En la búsqueda por una seguridad auténtica basada en la justicia y la ley, el Gobierno federal decidió combatir frontalmente al crimen organizado asumiendo los costos políticos, afirmó Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. "Decidió asumir el costo político (...) a sabiendas que los resultados de esta lucha se perciben con mayor claridad conforme se avanza en los proyectos de consolidación institucional", sostuvo.
En su artículo titulado "Preparando el terreno para el desarrollo de mejores instituciones", publicado hoy en el blog de la Presidencia , Poiré enfatizó que ésta no es una guerra del Gobierno contra las drogas, sino una lucha de todos los mexicanos por mejores condiciones de seguridad y justicia.
Preparando el terreno para el desarrollo de mejores instituciones/ Alejandro Poiré Romero
La semana pasada atendí la invitación de la Universidad de Harvard, para impartir la conferencia “La lucha de México por la seguridad: estrategia y principales logros” en el Centro Rockefeller de estudios latinoamericanos. El foro se prestó, como ha ocurrido en otras presentaciones en México y en el extranjero, a una sesión de preguntas y respuestas por parte de académicos, estudiantes e investigadores interesados en nuestro país. Comparto con ustedes algunos puntos que son especialmente importantes para la reflexión pública:
• Los principales objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad son: fortalecer e imponer el Estado de Derecho y disminuir la incidencia delictiva. Estas metas no son resultado de la coyuntura, pues expresan el compromiso que el Presidente Felipe Calderón manifestó desde la campaña electoral de 2006. Además, dan respuesta a las demandas ciudadanas de condiciones permanentes y auténticas de seguridad y justicia, que se fueron perdiendo en décadas pasadas conforme se empoderaron las organizaciones criminales en nuestro país.
• Esta no es la “guerra del gobierno contra las drogas” sino la lucha de todos los mexicanos por construir una seguridad auténtica, basada en la Ley y la Justicia. El Gobierno Federal decidió asumir el costo político de combatir al crimen organizado a sabiendas que los resultados de esta lucha se perciben con mayor claridad conforme se avanza en los proyectos de consolidación institucional. Pero una política de omisión, simulación, o peor aún, de negociación, hubiera sido negligente y criminal; habría postergado por mucho más tiempo las soluciones reales y dejado a la población a merced del crimen.
• El éxito de esta lucha por la seguridad necesita de profundas transformaciones institucionales, sobre todo en el ámbito local. Sólo el 9% de todos los crímenes son responsabilidad de la autoridad federal en cuanto a su investigación y procuración de justicia, el resto son del fuero común. Sin embargo, el Gobierno Federal no se ha desentendido sino que ha acudido al auxilio de autoridades locales y ciudadanos, y con el apoyo del Congreso, ha puesto a disposición de estados y municipios recursos sin precedentes mediante subsidios para la seguridad pública.
En suma, lo que está haciendo el Gobierno Federal es debilitar y desarticular a todas las organizaciones criminales sin distingos, a la par que fortalece el tejido social y transforma a las instituciones: una estrategia integral. En otras palabras, con base en la observancia y mejoramiento de la propia ley, se ha ido arrancando de raíz la hierba mala, arando la tierra y sembrando las nuevas instituciones que México requiere para lograr la seguridad y justicia plenas que todos anhelamos. La tierra es fértil; necesitamos mucho trabajo de parte de todos para cosechar más rápido en todas las regiones del país.
@AlejandroPoire
blog@presidencia.gob.mx
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