XLI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en Monterrey, Nuevo León el 27 de mayo de 2011.
En un punto de acuerdo aprobado en su 41 reunión ordinaria, los mandatarios estatales aprobaron solicitar al Gobierno federal y al Congreso de la Unión que sea creado el Fondo Nacional de Reconstrucción en el Presupuesto de Egresos, como una bolsa adicional al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
La propuesta fue planteada por Javier Duarte, Gobernador de Veracruz y coordinador dela Comisión del Fondo de Reconstrucción de Conago.
En la asamblea, los 26 Mandatarios asistentes firmaron un acuerdo con la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública para impulsar la transparencia en sus estados.
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Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, durante la XLI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Discurso
Monterrey, N.L., 27/05/2011
Muchas gracias señor licenciado Rodrigo Medina De la Cruz , Gobernador del Estado de Nuevo León y Presidente de la 41 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores;
Señora y señores Gobernadores;
Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
Representante de los señores Gobernadores, funcionarios estatales que aquí nos acompañan;
Alcaldes, Diputados Federales;
Amigos de los medios de comunicación.
A nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, agradezco la invitación y reitero un afectuoso saludo a esta Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores y, agradezco desde luego, al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y al pueblo de Nuevo León, su hospitalidad.
Muchas gracias Gobernador como siempre por atendernos, por recibirnos y también le expreso mi más sincero reconocimiento en su esfuerzo que ha hecho aquí en el estado, en la cooperación y en la coordinación, en los temas más sensibles en materia de seguridad pública. Muchas gracias Gobernador.
Es una gran oportunidad esta Conferencia Nacional de Gobernadores para compartir con ustedes temas de trascendencia para México y para los estados que integran la República.
En este foro de singular significancia de los nuevos tiempos políticos que el país vive y practica en el que, sabiendo aprovechar la diversidad política de quienes aquí nos encontramos reunidos, nos unen una causa y un interés común: el fortalecimiento del pacto federal y de las instituciones que le dan vigencia.
Celebro que este espíritu de institucionalidad y de colaboración nos permita avanzar en la responsabilidad compartida de servir a los mexicanos, de impulsar el progreso del país y, desde luego, de resolver mediante el diálogo, el entendimiento y la búsqueda del propósito común, el bien de todos los mexicanos.
Estoy seguro que mediante el diálogo y la reflexión compartida podremos acordar, de manera más sensata y ordenada, lo que más convenga al país; y en todo caso, elevar al Congreso de la Unión las preocupaciones comunes con el objeto de que sea, precisamente el Congreso en el ámbito de sus facultades, que resuelva lo correspondiente.
Quiero abordar dos temas fundamentales que son, para el presente y el futuro de México. Me refiero al fortalecimiento del Estado de Derecho y, en segundo lugar, al Desarrollo Democrático de nuestro país.
Hoy, Federación y Estados, compartimos la alta responsabilidad de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. Los mexicanos, con toda justicia, exigen la absoluta cooperación y corresponsabilidad de sus autoridades para garantizar sus libertades, combatir con eficacia a las organizaciones criminales y recuperar su seguridad y la paz.
En primer término quiero reiterar, porque sé que coincidimos en ello, acerca de la necesidad de consolidar un marco normativo e institucional más adecuado a los desafíos que el país vive en materia de seguridad, en el ánimo de dejar un sólido legado para la gobernabilidad y democracia en nuestro país.
En este sentido, es de vital importancia, continuar impulsando la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. La estabilidad de nuestras instituciones ante obstáculos o amenazas que tienen su origen dentro del territorio nacional, y que comprometen o rebasan la capacidad ordinaria de las autoridades locales para ejercer sus funciones, es el bien público que se busca proteger con este marco jurídico.
No se trata de legitimar la participación de las Fuerzas Armadas como un sustituto vertical a las funciones de la seguridad pública, sino de proveer el marco jurídico que permita a las autoridades locales y a la autoridad federal, de ser el caso, iniciar el procedimiento de toma de decisiones razonadas que el Presidente de la República ordene en la intervención subsidiaria, limitada en el tiempo, en el espacio y en sus alcances, de autoridades federales en apoyo a las instituciones estatales.
Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional buscan definir con toda precisión el alcance de la participación de las autoridades federales y sus atribuciones en materia de seguridad interior, otorgando certidumbre jurídica y operativa a su intervención a favor de nuestras instituciones y de la sociedad.
Las principales aportaciones de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional consisten en establecer, con claridad, el procedimiento para declarar la existencia de una afectación de seguridad interior sujetando dicha intervención a un control y supervisión en el que participa el Senado de la República , así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos de promoción y protección de los derechos humanos estatales.
Estamos convencidos de que una vez que se logren los acuerdos para su aprobación significará, en verdad, una muy importante fortaleza institucional para la seguridad interior de nuestro país.
En este mismo sentido, es urgente acelerar el paso y redoblar los esfuerzos para la concreción del marco normativo en materia de seguridad, continuar avanzando en el fortalecimiento, profesionalización y depuración de los cuerpos responsables de la seguridad y de la procuración de justicia en todos los órdenes de gobierno.
Como ustedes lo saben, se están realizando diversas acciones que requieren profundizarse para concretarse en el corto y mediano plazo.
Por ejemplo, hoy contamos con una nueva Ley en materia de combate al secuestro, que endurece las penas y que establece un sistema de protección y asistencia a víctimas fundamentalmente. Esta Ley establece un nuevo marco de distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, razón por la cual es necesario seguir fortaleciendo a las Unidades Antisecuestro en las Procuradurías de Justicia estatales, dotándolas de mayores capacidades y recursos e incentivos a la participación de la sociedad civil para verificar su funcionamiento.
También es importante seguir impulsando, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, el intercambio de información y de datos técnicos que obran en las bases de datos comunes en las que cada institución, podrá resolver los casos sumando las capacidades y competencias de las instituciones federal y locales.
El secuestro es uno de los delitos que más lastiman a la sociedad, por lo que debemos unir esfuerzos para combatirlo decididamente con estos nuevos instrumentos.
Otro elemento esencial del engranaje que estamos articulando en el marco de la colaboración y fortalecimiento institucional con el objeto de escalar las capacidades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad es lograr que el país cuente con policías honestos, capaces, confiables y mejor pagados.
Como ustedes también saben, el 6 de octubre de 2010, el Ejecutivo Federal presentó una Iniciativa de Reforma Constitucional para establecer el Mando Único Policial, que incluso el Gobernador Rodrigo Medina trabajó también en diversas reuniones que derivaros precisamente de un esfuerzo de la propia CONAGO en el seno de sus comisiones y de este pleno, y que responde a compromisos establecidos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; en el Acuerdo Nacional por la Seguridad , la Justicia y la Legalidad , en el marco de los Diálogos por la Seguridad , que celebro que también este pleno haya determinado construir la posibilidad no solamente de evaluar estrategias específicas, en el terreno de lo local, sino también abrir el diálogo a todos los actores que así lo deseen transitar en la comunicación.
Por eso, la seguridad, sobre todo responde a la urgencia de atender la preocupación y la demanda social por mayor seguridad en las colonias, en las comunidades, en los espacios públicos.
El Congreso de la Unión delibera y juzgará los méritos de esta iniciativa, producto del diálogo legislativo, determinará de la mejor manera el arribar a un dictamen respecto al Mando Único Policial; sin embargo, los gobiernos municipales, estatales y el Federal, corresponsables de la seguridad, debemos seguir avanzando en el fortalecimiento de las policías.
Yo reconozco en esta reunión, el esfuerzo que han hecho muchos gobiernos de los estados que no se han esperado a que se diseñe el Marco Constitucional y que han alcanzado ya el diseño de un Mando Único en las entidades federativas.
Felicito a quienes lo han hecho y a quienes no los invito a acelerar el paso precisamente para poder fortalecer de mejor forma la coordinación y cooperación policial en el terreno, en el campo de acción.
Mientras tanto, el Gobierno Federal está impulsando paralelamente un modelo de Policía Estatal Acreditable, del cual también ya hemos hablado y que comienza a concretarse en algunas entidades, para apoyar el fortalecimiento y modernización de la seguridad pública en estados y municipios.
El modelo de Policía Estatal Acreditable contempla un nuevo perfil de policía sustentado en la formación, capacitación y profesionalización, que servirá para combatir en lo inmediato a la delincuencia y como modelo para homologar y modernizar a las instituciones policiales estatales y municipales con la propia federal.
En paralelo, debemos también continuar todos haciendo un esfuerzo muy decidido para certificar la idoneidad y honestidad de nuestros policías y de las procuradurías en todo el país, mediante evaluaciones de control de confianza.
Sabemos que no es una tarea sencilla y que nos enfrentamos a problemáticas muy distintas en cada estado, pero tampoco hemos avanzado tal vez al ritmo que todos aquí desearíamos.
No se trata aquí de señalar culpables, como a veces se quiere hacer ver, sino que en esa tarea –estoy convencido que todo mundo sabemos- requerimos de la participación y el compromiso corresponsable de los gobiernos de todas las entidades para cerrar filas y caminar unidos, con confianza y coordinación en el combate a la delincuencia, con liderazgo y con la convicción de que sólo en el esfuerzo mancomunado de todos, lograremos un México tranquilo, un México de paz, un México con justicia.
Me quiero también referir ahora a otro tema que es igualmente relevante para la transformación institucional del país, me refiero a la reforma política.
Los ciudadanos no están satisfechos, y hay que reconocerlo, con la representación política y perciben una enorme distancia entre sus necesidades y la actuación a veces de sus gobernantes, de sus representantes, de los políticos, del Gobierno.
De ahí la urgencia de plantear cambios, a fin de que nuestro sistema político sea un espacio adecuado para procesar conflictos, para traducir en acciones públicas el mandato de la sociedad y para que el mandato de los ciudadanos en la representación política se pueda ejercer de mejor manera y mucho más cercano a su voluntad y a sus decisiones.
En ese contexto, como lo ha manifestado el Presidente Calderón, como lo ha expresado, es necesario pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva.
El dictamen y aprobación reciente de la reforma política por parte del Senado es fruto del acuerdo al que los grupos parlamentarios de las distintas bancadas políticas, partidistas, recogieron las coincidencias de la iniciativa presentada por los legisladores, propiamente dichas, como también por la presentada por el Ejecutivo Federal en diciembre de 2009.
En estas reformas constitucionales que ahora se discuten y se analizan en la Cámara de los Diputados se propone:
Uno, dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para poder establecer las elecciones consecutivas de alcaldes y además de miembros de los Ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales en los estados de la República Mexicana y en los municipios.
Con ello aumentaría la calidad de la gestión municipal porque, por una parte, darían los alcaldes, regidores y jefes delegacionales una mayor capacidad de gestión, mayor tiempo para impulsar programas de Gobierno a lo largo de su gestión, como debe ser, los programas de infraestructura y, por ejemplo, las reformas integrales de los propios cuerpos policiales.
Así mismo, se fortalecería la rendición de cuentas para que los funcionarios que deseen continuar en su encargo, tendrán que justificar con acciones, con trabajo y con rendición de cuentas ante los ciudadanos, que a través de su voto podrán premiar o castigar su desempeño.
Esta propuesta establecería también un límite hasta por 12 años en los plazos que establezcan las propias Constituciones locales. En este ámbito local, donde es más importante y en donde resulta más el vínculo entre ciudadanos y gobernantes.
Por ello es importante enfrentar el futuro de nuestro sistema político confiando en los ciudadanos y en su capacidad de decisión, ampliando sus derechos y multiplicando las acciones con que llegan a las decisiones electorales tal como ocurre, prácticamente, en todas la democracias avanzadas en el mundo. Se propone también permitir la elección consecutiva de legisladores federales, que ese es un aspecto fundamental y trascendente, también en la política y en la acción parlamentaria.
Los medios, los ciudadanos y los propios actores políticos pondrán especial, seguramente, atención en el desempeño de los legisladores ya que con esta propuesta se fortalece la capacidad de ciudadano para vigilar y evaluar el trabajo de sus representantes al colocar la gestión de quien ocupa el cargo en el dentro de la contienda electoral. Además se busca elevar la profesionalización del Poder Legislativo.
Otros aspectos fundamentales de la reforma es incorporar la figura de iniciativa popular, nuevamente la reforma busca ampliar las libertades y garantías políticas de los ciudadanos, buscamos así que estos puedan incidir directamente en un proceso vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en los temas que son de interés general.
De esta manera, se abre la puerta para que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos vayan más allá de la mera elección de autoridades.
Otros aspectos que contiene la reforma es ampliar los derechos de los ciudadanos, es incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular.
Se trata, insisto, de ensanchar las vías para que la participación activa de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos sea una realidad, al tiempo que se amplían los mecanismos de hacer efectiva la garantía constitucional de que todos los ciudadanos tienen derecho a ser votados.
Esta reforma también faculta al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones iniciativas preferentes que deberán ser dictaminadas y votadas por el pleno de la Cámara de Diputados o Senadores.
Iniciativas preferentes que buscan, como aquí se ha presentado, que se atiendan los temas de mayor interés y se prioricen de la Agenda Nacional.
La reforma presenta también propuestas que establecen de manera expresa en la Constitución la facultad del Ejecutivo para presentar al Congreso observaciones al presupuesto de egresos que ayudará de los mecanismos de discusión y de análisis, como es el caso, siempre del debate de la discusión presupuestal o del inicio de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal.
Reconducción presupuestal es otro de los aspectos fundamentales, así como la definición de llevar al Senado de la República los nombramientos, por ejemplo, de los titulares de los órganos reguladores de energía, de competencia económica y de telecomunicaciones.
Finalmente quiero expresarles que he estado muy atento, señores Gobernadores, a todos los temas que han abordado, algunos que irán a las Comisiones, otros que se han presentado en materia, por ejemplo, los Fondos de Desastres, los temas migratorios, que comentaba el Gobernador de Tabasco de Veracruz, los que se han presentado por el Gobernador del estado de Chihuahua, en materia de seguridad y quiero reiterarle todo nuestro compromiso, que los grandes retos del país exigen.
Hoy, más que nunca, el trabajo conjunto de los tres Poderes y de los tres órdenes de Gobierno, es necesarios trabajarlos en las mesas de diálogo, de comunicación.
El reto que hoy tenemos es unir fuerzas para concretar los cambios que demandan los mexicanos.
Los exhorto a seguir avanzando juntos en la vía del diálogo, por la vía institucional, por la vía de la paz, por la vía de la corresponsabilidad.
Seguimos trabajando unidos para fortalecer las capacidades del Estado mexicano, en su tarea de garantizar la seguridad, la legalidad del país.
Sigamos avanzando también en la construcción de un México más democrático, más libre, más ciudadano.
Le agradezco al Gobernador Rodrigo Medina y a todos ustedes por invitarnos a esta reunión de la CONAGO. Enhorabuena por esta reunión y que tengan suerte y felicidades.
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