Aboga Judicatura por oralidad

Aboga Judicatura por oralidad

Nota de Víctor Fuentes

Reforma, 23-Mar-2011:

El Poder Judicial Federal (PJF) urgió ayer por primera vez de manera pública al Ejecutivo para que presente iniciativas de leyes secundarias indispensables para aterrizar la reforma al sistema de justicia penal, prevista en la Constitución desde 2008.

"Considero urgente que el Poder Ejecutivo presente, a la brevedad posible, las iniciativas de Códigos Federales de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Ejecución de Sanciones, entre otras.

"Para que el Congreso de la Unión pueda discutir, y en su caso, aprobar estas nuevas leyes que son necesarias para que entre en vigor el nuevo sistema", señaló el magistrado Óscar Vázquez Marín, quien es consejero de la Judicatura Federal.

Lo anterior, al inaugurar un diplomado del PJF para capacitar a más de 8 mil 600 abogados sobre los detalles de la reforma, que deberá estar en plena operación en 2016.

"A tres años de haberse aprobado esta reforma constitucional, la realidad es que no se conoce de manera precisa cuáles son sus alcances y beneficios.

"Lo preocupante de esta situación es que para transitar al nuevo sistema se estableció un plazo de ocho años y estamos por cumplir los primeros tres", dijo el magistrado ante los ministros Juan Silva, presidente de la Judicatura, y Sergio Valls.

Vázquez recordó que en junio entra en vigor la parte de la reforma que deja en manos de los jueces todo lo relativo a ejecución de sanciones penales, hasta ahora facultad de autoridades administrativas, sin que haya aún cambios a la ley respectiva.

Enfatizó que el éxito de la reforma depende de la calidad del trabajo de policías y ministerios públicos para presentar casos sólidos ante los jueces que llevarán los procesos orales, que sólo son una de las cuatro grandes etapas de los nuevos procedimientos.

"Si uno de estos eslabones falla, todo el sistema de justicia falla", advirtió.

Hasta ahora, sólo siete estados del País tienen en funcionamiento un sistema local de juicios orales para delitos del fuero común, mientras los demás están en proceso de ajuste o ni siquiera lo han iniciado.