Retrospectiva
Según el Informe de La Comsión de Justicia, sobre las reuniones celebradas los días 20 y 27 de septienmbre de 2011.
La primera fue la vigésima terecera reunión celebrada la tarde del día 20 de septiembre de 2011,
En asuntos generales el presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó:
"Les quiero comunicar que me llamó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quería asistir hoy a tener alguna participación en el seno de la comisión. Pero le dije que lo iba a someter a consideración de los integrantes de la comisión, para que si ustedes –seguramente quiere más presupuesto y seguramente hay que apoyarlo por el problema de los juicios orales y todo lo que traemos, que no es el momento pero ya que lo tocas–. El sistema acusatorio no acaba de establecerse integralmente y el sistema inquisitivo no acaba de desaparecer integralmente, entonces estamos en un interregno. No sabemos para dónde irnos porque ni acabamos de diseñar el nuevo sistema ni acabamos de dejar el viejo sistema. Entonces, creo que viene a hacernos algunos planteamientos de impacto presupuestal. Si ustedes están de acuerdo sería la siguiente sesión cuando recibiéramos al presidente del tribunal.
Acuerdo: se instruyó a la secretaria técnica para informar a los diputados de la comisión cuales serian los asuntos a tratar del doctor Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y sería el primer punto a tratar en la próxima sesión.
Se citó para la próxima reunión que se celebró el día el martes 27 de septiembre a las 17:00 horas:
4. Intervención del Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Posicionamiento (transcripción de la Comisión de Justicia).
El punto número cuatro tomo la palabra el magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, comentando que un problema muy serio que está viviendo todo el país, es el tema de justicia para adolescentes.
"Quiero hacer una exposición muy breve a efecto de no hacerlo aburrido, porque a lo que quiero llegar es a convencerlos del gravísimo problema que está travesando el país en materia de justicia para adolescentes. La fábrica de delincuentes que tenemos en la juventud ha hecho que se generen problemas en la justicia para adultos, que no hemos el Estado en general saber atajar, no lo hemos atajado. Quiero también llamar la atención en el tema del control de la convencionalidad, de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció, y así empiezo yo diciendo que desde el 20 de noviembre de 1989 se aprueba por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano desde el 26 de enero de 1990, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la que ya se plantea desde entonces la problemática política, social y educativa que gira alrededor de los menores de 18 años.
El artículo 37 señala que ningún niño sea sometido y para eso llaman a menores de 18 años, sea sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que no se prive de su libertad ilegal o arbitrariamente. Nada de esto estamos cumpliendo y no hablo del Distrito Federal, sino estoy hablando absolutamente de todo el país; será sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
En virtud de lo anterior, el Estado mexicano emite las siguientes disposiciones; se crea un sistema especializado en justicia para adolescentes, que se publica por decreto, en el que se declaran reformados los artículos constitucionales 5º y 6º y se recorren en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El famoso sistema especializado de justicia para adolescentes todavía adolescentes lo seguimos esperando. Posteriormente, el 14 de agosto de 2009 se crea el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 2º transitorio, etcétera, etcétera, para el efecto de otorgar un plazo de un año a la Federación para expedir sus leyes y establecer las instituciones correspondientes, situación que sigue aún pendiente.
Por falta de esa ley federal, compañeros legisladores, si me permiten el término de compañeros que mucho me honra, les diría yo que se ha motivado un desorden terrible en todo el país. Es decir, hay entidades federativas que tienen penalidades máximas de 3 años, el Distrito Federal la tiene de 5; estados hermanos la tienen de 7 y otros estados llegan a tener hasta 20 años, lo que significa un desorden en la penalidad tremenda, con una misma acción, con una misma edad, con una misma inmadurez. Un menor es sancionado por la misma acción en una entidad federativa, con 20 años y en otra entidad federativa con 3 años máximo.
El tema del famoso Ponchis, en el estado de Morelos es verdaderamente dramático, la crueldad con la que asesina y priva de la vida a sus víctimas, la edad se refleja en una penalidad de 2.8 años de prisión, cuando en otra entidad federativa, por la quinta parte de lo que hizo este personaje, hubiera sido sometido a una pena privativa de libertad de 20 años.
No hay congruencia, no hay programa. Yo los exhorto a nombre de todos los juzgadores mexicanos, a que saquemos esa ley lo más pronto posible porque de haber salido en tiempo y en forma se hubiera señalado a las legislaturas estatales una política de uniformidad al menos en la penalidad, pero en fin. Se sigue esperando esa ley general. E
El 14 de noviembre del año 2007 se publica la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, que entra en vigor el 6 de octubre del año 2008. Para darles datos que he tomado de la Procuraduría General de la República y de algunas de nuestra Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se consigna un promedio anual de más de 3 mil asuntos nuevos. La Ley de Justicia para Adolescentes nos obliga a darle seguimiento a todos los casos de menores infractores, hasta el tema de su reinserción y su readaptación social, cosa que a la fecha no se ha conseguido no sólo en el Distrito Federal, sino en ninguna entidad federativa.
El delito que más se comete entre los adolescentes es el delito de robo, le sigue el de lesiones, le sigue el de la portación de armas y delitos contra la salud, que son de índole federal y que están atendiendo los poderes Judiciales locales. El 20 por ciento de los asuntos que recibe el Tribunal Superior de Justicia son asuntos de corte federal, y en general de los 312 mil asuntos que manejamos en nuestro Tribunal Superior de Justicia en todas sus vertientes; familiar, civil, mercantil y penal, más del 5 por ciento pertenecen y corresponden a las entidades federativas, es decir, la capitalidad paga un costo importante no solamente en materia de vialidad y de servicios públicos, sino también paga un costo importante en materia de justicia.
Es decir, aquellos asuntos cuyas jurisdicciones son prorrogables, vienen al Distrito Federal a litigar en nuestros tribunales. Les decía, de los 312 mil asuntos que se recibieron el año pasado, un poco más del 5 por ciento de ellos corresponden a las entidades federativas, y así recibimos asuntos de tipo penal, de tipo civil, de tipo mercantil fundamental y de tipo familiar, que correspondería resolverlo a otras entidades federativas. Les decía que el 20 por ciento de los asuntos que recibe nuestro Tribunal en materia de menores son de corte federal.
Según los datos recabados por la UNICEF y aportados por diversas organizaciones, entre 25 y 35 mil jóvenes han sido reclutados por el crimen organizado. Ése precisamente es el tema más grave, el tema de sicarios juveniles y decirles que al menos en nuestro tribunal cada vez estamos sentenciando a gente con menores edades, cada vez va reduciéndose el promedio de la edad. El reclutamiento de niños y adolescentes se explica en parte por la inmunidad constitucional para no responder penalmente por sus actos, aunque hayan asesinado, aunque hayan secuestrado y aunque hayan torturado.
Según datos de PGR, el número de asuntos federales consignados se incrementa en un 15 por ciento anual. Según diagnóstico entre los año 2007 y 2008 existió un promedio de mil 450 adolescentes, en 2009 y 2010 un promedio de mil 914 y en lo que va de enero a agosto de 2011, se han reportado al menos aquí en el Distrito Federal, un decremento, decremento en materia de delincuencia juvenil, pero no deja de ser importante porque estamos sobrepasando más de dos mil asuntos.
En el Distrito Federal, decía, de 2009 a 2010 se incrementó un 34 por ciento el número de delincuentes adolescentes detenidos por delincuencia organizada, portación de armas y delitos contra la salud. Del total de homicidios cometidos sólo en 2008, en el 32.59 por ciento tuvieron responsables a personas entre los 18 y los 24 años. La edad de la mayoría de los jóvenes consignados oscila entre los 16 y los 18 años, que es la población a la que tenemos que atender, y el nivel de estudios promedio de todos estos adolescentes no sobrepasa la secundaria. Desde el año 2008, en que se inició la operación del Sistema de Justicia para Adolescentes, no se han invertido mayores recursos presupuestales para su consumación, se opera en las instalaciones, al menos en el Distrito Federal, que dejó el Consejo Tutelar para Menores que no atiende las características ni las condiciones del nuevo sistema, y por lo mismo se hace especialmente a cuestiones de seguridad que no cumplen con las condiciones mínimas indispensables. Las instalaciones no han sido modificadas y es precisamente para lo que viene el Distrito Federal a pedir auxilio, y les viene a pedir auxilio por una razón; el Distrito Federal desde toda su historia se ha convertido, ahora ya con otras entidades federativas hermanas, ha cobrado un liderazgo en ciertas materias.
Antes, particularmente antes históricamente, se esperaba que el Distrito Federal legislara en ciertas materias para el efecto de que las entidades federativas replicaran sus modelos. Los modelos que se pueden utilizar aquí en el Distrito Federal en materia de justicia para adolescentes, creo yo que podrían ser replicados en otras entidades federativas. Hoy tenemos entidades federativas al igual que la Federación, que carecen de una Ley de Justicia para Adolescentes, en consecuencia yo no me explico como juzgador cómo pueden ser sentenciados aquellos menores que han infringido ley, cuando hoy todavía carecen de un sistema legislativo adecuado para sancionarlos. En fin, hay desorden, no hay orden, estamos mal. Yo creo que de poder obtener el impulso de esta Cámara de Diputados para el efecto de apoyos presupuestales para la construcción de nuestro edificio, sería modelo en todo el país."
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