Letras y Jornada /Sergio Sarmiento
Publicado en Reforma 28 de noviembre de 2011
"Si la prensa goza de la mayor libertad [...] para criticar a personajes con proyección pública, es no sólo lógico sino necesario concluir que la crítica a su labor también debe gozar de la mayor libertad..." Arturo Zaldívar
La Primera Sala de la Suprema Corte decidió este 23 de noviembre, por cuatro votos contra uno, desechar el amparo solicitado por el periódico La Jornada en un caso por daño moral contra la revista Letras Libres. La Jornada demandó a la revista por un artículo del subdirector Fernando García Ramírez de marzo de 2004 titulado "Cómplices del terror" en el que afirmaba que el periódico estaba "al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas", esto es, de la ETA vasca.
La Jornada ha cuestionado severamente a la Corte, y en particular al ministro ponente Arturo Zaldívar, por esta decisión. En un editorial de primera plana el 24 de noviembre señaló que la Corte "incurre en el absurdo jurídico de establecer un derecho prácticamente absoluto, el de la libre expresión, en detrimento de otros". Si bien se antoja paradójico que un periódico se inconforme con esta prioridad, hay un conflicto entre libertad de expresión y honor de las personas que debe reconocerse.
Las acusaciones de difamación o calumnia en nuestro país se ventilaban antes con frecuencia en el fuero penal. La acusación de Kamel Nacif, el empresario poblano, en contra de Lydia Cacho, quien en su libro Los demonios del Edén lo señaló por sus vínculos con Jean Succar Kuri, condenado en Quintana Roo por pederastia, llevó a la eliminación de los delitos de calumnia y difamación del fuero penal. En este caso La Jornada siempre apoyó a Cacho.
En 1997 La Jornada fue acusada en el fuero civil de daño moral por Ricardo Salinas Pliego (dueño de TV Azteca, empresa con la que colaboro) por un artículo de primera plana titulado "Acusan a Salinas Pliego de contratar al asesino de Rocha". El artículo de La Jornada se basaba en una denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por Héctor Hernández Urbano, quien afirmaba que Salinas Pliego había ordenado la contratación de sicarios para matar a Ricardo Rocha (en ese entonces colaborador de Televisa, hoy de TV Azteca). La denuncia era inverosímil y de hecho el denunciante fue encarcelado después por presentar declaraciones falsas. Los tribunales le dieron la razón a Salinas Pliego. La Jornada protestó contra el fallo con argumentos contrarios a los que hoy utiliza en el caso de Letras Libres.
El actual fallo de la Primera Sala es jurídicamente importante porque señala que los medios de comunicación, como los funcionarios o personajes públicos, tienen una protección menor al daño moral que las personas comunes y corrientes. Los medios de comunicación y los periodistas deben ser sometidos a los mismos criterios de exigencia a los que éstos someten a los personajes públicos.
La verdad debería ser el criterio de los fallos de difamación, calumnia o daño moral. ¿Ha cumplido el periodista o el medio con su cometido profesional de dar a conocer información veraz o cuando menos verosímil? El problema es que la verdad es en muchos casos motivo de discusión. Por eso los tribunales deben ser cautos antes de censurar. Sería muy peligroso que se impidiera a un periodista presentar una acusación, con argumentos buenos o malos, de que un periódico tiene simpatía o lazos con algún movimiento ilegal. De hecho, nadie ha tomado ninguna medida legal contra La Jornada por las acusaciones que ha hecho contra el ministro Zaldívar, la revista Letras Libres o sus directivos. Y esto me parece sano.
EJECUTADOS
Después de unos combates con militares, las FARC colombianas ejecutaron a tres policías y a un militar que mantenían secuestrados desde hace 12 años. Las FARC violan incluso las leyes de la guerra. Lo peor de todo es que en algunos años quizá se juzgue al gobierno de Colombia por crímenes de lesa humanidad, pero los crímenes de las FARC se olvidarán.
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