Terror en el Casino de Monterrey

Del juego al fuego

Columba Vértiz de la Fuente

Revista Proceso # 1817, 28 de agosto de 2011; pags 20-26.

Consternadas y sin atención, muchas personas buscaban los cuerpos de familiares, amigos o compañeros de trabajo; les ofrecían mostrarles la lista y no lo cumplían… Algunos empleados que se salvaron, estremecidos por la catástrofe, deploraban también haber perdido el empleo, y unos más se proponían ya no laborar en los casinos porque, decían, todos han sido baleados, excepto el de Jorge Hank… Una extrabajadora, indignada, señalaba que sólo si un hijo del presidente, del gobernador o del procurador hubieran estado entre las víctimas los funcionarios se comprometerían “a luchar de verdad por el ciudadano”.

MONTERREY, NL.- “¿Por qué?, ¿por qué matan a gente trabajadora e inocente? ¡No es justo! ¡No…!”

Es Julia, quien reconoce el cuerpo de su hija, del mismo nombre. Tenía 24 años. En tanto, varios grupos lloran en la entrada del Servicio Médico Forense (Semefo).

La joven Julia era soltera y trabajaba en el Casino Royale. Su mamá prosigue consternada:

“Aún no la puedo sacar. Esperaremos el resultado de la autopsia. Creo que murió por el humo.”

Casi todo el rostro lo tiene mojado. Ya no puede hablar y su mirada se halla perdida. Su otra hija que la acompaña aún no da crédito.

Según médicos forenses, llegaron 52 cuerpos, de los cuales 42 son mujeres. Han sido identificados 46. Corre la voz de que los demás quedaron totalmente quemados.

La mañana del viernes 26 es nublada, pero la temperatura llega a 24 grados. Nadie está quieto. La oficina de información es un torbellino: gente entrando y saliendo todo el tiempo.

En el Semefo no hay lista de los fallecidos ni de los que han sido identificados. Los presentes reflejan dolor y tristeza. Cerca de 15 personas, instaladas en la entrada de la morgue, buscan familiares y amigos. Se molestan porque no hay quién les informe. La mayoría pretende hallar a mujeres mayores de 60 años a las que gustaba “distraerse en el lugar”.

Sale Luis de donde yacen los cuerpos, con los ojos rojos.

Vio a su primo Jesús, de 30 años, otro trabajador del Royale:

“Está muerto, está muerto… apenas llevaba una semana allí. No encontraba trabajo. Buscaba, buscaba y buscaba, y nada. De repente aquí le dieron chamba. Dejó hijos chicos. ¡No se vale!, ¡no se vale!…”

No habla más ni menciona su nombre completo:

“No quiero que me hagan propaganda. Sólo exijo que el gobierno ya pare todo esto. ¿De qué se trata? Que viene al rato el presidente… ¿a qué? Si sólo viene a hacer acto de presencia para la foto, lo considero como burla. En lugar de que ayude a los familiares de los asesinados y de verdad haga algo por Monterrey… Y nada. Donde sea, te matan sin deberla ni temerla.”

Prefiere no continuar, pero golpea con su puño derecho la pared. Suena su celular y se aleja para contestarlo.

“Calderón sólo es un teatrero”

María ya casi no ve por la inflamación de sus ojos:

“Vine a identificar a mi mamá; ella trabajaba en ese sitio. Ya la identifiqué. Me dicen que no tengo servicio para el panteón, y a muchos les están dando. Mi mamá tenía 58 años. Era muy trabajadora. No puedo creer que esté muerta, no puedo. Le encontraron quemaduras, aún no me dicen cómo falleció. Ya no quiero saber, ¿para qué? Qué triste, qué triste…”

Una mujer humilde de 60 años busca a una amiga de su edad que siempre estaba en el segundo piso:

“No la encuentro. No tengo su celular. Creo que no tiene familia. No hay listas de nada. Ojalá y aparezca. Me dicen que para entrar a la morgue debo traer su acta de nacimiento o una credencial de elector de ella o una foto de ella. No tengo nada de eso. Y debe acompañarme un familiar. Ya me voy porque me siento muy mal, se me baja la presión.”

Le ofrecen comida gratis en una carpa pequeña instalada a unos 10 metros. Y una psicóloga de la Secretaría de Salud de Nuevo León le proporciona sus datos, “por si necesita el servicio”.

También las funerarias aprovechan el momento, dan su publicidad, como Valle de la Paz. Los empleados de Protecto, empresa que asesora “en momentos difíciles” para “soluciones rápidas”, ofrecen su tarjeta de presentación, que reza: “Cremaciones, traslados, locales y foráneos”.

Policías, guardias, médicos, gente de la procuraduría, periodistas, abogados, familiares de víctimas, salen y entran de la pequeña oficina de información. A todos les piden los documentos para que puedan ver la lista, pero no la muestran.

Algunas sillas de plástico instaladas en la entrada del depósito de cadáveres se hallan ocupadas por familiares de fallecidos. No paran de sollozar. No platican nada entre ellos, no pueden.

Unos hacen fila. Les explican con detalle lo que deben entregar, pero no entienden, sólo muestran su tristeza y preocupación.

“En estos momentos me siento muy nerviosa, parece que estoy volando, no estoy concentrada”, externa Carmen, quien busca a su mamá de 58 años que acudió con amigas al casino.

Don Gabriel, de siete décadas cumplidas, cuenta que busca a su esposa. Se reserva su nombre:

“No entiendo nada, no tengo cabeza para nada, para qué demonios viene Calderón, sólo es un teatrero, queremos soluciones, ya no podemos, todo está muy mal.”

Tres familias de evidente buena posición económica esperan los cuerpos de sus muertos. No dan declaraciones. Sólo exigen que se acabe la violencia.

“Ya no podemos más –señala uno de ellos, un muchacho de unos 20 años–, este gobierno no hace nada”, lamenta.

Todo es caos. Muchos continúan preguntando por la lista. Siguen saliendo de la morgue personas desconsoladas. Se niegan a las entrevistas. Y nadie los consuela.

Atrás del Semefo se ubica el Hospital Universitario. Allí, de los 10 heridos que ingresaron, sólo permanecen tres. Dos son mujeres que, en breve, serán dadas de alta. Tampoco existe una lista. No hay ventanilla alguna para informar.

Un chofer que espera a una de las internadas, su prima, exige a través de este medio:

“Los políticos de ahora no merecen ningún respeto. Por fortuna mi ser querido está bien. Pero no debió morir tanta gente. Han dejado que México se hunda en todos los sentidos. Si no pueden terminar con el crimen organizado, que renuncien ya, pero ya…”

Por “los verdaderos culpables”

Es el jueves más difícil que ha vivido Monterrey. Así lo consideran sus habitantes. Son las 16:30 horas. La avenida San Jerónimo se ha cerrado, y el tráfico de autos se ve a lo lejos. Sobresalen los sonidos de diferentes sirenas. Hay 14 patrullas. En tanto, los bomberos intentan apagar el fuego del local de apuestas. Ambulancias del gobierno y privadas pasan entre el humo que apesta.

La fachada del Royale –edificio con 10 mil metros cuadrados de construcción– ha sido totalmente destruida. Una de sus paredes laterales, que daba a la avenida San Jerónimo, se derrumbó. Los dos pisos son consumidos por el fuego.

El Ejército vigila, lo mismo que personal de la procuraduría y de la policía federal y local. Pero no dan cuenta de nada. La gente que, desesperada y asustada, se les acerca para saber de sus conocidos, amigos o familiares, sólo escucha: “Llame a Locatel”.

Lo que queda del Royale no se aprecia bien por el humo. Se ve que la cocina y el restaurante son lo más dañado del edificio, en el primer piso. En la entrada se encontraba el Bingo, un juego de azar al que concurría la mayor parte de los clientes. Atrás eran los baños. Arriba, dicen, se hallaban las maquinitas.

Sacan y sacan cuerpos. No dejan que se acerque nadie. Primero eran seis, luego 23, siguió creciendo la cifra: 36.

Pasan las horas.

Una joven jugadora sale del local en estado de shock:

“Entraron tres tipos. Uno estaba todo pelón. Me sacaron con su arma. Ya no sé más. Mucha gente salió por la azotea. Yo sí vi que se llevaban a algunos… no sé, no sé. Rociaron gasolina. Ya no quiero decir más.”

Laura García llega por su tía Elsa Martínez de Morales, de 72 años:

“Venía a jugar. No saben nada de su paradero. Ni ella se ha reportado, y no contesta su celular. Quiero gritar y llorar…”

Temerosa, una señora indaga el destino de su mamá, Petra Bustos Velázquez, de 63 años:

“Siempre juega aquí. Venía con mi hermana Ana, quien sí alcanzó a salir, pero de mi mamá no sabemos nada.”

Su hermana le contó que entraron dos personas con armamento y empezaron a sacar a la gente. “Cuando mi hermana se regresó a buscar a mi mamá, uno con su arma le dijo que se saliera”.

Señala que “no iban contra la gente, sino contra el casino. Rociaron todo con gasolina y a varios los sacaron a punto de pistola”.

Su hermana fue trasladada al Hospital Universitario porque se le bajó el azúcar. “Se puso muy mala, pero de mi mamá nadie nos quiere dar razón, no hay nada de información”.

Finaliza llorando:

“Qué miedo. Qué tristeza. Todo está todo fuera de control.”

Ya es de noche. Después de tres horas el fuego es controlado. El casino queda destruido. Sólo se alcanzan a apreciar escombros de color negro. Son las 20:30 horas. Llega el procurador general de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien informa que son 40 los muertos, cifra que “podría incrementarse”. No relaciona el suceso con el crimen organizado hasta “realizar las investigaciones”.

Tampoco hace contacto con la gente que espera algún dato de sus familiares. Algunos se enojan:

“Sólo viene a hacer su show y no sabe nada, no dice nada, y no hay listas, nada. Queremos saber a quiénes enviaron al hospital. Sólo quieren aparecer en la televisión.”

Trabajadora de la cocina del Royale desde hace un año, Clara Ibarra, de 29 años, mira con abatimiento el inmueble destruido. Cuenta a este semanario:

“Vine a ver a mis compañeros. Salí a las tres de la tarde, más temprano que de costumbre. Lo que nunca hago, siempre me quedo hasta más tarde, a las cuatro. Llegando a casa me enteré de lo que pasó. Me salvé.”

–¿Cuánta gente estaba trabajando a la hora del hecho?

–Había un buen en el turno, cerca de cien.

–¿Cuántos clientes dejó?

–Había pocos porque era temprano, unos 80. Si hubiera sido a las siete u ocho de la noche estaríamos hablando de más muertos. Es jueves de tardeada. Empezaba a las cinco. Consistía en promociones que dábamos cada hora. Había Bingo, maquinitas y apuestas de carreras.

Una mesera amiga suya, que salió ilesa, le narró:

“Llegaron apuntándoles y los sacaron. Que la intención no era agredir a la gente, pero aventaron las bombas y la gente salió volando. Les valió. Me preocupa que no encontramos a una compañera llamada Julia.”

Con agobio, expresa que era su fuente de trabajo “y ahora ya se acabó”. Sigue:

“Tengo miedo. Ya no sabes si estás bien en un trabajo. Estás luchando por ganarte la vida y llega alguien y te la quita nomás porque sí. Les pedimos a las autoridades que paren esto porque al paso que vamos ya no habrá Monterrey, de tanta gente que se ha muerto injustamente.

“La gente que venía aquí era adulta, acudía a distraerse. Sobre todo mujeres. Eran personas mayores que no tenían la facilidad para pararse y correr. Podían ser sus papás o abuelitos y les valió. Ojalá y las autoridades encuentren a los culpables, pero a los verdaderos.”

Al país “se lo cargó la chingada”

Siguen sacando cuerpos del Royale. No paran el rescate. Las sirenas aún suenan en todo su estertor. Se ha controlado el fuego, el humo disminuyó. Otra trabajadora, que no quiso ser nombrada, asegura que todo estaba monitoreado: “Hay gente que debe tener imágenes de quiénes eran y cómo llegaron”.

Conmovida, agrega que toda la gente fallecida se asfixió. “Ya con tanto humo, cómo corres”.

El olor a quemado es fuerte. Se observan los dos pisos en cenizas. Nada se salvó.

Por la parte de atrás, cuatro trabajadoras, de 30 a 45 años, del turno de la noche, recuerdan que hace seis meses ya había sido baleado el casino. Las citaron para ver a la supervisora, pero no la encontraron. Su rostro muestra confusión y susto. Manifiestan “mucha, pero mucha tristeza”, y se dicen preocupadas “por haber perdido el trabajo”.

Una resalta:

“Bueno, es mejor estar vivas. Me siento muy mal por la gente que murió. Me siento impotente. Estoy mal, muy mal. Ya es mucho castigo. Cada rato hay balazos.”

Piden no escribir su nombre. Una de ellas alza la voz:

“Ahora quiero trabajar en otro lado, ya no en un casino, no, porque en todos ha habido balazos. Pero esto es una tragedia. No es posible que pase esto, ya es demasiado. Bueno, dicen que el casino es de Jorge Hank, pero no sabemos.”

La voz de otra de ellas sobresale:

“Cuentan que el casino Caliente, que sí es de Hank, es el único que se ha salvado, no le han hecho nada.”

Se acerca un joven. Desea saber si hay una lista. No halla a su hermano, que era guardia de seguridad en el Royale, Francisco Leobardo Robledo Guerrero, de 30 años. Tenía menos de un año trabajando ahí:

“No se ha contactado desde que sucedieron las cosas. No sabemos nada de él. Nadie nos responde. No hay atención. Del lado de San Jerónimo llegó el procurador, y sus guaruras no me dejaron acercarme. ¿De qué se trata? Dicen que nos ayudarán, y no es cierto.

“La situación está muy grave, muy grave, y nadie se responsabiliza.”

De regreso a la avenida San Jerónimo, dos varones se abrazan. Uno llora desconsoladamente… grita. Le avisaron que su hermana estaba en la morgue, Liliana González Zamarripa, de 25 años. Había acudido a jugar.

Junto a ellos, María Aurelia Monsiváis Estrada quería saber de su hermana María Guadalupe, de 26 años, que recargaba fichas:

“Laboraba en la parte de enfrente. Dicen que no nos van a dar información de los que salieron a pie, sólo de los que enviaron a los hospitales. Vamos al hospital y no nos dan nada.

“Mire, nada más de ver el edificio, duele. No es posible que personas inocentes con familia estén ahí tiradas, algunas tapadas. ¿Cómo es que hay gente que no se tienta el corazón para hacer este tipo de cosas? Dicen que tal vez a los que estaban hasta adelante los dejaron salir, pero no se sabe. ¡Dios mío!”

Un grupo de hombres, bien vestidos, de clase media alta, se mueven de un lado para otro. Sus ojos están desorbitados. Sólo uno comenta que no encuentran a su esposa y a tres hermanas de ella:

“¿Cómo se ha llegado a este extremo con el gobierno? No hace nada, se queda con los brazos cruzados, sigue haciéndose de la vista gorda…”

Mientras tanto, la cifra de muertos ya subió a 51; al principio, se rumoraba que sumaban 75.

Claudia Treviño pide auxilio. No da con su tía Elsa Martínez de Morales, de 72 años:

“Por favor. Nadie me informa. No sabemos nada. Mi tía venía con frecuencia. Es muy, muy triste, es una catástrofe. Pinche gobierno.”

Se resbala su llanto.

Un integrante de la Cruz Verde asegura que unos murieron quemados, pero la mayoría se intoxicaron, y que nadie recibió balazos.

Otra trabajadora del Royale, del turno de la mañana, cuenta:

“El casino estaba abierto las 24 horas. En total laboramos 170 personas. A esa hora se calcula que había 300 gentes, entre clientes y personal. La salida de emergencia, que está en la azotea, estaba muy chiquita. Conocía a muchos compañeros. ¡Qué horror y tristeza!”

No intenta contenerse:

“No puede ser que pase esto. ¿Cómo regresarles la vida? No le deseo nada malo a nadie, pero me hubiera gustado que un hijo del presidente hubiera estado aquí, un hijo del gobernador o un hijo del procurador. Para que sintieran este dolor y se comprometieran a luchar de verdad por el ciudadano. Lástima, los jodidos siempre son los más jodidos, y les vale.

“Perdón por lo que digo, pero a este país ya se lo llevó la chingada. Puras mentiras nos dicen, no somos pendejos.”

Se limpia sus ojos con su suéter:

“Estoy cansada de todo esto, disculpen.”

***

En este país no hay culpables…

Luciano Campos Garza

MONTERREY, NL.- El ataque al Casino Royale en esta ciudad, que provocó la muerte de 52 personas, demostró que la corrupción abona el terreno para el accionar de las bandas criminales. Además, el desorden que impera en la instalación de esos lugares y la imposibilidad de los municipios para cerrarlos ha creado en la sociedad la sospecha de que se trata de centros de lavado de dinero.

Ahora el problema alcanzó niveles de tragedia con el crimen cometido por un comando el jueves 25 a las 3:48 de la tarde en ese centro de apuestas que funcionaba por “la complicidad de autoridades encabezadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (TCA) del estado, afirmó Fernando Larrazábal Bretón, alcalde de Monterrey.

El panista Larrazábal es uno de los funcionarios que alegó inocencia momentos después de ocurrido éste, el peor atentado terrorista contra la población civil en la historia reciente de México.

En una exhibición de autoridades contrapunteándose públicamente, en medio del dolor generado por el ataque de la delincuencia organizada, el alcalde fue refutado al aire en una televisora local por la presidenta del TCA, Juana María Treviño Torres, quien responsabilizó al ayuntamiento al señalar que la tragedia fue provocada por Protección Civil municipal, cuyo personal debió revisar que hubiera puertas de emergencia (no las había).

En medio del drama, Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador priista de Nuevo León, habló en televisión para decir que no era momento de buscar responsables, y en defensa de Treviño Torres señaló que, en todo caso, el peso de la tragedia podía caer en Protección Civil de Monterrey.

No ha sido mencionado el nombre del grupo delictivo al que pertenecen los homicidas, por los que el gobierno federal ofrece una recompensa de 30 millones de pesos.

En respuesta a la tragedia, el jueves por la noche llegó a Monterrey el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y al día siguiente Felipe Calderón. Colocaron una corona de guirnaldas en memoria de los caídos y el presidente decretó tres días de duelo nacional. Por la tarde del viernes 26, el Ejército efectuó operativos en varios casinos del área metropolitana.

Mientras los familiares buscan a sus muertos en el servicio forense del estado, sigue el problema de la proliferación de giros negros abiertos en Monterrey contra la voluntad del municipio.

Corrupción criminal

Un video de una cámara de seguridad en el exterior del centro de apuestas muestra al comando que llega en cuatro vehículos: un Minicooper blanco con franjas negras, una camioneta negra, una camioneta Equinox gris y otro sedán gris.

Entre ocho y nueve sicarios actuaron en 2 minutos y 30 segundos: de uno de sus vehículos bajaron recipientes que contenían un líquido inflamable e incendiaron una de las entradas del casino en cuyo interior había unas 300 personas entre clientes y trabajadores. El fuego dejó atrapadas a cientos de personas.

Algunas escaparon por la puerta principal antes de que el incendio se extendiera y cancelara también esta posibilidad. Otras, ante el estruendo de las explosiones, fueron a la planta superior o se encerraron en baños u oficinas, donde murieron asfixiadas y carbonizadas. Había una puerta lateral que parecía salida de emergencia, pero no había forma de pasar por ahí.

Contra lo que dicen algunos testimonios, la procuraduría estatal sostiene que no hay evidencia de que hubiera disparos dentro del casino.

A las seis de la tarde, rescatistas de Protección Civil del estado y del municipio comenzaron a sacar cadáveres. El edificio humeante complicaba la labor. Retroexcavadoras que hacían trabajos de vialidad en un área cercana fueron llevadas al edificio para que abrieran boquetes en las paredes por las que el humo salió y a través de los cuales pudieron entrar los bomberos para sacar más cuerpos que fueron enviados al anfiteatro del Hospital Universitario.

Conforme avanzaban los trabajos de recuperación de cadáveres se extrañaba en el lugar la presencia de las autoridades. Ningún funcionario se presentó, sino hasta las nueve de la noche, cuando llegó el procurador estatal Adrián de la Garza Santos, quien dio la información preliminar.

En el transcurso de la tarde, Larrazábal convocó a una conferencia de prensa para comenzar el reparto de culpas. Ahí se enlazó con las televisoras locales para presentar documentos con los que demostraba que el 4 de mayo había ordenado clausurar el Casino Royale por unos trabajos de ampliación que no tenían permiso municipal.

Treviño Torres interrumpió la transmisión para aclarar que los propietarios del casino promovieron un juicio de nulidad para impedir que el lugar fuera cerrado y se les concedió la suspensión el 31 de mayo, pues nada les impedía remodelar el lugar.

Larrazábal señaló que los magistrados fueron engañados pues los empresarios querían agregarle 568 metros cuadrados de construcción al lugar que ocupa un área de 17 mil 423 metros, haciéndoles creer que estaban remozando. Señaló el alcalde que el 8 de junio solicitó al magistrado José Alfonso Solís Navarro que acudiera a hacer una inspección física, pero éste se negó.

La magistrada le contestó que la actuación de su colega fue dentro de la ley: “El Tribunal no abre casinos. Sólo califica, en este caso, lo que la autoridad estatal o municipal presente como actos o resoluciones apegadas a derecho; en este caso el municipio, en apariencia, actuaba de manera ilegal porque, al menos cuando se presenta la demanda, tenemos la versión de quien presenta el juicio en el sentido de que se trataba de remodelación”.

La funcionaria recordó que el Casino Royale operaba con autorización del municipio y de la Secretaría de Gobernación.

Al final del debate Larrazábal acusó directamente de la tragedia a los magistrados del TCA y a la Secretaría de Gobernación por entregar de manera desordenada permisos para la apertura de casinos. “A la Secretaría de Gobernación le hemos enviado dos exhortos por petición del cabildo y no han venido a Nuevo León a revisar los casinos”.

Treviño señaló como responsable a la Dirección de Protección Civil del municipio por no haber revisado las instalaciones del casino: “Si estos negocios están en juicio de amparo, Protección Civil debe hacer su chamba y estar checando estos negocios donde hay concentración de público”.

El gobernador Medina también apareció en televisión para anunciar que la investigación será atraída por la Procuraduría General de la República y que la estatal será coadyuvante. Pidió la intervención de Gobernación para que revise los permisos de operación de los casinos.

“Espero que se resuelva de una vez por todas en este país el otorgamiento de permisos para casinos. Hay un desorden legal. Se otorgan permisos del gobierno federal que luego tienen que ser aceptados por los cabildos, lo que deja con lagunas legales el procedimiento, y luego nos enfocamos en denuncias y procedimientos en un tribunal y otro.”

Sin embargo apuntó la responsabilidad hacia la autoridad municipal: “Entiendo que es Protección Civil de los municipios, por tratarse de un permiso municipal”.

Al finalizar el día se contaban 52 muertos, de los cuales 42 eran mujeres. Del total de cadáveres el viernes en la tarde 46 habían sido identificados. Los seis restantes, carbonizados, requerían un análisis mayor.

El viernes 26 por la mañana Blake Mora encontró en los periódicos locales una solicitud del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, para que se cierren definitivamente dos casinos que están clausurados de manera temporal en su municipio: el Alegro y el Sport Zone. También le pidió que se oponga al otorgamiento de permiso para la apertura de un establecimiento proyectado y aún sin nombre.

El funcionario federal no respondió.

Protección oficial

Algunos de los establecimientos conocidos como giros negros operan en esta ciudad amparados por el TCA, integrado por tres magistrados que se han ocupado de permitir que 36 de estos negocios trabajen sin restricciones pese a la disposición municipal de clausurarlos.

José Adrián González Navarro, director jurídico del municipio, señala directamente a Juana María Treviño, presidenta, y a los dos magistrados de las salas ordinarias, Alfonso Solís Navarro y Aurora Gámez.

Monterrey enfrenta el mismo problema de San Pedro, donde el alcalde Mauricio Fernández ha acusado directamente a los mismos jueces de corruptos. En esta ciudad hay 12 casinos que operan contra la disposición municipal y gracias a los magistrados del TCA, dependiente del gobierno estatal.

Pero ahora el ayuntamiento debe enfrentar litigios fuera del estado, pues por lo menos un juez federal de Saltillo ya entregó amparos a casinos que el municipio ve como ilegales, una acción que el alcalde Larrazábal tacha por lo menos de sospechosa.

Larrazábal, quien estuvo en la reunión que el viernes 26 tuvieron el presidente Calderón y el gobernador Medina, dijo que los otros casinos que operan en la ilegalidad están en una situación de riesgo similar a la del Royale, pero que el ayuntamiento está imposibilitado para actuar.

“Hay 12 casinos de diferentes propietarios que no tienen ninguna licencia del gobierno de Monterrey y que pueden estar en un riesgo similar. Los contenciosos administrativos o el juez federal de Coahuila están impidiendo que el municipio pueda siquiera revisar sus procedimientos e instalaciones, con los amparos y suspensiones que están otorgando.”

Los magistrados, el nuevo problema

Además de tratar de controlar a los negocios que venden alcohol en la localidad, el municipio tiene que lidiar con los magistrados que, “indebidamente” –según señala González Navarro–, han otorgado suspensiones para que sigan trabajando.

Hay 23 negocios amparados, con juicios que se llevan en el TCA que les ha otorgado protección para que sigan operando. Otros expedientes son de 13 casinos que operan o están en construcción en esta capital, entre los que está el Royale.

El municipio no quiere que operen porque están fuera de la norma y son reiterativos violadores del horario. Pero los negocios siguen funcionando sin respetar límites, gracias a la protección del TCA, que se encarga de dirimir disputas entre el municipio o el estado contra particulares que se dicen afectados por acciones de esas instancias.

“El nudo burocrático que permite a los jueces dar una suspensión a los antros rebeldes se basa en el criterio arbitrario de los magistrados”, dice el funcionario, quien señala que una vez que el TCA otorga el amparo, el municipio está imposibilitado de actuar.

González Navarro pone un ejemplo hipotético, la construcción de un casino. El municipio la detecta y como no permitirá su apertura, decide clausurar la edificación. Ante esto el propietario pide y obtiene una suspensión en el TCA, que le notifica al ayuntamiento que debe darle el derecho de audiencia al propietario del inmueble.

El ayuntamiento le notifica al TCA que ya dio ese derecho de audiencia y que el dueño no pudo comprobar que tenía licencia para construir el casino porque el municipio no se la dio. Pese a todo el Tribunal le entrega la suspensión al quejoso.

Dice González: “Yo le pregunto al Contencioso ¿para qué me necesitas si no le di el permiso de construcción ni de cambio de uso de suelo para que se instale como casino, pero tú a través de suspensiones le das un derecho que nunca le di yo como municipio?”.

“El acto administrativo por el que inició el negocio es una licencia y si no tienes ésta, no tienes derecho y no puedes operar. ¿Por qué le das una suspensión? Esto recae en Alfonso Solís y Aurora Gámez, los dos magistrados.”

Aunque no se atreve a señalar a los jueces como corruptos, como lo hizo recientemente el alcalde de San Pedro, sí menciona que han asumido criterios contradictorios.

“En los casos normales donde no hay influencia de nadie, la resolución de la sala superior (la que lleva Juana María Treviño) es que para dar una suspensión se necesita tener una licencia, pero por una razón que no entiendo o por falta de conocimiento de los mismos criterios del tribunal, las salas ordinarias dan suspensiones sin licencia”.

De los 13 casinos uno ha obtenido, además de la protección del TCA, un amparo de un juez de Coahuila. Antes la protección constitucional la proporcionaban los tres jueces federales que hay en Nuevo León.

Mauricio Fernández promovió ante el Consejo de la Judicatura Federal que fuera suspendido Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en el estado, por haber entregado, indebidamente según el edil, un amparo a la empresa Entretenimiento de México y Producciones Móviles (Proceso 1810).

El juez fue suspendido a partir del 1 de junio y está sujeto a una auditoría. A partir de la sanción, los otros dos jueces en la entidad se inhibieron de entregar amparos para expedientes polémicos, como los de los casinos. Por eso, el particular que quería el amparo en Nuevo León tuvo que obtenerlo en Coahuila.

El 14 de julio, Monterrey clausuró tres casinos: Winland, Crowne y Miravalle. Al día siguiente bajó las cortinas de Foliati y California Palace. El 18 de julio San Pedro cerró el Alegre, que había cambiado su nombre a Golden Island. El ayuntamiento argumentó violaciones a la Ley de Hacienda de los Municipios.

Sin embargo, el juez segundo de Distrito con sede en Saltillo, Juan Miguel García Malo, otorgó una suspensión a los casinos Crowne, Jubileé y Viva México! en Monterrey. En San Pedro también le dio protección al Golden Island que, sin embargo, sigue clausurado por un recurso de revisión que interpuso el municipio.

El 22 de julio Larrazábal denunció que el juez saltillense pudo actuar en contubernio con los empresarios de las apuestas. Consideró que será complicado para el municipio litigar con jueces de otras entidades federativas.

Se quejó de la actuación de la Secretaría de Gobernación: “Es una burla para la autoridad del municipio. Para poder abrir un casino, uno de los requisitos es la anuencia de la ciudad donde se va a instalar. Pero es increíble que Gobernación les permita que operen de manera ilegal, violando las disposiciones locales. Cómo es posible que operen 12 casinos con el amparo de jueces o de Gobernación”.

Este mes el ayuntamiento regiomontano emprendió una limpia de antros en el centro de la ciudad. El lunes 1, inspectores municipales clausuraron el Bar Sabino Gordo, donde el 8 de julio fueron asesinadas 20 personas, entre clientes y empleados, por un problema relacionado con el narcomenudeo.

El ayuntamiento se basó en la investigación emprendida por la procuraduría estatal, en la que se comprobó que en ese lugar vendían drogas, motivo suficiente para el cierre definitivo.

El sábado 13, con el apoyo de más de mil policías municipales, estatales, federales y soldados, fueron clausurados 21 antros por diversas faltas administrativas. Cuatro de estos lugares fueron cerrados de manera definitiva.