Siete de octubre, día crucial

Columna PLAZA PÚBLICA/ Miguel Ángel Granados Chapa

7 de octubre, día crucial

Reforma,  7 Oct. 11

Hasta en pormenores protocolarios todas las certidumbres están rotas. Hoy, conforme al decreto que la creó, el Senado debía entregar la medalla Belisario Domínguez. Otras veces la ceremonia respectiva se ha aplazado, en función de la agenda presidencial. Pero esta vez ni siquiera se ha designado a la persona que la reciba. Hoy también, debían reunirse por segunda vez el presidente Calderón y el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, impulsado por Javier Sicilia. Pero la cita se cumplirá, es de esperarse, una semana después, el próximo viernes. Hoy, en fin, comienza el proceso electoral, conforme lo estipulan la Constitución y el código respectivo y lo precisa el órgano que rige las elecciones, el IFE. Pero aunque la fecha es inexorable, todavía al atardecer del jueves se ignoraban las condiciones en que empezará dicho proceso: si con seis o con nueve consejeros electorales, y quiénes ocupen esos cargos.

En el Senado ayer ni siquiera se reunió la Comisión que discierne la máxima distinción conferida por esa Cámara. Las candidaturas pueden ser presentadas libremente, pero en la mecánica del otorgamiento son las bancadas las que a partir de los méritos de los candidatos resuelven quién será el recipiendario. Generalmente son las cualidades, el historial de las personas presentadas el que las fracciones consideran. Esta vez, sin embargo, factores coyunturales han estorbado la decisión y en un caso hasta quizá logren su aplazamiento durante al menos seis semanas.

La ministra Olga María Sánchez Cordero fue presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México. La personalidad de la candidata y el valor del aval que le dio el impulso inicial han chocado con el sectarismo de una porción del grupo panista, que la rechaza por la posición de la jueza constitucional en torno a los derechos de las mujeres. La más reciente de ellas fue su alegato contra la constitucionalidad de declaraciones sobre la protección a la vida a partir de la concepción, llevadas a su respectiva Constitución por las legislaturas de Baja California y San Luis Potosí.

Ha obtenido mayor consenso la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es una figura polémica si las hay, pero cobró aceptación aun dentro de la bancada del PRI, partido al que perteneció. Sin la mínima reducción de sus prendas personales, y aun para acrecentarlas, es inevitable recordar la filiación de Cárdenas. Su padre cuenta entre el escaso puñado de presidentes de la República valorado por la sociedad, y no arrojado a las sombras del desprecio. Pero Cuauhtémoc Cárdenas no se limitó a ser hijo de papá. En realidad esperó el fallecimiento del general para desplegar sin cortapisas su interés por la vida pública. Su fidelidad al patrimonio histórico con que fue honrado lo condujo a encabezar la mayor escisión del partido gubernamental y con ella el comienzo de elecciones verdaderamente competitivas. Una figura de su dimensión, el ingeniero Heberto Castillo, fue honrado post mortem en 1997 con la Belisario Domínguez.

Pero ocurre que el 13 de noviembre próximo, apenas dentro de cinco semanas, se efectuarán elecciones en Michoacán, que Cárdenas gobernó como priista y, con su impulso ha sido regido por el PRD, el partido fundado en torno suyo, en la década reciente. Si bien el ingeniero guarda distancia con ese partido, por tratarse de su propia entidad ha estado presente en la campaña. Espíritus prácticos o mezquinos suponen o temen que recibir el blasón senatorial influya en la propaganda perredista. Se desequilibraría de ese modo, alegan, la cerrada contienda electoral, como si no fuera ya peculiar por la candidatura de la hermana del presidente de la República. De modo que aun la asignación y hasta la entrega se aplazarían hasta después de los comicios locales.

Se ha postergado también, y durante 11 meses, la designación de tres consejeros electorales. Las tres formaciones no pudieron en ese prolongado lapso construir un acuerdo que devuelva su integralidad al Consejo General del IFE, que ha rengueado porque no es lo mismo el trabajo de cinco que de ocho (quienes junto con el consejero presidente encabezan el órgano electoral). La anormalidad del Consejo se ha reflejado en empates en asuntos que requerían decisiones, en la obvia mayor carga de trabajo para los consejeros actuantes y en una división en seno del cuerpo, que lo hacen víctima de ataques de origen diverso, especialmente de los concesionarios de radio y televisión, materia espinosa en que el Tribunal electoral adoptó una peligrosa decisión, que el IFE debe instrumentar: no sólo se entregaría el control de la función electoral a una porción de los sujetos regulados, sino que se haría ante la Cámara industrial de que forman parte, ajena por entero según la ley a la materia en que ha litigado con éxito.

En la tarde del jueves estaba por consolidarse un golpe de mano de la bancada priista en San Lázaro, con exclusión del PAN y el PRD. Se procuraría en la esperablemente prolongada sesión imponer la terna compuesta por Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y David Gómez. La presencia del primero, pero no sólo la suya, indicaría que se busca ampliar al órgano electoral la presencia de Enrique Peña Nieto. Él goza ya de gran influencia en el tribunal federal, y requiere hacerla crecer en el IFE. Enrique Ochoa fue protagonista de los trámites (que incluyeron una cena en casa de la presidenta del TEPJF) para exonerar a Peña Nieto por difundir su imagen en todo el país.

CAJÓN DE SASTRE

Se frustró la maniobra del PRI para designar, sin concurso del resto de los partidos con capacidad de decisión, a los consejeros electorales. La designación tiene que alcanzar dos terceras partes de los votos presentes, y el grupo tricolor parecía haber conseguido ese porcentaje. Pero a la hora de oprimir el botón para que el tablero mostrara el resultado convenido, resultó que había un gran ausentismo; sólo 430 de 500 legisladores. Y si bien de ese modo se redujo la exigencia porcentual, por la terna priista sólo votaron los diputados de ese partido (en el supuesto que hubieran acudido todos). Se necesitaban 260 votos para la mayoría calificada, y sólo fueron marcados 242. En contra votaron 188. Bien por el fracaso de un lance abusivo. Mal porque habrá que intentar de nuevo el consenso en beneficio del IFE.

miguelangel@granadoschapa.com