.. El gran estafador
Jesusa y Arturo Cervantes y Rodriguez, reporteros
Revista Proceso # 1820, 18 de septiembre de 2011;
Juan José Rojas Cardona y su hermano Arturo erigieron su imperio de casas de apuestas a base de desplumar a empresarios de México y Estados Unidos y aun a la tribu chippewa de Arizona. En 2007, cuando los defraudados reclamaron sus dividendos, El Zar de los Casinos y su hermano cometieron una pifia que hoy podría dejarlos en la bancarrota: solicitaron un préstamo cercano a los 80 millones de dólares al fondo británico Bluecrest para liquidar sus adeudos. No cumplieron y enfrentan un juicio desde hace dos años. En julio pasado, el magistrado Rodolfo Pasarín Luna, del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con sede en Nuevo León, resolvió que El Zar debe pagar lo que debe a Bluecrest, así como 300 millones de pesos a otros acreedores.
Si pierden los juicios que enfrentan en México y Estados Unidos por estafa mercantil, los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona podrían quedarse sin el permiso que les otorgó la Secretaría de Gobernación en 2005 para operar un centenar de casas de juego.
Documentos judiciales de México y Estados Unidos obtenidos por Proceso revelan que El Zar de los Casinos estafó a empresarios de ambos países para erigir su imperio de casinos denominados Palmas en varios estados y granjearse la amistad de la clase política regiomontana y federal.
Hoy, por ejemplo, la empresa de Rojas Cardona Entretenimiento de México (Emex) enfrenta un juicio interpuesto por los fondos ingleses Bluecrest Special Situations IBV y Bluecrest Special Situations Masterfund LTD (Bluecrest), quienes alegan que le prestaron 78 millones de dólares para invertirlos en casas de apuestas, hoteles, agencias de viaje, spas y la industria del entretenimiento que gira alrededor de este sector.
La querella está radicada en el Tercer Tribunal Colegiado Civil, y el 5 de julio último el Primer Tribunal Unitario del Cuarto Distrito resolvió a favor de los británicos, toda vez que Rojas Cardona utilizó los fondos de Bluecrest para reembolsar el dinero a quienes había estafado anteriormente.
Los británicos comenzaron a inquietarse porque Emex no les pagaba, por lo que decidieron presentar su demanda el 24 de septiembre de 2009. Pidieron también que a su deudor se le declarara en concurso mercantil, lo cual lograron en julio pasado.
El día 5 de ese mes, el magistrado Rodolfo Pasarín Luna, del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con sede en Nuevo León, resolvió que El Zar debe pagar lo que debe a Bluecrest, así como 300 millones de pesos a otros acreedores y declaró a su empresa Emex en concurso mercantil.
Asimismo, notificó a la Secretaría de Gobernación para que cancele a Rojas Cardona el permiso para operar hasta 100 casas de apuestas con base en el artículo 34 fracción IV del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, según el cual esos permisos se cancelan por “concurso mercantil, disolución, liquidación o extinción del permisionario y, tratándose de personas físicas, por concurso o fallecimiento del permisionario”.
A lo largo del litigio se documentó que El Zar de los Casinos basa su prosperidad en la estafa a empresarios de México y Estados Unidos, pues omite entregarles la parte que les corresponde por las ganancias que generan los establecimientos.
Proceso obtuvo también copias de registros de las empresas de Rojas Cardona establecidas en ambos países que documentan la forma en que embauca a hombres de negocios. En algunos casos, por ejemplo, les pide dinero para construir y equipar casinos, pero luego cancela las compañías y se queda con su dinero.
William Andrew Graven, propietario de la empresa Gamefull Fiesta LLC relató el 17 de octubre de 2008 a Milenio Diario que se asoció con Rojas Cardona en el negocio de los casinos y que éste le habló sobre las aportaciones financieras a las campañas presidenciales de 2006:
“Luego de que El Zar de los Casinos le presumió sus contactos con el gobierno mexicano, su permiso federal para operar casas de apuestas y hasta una Biblia firmada por el cardenal Norberto Rivera, Graven decidió invertir en el negocio”, informó Milenio.
Graven y los chippewa
Y aun cuando Graven es uno de los empresarios estadunidenses timados entre 2004 y 2006 por Juan José Rojas Cardona, nunca lo demandó, pese a que perdió 3 millones de dólares.
En su edición del domingo 11, este semanario informó que Rojas Cardona contactó en Las Vegas a Bart Masi y lo convenció para que se asociara con él para operar el primer casino en Monterrey –El Bingo de la Suerte–; más tarde Masi conoció a sus paisanos John Georges y Yoing Lee, apodado Míster Lee, quienes montaron el casino Buenavista en San Nicolás, Nuevo León (Proceso 1819).
Georges y Lee también fueron defraudados por El Zar, aunque se desconoce por cuánto. No obstante sus nombres se mencionan en la demanda interpuesta por Bluecrest contra la empresa Emex.
Entre los defraudados por Rojas Cardona en Estados Unidos también se encuentran los 500 miembros de la tribu chippewa, de Arizona. En 2006 Paul Rupert los convenció de que se unieran a los inversionistas (Georges y Lee), que estaban haciendo su fortuna con los casinos que operaban en México a través de Rojas Cardona.
La tribu aceptó. El 28 de agosto de ese año entregó a los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona 6.5 millones de dólares a través de la empresa Lac Vieux Desert Band of Lake Superior Chippewa Indians (LVD)
Según el acuerdo, a través de LVD los chippewa recibirían las “participaciones de flujo de ganancia” que generara el casino Palmas que se inauguró dos días después, el 30 de agosto, en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. La tribu no recibió ningún dividendo.
Juan José Rojas Cardona engañó de manera similar y por las mismas fechas a los chippewa y a Graven. Con el dinero que le prestaron, él y su hermano Arturo crearon 25 empresas denominadas Juegos de Entretenimiento y Videos en otras tantas ciudades.
Asimismo, en Las Vegas creó empresas espejo a las que denominó Recreation Holdings. En todas aparece como gerente Bart Masi, a quien Juan José invitó para que operaran juntos El Bingo de la Suerte en 2003 en Monterrey. De hecho fue Masi quien le presentó a sus paisanos Georges y Lee (Proceso 1819). Al año siguiente, 2007, la mayoría de esas empresas fueron disueltas. Siempre figuraron con cero centavos.
Graven, dueño a su vez de la empresa Gamefull Fiesta, tenía 99% de las acciones de 18 de las 25 empresas mexicanas, mientras que Arturo Rojas Cardona sólo tenía una acción.
El 17 de noviembre de 2008 Graven aclaró que aparecía en esas sociedades porque acordó con Juan José Rojas establecer 18 casinos en otras tantas ciudades de la República, para lo cual, dijo, El Zar le pidió una aportación de 90 millones de dólares, la mitad de la inversión programada.
Según Graven, en noviembre de 2006 había entregado 3 millones de dólares. Dijo también que su socio Juan José le comentó que los casinos se instalarían después del 1 de diciembre de ese año, cuando tomara posesión el presidente Felipe Calderón. No obstante, comentó, días antes canceló los contratos con Graven. El empresario nunca recuperó su dinero.
Para 2007, las 18 empresas mexicanas y las de Estados Unidos fueron dadas de baja. Y así como los chippewa perdieron 6.5 millones de dólares, Graven perdió 3 millones, no obstante que Rojas Cardona hoy regentea los casinos Palmas y Playboy en Cancún, Quintana Roo.
Al año siguiente los chippewa demandaron por fraude a los hermanos Juan José y Arturo Rojas en la corte de Arizona, así como a sus empresas: Emex, Juegos de Entretenimiento y Videos de Guadalupe, Guadalupe Recreation Holdings y Atlántica de Inversiones Corporativas (Atlico), una sociedad constituida en Panamá cuyo dueño único es Arturo Rojas Cardona.
El expediente 1 CA-CV 11-0128, radicado en la División Uno de la Corte de Apelaciones en materia civil de Arizona, indica que en lo que va de 2011 se han realizado 22 diligencias. En la más reciente, la del 29 de agosto, el juez Lawrence F. Winthrop, del distrito de Maricopa, Arizona, ordenó la restitución del procedimiento. Las partes fueron convocadas a una audiencia para el jueves 29.
El caso de los hermanos Naim Sarkis
Hace dos años los hermanos Antonio y Alfredo Naim Sarkis, mexicanos de ascendencia libanesa, acordaron con Juan José Rojas Cardona participar en la creación del casino Palmas-Ajusco, en el sur de la Ciudad de México.
Incluso pusieron el terreno y parte del equipo para la casa de juegos. Una vez instalada les pasó lo mismo que a Graven y los chippewa: los hermanos Naim Sarkis nunca recibieron sus participaciones.
Antonio y Alfredo, socios de las empresas Big Love Investments, Luxury Entertainment Group y Garden Group LP, registrados en Hidalgo, Texas, firmaron un acuerdo con Emex que incluía la creación de una empresa espejo en Las Vegas: Emex Holding LLC, con Bart Mesi como gerente, en la que también tenía participación Garden Group.
De acuerdo con el litigio interpuesto por los hermanos Naim Sarkis, que se ventila en la Corte de Apelaciones del Distrito 30 en Edimburg, Texas, el acuerdo celebrado con la empresa de los Rojas Cardona, los Naim aportaron “una fuerte inversión” para poder recibir 34.4% de los ingresos que generara el casino Palmas-Ajusco.
En el expediente 13-09-591-CV –integrado por la Corte tras una apelación de Emex contra una medida cautelar dictada por un juez en mayo de 2010–, los Naim afirmaban que en un principio sus socios argumentaron que no había ganancias porque la obra no se había terminado.
Sin embargo, una vez que el casino abrió sus puertas los hermanos Rojas Cardona no pagaron a sus socios el porcentaje convenido. Por ello, los agraviados exigen ahora el monto de las participaciones que les corresponde, además de los intereses moratorios y los cargos generados por el atraso en los pagos.
No obstante, es la querella presentada en México contra los hermanos Rojas Cardona y sus empresas por el fondo británico Bluecrest la que exhibe el modus operandi de El Zar de los Casinos.
Ahora se sabe que Juan José y su hermano embaucaron a empresarios con la promesa de hacerlos socios de sus empresas en México y Estados Unidos, la mayoría de las cuales nunca operaron o lo hicieron de manera efímera. Y aun cuando nunca les entregaron las participaciones que les correspondían, solicitaron dinero a Bluecrest con el argumento de pagar a sus acreedores, pero nunca lo hicieron. Ahora enfrentan un juicio por fraude interpuesto por el fondo británico.
El juicio
Bluecrest celebró el 5 de diciembre de 2006 el contrato de un primer préstamo por 14 millones 970 mil dólares con Juegos Monterrey, propiedad de El Zar de los Casinos, en la cual firmó como aval su otra empresa: Emex. El 13 de septiembre de 2007 firmó otro por 63 millones de dólares.
“El origen de esos créditos data de finales de 2006, cuando los señores Arturo y José Rojas Cardona, por su propio derecho, o en representación de hecho o de derecho y de manera directa e indirecta de diversas sociedades, tales como la hoy demandada (Emex), buscaron diversas fuentes de financiamiento para efectos de invertir en el negocio de casinos en la República Mexicana”, según las copias de los contratos obtenidas por Proceso.
Y aun cuando los contratos se modificaron varias veces, en uno de ellos, cuando se hablaba de 30 millones de dólares, se incluyó en la cláusula séptima para precisar:
“Se acordó por las partes que los recursos materiales del mismo serían destinados en su totalidad al pago de la participación accionaria de diversas personas físicas y morales representadas, entre otros, por el señor John Georges, en los términos y condiciones establecidas…”. Georges y Lee fueron los primeros extranjeros a los que defraudó El Zar de los Casinos.
El préstamo de Bluecrest a Rojas Cardona se imbrica al adeudo del Zar a la tribu chippewa. En una carta de intención enviada por Rojas a la empresa LVD el 30 de abril de 2007 les notificó que tenía una negociación en curso con el fondo británico en el que les ofrecía 9.5 millones de dólares por sus acciones en la empresa Juegos y Entretenimiento de Guadalupe. También comentaba que la transacción con Bluecrest estaría lista a más tardar el 15 de mayo de 2007.
El 3 de febrero de 2008, Arturo Rojas Cardona, integrante de Juegos de Entretenimiento y Video de Guadalupe, en la cual los chippewa tienen acciones por 6 millones de dólares, convocaba a una reunión para el 1 de marzo siguiente a fin de aprobar “la cancelación de los pagarés por los préstamos recibidos por LVD”.
No obstante los chippewa tenían 52% de los miembros del consejo, por lo que optaron por desconocer la convocatoria; el litigio contra Rojas sigue en Estados Unidos.
Por lo que concierne a las diligencias que se desarrollan en el Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con sede en Nuevo León, el magistrado Rodolfo Pasarín Luna determinó someter a concurso mercantil a la empresa Emex, propietaria del permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación para operar un centenar de casinos; incluso envió a un visitador mercantil a hacer una valoración de los deudores y activos de la empresa.
Asimismo salió a la luz que Emex tiene otras demandas de juicio mercantil en México por fraude, una de ellas interpuesta por los hermanos Naim Sarkis y otra por la empresa Data Rush, aunque se desconocen las cantidades.
El visitador que asignó el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para el caso de Bluecrest asegura que Emex debe mil 72 millones 457 mil 560.59 pesos. De esta cantidad, 796 millones 704 mil 300 pesos son por incumplimiento de pagos a Bluecrest.
A la administración de San Pedro, Nuevo León, le adeuda 32 millones 36 mil pesos; al Infonavit 1 millón 366 mil 344; al IMSS 563 mil 755 pesos, y el resto a las múltiples empresas que Arturo Rojas Cardona creó.
Ante la resolución del Tribunal, Emex solicitó un amparo ante el Segundo Tribunal Unitario Civil de Nuevo León que aún no emite su resolución. En tanto, Bluecrest impugnó la suspensión otorgada. El caso fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado Civil de Nuevo León, en el cual tres magistrados deberán pronunciarse sobre la suspensión.
Y aun cuando este trámite no anula el concurso mercantil al cual está sometida la empresa de Rojas Cardona, Gobernación sólo podrá cancelar el permiso a Emex cuando se cierre el caso.
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