El nombramiento de la Maestra Marisela

Beneficio de la duda/Raymundo Riva Palacio,

Ejecentral.com, April 8, 2011;

La llegada de Marisela Morales a la Procuraduría General de la República puede ser vista bajo dos prismas. El de muchos dentro y fuera de la PGR –incluido el PRI-, es que ella “era lo menos malo”, al ser una abogada con experiencia en la procuración de justicia que no tiene agenda política. El de otro sector externo –buena parte de la izquierda-, es el de rechazarla como parte de un colectivo sin fisuras que ha judicializado la política, sin perdonarle su actuación en el llamado “Michoacanazo”.

En este mismo espacio la semana pasada se hizo un alegato en su contra –“La PGR, de mal en peor”-, sobre la señora Morales como una funcionaria que se había prestado a los designios políticos de sus superiores, tras lo cual se abrió información que había estado cerrada, fresca y con contexto sobre el polémico “Michoacanazo” que obligan a revisar las primeras valoraciones sobre Morales.

A diferencia de lo que en anteriores columnas estrictamente personales se reportó, como jefa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en la Delincuencia Organizada (SIEDO), Morales sí incluyó las grabaciones telefónicas de funcionarios y políticos michoacanos con varios líderes de la Familia Michoacana, en especial  con Servando Gómez, “La Tuta”, pese a que las grabaciones realizadas por la Policía Federal no habían sido autorizadas por un juez, como marca la ley.

No obstante ello, un juez en el Distrito Federal y otro más en Nayarit obsequiaron y ratificaron las órdenes de aprehensión contra una treintena de michoacanos sobre la base de la contundencia del caso, y tomaron como válidas las grabaciones. Los abogados de los políticos michoacanos, apoyados por organizaciones de derechos humanos, expusieron razones económicas de las familias de los inculpados, que les impedía seguir regularmente el proceso en Tepic-, y lograron trasladar el caso a Michoacán.

En Michoacán se presentó un amparo que un juez otorgó a todos los inculpados, con lo cual obtuvo la mayoría su libertad. Morales había tratado de evitar que el caso se trasladara al Juzgado Primero de Distrito en Morelia ante la posibilidad que los jueces fueran presionados o, en el peor de los casos, comprados, pero no lo logró. Lo que temía sucedió. Hay evidencias que cuando menos un funcionario de ese juzgado es propietario de una casa de un millón de dólares, sin que exista documentación que pruebe el origen del dinero con el que la adquirió. La PGR no ha hecho públicas las pruebas que tiene sobre esa persona en el juzgado donde se ignoraron los fallos previos de dos jueces, y sólo se inconformó.

El Michoacanazo no está cerrado y se siguen acumulando pruebas para volver a detener a un número de ellos, que fue como se logró la orden de aprehensión contra el diputado Julio César Godoy, a quien el PRD buscó proteger con fuero –por presión de su hermano, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy-, que abrió paradójicamente la oportunidad para detenerlo. La forma como Morales logró las pruebas contra él fue a través del cotejamiento de su voz cuando rindió protesta como diputado con la conversación que tuvo con “La Tuta”. El peritaje demostró que era la misma voz y no hubo tecnicismo que lo salvara de la culpabilidad.

La decisión del juez en Michoacán dio pie al alegato de la judicialización de la política, pero esas afirmaciones, a la luz de la nueva información, se desvanecen. Godoy fue detenido el mismo día del Michoacanazo, pero negociaciones políticas de su hermano el gobernador en la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia, lo dejaron en libertad. Morales pagó por una decisión política en la que, según la información recién revelada, no participó.

La explicación jurídica de sus acciones despejaron las dudas iniciales en senadores de oposición, que para ratificar su nombramiento le pidieron garantías de que no utilizaría la ley con fines políticos. Morales se las dio. Pero al asumir el cargo de procuradora, traspasará el ámbito único de la procuración de justicia en el que se encontraba, para entrar a un puesto donde la política es indivisible. ¿Soportará la presión, si se diera el caso, de que se le pida desde los más alto del gobierno que use la justicia para perseguir políticos con investigaciones amañadas? Ella afirma que no aceptaría ese tipo de instrucción, pero nadie puede asegurar –salvo Morales en su fuero interno-, que renunciará antes de prestarse a un juego sucio. Por lo pronto, si “es lo menos malo”, bien se hará al otorgarle el beneficio de la duda y que ratifique, con trabajo futuro, lo que sembró en el pasado.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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PGR: extravíos refrendados/Editorial

La Jornada, 8 de abril de 2011:

El Senado aprobó ayer, por mayoría –84 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones–, el nombramiento de Marisela Morales Ibáñez como nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), propuesto por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, tras la renuncia de Arturo Chávez Chávez la semana pasada.

Sin adelantar juicios sobre el desempeño que pueda tener la ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al frente de la procuraduría federal, el nombramiento resulta preocupante tanto por la trayectoria de Morales Ibáñez como por el deterioro que acusa la institución que ahora tiene a su cargo. La sucesora de Chávez Chávez es una funcionaria sobre quien pesan justificados cuestionamientos –los cuales salieron ayer a relucir en el Senado– por su papel de gestora y operadora de persecuciones y golpeteos políticos contra adversarios del partido gobernante: baste citar, por ejemplo, su responsabilidad en la integración del expediente que dio cobertura jurídica al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, bajo la gestión de Rafael Macedo de la Concha al frente la PGR –cuando Morales encabezó la Coordinación General de Investigación de esa dependencia–, y su participación, ya como titular de la SIEDO, en el episodio conocido como michoacanazo, en el que una treintena de funcionarios públicos, la mayoría de ellos perredistas, fueron detenidos por supuestos –y, a la postre, falsos– vínculos con el narcotráfico en la tierra natal del jefe del Ejecutivo federal.

Ambos casos fueron señalados en su momento como muestras de una aplicación facciosa y con claros fines partidarios y electorales de la procuración de justicia, y profundizaron la erosión de la credibilidad y la autoridad moral de la PGR: en el primer episodio, el amplio rechazo ciudadano a la maniobra de la Presidencia foxista por inhabilitar políticamente al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal obligó al grupo gobernante a dar marcha atrás y derivó en la remoción del propio Macedo de la Concha y en el retiro temporal de la hoy procuradora; en el segundo, la casi totalidad de los funcionarios y políticos michoacanos imputados y encarcelados por supuestos nexos criminales fueron puestos en libertad por fallos judiciales absolutorios, y quedó exhibido con ello el arbitrario proceder del Ministerio Público.

Por otra parte, es imposible desvincular el reciente nombramiento de Morales Ibáñez de las expresiones formuladas por la embajada de Estados Unidos en nuestro país respecto de sus antecesores en el cargo, según consta en cables diplomáticos de Wikileaks reseñados por este diario: en esos documentos, la legación diplomática estadunidense refiere que el primer titular de la PGR en el calderonismo, Eduardo Medina Mora, se granjeó la animadversión de su jefe “porque no promocionaba la línea del PAN”, y sostiene que la designación de Arturo Chávez Chávez al frente de la dependencia obedeció a que Calderón “decidió impulsar a un soldado de a pie” del partido en el poder.

A lo que puede verse, en el reciente relevo en la titularidad de la PGR han vuelto a prevalecer los intereses políticos de Los Pinos por encima de criterios como el consenso, la eficiencia y la credibilidad, con una diferencia sustancial: la nueva procuradora tomará las riendas de una dependencia llevada, durante la gestión de Chávez Chávez, a una virtual inexistencia institucional y a un abandono del cumplimiento de sus responsabilidades básicas: así quedó demostrado con la decisión de retirarse de las investigaciones por el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, lo que representó, en los hechos, una renuncia del Estado mexicano a su obligación de procurar justicia en el territorio nacional.

Con base en estos antecedentes, el nombramiento de Morales Ibáñez parece ser la ratificación de la inoperancia y la descomposición que acusa la PGR, y ello a su vez transita en sentido contrario a los pretendidos afanes oficialistas por contener la impunidad, la ilegalidad y la crisis de seguridad pública que laceran el país.