Sexto mito: “esta lucha es solamente del Presidente..."

Al dar a conocer su sexto mito de la lucha anticrimen: “Esta lucha es solamente del Presidente Calderón” Alejandro Poiré Romero, secretario Técnico del Gabinete de Seguridada Nacional,  aseguró que la trayectoria política del Presidente Calderón como dirigente del PAN, legislador federal, servidor público, precandidato y candidato a la Presidencia, le permitió entender que la realidad exigía enfrentar con determinación a la delincuencia organizada.

El Ejecutivo federal decidió entonces, afirmó el funcionario, ejercer la autoridad con firmeza y asumir el reto de poner un alto a quienes pretendían apoderarse de nuestro futuro, así como de los espacios que pertenecen a los mexicanos honestos y trabajadores y a sus familias.

"(Su trayectoria) le permitió conocer de primera mano la preocupación de amplios grupos de la población en distintas zonas del país. Fue consistente en escuchar las voces que clamaban por que el Gobierno interviniera con mayor decisión para frenar una criminalidad cada vez más voraz y expandida", aseveró.

En un artículo subido al blog de la Presidencia (abajo), Poiré expuso que con la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por Calderón se ha brindado apoyo a muchos estados y municipios que han solicitado el auxilio de las fuerzas federales para luchar contra el crimen, en tanto sus policías generan esas capacidades. Ello refleja, advirtió el también vocero del Gobierno federal en temas de seguridad, el lugar prioritario que desde que comenzó la Administración ha tenido la búsqueda de una mayor tranquilidad para los mexicanos y la atención al justo reclamo de mayor seguridad en los espacios públicos.

En el mito titulado "Esta lucha es solamente del Presidente Calderón", el funcionario comentó que, adicionalmente, para que el trabajo de las autoridades sea eficiente, es esencial la participación de la ciudadanía.

Por ello, añadió, el Gobierno federal ha promovido la participación de la sociedad civil en espacios como los Diálogos por la Seguridad y el propio intercambio de ideas con los representantes del Movimiento por la Paz, para evaluar y discutir la Estrategia Nacional de Seguridad

"En suma, la lucha por la seguridad es para y de todos los mexicanos. Es una lucha por definir la identidad de México: un país con leyes que se respetan y por ello nos hacen más libres. Un país de instituciones fuertes, que son capaces de resistir cualquier embate.

"Un país con policías, ministerios públicos y jueces confiables, que nos dan confianza y garantizan la justicia. Un país en el que hay menos crímenes porque la delincuencia se sabe acosada y debilitada. Un país con cada vez más oportunidades para los jóvenes, y con una cultura de rechazo al delito, con un tejido social regenerado", agregó.

El texto:

El sexto mito: “Esta lucha es solamente del Presidente Calderón”/Alejandro Poiré Romero

11 jul 2011

La lucha por la seguridad es para y de todos los mexicanos. Es una lucha por definir la identidad de México: un país con leyes que se respetan y por ello nos hacen más libres.

Es una falacia que el Presidente de México haya actuado solo en la decisión de emprender la lucha por la Seguridad. En una democracia como la nuestra, las acciones del Ejecutivo Federal están orientadas a resolver las demandas y expectativas ciudadanas, así como a afrontar los retos que como nación enfrentamos con base en el principio de responsabilidad compartida con los demás poderes y órdenes de gobierno.

La trayectoria política del Presidente Felipe Calderón le permitió conocer de primera mano la preocupación de amplios grupos de la población en distintas zonas del país. Siendo dirigente de partido, legislador federal, servidor público, precandidato y candidato a la Presidencia de la República fue consistente en escuchar  las voces que clamaban por que el gobierno interviniera con mayor decisión para frenar una criminalidad cada vez más voraz y expandida. Voces que llevaban tiempo manifestándose en contra de crecientes secuestros, extorsiones y homicidios en sus comunidades. Inclusive -ya como Presidente Electo- escuchó también la de gobernadores como Lázaro Cárdenas, entonces mandatario del estado de Michoacán, quien solicitó el apoyo de Fuerzas Federales para enfrentar la violencia y actividad delictiva en esa entidad.

La realidad exigía entonces, como ahora, enfrentar con determinación la delincuencia organizada. Ante este escenario, la Administración del Presidente Calderón decidió ejercer la autoridad con firmeza y asumir el reto de poner un alto a quienes pretendían apoderarse de nuestro futuro, de los espacios que pertenecen a los mexicanos honestos y trabajadores y a sus familias.

Propuso una política pública en materia de seguridad, que encuentra su marco en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Visión México 2030, y que tiene su antecedente en la propuesta de campaña del entonces candidato Calderón en 2006. El primer eje de estos documentos corresponde a Estado de derecho y Seguridad. Ello refleja el lugar prioritario que desde el comienzo de este Gobierno ha tenido la tranquilidad de los mexicanos y la atención a su justo reclamo de mayor seguridad en los espacios públicos. Es la Estrategia Nacional de Seguridad la síntesis de esta visión de política pública y del compromiso consistente a lo largo de los años, de este deseo por sentar las bases de comunidades más seguras para nuestros hijos, no solo del Presidente de la República sino de millones de mexicanos.

Con la estrategia, se ha brindado apoyo a muchos estados y municipios que han solicitado el auxilio de las Fuerzas Federales para luchar contra el crimen en tanto sus policías generan esas capacidades. Es decir, además de la población, fueron las propias autoridades locales las que pidieron– lo siguen haciendo– la presencia decidida de la fuerza federal para combatir a la criminalidad.  Trabajamos también, de la mano de la sociedad civil, por reconstruir el tejido social y fortalecer nuestras instituciones.

Cada una de estas acciones requiere de corresponsabilidad y coordinación para garantizar su efectividad. La lucha es de todos los órdenes de gobierno: federación, estados y municipios, y así se manifiesta en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Este acuerdo, firmado también por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es el reconocimiento inequívoco de que ésta no es lucha de una sola persona, ni de una sola autoridad, ni de una sola institución. Es una lucha necesaria del Estado y reclamada por la sociedad, en la cual todas y cada una de las autoridades tenemos una responsabilidad que cumplir, y debemos cumplirla bien.

Estos consensos básicos se han manifestado también en la aprobación de reformas constitucionales y legislativas que han contado con apoyo plural, de todas las fuerzas políticas, y que han transformado las reglas sobre las que el Estado combate la delincuencia organizada y promueve la seguridad pública.

Adicionalmente, para que el trabajo de cada autoridad sea y permanezca eficiente, la participación de la ciudadanía es esencial. El Gobierno Federal ha promovido la participación y apertura con representantes de la sociedad civil para evaluar y discutir la Estrategia Nacional de Seguridad. Ejemplos claros de espacios compartidos entre gobierno y sociedad son los Diálogos por la Seguridad, celebrados en distintos puntos de la República Mexicana, o el propio diálogo con los representantes del Movimiento por la Paz. De estos foros se han nutrido iniciativas tan importantes como la ley antisecuestro, la propuesta de reforma en materia de lavado de dinero, el monitoreo ciudadano de las acciones de la autoridad en materia de seguridad y, sin duda, a partir de estos encuentros de diálogo, la búsqueda de mejores instrumentos para la atención de los familiares de las víctimas.

En suma, la lucha por la seguridad es para y de todos los mexicanos. Es una lucha por definir la identidad de México: un país con leyes que se respetan y por ello nos hacen más libres.  Un país de instituciones fuertes, que son capaces de resistir cualquier embate.  Un país con policías, ministerios públicos y jueces confiables, que nos dan confianza y garantizan la justicia.  Un país en el que hay menos crímenes porque la delincuencia se sabe acosada y debilitada.  Un país con cada vez más oportunidades para los jóvenes, y con una cultura de rechazo al delito, con un tejido social regenerado. Toca al gobierno la mayor parte, y esa ha sido la convicción con la que se ha enfrentado al crimen desde el inicio de la presente administración. Hagamos cada quien nuestra tarea para estrechar más los esfuerzos en el marco de un frente común que nos permita establecer la seguridad que anhelamos y merecemos.