Reprueban expertos al sistema judicial
Especialistas e investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la UNAM, del CIDE y del Instituto para la Seguridad y la Democracia coincidieron en que no se ha alcanzado la capacitación y profesionalización de los ministerios públicos
EXPERTO. El ministro en retiro Luis Fernández Doblado aseguró que la reforma penal no es y no será una solución de fondo al caos que hay en el sistema judicial. (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )El Universal, Viernes 18 de febrero de 2011 Alberto Morales y Francisco Gómez | El Universal
En entrevistas por separado, el ministro en retiro Luis Fernández Doblado, el ex procurador capitalino René González de la Vega y los penalistas Fernando Sánchez Cordero y Ruth Villanueva aseguraron -con diferentes matices- que la reforma penal no es y no será una solución de fondo a esta problemática, e incluso algunos la calificaron como errónea.
En tanto, doctores en Derecho como Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón y Javier Carrasco Solís afirman que la reforma penal ha significado un avance, aunque aún existen enormes rezagos.
Fernández Doblado y González de la Vega consideraron que la falta de una legislación única impide un avance real en materia de justicia penal, ya que mientras los gobernadores y el Presidente sigan obstinándose en mantener bajo su mando a las procuradurías, éstas seguirán siendo instituciones que actúen bajo los dictados e intereses políticos del gobernante en turno.
Una reforma penal sin autonomía estructural y operativa de las procuradurías está condenada al fracaso, dijeron.
Los especialistas en materia penal opinaron que la falta de presupuesto, capacitación y profesionalización de los servidores públicos deberían ser factores para impulsar un sistema de justicia activo y preventivo adecuado.
También comentaron que el deficiente sistema penitenciario nacional no es más que la expresión final de nuestro aparato de justicia, que está dando un indicador de cómo están las cosas
en esta materia.
Difícil, lograr transparencia
Los penalistas Fernando García Cordero y Ruth Villanueva también criticaron la reforma penal. Afirmaron que es muy difícil que cumpla con su objetivo prioritario que es crear un sistema de justicia ágil, expedito y transparente.
Al respecto, García Cordero dijo que la copia de este sistema llevará a negociar la justicia y no a impartirla.
Ruth Villanueva afirmó que la reforma real que necesita el país debería haber sido reflexionada, pensada y propuesta con modificaciones y adecuaciones en otros sectores que afectan al sistema penal, pues de lo contrario puede repetirse lo ocurrido con la reforma penal para menores, que resultó un retraso en este ámbito.
Sin embargo, para los especialistas Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón y Javier Carrasco Solís la reforma constitucional al sistema penal mexicano de 2008 significó un paso muy importante, porque en el marco legal hubo un avance positivo, aunque aceptan que aún persisten en el país grandes rezagos.
Los puntos "a favor"
Carbonell, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la reforma planteó un cambio en el sistema penal en su conjunto, que no sólo incluyó los juicios orales, sino que atiende desde aspectos de prevención delictiva que tienen que ver con la calidad de los policías y la coordinación entre los niveles de gobierno en seguridad.
Comentó que la reforma también termina con el llamado monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público y establece la presunción de inocencia de manera expresa.
"Uno de los más grandes pendientes en esta reforma constitucional es que falta aterrizarla, es decir, dictar las leyes de desarrollo, crear los órganos que ordena la Constitución, como los jueces de vigilancia penitenciaria que deberían estar funcionando a partir del 19 de junio de este año, implementar las salas de juicio oral y capacitar a los jueces para que sepan cómo conducirse en las audiencias. Este es un primer paso importante, pero también decisivo", comentó Miguel Carbonell.
Sergio López Ayllón, académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, agregó que también hay rezagos en la capacitación de los policías para la investigación, en capacitación y en la nueva organización de los ministerios públicos, así como retrasos en una nueva visión del sistema penitenciario.
"En otras palabras, hay rezagos normativos en la transformación institucional, en la capacitación de los recursos humanos, y parece que no hay demasiado interés político para cumplir con el mandato constitucional en todos los niveles", comentó.
Javier Carrasco Solís, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), coincidió con López Ayllón en el sentido de que se requiere de mayor voluntad política para transformar el sistema penal.
"Hace falta, además, una verdadera reingeniería y reestructuración de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Si bien se le ha puesto mucha atención a los juzgados y a los jueces, este nuevo sistema sólo funciona si se transforma", afirmó.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/745956.html
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Sistema de injusticia
En tanto, doctores en Derecho como Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón y Javier Carrasco Solís afirman que la reforma penal ha significado un avance, aunque aún existen enormes rezagos.
Fernández Doblado y González de la Vega consideraron que la falta de una legislación única impide un avance real en materia de justicia penal, ya que mientras los gobernadores y el Presidente sigan obstinándose en mantener bajo su mando a las procuradurías, éstas seguirán siendo instituciones que actúen bajo los dictados e intereses políticos del gobernante en turno.
Una reforma penal sin autonomía estructural y operativa de las procuradurías está condenada al fracaso, dijeron.
Los especialistas en materia penal opinaron que la falta de presupuesto, capacitación y profesionalización de los servidores públicos deberían ser factores para impulsar un sistema de justicia activo y preventivo adecuado.
También comentaron que el deficiente sistema penitenciario nacional no es más que la expresión final de nuestro aparato de justicia, que está dando un indicador de cómo están las cosas
en esta materia.
Difícil, lograr transparencia
Los penalistas Fernando García Cordero y Ruth Villanueva también criticaron la reforma penal. Afirmaron que es muy difícil que cumpla con su objetivo prioritario que es crear un sistema de justicia ágil, expedito y transparente.
Al respecto, García Cordero dijo que la copia de este sistema llevará a negociar la justicia y no a impartirla.
Ruth Villanueva afirmó que la reforma real que necesita el país debería haber sido reflexionada, pensada y propuesta con modificaciones y adecuaciones en otros sectores que afectan al sistema penal, pues de lo contrario puede repetirse lo ocurrido con la reforma penal para menores, que resultó un retraso en este ámbito.
Sin embargo, para los especialistas Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón y Javier Carrasco Solís la reforma constitucional al sistema penal mexicano de 2008 significó un paso muy importante, porque en el marco legal hubo un avance positivo, aunque aceptan que aún persisten en el país grandes rezagos.
Los puntos "a favor"
Carbonell, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la reforma planteó un cambio en el sistema penal en su conjunto, que no sólo incluyó los juicios orales, sino que atiende desde aspectos de prevención delictiva que tienen que ver con la calidad de los policías y la coordinación entre los niveles de gobierno en seguridad.
Comentó que la reforma también termina con el llamado monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público y establece la presunción de inocencia de manera expresa.
"Uno de los más grandes pendientes en esta reforma constitucional es que falta aterrizarla, es decir, dictar las leyes de desarrollo, crear los órganos que ordena la Constitución, como los jueces de vigilancia penitenciaria que deberían estar funcionando a partir del 19 de junio de este año, implementar las salas de juicio oral y capacitar a los jueces para que sepan cómo conducirse en las audiencias. Este es un primer paso importante, pero también decisivo", comentó Miguel Carbonell.
Sergio López Ayllón, académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, agregó que también hay rezagos en la capacitación de los policías para la investigación, en capacitación y en la nueva organización de los ministerios públicos, así como retrasos en una nueva visión del sistema penitenciario.
"En otras palabras, hay rezagos normativos en la transformación institucional, en la capacitación de los recursos humanos, y parece que no hay demasiado interés político para cumplir con el mandato constitucional en todos los niveles", comentó.
Javier Carrasco Solís, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), coincidió con López Ayllón en el sentido de que se requiere de mayor voluntad política para transformar el sistema penal.
"Hace falta, además, una verdadera reingeniería y reestructuración de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Si bien se le ha puesto mucha atención a los juzgados y a los jueces, este nuevo sistema sólo funciona si se transforma", afirmó.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/745956.html
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Sistema de injusticia
El Universal, editorial, 18 de febrero de 2011
Un país sin justicia es un país sin democracia. En México, el Estado de derecho está fracturado, por una ineficaz y nada expedita impartición de la justicia, que es la que ha permitido, en última instancia, que el tejido social se esté resquebrajando, y que fenómenos como la delincuencia organizada avancen sin control.
No sólo es la atávica corrupción la que corroe las entrañas de nuestro sistema judicial, sino la ineficiencia de sus procedimientos y la inhabilidad de sus impartidores. Esto da como resultado que la posibilidad de que un delito sea castigado es mínima, la impuniad reine y el estímulo a la criminalidad sea enorme.
Por eso, si en verdad se quiere atajar la violencia de las bandas del crimen organizado en el país, no basta sólo con aumentar la capacidad de fuego de las policías y los militares —visión muy limitada del fenómeno—, sino fundamentalmente hacer que sirva el sistema judicial, para desincentivar las acciones delictivas y encarecer la comisión de los delitos al aumentar las probabilidades de que se castigue al infractor.
Los errores procesales son enormes, aun en el caso de que los presuntos delincuentes sean detenidos. De acuerdo con la encuesta 2009 del CIDE en centros penitenciarios, 94% de los internos nunca vio la orden de aprehensión al momento de ser capturados; uno de cada dos detenidos no tuvo un abogado (o persona de confianza) cuando hizo su declaración; 80% de los detenidos nunca pudo hablar con el juez; 60% de los internos que tuvo un abogado de oficio, lo cambió porque sintió que no hizo nada para defenderlo; casi 70% de los acusados no fue informado de su derecho a hacer una llamada telefónica; 72% no fue enterado de su derecho a no declarar.
Alrededor de 42% de todas las personas que están en las cárceles de México son legalmente inocentes, es decir, no han recibido sentencia.
La reforma penal de 2008 estableció la presunción de inocencia, la oralidad de juicios, la transparencia en los juzgados y otras medidas. Todo lo cual de poco sirve si los gobiernos y el Poder Judicial no llevan las reformas a la práctica. La Constitución da un plazo de ocho años para lograr cambiar el sistema judicial; van casi tres y los resultados no son perceptibles.
Sin buenas policías, ministerios públicos y tribunales profesionales no hay estado de derecho posible y sin éste tampoco hay democracia. Ojalá los escándalos y las tragedias sirvan al menos para sembrar entre los funcionarios el sentido de urgencia que requiere la transformación del sistema de justicia.
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“México debe ver ‘Presunto culpable’”
No sólo es la atávica corrupción la que corroe las entrañas de nuestro sistema judicial, sino la ineficiencia de sus procedimientos y la inhabilidad de sus impartidores. Esto da como resultado que la posibilidad de que un delito sea castigado es mínima, la impuniad reine y el estímulo a la criminalidad sea enorme.
Por eso, si en verdad se quiere atajar la violencia de las bandas del crimen organizado en el país, no basta sólo con aumentar la capacidad de fuego de las policías y los militares —visión muy limitada del fenómeno—, sino fundamentalmente hacer que sirva el sistema judicial, para desincentivar las acciones delictivas y encarecer la comisión de los delitos al aumentar las probabilidades de que se castigue al infractor.
Los errores procesales son enormes, aun en el caso de que los presuntos delincuentes sean detenidos. De acuerdo con la encuesta 2009 del CIDE en centros penitenciarios, 94% de los internos nunca vio la orden de aprehensión al momento de ser capturados; uno de cada dos detenidos no tuvo un abogado (o persona de confianza) cuando hizo su declaración; 80% de los detenidos nunca pudo hablar con el juez; 60% de los internos que tuvo un abogado de oficio, lo cambió porque sintió que no hizo nada para defenderlo; casi 70% de los acusados no fue informado de su derecho a hacer una llamada telefónica; 72% no fue enterado de su derecho a no declarar.
Alrededor de 42% de todas las personas que están en las cárceles de México son legalmente inocentes, es decir, no han recibido sentencia.
La reforma penal de 2008 estableció la presunción de inocencia, la oralidad de juicios, la transparencia en los juzgados y otras medidas. Todo lo cual de poco sirve si los gobiernos y el Poder Judicial no llevan las reformas a la práctica. La Constitución da un plazo de ocho años para lograr cambiar el sistema judicial; van casi tres y los resultados no son perceptibles.
Sin buenas policías, ministerios públicos y tribunales profesionales no hay estado de derecho posible y sin éste tampoco hay democracia. Ojalá los escándalos y las tragedias sirvan al menos para sembrar entre los funcionarios el sentido de urgencia que requiere la transformación del sistema de justicia.
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“México debe ver ‘Presunto culpable’”
Todo México tiene que ver esta cinta “porque es momento de generar un cambio desde la sociedad civil”, asegura Nicolás Vale, productor asociado de Presunto culpable, película que desnuda al sistema judicial mexicano a través del caso de Antonio Zúñiga Rodríguez, quien fue declarado culpable por un homicidio que no cometió 
DOCUMENTAL. Narra la historia de Antonio Zúñiga, un hombre preso por un crimen que no cometió. El filme se estrana hoy (Foto: CORTESÍA Y ARCHIVO EL UNIVERSAL )
Todo México tiene que ver esta cinta “porque es momento de generar un cambio desde la sociedad civil”, asegura Nicolás Vale, productor asociado de Presunto culpable, película que desnuda al sistema judicial mexicano a través del caso de Antonio Zúñiga Rodríguez, quien fue declarado culpable por un homicidio que no cometió.
DOCUMENTAL. Narra la historia de Antonio Zúñiga, un hombre preso por un crimen que no cometió. El filme se estrana hoy (Foto: CORTESÍA Y ARCHIVO EL UNIVERSAL )El Universal, Viernes 18 de febrero de 2011
Nota de Carolina García |
El documental, laureado en el Festival de Cine de Londres, en el Festival Internacional de cine de Morelia, en el Festival de Cine de Los Ángeles 2010, se estrena en las salas de cine del Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades del país.
Bajo el lema “En México, no basta ser inocente para ser libre” un grupo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y los productores Martha Sosa, Yissel Ibarra y Nicolás Vale, promocionan el filme que relata los vicios y desperfectos del sistema judicial mexicano.
¿Cómo surgió la idea de “Presunto culpable”?
Inició como una investigación de Roberto Hernández y Layda Negrete como investigadores del CIDE; tenían 10 años recopilando datos sobre el sistema de justicia. En una de sus investigaciones hicieron una experimento, donde a través de videograbaciones a presos se dieron cuenta de que había un porcentaje significativo de inocentes o presuntos inocentes, lo difundieron y salió una persona de la cárcel. A partir de ahí muchos presos se dieron a la tarea de buscarlos. Uno en particular fue el caso de Antonio, quien buscó a Roberto y Layda para encontrar ayuda hasta que los encontró. Ellos se interesaron en el caso. En realidad estaba basado en una investigación y poco a poco se fue dando esto en un documental.
-¿Qué revela “Presunto culpable” del sistema Judicial?
Que está podrido, que está fracturado, que es irracional. No, no pongas podrido está muy feo eso, que sí es cierto, pero... (ríe). Es una vergüenza.
-¿Cree que esta cinta contribuirá con el sistema de justicia?
Por supuesto. Es el momento en que la sociedad civil tenga una acción decidida, pero sobre todo para que se cambien los procesos judiciales. Con este tema no queremos culpar a una persona en específico, no queremos culpar a un juez, magistrado o abogado, porque no se trata de una persona, se trata de todo un sistema.
Lo que es importante es cambiar los procedimientos, por ejemplo, que haya una policía que investigue realmente, que haya la participación del juez enfrente de la víctima, porque en el 96% de los casos, y este es un dato impactante de la película, las víctimas no ven a un juez. Además, la Policía Judicial no tiene ni procesos certeros ni metodología de investigación, y eso es lo que tenemos que exigir. También que se videograben todos los juicios.
-¿Por qué cree que este detalle es fundamental para un juicio?
-Porque de esa manera no hay posibilidad de que te hagan una trampa, de que te digan que las cosas son de una manera y no como realmente fueron. Que tu declaración esté registrada en un video y por otro lado porque la imagen también pudiera llegar a ser considerada en la toma de una decisión.
No podemos decir que es una prueba, pero como un elemento del juicio.
-¿Qué fue lo más difícil para hacer esta cinta?
-Esta película tiene estrella, ha sido una consecución de causalidades y cada paso que hemos dado se ha convertido en una sorpresa más. Lo más importante de esta película es que Toño tuviera el valor, el valor de Antonio Zúñiga Rodríguez por exponer su caso, por levantar la voz y decir ¡ya basta!, y esto es lo que hace de este proyecto algo extraordinario.
-En el proceso de realización de la película, ¿hubo amenazas?
-No me gustaría responder esta pregunta. No tengo los detalles. Yo en específico nunca tuve ninguna intimidación.
-Antes de esta película, ¿estaba familiarizado con el proceso judicial como cineasta?
Pues Roberto y Layda son abogados penalistas, pero nosotros no, yo soy productor de cine y no tengo ninguna autoridad para hablar de esos temas legales.
Nosotros lo que hicimos fue darle la narrativa y encontrar los elementos para que esto se contara de una forma dramática... y por otro lado, encontrar los canales de difusión y armar el equipo para que la película se pueda ver.
-¿Éste es un trabajo costoso?
-Costoso de esfuerzo, de años de trabajo y de buscar recursos de fundaciones.
-¿Tiene pensado seguir con esta temática o hará un género diferente?
-Específicamente estoy haciendo proyectos con una temática clara, que es aliviar la pobreza. Es importante generar una conciencia sobre cómo vivimos en una iniquidad para tratar de cerrar esas brechas.
Lo más importante es que todos vayamos a ver la película. Todo México tiene que ver esta cinta porque es momento de generar un cambio desde la sociedad civil.
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Bajo el lema “En México, no basta ser inocente para ser libre” un grupo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y los productores Martha Sosa, Yissel Ibarra y Nicolás Vale, promocionan el filme que relata los vicios y desperfectos del sistema judicial mexicano.
¿Cómo surgió la idea de “Presunto culpable”?
Inició como una investigación de Roberto Hernández y Layda Negrete como investigadores del CIDE; tenían 10 años recopilando datos sobre el sistema de justicia. En una de sus investigaciones hicieron una experimento, donde a través de videograbaciones a presos se dieron cuenta de que había un porcentaje significativo de inocentes o presuntos inocentes, lo difundieron y salió una persona de la cárcel. A partir de ahí muchos presos se dieron a la tarea de buscarlos. Uno en particular fue el caso de Antonio, quien buscó a Roberto y Layda para encontrar ayuda hasta que los encontró. Ellos se interesaron en el caso. En realidad estaba basado en una investigación y poco a poco se fue dando esto en un documental.
-¿Qué revela “Presunto culpable” del sistema Judicial?
Que está podrido, que está fracturado, que es irracional. No, no pongas podrido está muy feo eso, que sí es cierto, pero... (ríe). Es una vergüenza.
-¿Cree que esta cinta contribuirá con el sistema de justicia?
Por supuesto. Es el momento en que la sociedad civil tenga una acción decidida, pero sobre todo para que se cambien los procesos judiciales. Con este tema no queremos culpar a una persona en específico, no queremos culpar a un juez, magistrado o abogado, porque no se trata de una persona, se trata de todo un sistema.
Lo que es importante es cambiar los procedimientos, por ejemplo, que haya una policía que investigue realmente, que haya la participación del juez enfrente de la víctima, porque en el 96% de los casos, y este es un dato impactante de la película, las víctimas no ven a un juez. Además, la Policía Judicial no tiene ni procesos certeros ni metodología de investigación, y eso es lo que tenemos que exigir. También que se videograben todos los juicios.
-¿Por qué cree que este detalle es fundamental para un juicio?
-Porque de esa manera no hay posibilidad de que te hagan una trampa, de que te digan que las cosas son de una manera y no como realmente fueron. Que tu declaración esté registrada en un video y por otro lado porque la imagen también pudiera llegar a ser considerada en la toma de una decisión.
No podemos decir que es una prueba, pero como un elemento del juicio.
-¿Qué fue lo más difícil para hacer esta cinta?
-Esta película tiene estrella, ha sido una consecución de causalidades y cada paso que hemos dado se ha convertido en una sorpresa más. Lo más importante de esta película es que Toño tuviera el valor, el valor de Antonio Zúñiga Rodríguez por exponer su caso, por levantar la voz y decir ¡ya basta!, y esto es lo que hace de este proyecto algo extraordinario.
-En el proceso de realización de la película, ¿hubo amenazas?
-No me gustaría responder esta pregunta. No tengo los detalles. Yo en específico nunca tuve ninguna intimidación.
-Antes de esta película, ¿estaba familiarizado con el proceso judicial como cineasta?
Pues Roberto y Layda son abogados penalistas, pero nosotros no, yo soy productor de cine y no tengo ninguna autoridad para hablar de esos temas legales.
Nosotros lo que hicimos fue darle la narrativa y encontrar los elementos para que esto se contara de una forma dramática... y por otro lado, encontrar los canales de difusión y armar el equipo para que la película se pueda ver.
-¿Éste es un trabajo costoso?
-Costoso de esfuerzo, de años de trabajo y de buscar recursos de fundaciones.
-¿Tiene pensado seguir con esta temática o hará un género diferente?
-Específicamente estoy haciendo proyectos con una temática clara, que es aliviar la pobreza. Es importante generar una conciencia sobre cómo vivimos en una iniquidad para tratar de cerrar esas brechas.
Lo más importante es que todos vayamos a ver la película. Todo México tiene que ver esta cinta porque es momento de generar un cambio desde la sociedad civil.
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