorge Higuera Corona.
(La Comisión cumple)
Ciudadano Jorge Higuera Corona, a nombre del Senado de la República doy a usted la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión.Conforme al acuerdo aprobado por esta soberanía hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por quince minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra. Adelante.
-EL C. LICENCIADO JORGE HIGUERA CORONA: Con su venia, señor presidente.
Distinguidos señoras y señores senadores integrantes del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores:
Comparezco ante esta alta soberanía en la fase culminante del procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha sido una experiencia extraordinaria, valoro mucho la cordialidad y lo afable del trato que se nos ha dispensado por todas las fracciones parlamentarias representadas en este cuerpo legislativo de primer orden e importancia para la nación mexicana.
Por ello, deseo reiterar mi más profundo respeto a todas y cada uno de los partidos políticos nacionales y a sus distinguidos miembros que integran el Senado de la República, cuya importante labor notoriamente comprometida con las necesidades del país he tenido oportunidad de apreciar tanto en mi calidad de ciudadano, como en mi función de Magistrado de Circuito en los amparos contra leyes que me ha tocado resolver.
Soy un auténtico convencido de la gran importancia de los principios rectores de la carrera judicial que consagra el artículo 100, párrafo VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y que inspiraron el código de ética del Poder Judicial de la Federación, de cuya Comisión redactora tuve el privilegio de formar parte. Todos ellos de gran relevancia, que son: la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia en la función jurisdiccional que es indispensable que quien aspira a llegar a ser Ministro de la Suprema Corte los haya venido practicando, y de obtener esa alta designación con mayor empeño continúe en su práctica cotidiana.
Estos principios de relativa reciente inclusión en el texto constitucional con motivo de la Reforma del 31 de diciembre de 1994, han estado siempre presentes en el desempeño de los grandes e ilustres jueces que ha tenido México a lo largo de su historia como país independiente, ejemplos hay muchos para orgullo de la Judicatura Federal.
La Constitución los enuncia y a partir de su reconocimiento el código de ética del Poder Judicial de la Federación los desarrolla de manera pormenorizada: primero los define con precisión y a continuación enumera una serie de reglas concretas que sirven de orientación a los juzgadores federales en su diario actuar.
Insisto en que subrayar el tema no es una simple disquisición teórica, sino que describe de manera puntual las cualidades y valores que tiene que tener bien claros todo aquel que aspire al máximo cargo dentro de la Judicatura Federal, que es el de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La médula de todo buen juzgador la conforman estos principios y valores constitucionalmente reconocidos, para lo cual es necesario no perder de vista que de acuerdo con el pilar de la independencia sólo se debe juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños al juzgador.
Que el valuarte de la imparcialidad consiste en juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguna de las partes, es decir, los prejuicios deben ser desterrados de la mente serena del juzgador. Que el principio de objetividad radica en dictar las resoluciones judiciales por las razones que el derecho le suministra al juez, y no por las superficiales que deriven de su modo personal de pensar o de sentir.
Que el principio aglutinador del profesionalismo es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, lo que debe coronarse con el desarrollo de las virtudes judiciales que constituye el arquetipo de la excelencia.
Los escépticos frente a la alta exigencia impuesta en la propia Constitución, artículo 100, párrafo VII, dudan de que un juzgador pueda ejercer su función jurisdiccional en cabal cumplimiento a dichos principios y valores; sin embargo, aún cuando nadie los puede desarrollar al ciento por ciento, porque implicaría la perfección que es inalcanzable para el imperfecto ser humano, el cotidiano esfuerzo por cumplirlos de la mejor y más comprometida forma instala al buen juzgador en la senda de la excelencia que lo aleja de la medianía, de la mediocridad.
Por el contrario, lo lleva al camino trazado por la ética judicial que es de máximos, que le exige día a día una esmerada entrega a su función jurisdiccional en todos y cada uno de los asuntos que le corresponde resolver.
En realidad estos principios y virtudes judiciales se encuentra íntimamente entrelazados, permean al unísono todo el actuar, el actuar del buen juzgador, cuyo máximo exponente y modelo a seguir es el juez constitucional, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En todo caso su descripción es factible y hasta conveniente realizarla de manera individual. Por ejemplo, el principio rector de la imparcialidad fue magistralmente explicado por el Ministro Felipe Tena Ramírez, en el sentido de que no es posible entender la existencia del juez si no es en función de la idea de parte, ya que de no haber partes contendientes no hay litigio, y sin litigio no hay juez.
La sabiduría del idioma hace que el sustantivo parte dé lugar al adjetivo parcial, y en contraste el juez para ser tal requiere no ser parte, es decir, debe ser imparcial, si no lo es formalmente habrá juez resolutor; pero material y éticamente no lo habrá, será un triste remedo de juez.
La imparcialidad a su vez implica neutralidad, cuya raíz latina significa: “ni uno ni otro”. Por tanto, entre los contendientes el juez no es ni uno ni otro, no prejuzga ni a favor ni en contra de uno y otro que litiga.
La neutralidad asiente en vida, mantiene a salvo al buen juzgador de concepciones maniqueístas, no percibe la realidad jurídico-nacional en blanco o negro, en actores, en juicio, buenos o malos, sino con apertura de entendimiento escucha, lee, analiza, pondera los argumentos de cada parte contendiente, así como lo sus compañeros de tribunal y le da la razón a quien la Constitución y la ley así se lo señale.

 No opina precipitadamente, no prejuzga, no tiene cabida en él o ella, un designio anticipado, sino que es el producto de su esfuerzo jurídico intelectual el que lo lleva al convencimiento de cuál es la solución más acorde con el orden constitucional imperante.

Por ello en los asuntos, competencia de la Suprema Corte, la solución siempre se inclinará por la preservación del orden constitucional.

Algunas veces se dará la razón al Poder Legislativo, no hay duda, y otra al Ejecutivo Federal, cuando ellos sean los contendientes. Pero en ningún caso, el órgano jurisdiccional cúspide del Poder Judicial de la Federación, será uno ni otro porque adopte la solución que la Constitución exija, es decir, no habrá favoritismo en la decisión.

En esa clase de asuntos que son de la máxima relevancia para el país, es en los que se despliegan con mayor intensidad las virtudes cardinales que están inmersas en las 17 virtudes judiciales que se describen en el capítulo de la excelencia del Código de Ética, una de ellas, fundamental, es la prudencia, que es sinónimo de buen juicio, equilibrio, mesura, ecuanimidad, cordura y discreción, es sentido de la realidad, es medida que balance, es sentido de la proporción.

Por eso la imagen de la justicia está provista de una balanza. Su importancia es tal para el jurista juzgador. Que la prudencia, hace más de 2 mil años, se unió con el derecho para llevar a la acuñación del término “Jurisprudencia”, que integra el criterio de los jurisconsultos en su delicada y a veces difícil tarea de impartir justicia.

Y precisamente el órgano jurisdiccional que por excelencia crea la jurisprudencia, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes  --los ministros--  deben ser, por naturaleza, producentes, y esforzarse por serlo aún más en el ejercicio de su cargo, en todos y cada uno de los asuntos que deben resolverse.

Aludí a la impartición de justicia, otra de las virtudes cardinales o fundamentales que debe apreciarse en el verdadero sentido que le dio Ulpiano, quien la definió, desde un enfoque netamente jurídico al señalar que: “Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.

Esto es: “No se trata de dar cualquier cosa como lo suyo, sino específicamente su derecho a cada quien”. Lo que delimita con absoluta precisión el concepto de justicia.

El gran problema es que ambas partes que contienden, creen genuinamente tener el derecho de su lado. Pero los Ministros de la Suprema Corte --como cualquier otro juez--  únicamente le podrán dar la razón a una sola de las partes, que será aquella que realmente haya demostrado en el juicio correspondiente que en verdad le asiste el derecho.

Lo común es que la parte perdedora no se conformará y seguirá creyendo que el derecho en disputa es suyo.

Sin embargo, cuando el juzgador final  --como es la Suprema Corte--  dicta su fallo, ejerce su potestad Iuris Dierio.

Dice el Derecho: “La decisión que toma es ya la verdad legal inapelable, conforme a la cual la parte que pierde no acreditó su derecho y por ende no se le pudo reconocer éste como suyo”.

Pero no basta con que la sentencia firme constituya la verdad legal. Su legitimación, sobre todo, ante la sociedad mexicana en su conjunto, cuando la decisión se toma en asuntos de trascendencia nacional, como con mayor frecuencia acontece con los que son del conocimiento de la Suprema Corte, en su función de tribunal constitucional, se debe acreditar con lo razonable de los argumentos jurídicos que le den sustento, los que sin dejar nunca de ser jurídicos, tiene que estar tamizados esencialmente por 2 virtudes judiciales destacadas en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.

La primera.- Es el compromiso social, que se define en los siguientes términos:

El juzgador, en el caso que analizamos, el Ministro, tiene presente las condiciones de inequidad que han afectado a gran parte de la sociedad a lo largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto sociales que merezca, serán el resultado de un trabajo dedicado, responsable y honesto.

Y la otra virtud, expresamente enunciada, es el del patriotismo, que no puede hacerse a un lado al momento de resolver asuntos de trascendencia nacional.

 La labor del juzgador en general y de manera acentuada en la de los Ministros de la Suprema Corte, es muy compleja, no se realiza para agradar a determinada persona o grupo de personas, sino para lograr que los mandatos de la Constitución prevalezcan frente a cualquier opinión individual o colectiva de parte interesada.

El buen Ministro no tiene interés personal en ningún asunto, su interés es institucional, en que los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, invariablemente sean respetados, al igual que los valores democráticos que le dan sustento a la nación. Su actuar está a la vista de todos gracias a las políticas de transparencia implementadas en todas las áreas del Estado mexicano. 

Hay muchos aspectos más que se tendrían que abordar, pero los 15 minutos del tiempo que oficialmente se acordó están por concluir.

Sólo deseo subrayar: que para mí los principios, virtudes y valores éticos, son la base del comportamiento humano correcto en sociedad.

Y en la función jurisdiccional, con particular intensidad en el cargo de Ministro, deben desplegarse en su máxima expresión por la trascendencia de los asuntos que le compete resolver y que ameritan la mejor solución por el bien de México.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Agradeciendo la presencia del señor Magistrado Jorge Higuera, procedemos ahora a pedir también a los miembros de la comisión, pudieran introducir a este Recinto al señor Magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que también haga uso de la palabra.

Recordándoles a las señoras y los señores Senadores el interés que mantenemos todos nosotros en escuchar la exposición de los señores magistrados para posteriormente tomar nuestra decisión.
(La Comisión cumple)

-Sea usted bienvenido, señor Magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Podrá usted hacer uso de la palabra hasta por 15 minutos para su exposición, que el Pleno de este Senado está deseando escuchar, al igual que el de otros 2 magistrados, que son quienes componen la terna que el Titular del Poder Ejecutivo envió para que sea considerada en el nombramiento del próximo Ministro de la Suprema Corte de Justicia.
-Adelante, señor Magistrado.

 -EL C. LIC. JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Con su venia, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores de la República:

En el marco de lo dispuesto por el artículo 96 de nuestra Constitución, tengo el alto honor de comparecer ante esta Soberanía, en el proceso de elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exponer, brevemente, los motivos que sustentan mi aspiración a integrar el Tribunal Constitucional de México.

 Me permito iniciar, esta exposición, compartiendo una reflexión personal.

La sociedad mexicana, en forma recurrente, ha expresado su insatisfacción con el sistema de impartición de justicia.

Tenemos que reconocer que es necesario incrementar la confianza de la sociedad, en la labor de sus jueces.

Se ha abierto una brecha profunda entre una aplicación de la ley, a veces reducida al registro de unos cuantos aspectos formales, y el clamor por una justicia digna de ese nombre.

La justicia constituye un valor esencial, para la convivencia social armónica.

Debe ser una constante en las relaciones entre el poder público y los particulares.

La Constitución, por su parte, es el compendio de los principios y valores indiscutibles, que nos definen como nación y dan razón de ser al Estado mexicano.

El pueblo, como depositario original del poder, debe contar con la garantía, de que todo acto que emana de las autoridades, estará impregnado con el valor fundamental de la justicia y se ajustará a los principios establecidos en nuestra Carta Magna.

Por tanto, las leyes que rigen la vida en sociedad, representan la fuente, para distinguir lo que es justo.

El acto de juzgar, representa el compromiso de hacer realidad, el valor abstracto de la justicia en cada controversia que se resuelve. A través de la aplicación e interpretación de las normas, tanto constitucionales como legales, debe lograrse el objetivo de dar a cada quien lo que le corresponde.

En el desempeño de tan grave responsabilidad, el juez enfrenta, en ocasiones, el dilema entre impartir justicia o atenerse a la aplicación estricta de la ley.

En un estado constitucional democrático, la actividad del Poder Judicial, debe estar regulada en un marco normativo, que proporcione la seguridad de que los funcionarios públicos no abusarán del poder que les ha sido delegada.

Las leyes, deben establecer, con claridad y precisión, las atribuciones y los límites del ejercicio de la función judicial. Estableciendo procedimiento, a fin de que el juez desempeñe su función con apego a derecho.
No obstante, con frecuencia nos percatamos, de que la sociedad no queda satisfecha, con aquellas resoluciones judiciales, en las que el sentido de la decisión, depende del cumplimiento o no de una serie de requisitos o formalidades establecidas en la ley.

Desde mi perspectiva, el gran reto de los juzgadores en nuestro país, es encontrar el equilibrio perfecto entre la impartición de justicia en abstracto y la aplicación de la ley; pues sólo así podremos responder a las expectativas que se generan, respecto del servicio público de administración de justicia.

Hasta hoy, esas expectativas suelen quedar insatisfechas y el sistema judicial, se devalúa a los ojos de la gente.

 Por tanto, resulta indispensable incrementar la confianza de la sociedad en sus jueces.

Confianza, que debe cimentarse en la capacitación de excelencia, en la actualización permanente y, sobre todo, en la cercanía con la sociedad, a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

Confianza, que también debe provenir del reconocimiento a la carrera judicial y la exigencia de los principios de independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y excelencia que la rigen.

Confianza, que debe descansar en la vigilancia estricta al trabajo de los jueces y en la certeza de que cuando se demuestre que algún impartidor de justicia ha traicionado los valores que son inherentes a la función jurisdiccional, reciba la sanción correspondiente, a la falta cometida.

Confianza que, finalmente, debe lograrse con base en la definición del perfil de juzgador que la sociedad exige: honesto, honorable, con vocación de servicio, sensible, sencillo, valiente y con un alto sentido de la responsabilidad.

La Suprema Corte mexicana, por medio de sus criterios, orienta la tarea de dignificar la función judicial frente a la sociedad.

Mi aspiración a integrar el Tribunal Constitucional, se sustenta exclusivamente en la trayectoria que he construido dentro de la carrera judicial. 

Para la administración de justicia mexicana, representa una pérdida irreparable la partida del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Resulta imposible llenar el vacío que deja, en la labor interpretativa de la Constitución, desde nuestro máximo tribunal.

Quienes tuvimos el privilegio de tratarlo, siempre daremos testimonio de su inteligencia, capacidad, independencia y profesionalismo; así como de su gran calidad humana.

Con cariño y respeto, envío un abrazo a su familia.

Consciente del inmenso reto que implica ocupar el lugar que dejó tan prestigiado ministro, pretendo ocupar ese cargo, poniendo a disposición de la sociedad, mi experiencia como juzgador y el compromiso de unir mi esfuerzo, en la consecución del mejoramiento del sistema de administración de justicia.

Soy un Magistrado de Circuito, que desde la labor discreta, pero trascendente que realiza el Tribunal Colegiado que integro, recibe la gran distinción de participar en este procedimiento de designación. En un acto que trasciende a las personas y constituye un reconocimiento al principio de carrera judicial, establecido en nuestra Constitución.

La posibilidad de llegar a ser Ministro de la Corte, se ha construido con el trabajo de 27 años dentro de la Judicatura Federal, a través del paso por las diversas categorías que la integran; con el esfuerzo diario y los sacrificios que implica el desempeño adecuado de esta función; con la solidez moral que me da un expediente limpio y con la madurez que proviene de enfrentar el conocimiento y resolución, con absoluta independencia e imparcialidad de casos de alto impacto en la opinión pública nacional e internacional.

Tuve el honor y la gran responsabilidad de ser investido como Juez Federal, al cumplir la edad mínima que exige la ley para ese cargo.

He compartido el ejercicio de la función, con generaciones anteriores de juzgadores, que me dejaron grandes enseñanzas.

Viví la experiencia de la transición, que representó la reforma judicial de 1994, y formo parte del proceso de modernización, que ha experimentado la justicia constitucional en los últimos años.

Tengo arraigados los valores tradicionales de la judicatura; pero también conozco, comparto y practico las nuevas tendencias de la interpretación constitucional y la argumentación jurídica.

Estoy convencido que a la Suprema Corte, en su función de Tribunal Constitucional, le corresponde la misión de dar vida a los contenidos de la Carta Magna; garantizar un ámbito propicio para el desarrollo y respete absoluto a los derechos humanos y contribuir en la consolidación democrática de nuestra nación.

Es innegable el relevante papel que juega el máximo tribunal, en el diseño, el funcionamiento y el desarrollo actual del Estado mexicano.

Lo mismo se constituye en árbitro de conflictos entre los poderes públicos de los distintos niveles, que en garante de la vigencia de los derechos fundamentales de los gobernadores, poniendo especial énfasis en aquellos grupos o sectores vulnerables de la sociedad que se encuentran en estado de desventaja frente a los demás.

De igual manera hace sentir su indiscutible legitimación como órgano impartidor de justicia en los casos relevantes que atrae a su conocimiento y genera seguridad jurídica, resolviendo las contradicciones que pudieran existir entre los criterios que emiten los tribunales de circuito y las salas que lo componen.

La experiencia adquirida como juzgador federal me ha proporcionado los elementos necesarios para poder enfrentar la delicada responsabilidad que implica asumir el puesto de Ministro de la Suprema Corte.

La oportunidad de intervenir en la resolución de diversos casos emblemáticos de la historia judicial de nuestro país, me ha dado la oportunidad de confirmar y fortalecer mi vocación como juzgador.

Las presiones mediáticas y de todo tipo en asuntos que captan la atención de la opinión pública son un factor que los jueces debemos aprender a manejar adecuadamente.

La solución del caso concreto con base en el análisis minucioso de las constancias que lo integran, el estudio y conocimiento profundo del derecho aplicable y de manera destacada el ejercicio pleno de la independencia y objetividad, representan los instrumentos que me han ayudado para cumplir con las funciones que me han sido encomendadas con dignidad y profesionalismo.

Acostumbrado al trabajo colegiado desde hace 14 años en la función de magistrado de circuito, pongo a su consideración mi capacidad de trabajo en equipo y la preocupación constante por encontrar la mejor solución a las controversias que se deben resolver.

La humildad y la honestidad intelectual para reconocer una opinión con mayor sustento que la propia, forman parte del debate cotidiano en el máximo tribunal y enriquecen la relación que las instituciones de justicia deben tener con la sociedad a la que nos debemos como servidores públicos.

Todas las razones antes expuestas, ninguna otra, son las que legitiman mi pretensión y explican mi inclusión en esta terna.

Antes de concluir quisiera expresar mi reconocimiento a los indiscutibles méritos de los señores magistrados Higuera Corona y Pérez Dayán, así como a todos mis compañeros jueces de distrito y magistrados de circuito que cotidianamente compartimos el privilegio de administrar justicia a nuestro semejantes y garantizar el orden constitucional en el Estado mexicano.

Soy un hombre forjado en la cultura del esfuerzo. Mis anhelos por llegar a la Suprema Corte son ajenos a cualquier protagonismo o interés mezquino.

Tengo la tranquilidad que deriva de la rectitud en el actuar y atesoro como valor fundamental la congruencia en todos los aspectos de mi vida.

Señoras y señores senadores, la integración completa de la Suprema Corte no admite mayor dilación.

La defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos y la vigilancia del orden constitucional no acepta margen de espera.

Consciente de la gran responsabilidad que implica la designación de un integrante de nuestro máximo Tribunal en este ejercicio republicano de colaboración entre poderes, estoy seguro que la decisión a la que llegue este Senado será la que consideran mejor para la nación.

En caso de alcanzar la distinción de ser nombrado Ministro por esta soberanía, refrendo mi compromiso de desempeñar las funciones correspondientes al cargo con la vocación, la entrega y la responsabilidad que exige el pueblo de México.

En esta nueva oportunidad de dirigirme a la máxima representación de la nación y a la sociedad mexicana, deseo reiterar que mi único compromiso es con la justicia; mi único vínculo es con la Constitución y mi principal objetivo es servir a mi patria.

 Muchas gracias.
 (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias por su exposición, señor magistrado Pardo Rebolledo. Solicito a la comisión lo acompañe al salón contiguo e invite a pasar al señor Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán.

 (La comisión cumple)

Sea usted bienvenido señor Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán, estamos desahogando un procedimiento en esta soberanía, en la que escuchamos hasta por 15 minutos la exposición de quienes han sido enviados en una terna por el Titular del Ejecutivo Federal a fin de que en votación podamos desahogar la vacante que en su momento dejó el Ministro Gudiño Pelayo, en la Suprema Corte de Justicia. Es por ello que le pedimos, señor Magistrado, pueda hacer uso de la palabra para dirigirse al Pleno por 15 minutos en su exposición.

  -EL C. MAGISTRADO ALBERTO GELACIO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor presidente.

 Comienzo por honrar la dignísima oportunidad que me dispensa esta soberanía para hacer uso de la palabra en la más alta tribuna legislativa de la República. Expreso a los integrantes de este Senado mi más sincero y emotivo sentimiento de gratitud.

La Constitución federal, como instrumento ideológico de la democracia liberal, cristaliza los sentimientos, las aspiraciones y los sueños del pueblo mexicano. Su estabilidad, vigencia y prevalencia, acorta la condición mínima de seguridad jurídica que reclama la sociedad organizada. Sus efectos se traducen en normas y actos de autoridad conformadores de un estado de derecho.

En su condición de documento, la Constitución mexicana representa un conjunto de normas de contenido político, de orden estructural y en tanto ésta se expresa en un lenguaje, este necesariamente deberá ser interpretado de aquella forma que se haga prevalecer en todo modo y circunstancia el espíritu original de su creador. Incluso frente a escenarios a los que jamás él siguiera imaginó.

Como ideario político, la Constitución representa la más pura de las libertades y los derechos de un pueblo que decide organizarse y funcionar armónicamente.

Con su promulgación, la nación participa del sentimiento colectivo de formar un todo y concibe el gobierno como un ente diferente a ella, establecido para servir al bien común y a garantizar la preservación del hombre en lo individual y en sus relaciones colectivas.

Sin embargo, la conciencia de unidad no basta para asegurar ese bien superior ni aún cuando se exprese enfáticamente en el documento fundacional. Esto sólo se alcance, esa unidad sólo se alcanza si se ve refrendada por la acción constante y consistente de los poderes públicos, y de los propios gobernados, a quienes últimamente corresponde la prerrogativa de exigir, a través de cualquiera de los medios lícito de que dispongan, ya jurídicos, ya políticos, que las atribuciones asignadas a sus gobernantes se cumplan de manera responsable y oportuna. 

Es así que la evolución política de la sociedad organizada no sólo implica diseñar la estructura de un Estado armónico y respetuoso de las libertades públicas y de los principios de legalidad, y de certidumbre jurídica, sino primordialmente de que las fuerzas antagónicas, tanto en origen como en “…ideología”, diferencias que siempre son naturales en las organizaciones plurales y liberales, se desarrollen en el "irrebasable" entorno de la política y de la búsqueda pacífica del poder, entendiéndose y sabiéndose siempre corresponsables del todo al que forman parte, por pequeñas o grandes que estas sean. 

Por lo mismo, los gobernantes y los gobernados, todos, quedan sometidos al estado de derecho, y precisamente en esta asignatura, en la formación y aplicación de la ley, como medida de armonía social, resulta primordial la consagración de aquellos sentimientos e ideales que formaron una patria y que permanecerán como la única fórmula que de cohesión, sustento y permanencia al movimiento integrador nacional. 

Señores senadores, bajo un sistema de gobierno representativo y democrático, el reparto de competencias a los poderes constituidos, se realiza siempre bajo la idea de las funciones, es evidente y de sobra conocido que el poder no debe concentrarse en una sola persona o rama de la burocracia, sino distribuirse de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los poderes, este será administrado en tantos entes sean necesarios, pero a todos queda claro que si bien es cierto que crear la norma es una tarea distinta a la de vigilar su cumplimiento, y que juzgar es un encomienda diferente a las no restantes atribuciones públicas, también lo es que la función del buen gobierno, también lo es que la función del buen gobierno, no admite deslindes o reproches recíprocos, tampoco, y menos, rivalidades internas.
Si bien las atribuciones constitucionales de cada poder son perfectamente individualizables, no toleran fractura alguna cuando de entregar resultados al pueblo se refiere.  En torno a ello, aunque se esté ante diversos formatos exteriores de acción pública, la armonía de los poderes, la armonía de los poderes, y por ende de sus funciones, dará los resultados que merece y espera la República, teniendo entonces como centro gravitacional la corresponsabilidad en el ejercicio del poder y de sus resultados.

Estos frutos serán de todos, no debe haber servidores públicos buenos y malos, todos serán siempre eficaces y puntuales en el cumplimiento de las responsabilidades conferidas. 

A diferencia del entorno dogmático descrito, las libertades políticas conforman el perímetro pragmático que asegura  a los ciudadanos, por igual, su participación en las funciones públicas y, en general, en la conducción del todo social a través de las fórmulas democráticas establecidas en la Carta Suprema, en contraste a ellas, las libertades civiles, también del ámbito práctico, permiten a los individuos en lo particular alcanzar con independencia y autodeterminación, su destino personal, sometidos, desde luego, al respeto del derecho que tienen los demás para ejercer las libertades equivalentes a las de ellos, siempre dentro de los límites que fija la colectividad organizada jurídicamente, de ahí la insuperable máxima que supedita la paz al respeto del derecho ajeno.

Ambas estructuras, las dogmáticas,  y las pragmáticas son otorgadas y reguladas por la ley y vigiladas por los tribunales de la federación, encomienda primordial que la Constitución Federal confiere de manera definitiva y final a la suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Es por esto que la importancia concedida a los derechos y a las libertades sociales en las democracias modernas obliga en un primer momento a que el legislador, encargado de desarrollar el “texto primario”, para considerarlas implícita o explícitamente en la norma secundaria.

Y en un segundo momento al juzgador, quien  ha de representarlas permanentemente en sus fallos.  En este aspecto es en donde la reflexión de la función pública cobra mayor vigencia, y donde también la naturaleza de cada poder constituido se justifica, se materializa y se “detiene” concretamente.

Por su origen eminentemente popular, el legislador al Congreso de la Unión se debe al sufragio de la ciudadanía, y se convierte en un vocero actual y cercano de sus necesidades, a la vez, monitorea los fenómenos que experimenta la colectividad y traduce la situaciones, de hecho, en reglas de derecho que las definan y les den certeza. 

Muy de cerca al legislador el Ejecutivo Federal, por su estructura burocrática extendida y en el ejercicio diario de la aplicación de la norma, también reconoce estas necesidades sociales de regulación, razón por la cual, y atendiendo fundamentalmente a que su elección es producto del voto popular, aunque esta sea de carácter nacional, goza de la facultad de iniciar leyes que le ha dotado el propio Constituyente, instrumento político que le permite poner en conocimiento del creador de la norma, un determinado fenómeno colectivo o tema de interés, y así impulsar, en su caso, que este último las regule a través de la ley, si lo estima necesario. 

Distinto a ellos, el juzgador no responde a un origen democrático directo e inmediato, sino indirecto y “mediato”.  El sistema resulta así conveniente por el grado de especialización con el que debe contar quien decide una contienda jurídica de manera definitiva, aplicando en sus fallos la letra de la ley su interpretación o los principios generales del derecho. 

Esta particularidad escapa, por ahora, a los parámetros de una votación popular, pues la discusión de estas aptitudes no es compatible con el tema de manifestación que envuelve y da ritmo a la elección tradicional instituida por nuestra Constitución Federal. 

Atendiendo a esta diferencia de origen, se comprende y explica la razón por la cual los órganos que juzgan, incluso a las leyes, no gocen del poder de iniciarlas ante las asamblea legislativas, tal cual sucede en el orden jurídico nacional, donde está prerrogativa no se otorgó al órgano judicial.

Parece difícil  de entender que aquel a quien se le encomienda ejercer el control constitucional, del trabajo legislativo, pueda resistir la idea de separarse de aquella norma a la que él mismo dio origen, esto lo haría, por lo menos, parcial a la causa que juzga e incompatible en su función. 

Pero ese juzgador goza de la máxima atribución de aplicar e interpretar las normas, ese referente, que como ya se dijo, es expresado textualmente en un lenguaje, sea constitucional, legal o reglamentario, y que como herramienta jurídica le permitirá sumarse al espíritu de la gestión gubernamental, participando en la responsabilidad compartida de la “concernición” del bien común y la vida armónica de la colectividad a la que da servicio. 

Al juzgador, entonces, y eso me queda muy claro, le corresponde atender a la razón de existencia de esta ley, que esta norma se proyecta sobre necesidades de índole social y que no debe ser ignorada por sus destinatarios, debe preservarla hasta donde le sea racionalmente posible, pero como garante de la regularidad jurídica, también debe ser intolerante con aquellas leyes que quebranten el orden constitucional, o con los actos autoritarios que desconozcan las garantías mínimas del individuo.

El órganos judicial, habrá de tener presente, que por más que se le haya “hurtado” del poder de enjuiciar las normas, antes de evitar un veredicto sobre  de ellas deberá comprender que éstas instituyeron de buena fe para organizar a la sociedad, de ahí que habrá de privilegiar  aquellas interpretaciones que armonicen sus postulados, los defina cuando no sean claros, los corrija cuando den lugar a criterios disfuncionales.

No es el verdugo de la norma, sino su aplicador, deberá ponderarla ahí en función del caso concreto  que le fue puesto a consideración, preservarla en sintonía con el orden social, las libertades públicas y el bien común.

 Finalizo, hoy la sociedad exige lo mejor de sus instituciones y estoy absolutamente seguro y convencido de que  el ejercicio responsable del poder conferido por la ciudadanía a sus instrumentos de gobierno, ya de forma directa o indirecta, sólo podrá alcanzar sus elevados propósitos cuando la acción pública se exteriorice como instrumento de equilibrio y regulación  social  sin que olvide que el Estado es uno y con igual finalidad, por más que sus tres poderes tengan orígenes y atribuciones diferentes.

 Distinguida soberanía, muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA:  Las más cumplidas gracias al señor Magistrado Pérez Dayán, solicito a la Comisión lo acompañe  al salón contiguo.

 Senadoras, senadores, una vez concluidas  las intervenciones de los candidatos para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procederemos entonces a la elección  correspondiente, informo a la Asamblea que se entregarán sobres personalizados para la votación en cuyo interior se encuentra la cédula respectiva, que habrá de servir para que cada uno de los senadores y de las senadoras puedan emitir el sentido de su voto.

Las disposiciones constitucionales les recuerdo que exigen  para la elección que se reúna  la mayoría de las dos terceras partes de los senadores presentes, si no se reúne  en la primera votación esta mayoría realizaremos una segunda votación,  como en anteriores ocasiones lo hemos llevado a cabo.

Solicito al personal de apoyo  entonces, proceda a distribuir estas cédulas de votación entre las senadoras  y los senadores.

Asimismo  ruego a la Secretaría, inicie pasar lista de asistencia de los señores senadores a fin  de que  pasen a depositar su cédula en la urna que se ha dispuesto para tal propósito enfrente de esta tribuna.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: (Pasa lista)

 -EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Proceda La Secretaría a informar al pleno del resultado de la votación y también si es que la misma  pudo construir esa mayoría de las dos terceras partes.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Procedo, señor Presidente.

 Se emitieron un total de 114 votos, se emitieron 12 votos a favor del ciudadano Jorge Higuera Corona, se emitieron 97 votos a favor del Ciudadano Jorge Mario Pardo Rebolledo, y se emitieron 4 votos a favor del ciudadano  Alberto Gelacio Pérez Dayán, y un voto nulo.

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Habiéndose  emitido 114 votos y al tener el Magistrado José Mario Pardo Rebolledo, 97 es que se supera el numero de 77 votos que eran requisito indispensable para construir esa mayoría de dos  terceras partes, luego entonces conforme el resultado de la votación  se designa ministro de la Suprema Corte de Justicia  al ciudadano Jorge Mario Pardo Rebolledo.

 Comuníquese esta designación al Ciudadano Presidente. de los Estados Unidos Mexicanos y al ciudadano Ministro, Presidente de la Suprema  Corte de Justicia de la Nación.

Ruego a los senadores Alejandro González Alcocer, Jesús Murillo Karam, José Guadarrama, Ludivina Menchaca, Ericel Gómez Nucamendi, Sergio Alvarez Mata, Fernando Baeza Melendez, Jesús Garibay García, Francisco Labastida Ochoa, Ricardo Pacheco Rodríguez, José Luis García Zalvidea, Tomás Torres Mercado y Francisco Agundis Arias inviten a pasar a este recinto al Magistrado ciudadano Jorge Pardo Rebolledo a fin de que rinda su protesta conforme lo establece el Artículo 97, Constitucional.

(LA COMISION CUMPLE)

- EL C. SECRETARIO SENADOR CLEOMINIO ZOREDA NOVELO: Se solicita a los señores y señoras senadoras ponerse de pie.

(T O D O S      DE      P I E)

- EL C. PRESIDENTE SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES: Ciudadano Jorge Mario Pardo Rebolledo:

¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le ha conferido esta soberanía, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- EL C. JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO:

SI,  PROTESTO.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES: Enhorabuena, señor Ministro.

(A P L A U S O S)

- Después de saludarlo y felicitarlo a nombre del Senado de la República y deseándole el mayor de los éxitos al Ministro Pardo Rebolledo, solicito a la Comisión designada, en su momento y cuando deseé retirarse del Pleno, lo acompañe al salón contiguo para continuar con esta sesión.

- Solicito a la Secretaría dé lectura  Sobre las iniciativas y proposiciones que se turnarán a comisiones de manera directa.