Divide a ministros resolución de la Corte Interamericana
Se abre posibilidad de que jueces civiles sentencien a militares
Jesús Aranda, reportero
La Jornada Martes 14 de junio de 2011, p. 14
Luego que se promulgó el decreto de reforma constitucional en materia de derechos humanos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, entregó a los ministros un catálogo que contiene las obligaciones contraídas por el máximo tribunal como consecuencia de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla.
De ser aceptada por el pleno, tal como se los planteó ayer Silva Meza en sesión privada, se abriría la puerta para que los jueces federales –sin necesidad de esperar que se apruebe una modificación constitucional en la materia– juzguen en el ámbito civil a los militares acusados de cometer delitos contra civiles.La recomendación de la Corte Interamericana solicita al Poder Judicial Federal garantizar que la averiguación previa
“se mantenga bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia en el fuero de guerra”.
Trascendió que la notificación del ministro presidente a sus compañeros no fue bien recibida por todos. Hubo quienes afirmaron que el pleno es el que debe decidir los alcances de la resolución de la CIDH respecto del Poder Judicial Federal. Además, que era prematuro hablar sobre el tema porque la reforma constitucional entra en vigor en 120 días, siendo que en realidad entró en vigencia el jueves anterior.
Las diferencias entre los ministros sobre el alcance de la resolución se remontan a septiembre de 2010, cuando el pleno de la Corte rechazó por ocho votos contra tres el proyecto de dictamen elaborado por José Ramón Cossío, en el cual se consideraba que la SCJN estaba obligada a acatar la sentencia de la CIDH en el ámbito de su competencia, incluido el criterio de que el Código de Justicia Militar es inconstitucional, porque permite juzgar en el fuero de guerra a soldados que cometieron delitos en agravio de civiles.
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Militares enjuiciados
Milenio Diario, 14 Junio 2011
Roberto López y Rafael López
Ciudad de México • ¡Juárez, Juárez no es cuartel; fuera Ejército de él...!” fue, sin duda, una de las consignas más coreadas en esa ciudad fronteriza, cuando la Caravana del Consuelo culminó ahí su periplo iniciado cinco días antes en Cuernavaca. Es, además, una demanda recurrente en otras partes del país, lo mismo de algunas organizaciones civiles que de grupos promovidos por la propia delincuencia organizada, como los tapados en Monterrey.
A la crítica por las arbitrariedades cometidas por elementos del Ejército contra la población civil se le suman acusaciones de estar involucrados en actividades ilícitas como resultado de sus operaciones contra el narcotráfico. Pero lo cierto es que los miembros castrenses procesados o sentenciados en ambos casos no llegan ni al 1 por ciento del total de las fuerzas armadas desplegadas en el territorio nacional.
Según información publicada por la Sedena en su portal de internet, los presuntos delitos fueron cometidos por un general, cinco jefes militares, 27 oficiales y el resto por integrantes de tropa. El año con más elementos procesados fue 2009, con 84 casos, por lo que 2011 está muy cerca de igualar la marca.
Por su parte, el número de militares arrestados por nexos con el narcotráfico también ha ido en ascenso. De enero de 2007 a la fecha han sido detenidos 121 elementos (0.26 por ciento del total en campaña) por posibilitar el trasiego de narcóticos, posesión de drogas, narcomenudeo y colaboración en cultivo y cosecha de mariguana, entre otros delitos.
Este año, 39 arrestos
De acuerdo con información otorgada por la Unidad de Enlace de la Sedena , mediante una solicitud hecha por MILENIO, firmada por el general Julio Álvarez Arellano, del total de detenciones destaca que en 2010 se realizaron 27 arrestos, mientras en 2011 se han efectuado 39 y aún faltan seis meses para concluir el año. Por lo pronto, esta cifra ya alcanzó la marca de 2009, por lo que este podría ser el año con más personal castrense enjuiciado por estar involucrado con el narcotráfico.
En la solicitud se pidió a Sedena información sobre el cargo que ostentaban los elementos arrestados; sin embargo, la respuesta sólo refiere que los 121 detenidos tienen un rango definido como “propias del arma y servicio”. Todos los militares comprendidos, tanto en delitos contra la población civil o los relacionados con el narco, purgan sentencias en las prisiones militares de Guadalajara, Mazatlán y Distrito Federal (Campo Militar número Uno).
El 12 de mayo pasado la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar mediante las que se creó el delito de “traición a la fuerzas armadas”. Entonces se determinó una pena de prisión de entre 30 y 60 años, así como dar de baja a los militares que caigan en tal situación.
Además, el dictamen busca sancionar de 15 a 60 años de cárcel y baja del Ejército a los elementos que proporcionen a los delincuentes información sobre maniobras militares. Otras acciones que serán sancionadas son el reclutamiento de personal militar para integrarlas a la delincuencia organizada.
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