La justicia amarga de la Corte

La justicia amarga de la Corte/Jorge Fernández Menéndez

Columna Razones,

Excélsior, 190 de mayo de 2011

 La decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de la dueña del colegio San Felipe de la ciudad de Oaxaca, Magdalena García Soto, de dejarla en libertad por no haber los elementos suficientes para acreditar su colaboración en que un niño de esa escuela privada fuera violado en repetidas ocasiones por dos hombres, entre ellos, su marido, generará múltiples repercusiones, sobre todo en esa entidad.

Con una votación de ocho contra tres, el Pleno de la Corte, luego de dos días de debate, llegó a la conclusión de que no existieron elementos probatorios suficientes para sentenciar a García Soto, directiva del Instituto San Felipe, por el delito de violación equiparada, al colaborar con los responsables para que el abuso sexual en contra del menor se llevara a cabo en varias ocasiones.

La maestra había sido sentenciada a seis años de prisión por el Tribunal Superior del Estado de Oaxaca y era la única persona que se encontraba detenida por este caso, ya que los dos hombres que consumaron el delito cuando el menor contaba con cuatro años de edad, uno de ellos esposo de la maestra, se encuentran prófugos. La mayoría de los ministros de la Corte (ocho contra tres) consideró que las declaraciones del menor, víctima del abuso sexual, así como las pruebas sicológicas que se le realizaron, no son suficientes para comprobar que varias veces la maestra lo separó del grupo de niños durante el recreo, para llevarlo a un salón donde los esperaban su esposo, Gabriel Constantino García, y Salvador Pérez Ramírez, para consumar las violaciones. Se ordenó la libertad inmediata de la mujer detenida.

El caso es grave porque, primero, hubo protección a los acusados, por parte de autoridades judiciales locales que dilataron la investigación del caso y permitieron la fuga de los dos principales acusados. Luego se insistió en que el Ministerio Público local alteró incluso las declaraciones del niño que acusó a los dos violadores por sus nombres (trabajan en la misma institución), además, se arrancó la primera hoja de la averiguación previa para que no constara el nombre de los agresores, se les dio aviso y se registraron múltiples irregularidades en el proceso, incluso la remodelación de las instalaciones del Instituto donde fueron cometidas las violaciones.

En el cuerpo de la averiguación previa, el menor señala como sus presuntos violadores a su maestro de computación, Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro Chava, lo identifica el niño), y a Hugo Gabriel Constantino García, apoyados, decía en su declaración, por su maestra de grupo, Magdalena García Soto.

Según los elementos aportados por el menor en la denuncia, su maestra (Malena, dice el niño) lo entregaba, presionándolo, a su maestro de computación, quien lo conducía al salón de gimnasia, ubicado en el tercer piso del centro educativo. En ese lugar, Adán Salvador y Constantino García lo amordazaban y le ataban las manos para ultrajarlo sexualmente. Mientras lo hacían usaban una cámara, declaró el niño.

Una vez presentada la denuncia en 2007, la madre del menor requirió, a través de la agencia del Ministerio Público,a la directora del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, que le mostrara la relación y las fotografías de los maestros de preescolar, pero ésta se negó a entregarlas. También lo pidió a la dirección general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y tampoco obtuvo respuesta.

¿Por qué tanta protección? Porque los dueños del Instituto San Felipe cuentan con un equipo de abogados influyentes que bloquearon las investigaciones. Son Jorge Eduardo Franco Jiménez, ex senador, y su hija, Georgina Franco Vargas. Su hijo Jorge Franco era entonces secretario de Gobierno del estado de Oaxaca. El abogado Franco Jiménez llegó al exceso de decir en una carta pública que la acusación se sostenía en la búsqueda de un conflicto político similar al que mantuvo la APPO en el estado en el año 2006. Paradójicamente, la Sección 22 del sindicato de maestros terminó oponiéndose también al proceso de los dos principales inculpados, por la buena relación que tenía con sus dirigentes la dueña del Instituto.

No tengo elementos para juzgar la responsabilidad o no de la señora García Soto en el brutal crimen que cometieron su marido y un maestro del Instituto San Felipe. Pero no sería la primera vez que abogados supuestamente prestigiosos, que se las dan de muy conservadores y que han trabajado ellos o sus familiares en el sistema político y el de justicia, terminan defendiendo a pederastas y haciendo su fortuna con esos casos. Es detestable. La Corte ha decidido dejar en libertad a la señora García Soto no porque piense que no hubo delito, sino porque no se acreditó fehacientemente el mismo. Puede ser que sea así.

Lo inevitable es el amargo sabor de boca, el sentimiento de impunidad, y el hecho, duro, de que los dos principales responsables siguen en libertad.