Respuesta a los ciudadanos que pretenden acudir a La Haya

Comunicado 372

SRE Martes 11 de Octubre | Comunicado # 372 | México, D.F

En relación con la intención de un grupo de personas de presentar una solicitud para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala lo siguiente:

1. El Gobierno Federal rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional. Las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan. De no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales.

2. Es convicción del Gobierno de México que sólo mediante el cumplimiento de la ley se podrá acceder a la justicia y se alcanzará el clima de seguridad que los ciudadanos reclaman. En coordinación con los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, se ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de seguridad y de justicia federales, estatales y municipales, así como para cerrar espacios de impunidad a la criminalidad, para que los delincuentes sean sometidos a la justicia y sancionados por cada uno de sus crímenes.

3. El compromiso del Gobierno Federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable. A iniciativa de la presente administración, en los últimos 5 años se ha logrado la mayor ampliación de derechos fundamentales en México. La reforma constitucional de mayor trascendencia es la que da rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por México en materia de Derechos Humanos. En ella también se establece la obligación de todos los órdenes de Gobierno de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a estas garantías fundamentales; además de que fortalece la autonomía y facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A lo anterior, se suman las nuevas leyes de migración, de refugiados y las reformas en materia de justicia penal, y la constitucional en materia de Amparo. Todas ellas, promovidas por el Gobierno Federal, representan avances cualitativos en derechos humanos y mayor certeza jurídica frente a la autoridad.

4. México es parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. El Gobierno de México asume a cabalidad su responsabilidad de promover y procurar una comunidad internacional segura, democrática y donde se haga valer tanto el Estado de Derecho como los Derechos Humanos. Por ello, ha mantenido una política de cooperación y apertura total con los órganos de Derechos Humanos, ha extendido invitaciones a todos ellos, y se llevan a cabo numerosos programas de cooperación con las autoridades nacionales. Esta cooperación fortalece las estructuras nacionales para la vigencia y pleno cumplimiento de esos derechos.

5. Hacer un llamado a que el Fiscal de la Corte Penal Internacional analice la situación de México es presentar de manera equivocada la realidad nacional. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Se justifica la acción de la Corte exclusivamente cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma. Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso.

En nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas. El Estado Mexicano actúa conforme a Derecho en el combate a las todas las organizaciones criminales que, dada la diversificación de los delitos que cometen y el alto poder de fuego de sus integrantes, ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias.

6. En México se vive un Estado de derecho en el que se combate el crimen y la impunidad, sin distingos. El Estado Mexicano actúa contra las organizaciones criminales, así como contra aquellos servidores públicos que han dado la espalda a sus deberes constitucionales y legales en perjuicio de la sociedad. Es prioridad para el gobierno la atención de las víctimas u ofendidos de tales delitos, y muestra de esto es la reciente creación de Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.

El Gobierno Federal mantiene su compromiso indeclinable con los gobiernos locales y con la sociedad mexicana de profundizar un frente común en contra de las organizaciones criminales, con el firme propósito de construir un México cada vez más seguro para las futuras generaciones.