Resisten estados los juicios orales
Critican tardanza en ley; piden elaboración de un Código único
Claudia Salazar y Claudia Guerrero, reporteras
Reforma, PP, Ciudad de México (6 mayo 2011).- El secretario técnico para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, Felipe Borrego Estrada, denunció ayer que hay Gobernadores que se niegan a impulsar e implementar modificaciones legales que den entrada a los juicios orales.
Durante el Tercer Foro Juicios Orales, para que la Justicia Se Escuche, el funcionario expuso que hay Mandatarios estatales que han reconocido que no van a apurar la aplicación de la reforma constitucional ni solicitarán la ayuda federal para implementarla más pronto.
"Ha habido Gobernadores que me dicen: 'Yo no le voy a entrar hasta que me quemen los zapatos'. Me lo han dicho.
"¿Por qué? Porque, como tienen los ocho años (para aplicar la reforma) y es un Estado soberano y es un Estado libre, ellos dicen: 'A mi modo, a mis tiempos' y a sus momentos", explicó Borrego Estrada.
Dijo que, en un Estado que se negó a identificar, un Gobernador le informó que la reforma se haría a su modo y que no necesitaba de su asesoría como secretario técnico.
"Fui con el Gobernador, estuve platicando con él, y al final me dice: 'Es que no los vamos a necesitar porque nosotros contratamos un despacho y nosotros vamos a hacer la reforma a nuestro modo'.
"Tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque así dice la reforma, desgraciadamente", mencionó.
Borrego Estrada afirmó que, para el éxito en la implementación de la reforma, no basta con el liderazgo de la Federación, sino que también se necesita de las entidades federativas.
En tanto, el investigador de la UNAM Pedro Salazar advirtió que es una corresponsabilidad tanto de los estados como del Gobierno
federal avanzar en la implementación de la reforma al sistema de justicia y la de los juicios orales.
"Para cuando les quemen los zapatos, van a estar incendiadas las entidades", advirtió.
"La urgencia de contar con normas, recursos y políticas que hagan realidad lo que estas normas prometen es un imperativo para el Estado en su conjunto, no para este Gobierno ni para el próximo", explicó.
Salazar resaltó que las reformas en la legislación secundaria que están pendientes de aprobación en el Congreso deben ser un esfuerzo acompañado de una acción coordinada de las entidades federativas porque la integridad es fundamental.
Tras denunciar que el País vive una anomalía constitucional, Salazar urgió al Poder Legislativo a crear un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, del que ya existen iniciativas.
El investigador sostuvo que la reforma secundaria en materia de justicia penal es un camino clave para fortalecer al Estado sin endurecerlo o llevarlo a la militarización.
"Ésta es la ley de seguridad nacional que el País necesita para recuperar la paz en democracia, que es la única paz verdadera. Ese es la formula que pude conjurar la legitimidad con la eficacia que el presidente de la corte que ayer reclamaba para las instituciones del estado mexicano", sostuvo.
Prometen, ahora sí, legislación penal
A tres años de que entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal, las bancadas del PAN y PRI en el Senado se comprometieron a aprobar los cambios reglamentarios que permitan la implementación del nuevo sistema de juicios orales, pero hasta el periodo ordinario que inicia en septiembre.
Al participar en el foro "Construyendo consensos respecto a la implementación de la Reforma Penal", los presidentes de las comisiones Justicia, Alejandro González Alcocer, y de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, aseguraron que la reforma secundaria será una prioridad para el Congreso.
Luego de recibir críticas y reclamos de ciudadanos, funcionarios e investigadores, Coldwell expresó su voluntad de avanzar en la normatividad.
"Si creo yo que los legisladores, de esta Legislatura particularmente, por un acto de congruencia, debiéramos proceder a la reglamentación del sistema acusatorio oral, porque recordemos que este sistema no vino en la iniciativa del Ejecutivo, fueron las organizaciones de la sociedad civil, las redes de juicios orales, las que nos trajeron el planteamiento", dijo el priista.
"Entonces no debemos dejar este compromiso de reglamentación de la reforma a la siguiente Legislatura. Me parece que debe ser una prioridad ya del próximo periodo ordinario de sesiones".
González Alcocer reconoció que es indispensable avanzar en la reforma legal pendiente antes de que la confrontación por la pelea presidencial de 2012 pueda entorpecer las negociaciones.
Sin embargo, al ser cuestionado por la tardanza, el panista recordó que la reforma tiene un plazo de ocho años para su implementación.
"Tenemos previsto que una vez terminado este proyecto nos llegue ya en forma de iniciativa, que es lo que no tenemos. Hay iniciativas parciales, pero este proyecto recoge todo y es lo que esperamos del Ejecutivo", explicó.
¿Por qué no han avanzado hasta ahora?
"No se ha hecho con gran prisa, porque tenemos tiempo para hacerlo, tenemos hasta ocho años", confió.
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