Presunta censura...

Presunta censura...Columba Vértiz de la Fuente
Revista Proceso # 1792, 6 de marzo de 2011

Tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México y las autoridades culturales ofrecieron todo su apoyo para la exhibición del documental de Roberto Hernández que evidencia la arbitraria impartición de justicia en México. Pero una juez concedió el amparo que ordena frenar la exitosa cinta, en un acto rechazado no sólo por la comunidad cultural sino por los congresistas y la opinión pública. El asunto, dice la diputada María Rojo, “huele a censura”.

A 13 días de exitosa exhibición, el documental Presunto culpable, del abogado mexicano Roberto Hernández y el documentalista australiano Geoffrey Smith, recibió un duro golpe.

El miércoles 2, la juez décimo segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, resolvió suspender de manera provisional la exhibición de la película (ganadora de 13 premios nacionales e internacionales) debido a un amparo que presentó Víctor Daniel Reyes Bravo, primo de Juan Carlos, quien fue asesinado en diciembre de 2005 presuntamente por José Antonio Zúñiga Rodríguez, Toño, protagonista del documental. Toño fue condenado a 20 años de prisión, pero al revisarse el proceso fue absuelto.

La irritación inicial por la decisión de la juez se desató por Twitter y Facebook; incluso por Titter la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, lamentó la orden judicial.

La indignación se extendió al otro día en el Senado, la Cámara de Diputados, entre políticos como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, conductores de radio y televisión, críticos de cine, actores…

Desde Berkeley, California, Roberto Hernández, quien también es productor de la cinta, comenta que esa resolución de la juez “es un intento burdo, torpe y absurdo por frenar el documental”.

Su esposa Layda Negrete (también abogada y productora del proyecto) y él decidieron ayudar a Toño cuando estaba preso, y lograron que la autoridad penitenciaria les permitiera filmar los encuentros con el encarcelado. Más tarde, surgió la posibilidad de filmar el juicio del acusado, también con autorización, porque descubrieron que podían captar directamente “el drama de quien vive la situación de ser juzgado en México” (Proceso, 1788).

Además, a través de las grabaciones, captaron la “mala situación y compleja realidad del sistema judicial mexicano”.

El quejoso Víctor Daniel Reyes Bravo aparece en la cinta porque fue testigo de cargo contra Toño. Su demanda de amparo surgió para rechazar el aval otorgado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación (instancia que clasificó a Presunto culpable con B para adolescentes mayores de 12 años) para exhibir el filme.

La juez dio curso al amparo al testigo en el expediente 171/2011 por el  “presunto daño moral que le produce la transmisión y proyección del largometraje ya que –dice– él nunca autorizó la filmación de la declaración y careo que sostuvo en un juzgado”.

 Todo kafkiano

 –¿Qué opina de esa resolución? –se repregunta al director de la cinta.

–Por supuesto que afectará la posibilidad de exhibir la película. Además quieren que hasta la publicidad sobre la misma se interrumpa, no entiendo sobre qué bases ni cómo será porque es tan obtusa y tan oscura la justicia federal que no tenemos ni siquiera idea en qué consiste la petición de este  joven, ni cómo está sustentada, no lo sabemos porque no hemos recibido ninguna información. Ni nos han invitado a presentarnos para ver de qué se trata, y sería lo más obvio.

“Entonces, kafkiano es el proceso de Toño y kafkiano el proceso ahora en contra de Presunto culpable.”

El jueves 2, RTC de Gobernación, notificada por el juzgado de la suspensión provisional de la película, comunicó que cumplimentaría en tiempo y forma dicha resolución judicial y atendería el procedimiento judicial. 

Más tarde, RTC, en otro comunicado, aunque aclaró no compartir el criterio de la juez, recalcó que acataría la resolución. En tanto, el subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación, Héctor Villarreal, manifestó estar en contra del fallo y adelantó que lo combatiría por la vía legal.

La notificación escrita llegó a Gobernación el 3 de marzo. Y la Subsecretaría de Normatividad de Medios informó que no la había entregado al distribuidor de Presunto culpable, la empresa exhibidora Cinépolis, porque analizaría la solicitud de prohibición y pediría a la juez una aclaración de los alcances de su veredicto.

Villarreal fue claro:

“La sentencia es confusa, ambigua, oscura. Pensamos que no tiene fundamento.”

En tanto, el documental, agregó, permanecería en las salas cinematográficas.

Ese mismo jueves 3, la Cámara de Diputados incluyó en el orden del día “la censura sobre Presunto culpable”.

El priista Juan Gerardo Flores Ramírez expuso que, según especialistas en el tema, “entiendo que esta presunta autorización que no se solicitó a esta persona que interpuso un amparo, no aplica según la Ley Federal de Derechos de Autor cuando se trata de una imagen tomada en un lugar público; siendo éste un juzgado no aplicaría la interpretación que está haciendo la juez”.

Luego, el petista Jaime Fernando Cárdenas Gracia subrayó: “No encuentro cómo la juez determinó la suspensión provisional de los actos reclamados, cuando el artículo 124 de la Ley de Amparo establece con rotundidad que la suspensión para que sea decretada requiere que no se siga prejuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.”

A su vez, el panista Javier Corral Jurado sugirió que la Cámara de Diputados se dirigiera a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se expresen las preocupaciones en torno a la resolución judicial y el veredicto pueda ser sujeto de revisión.

Además, dijo que RTC de Gobernación debe acudir a las vías de impugnación previstas precisamente en la Ley de Amparo.

Porfirio Muñoz Ledo, también petista, exhortó que Presunto culpable se transmita por el Canal del Congreso.

Por su parte, la senadora perredista y actriz María Rojo presentó un punto de acuerdo que será discutido este martes 8 “para pedir la información debida y ver si es censura o no”.

Destaca a Proceso: “No entienden. Dada mi experiencia, me huele a censura. Esperamos que no retiren el largometraje.”

Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, expuso en conferencia de prensa que no se habían detenido las exhibiciones del documental en los cines porque no había recibido ninguna notificación, pero que en cuanto llegara acataría la orden, aunque también sus abogados estudiarían si podría pararse.

Insistió en que le sorprende mucho tal juicio de amparo, y sobre todo que “ese chavo se haya movilizado de tal forma para tratar de bloquear la película, tengo entendido que está detenido, y no sé si su motivación sea hacer ruido o haya interés económico, no lo sé”.

Hacia la noche del 3 dio la cara la juez Blanca Lobo Domínguez. En un comunicado que difundió el Consejo de la Judicatura Federal negó haber censurado el documental, y dijo que suspendió la exhibición de Presunto culpable porque mantenerlo en la cartelera iba a perpetuar el daño al derecho a la privacidad de Reyes Bravo. Explicó que el disgustado alega ser objeto de desprestigio, vejaciones, humillaciones, burlas y amenazas desde que el filme fue estrenado.

Fijó fecha para emitir una resolución definitiva sobre el caso el próximo martes 8.

Nada, sin embargo, está claro. Roberto Hernández no sabe cuál es el origen de ese amparo, y sólo expresa: 

“Es evidente que es un intento por frenar la función de la película, pero no sé más porque todo me ha llegado a través de los medios de información, la justicia federal no ha explicado de qué se trata. Eso es lo que nos parece criticable, la forma en que la justicia está dándole curso a un conflicto que además le interesa a toda la gente.”

–¿Nunca les avisaron que estaba en proceso un amparo?

–Una justicia moderna y una justicia democrática le brindaría a la parte de un conflicto el tiempo y la posibilidad suficiente de ser escuchados, de presentar argumentos, de presentar pruebas, de defenderse antes de emitir una decisión que, además, es claramente lesiva para muchas personas, a Cinépolis como distribuidor y exhibidor de la cinta y a nosotros como productores.

–¿Es legal que se haya desarrollado ese amparo sin avisarles a ustedes?

–Es una práctica común hacerlo en lo oscurito. Así se juzga a la gente, así se juzga a Toño Zúñiga, y así se juzga a Presunto culpable también.

“No son los métodos para decidir este tipo de controversias, no se debe hacer así en un país democrático.”

–¿Cree que sea una maniobra del gobierno?

–No, porque el gobierno, a través de RTC, autorizó su exhibición en las salas. Conaculta apoyó la producción. Entonces, el gobierno federal ha participado de esas dos formas. El gobierno local de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, nos otorgó los permisos de videograbar. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal también nos otorgó los de filmar y lo permitieron  porque consideran que es legítimo y necesario que se transparenten los procesos judiciales, sobre todo si está en juego la libertad de un ciudadano, un derecho elemental que está consagrado en todos los tratados internacionales en los que está suscripto México, y está también en la Constitución Mexicana.

“Era lo correcto permitirnos tener acceso al juicio de Toño, sobre todo porque era evidentemente claro que Zúñiga es inocente y aun si no lo fuere, pues tenía ese derecho a tener un juicio público y a que los medios puedan escudriñar la forma que fue acusado por el Estado mexicano.”

El interés de Presunto culpable, a decir de Alejandro Ramírez, es que todos los juicios e interrogatorios sean grabados en video.

Después de cada función se le entrega al público una boleta para que vote en torno a la petición de si todos los juicios e interrogatorios deben ser filmados. Se han recogido más de cien mil firmas con direcciones electrónicas para continuar “con el movimiento ciudadano”, ya que también lo recaudado en la exhibición se donará a la Fundación Renace, que ayuda a presos carentes de recursos para pagar a un abogado.

En tanto, Layda Negrete alza la voz: “Vayan al cine en señal de protesta por ese fallo.”