No hay jueces pobres

Fiscalizarán bienes de jueces/ Humberto Musacchio

Revista Emeequis, 17 de abril de 2011

Los escándalos de doña Esther Orozco le han restado importancia una noticia que, de ser cierta, marcará un punto de inflexión en la administración de justicia. En efecto, la ruidosa irresponsabilidad de la rectora de la UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) mandó a páginas interiores de los diarios una información según la cual serán fiscalizados los jueces.

El Consejo de la Judicatura Federal aprobó las medidas necesarias para investigar el enriquecimiento súbito de una buena porción de los togados mexicanos, gremio en el que si aparece un pobre será de inmediato secuestrado para exhibirlo como rareza en el Museo de Antropología. En efecto, no hay jueces pobres y, si los hay, deben ocultar celosamente sus inopias, pues al menos la mayoría disponen de casa muy grande, algunos de casa chica, mobiliario de alto precio, vehículos de lujo, servidumbre y un tren de vida que, de conocerse, sería la envidia de la mayoría de los mexicanos, pues incluye educación de los hijos en las más caras universidades mexicanas y extranjeras, comidas con la familia o con amigos en restaurantes de postín, vacaciones en el extranjero y en no pocos casos departamento en Nueva York, en Miami o en París.

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura —la Federal, porque la capitalina sigue dormida—, solamente en los últimos dos años se han abierto alrededor de 2 mil 500 expedientes de otros tantos juzgadores que se hallan bajo sospecha. Sin embargo, los sospechosos no lo son tanto o las autoridades encargadas de investigarlos padecen esclerosis múltiple, pues no se aprecia mucho interés por llevar adelante las investigaciones y concluirlas, ya sea corroborando la inocencia del indiciado o poniéndolo a disposición del Ministerio Público.

El ex diputado panista César Jáuregui Robles, consejero de la Judicatura Federal, declaró que las indagaciones empezarán por las declaraciones patrimoniales de los ministros de la Suprema Corte, con el afán de confirmar si efectivamente viven en la honesta medianía que quería el padre Juárez o si su fortuna tiene relación directa con lo que han sido sus ingresos lícitos, incluidas las herencias recibidas, premios cobrados a la Lotería y el Melate, que también pueden beneficiar a los integrantes del alto tribunal.

Suponemos que la indagación seguirá hacia abajo hasta llegar a ujieres y choferes, donde, fieles a la costumbre mexicana, no dejarán de hallar a un corrupto de siete suelas cuya cabeza cortará con su filosa espada la señora de la venda y la balanza, a menos, claro, que antes aparezca por ahí algún juez o magistrado corruptazo, o algún secretario de esos que son quienes en realidad llevan el peso y el negocio de no pocos juzgados.

Como en toda campaña moralizadora, se pretende inhibir, no eliminar, “prácticas de engaño, enriquecimiento ilícito, cohecho, corrupción” —valga la rebuznancia— y todo aquello que ha llevado al subsuelo la reputación del Poder Judicial. Por lo pronto, ya están dispuestas algunas

medidas inhibidoras; la principal de ellas dispone entrar en las cuentas bancarias de los sospechosos, para lo cual bastará que la Contraloría del Poder Judicial avise al Pleno del multicitado Consejo.

Suena bien, pero sorprende que sea hasta ahora cuando se faculta a la Contraloría del Poder Judicial para investigar a presuntos sinvergüenzas. Para el caso, se parte del supuesto de que todo corrupto es un imbécil que tras tomar una mordida saldrá corriendo a su banco para depositar ese dinerito en la modesta cuenta de ahorros que ha de tener en un banco establecido aquí, como si los jueces ignoraran que existen las cuentas secretas en Suiza o el tráfico de dinero ilícito en los paraísos tipo Islas Caimán.

Además, para tranquilidad de todo apóstol del cochupo, ya se advirtió que se observará la más estricta confidencialidad en los datos de los indiciados y sólo serán revisadas las cuentas de aquellos contra los cuales se elabore una queja. Si es un perfecto ladrón y es para todos evidente que su riqueza tiene un origen ilícito, el juez en cuestión podrá estar tranquilo, pues sólo se investigará a los torpes, ostentosos o enemistados con sus superiores, como se ha hecho siempre.

No se trata de incomodar a nadie en especial. Por eso, los jueces y magistrados que suelen pasar el fin de semana en Las Vegas o en Reno pueden estar tranquilos. Si tiran un dineral en el tapete verde, a nadie habrá de preocuparle. ¿Para qué? Sólo se procederá cuando exista queja y la revisión de cuentas —no de patrimonio— de los demás será por sorteo. Y la mayoría, ya se sabe, son muy suertudos. En el Consejo de la Judicatura Federal existen cientos y tal vez miles de quejas contra juzgadores y secretarios que a la vista de todo el mundo se dedican a prevaricar.

Pero esas quejas, por extraños motivos, suelen morirse en alguna gaveta. Ahora, podemos jurarlo, pasará lo mismo, porque si echan del Poder Judicial a todos los corruptos, quedarán muy pocos para cerrar las puertas. ¶