Este miércoles 29 de junio de 2011 se aprobó en la Comisión Permanente del H Congreso de la unión una Propuesta del Punto de Acuerdo en donde se le “exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia.”
Y segundo: se le hace “hace una respetuosa invitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México que, con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia."
La propuesta de punto de acuerdo fue hecha, el pasado 8 de junio, por el Senador zacatecano Tomas Torres Mercado, debido a que en los medios se dio a conocer el caso de un secretario de Juzgado de nombre Esiquio Martínez Fernández, debido a que la SHCP detectó movimientos bancarios inexplicables en sus cuentas mismos que sumaban 432 millones 536 mil 378 pesos, cuando el funcionario judicial había declarado ante el Sistema de Administración Tributaria ingresos netos por 5 millones 444 mil 814.25 pesos, en el periodo 2003-2010..
El presunto culpable de lavado de activos se encuentra en el Reclusorio Norte y quedó a disposición de Ricardo Delgado Quiroz, Juez Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el DF. La denuncia de hechos ante la PGR se presentó desde el pasado 28 de enero y fue asignada a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda de la SIEDO.
En ese sentido, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó el pasado 11 de abril, mediante un Acuerdo General 10/2011, que puede solicitar directamente a las instituciones financieras información sobre las cuentas de los jueces, magistrados, consejeros y demás servidores públicos del Poder Judicial. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio (dos meses después) en el Diario Oficial de la Federación. (Torres Mercado hizo la propuesta dos días antes).
Y aunque en el comunicado del CJF se anunciaba incluso –en caso de ser necesario- "la revisión del patrimonio y situación bancaria de los consejeros y del ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, en la publicación del DOF curiosamente se exceptúa a los Ministros de la SCJN y a los Magistrados del TEPJF.
Al parecer el acuerdo es para monitorear los casos de corrupción de jueces y secretarios de los juzgados y tribunales, o sea como decía Orwell en La rebelión en la Granja: "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".
Sin embargo, los legisladores le darán seguimiento a este asunto. O sea no basta un Acuerdo del CJF.
Vale la pena preguntar si ¿puede el Consejo de la Judicatura Federal emitir ese acuerdo? ¿No es violatorio al 16 constitucional?, que dice que
”NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.”
A este respecto dice la Sra. Gabriela Carina Knaul de Alburquerque y Silva, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONI, en su reciente informe “otro elemento de preocupación es el hecho que, de acuerdo a la Constitución, las decisiones del CJF son definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistradas, magistrados y juezas y jueces, las cuales pueden ser revisadas por la SCJN (Art. 100 de la Constitución política de los EUM
“La Relatora Especial considera que todas las decisiones disciplinarias y administrativas que tengan un impacto sobre el estatus de las juezas y jueces y magistrados y magistrados deberían tener la posibilidad de ser revisadas por otro órgano judicial independiente….”
Pero en el segundo punto, los legisladores no fundamentan la propuesta sólo hacen "una respetuosa invitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México que, con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia." .
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