La intolerancia
Gloria Leticia Díaz, reportera
Publicado en la revista Proceso # 1831, 4 de diciembre de 2011.
Ante la desmesura con la que reaccionó el gobierno calderonista al conocer la demanda interpuesta en la Corte Penal Internacional de La Haya contra él, algunos de sus colaboradores y contra El Chapo Guzmán por las múltiples violaciones a los derechos humanos, abogados, académicos y activistas sociales cerraron filas con los promotores de la querella. Y éstos apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección frente a los amagos provenientes de Los Pinos. El abogado Netzaí Sandoval, quien presentó la denuncia ante La Haya, asegura a Proceso que ésta “ya pasó el primer filtro”.
El amago del presidente Felipe Calderón de proceder legalmente contra quienes critican su estrategia de guerra para combatir al crimen organizado en instancias internacionales es una muestra de la intolerancia con la que conduce su gestión.
“Nunca me imaginé que reaccionara como lo hizo sólo porque 23 mil personas ejercieran su derecho a demandarlo ante instancias internacionales, sin desvirtuar ninguno de los casos de violaciones a derechos humanos”, refiere el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, quien redactó la querella en la que solicita la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para “acabar con la impunidad” derivada de esa guerra.
El viernes 2, los abogados, intelectuales y activistas sociales que sostienen la demanda solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para evitar que se cumplan las amenazas de Los Pinos contra Sandoval Ballesteros y 31 personas más.
“Luego de la acción intimidatoria, hacemos responsable al presidente Calderón de cualquier acción legal en nuestra contra que criminalice nuestro ejercicio de derechos, y también lo responsabilizamos de cualquier acción extralegal que pueda poner en riesgo nuestra libertad e integridad”, dijeron los promotores de la demanda en un comunicado que leyeron ese día.
Loretta Ortiz, responsable del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, asegura que ante la intención de Calderón de “violar los derechos de libertad de expresión y de acceso a la justicia”, los peticionarios exhortan a la CIDH a que turne el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta instancia emita medidas provisionales de protección, las cuales tienen carácter de aplicación obligatoria para el Estado mexicano, y evitar daños irreparables.
Sandoval Ballesteros se encuentra en La Haya, Holanda, donde el 25 de noviembre entregó la querella en la que se documentan 470 casos de violaciones al derecho internacional –200 de ellos contienen expedientes de torturas de militares cometidos en instalaciones castrenses– desde diciembre de 2006.
Consultado por Proceso, el abogado se dice extrañado por la reacción de la Presidencia de la República en torno a la demanda en la que se responsabiliza a Calderón de sostener una política de seguridad que ha derivado en 50 mil asesinatos –“sólo en 2010 hubo 400 decapitaciones de personas”, asegura– y 10 mil desapariciones que se mantienen impunes.
Y expone: “En una solicitud de información dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer el número de averiguaciones abiertas por las 50 mil muertes violentas ocurridas durante este sexenio, resulta que sólo en 5% de los casos hay indagatorias”.
Resulta extraño, insiste, que a Calderón no le bastara que el 25 de noviembre la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Poiré, defensor de la estrategia de guerra del gobierno federal, emitiera un comunicado luego de que la CPI tuviera acceso a la demanda que él mismo presentó.
En ese escrito Gobernación rechazó que en el país se configuraran los supuestos establecidos por la CPI sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, delitos por los que fue acusado Calderón junto con sus secretarios de Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y de Seguridad Pública (SSP), así como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa (Proceso 1830).
Dos días después, el 27 de noviembre, la Presidencia se enfocó en los 23 mil demandantes. En un desplegado firmado por el gobierno de la República se afirma que “las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes. Constituyen verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el nombre de México, por lo cual el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente (contra ellos)”.
Durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años de la promulgación del Plan de Ayala, el día 29, Calderón continuó en la defensa de su estrategia de seguridad: “Ante esta clara amenaza (la del crimen organizado), sí hay que recordar que el deber constitucional, el deber político, el deber legal y el deber ético de cualquier gobierno democrático es combatir de frente, con la ley en la mano y con la fuerza del Estado a la delincuencia”.
Una vez más, el mandatario responsabilizó de la violencia generalizada a los delincuentes: “Y aquí hay que ser muy claros y no confundirse: a juzgar por la cosas que vemos todos los días, son, precisamente, los criminales, las bandas criminales las que buscan, a través de la amenaza, la violencia (y) el terror, violar sistemáticamente la vida, la seguridad, la libertad y el patrimonio, y los derechos básicos de las y los mexicanos”.
“Nunca me imaginé que reaccionara como lo hizo sólo porque 23 mil personas ejercieran su derecho a demandarlo ante instancias internacionales, sin desvirtuar ninguno de los casos de violaciones a derechos humanos”, refiere el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, quien redactó la querella en la que solicita la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para “acabar con la impunidad” derivada de esa guerra.
El viernes 2, los abogados, intelectuales y activistas sociales que sostienen la demanda solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para evitar que se cumplan las amenazas de Los Pinos contra Sandoval Ballesteros y 31 personas más.
“Luego de la acción intimidatoria, hacemos responsable al presidente Calderón de cualquier acción legal en nuestra contra que criminalice nuestro ejercicio de derechos, y también lo responsabilizamos de cualquier acción extralegal que pueda poner en riesgo nuestra libertad e integridad”, dijeron los promotores de la demanda en un comunicado que leyeron ese día.
Loretta Ortiz, responsable del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, asegura que ante la intención de Calderón de “violar los derechos de libertad de expresión y de acceso a la justicia”, los peticionarios exhortan a la CIDH a que turne el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta instancia emita medidas provisionales de protección, las cuales tienen carácter de aplicación obligatoria para el Estado mexicano, y evitar daños irreparables.
Sandoval Ballesteros se encuentra en La Haya, Holanda, donde el 25 de noviembre entregó la querella en la que se documentan 470 casos de violaciones al derecho internacional –200 de ellos contienen expedientes de torturas de militares cometidos en instalaciones castrenses– desde diciembre de 2006.
Consultado por Proceso, el abogado se dice extrañado por la reacción de la Presidencia de la República en torno a la demanda en la que se responsabiliza a Calderón de sostener una política de seguridad que ha derivado en 50 mil asesinatos –“sólo en 2010 hubo 400 decapitaciones de personas”, asegura– y 10 mil desapariciones que se mantienen impunes.
Y expone: “En una solicitud de información dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer el número de averiguaciones abiertas por las 50 mil muertes violentas ocurridas durante este sexenio, resulta que sólo en 5% de los casos hay indagatorias”.
Resulta extraño, insiste, que a Calderón no le bastara que el 25 de noviembre la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Poiré, defensor de la estrategia de guerra del gobierno federal, emitiera un comunicado luego de que la CPI tuviera acceso a la demanda que él mismo presentó.
En ese escrito Gobernación rechazó que en el país se configuraran los supuestos establecidos por la CPI sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, delitos por los que fue acusado Calderón junto con sus secretarios de Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y de Seguridad Pública (SSP), así como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa (Proceso 1830).
Dos días después, el 27 de noviembre, la Presidencia se enfocó en los 23 mil demandantes. En un desplegado firmado por el gobierno de la República se afirma que “las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes. Constituyen verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el nombre de México, por lo cual el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente (contra ellos)”.
Durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años de la promulgación del Plan de Ayala, el día 29, Calderón continuó en la defensa de su estrategia de seguridad: “Ante esta clara amenaza (la del crimen organizado), sí hay que recordar que el deber constitucional, el deber político, el deber legal y el deber ético de cualquier gobierno democrático es combatir de frente, con la ley en la mano y con la fuerza del Estado a la delincuencia”.
Una vez más, el mandatario responsabilizó de la violencia generalizada a los delincuentes: “Y aquí hay que ser muy claros y no confundirse: a juzgar por la cosas que vemos todos los días, son, precisamente, los criminales, las bandas criminales las que buscan, a través de la amenaza, la violencia (y) el terror, violar sistemáticamente la vida, la seguridad, la libertad y el patrimonio, y los derechos básicos de las y los mexicanos”.
Protestas ante la PGR
El mismo 29 de noviembre, 200 de los firmantes de la demanda contra Calderón acudieron a la sede de la PGR “para ponerse a disposición de la institución”. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, Alejandro Ramos Flores, coronel de justicia militar, les pidió que formaran una comisión para dialogar. Los manifestantes le pidieron al funcionario que se retirara para continuar con la protesta.
Durante la concentración leyeron un pronunciamiento en el que exponen su preocupación porque, dicen, “se pretende intimidar a los ciudadanos denunciantes”, y reiteraron su invitación al gobierno federal, en particular al presidente Calderón, “a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país”.
El documento, firmado entre otros por los juristas Diego Valadés y Genaro Góngora Pimentel, así como por defensores de derechos humanos como el obispo Raúl Vera, y académicos como Eduardo Buscaglia y Lorenzo Meyer, asienta que la amenaza lanzada por Calderón “violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 6 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La demanda ante la CPI y la actitud amenazante de Calderón a los promotores del documento llamaron la atención de los aspirantes a la Presidencia de la República.
El priista Enrique Peña Nieto declaró a un noticiario radiofónico que la queja presentada en La Haya era infundada. Arguyó que es “una obligación irrenunciable del Estado mexicano” combatir al crimen organizado; no la puede eludir, “mucho menos se puede pretender inhibir o coartar con denuncias que le impidan o limiten cumplir con esa obligación”.
Andrés Manuel López Obrador, al término de una reunión con militantes del PRD, comentó que era exagerada la reacción de la Presidencia porque, dijo, “los ciudadanos son libres para expresarse, manifestarse y acudir a cualquier tribunal”.
Entre los panistas, Santiago Creel manifestó en conferencia de prensa su desacuerdo con Calderón por “buscar llevar a cabo acciones de carácter legal en contra de quienes tienen un punto de vista distinto”, aunque estimó que la demanda no tiene futuro. Su correligionario Ernesto Cordero se lanzó contra los denunciantes, a los que llamó “calumniadores”. En un encuentro con empresarios, insistió en que “así hay que proceder”.
De los ombudsman del país, sólo el del Distrito Federal, Luis González Plascencia, defendió el derecho de los ciudadanos a acudir a la CPI para denunciar la violencia generalizada:
“Hay razones suficientes como para que se haya generado una percepción de preocupación por el número de personas en el país, por el número de desplazados. Digamos que la situación explica perfectamente bien que grupos de ciudadanos no estén contentos y estén buscando respuesta en órganos internacionales, dado que no las encuentran en el país.”
González Plascencia consideró que la reacción de Calderón no sólo fue equivocada –pues “tendría que responder ante la Corte Penal”–, sino que “genera mayor incertidumbre e intimida. Eso es muy desafortunado”.
El 30 de noviembre, horas antes de que Calderón arribara a Chihuahua, aparecieron mantas en la capital de la entidad y en Juárez con un texto que decía: “Sr. Felipe Calderón, ya tienes denuncias internacionales por apoyar a tu socio El Chapo Guzmán y por las 50 mil muertes vas a tener que responder. Atte. Ciudadanía unida por Juárez y México”.
Durante la concentración leyeron un pronunciamiento en el que exponen su preocupación porque, dicen, “se pretende intimidar a los ciudadanos denunciantes”, y reiteraron su invitación al gobierno federal, en particular al presidente Calderón, “a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país”.
El documento, firmado entre otros por los juristas Diego Valadés y Genaro Góngora Pimentel, así como por defensores de derechos humanos como el obispo Raúl Vera, y académicos como Eduardo Buscaglia y Lorenzo Meyer, asienta que la amenaza lanzada por Calderón “violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 6 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La demanda ante la CPI y la actitud amenazante de Calderón a los promotores del documento llamaron la atención de los aspirantes a la Presidencia de la República.
El priista Enrique Peña Nieto declaró a un noticiario radiofónico que la queja presentada en La Haya era infundada. Arguyó que es “una obligación irrenunciable del Estado mexicano” combatir al crimen organizado; no la puede eludir, “mucho menos se puede pretender inhibir o coartar con denuncias que le impidan o limiten cumplir con esa obligación”.
Andrés Manuel López Obrador, al término de una reunión con militantes del PRD, comentó que era exagerada la reacción de la Presidencia porque, dijo, “los ciudadanos son libres para expresarse, manifestarse y acudir a cualquier tribunal”.
Entre los panistas, Santiago Creel manifestó en conferencia de prensa su desacuerdo con Calderón por “buscar llevar a cabo acciones de carácter legal en contra de quienes tienen un punto de vista distinto”, aunque estimó que la demanda no tiene futuro. Su correligionario Ernesto Cordero se lanzó contra los denunciantes, a los que llamó “calumniadores”. En un encuentro con empresarios, insistió en que “así hay que proceder”.
De los ombudsman del país, sólo el del Distrito Federal, Luis González Plascencia, defendió el derecho de los ciudadanos a acudir a la CPI para denunciar la violencia generalizada:
“Hay razones suficientes como para que se haya generado una percepción de preocupación por el número de personas en el país, por el número de desplazados. Digamos que la situación explica perfectamente bien que grupos de ciudadanos no estén contentos y estén buscando respuesta en órganos internacionales, dado que no las encuentran en el país.”
González Plascencia consideró que la reacción de Calderón no sólo fue equivocada –pues “tendría que responder ante la Corte Penal”–, sino que “genera mayor incertidumbre e intimida. Eso es muy desafortunado”.
El 30 de noviembre, horas antes de que Calderón arribara a Chihuahua, aparecieron mantas en la capital de la entidad y en Juárez con un texto que decía: “Sr. Felipe Calderón, ya tienes denuncias internacionales por apoyar a tu socio El Chapo Guzmán y por las 50 mil muertes vas a tener que responder. Atte. Ciudadanía unida por Juárez y México”.
La queja
Por lo pronto, la querella impulsada por Netzaí Sandoval Ballesteros “pasó el primer filtro”. El 30 de noviembre, el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, declaró que el expediente contra Calderón está en análisis.
Según la agencia española EFE, el argentino Moreno Ocampo confirmó haber recibido comunicaciones no sólo de México sino de Venezuela, para llevar a juicio a Calderón y a Hugo Chávez; anunció que iniciaba la labor de “análisis de los datos presentados”, pues, dijo, su tarea es “abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados no hacen las investigaciones”.
Para Sandoval Ballesteros las declaraciones de Moreno Ocampo echan abajo las descalificaciones de abogados afines a Calderón que insisten en que la demanda es improcedente:
“Esta petición que hicimos a la Corte Penal pasó un primer filtro. Está claro que se trata de un país (México) que firmó el Estatuto de Roma, que los hechos pueden ser juzgados por la CPI por la competencia temporal, porque México lo firmó y ratificó en el gobierno de Vicente Fox, así como por la declaración del fiscal; hay un indicio de que lo que nosotros estamos narrando puede entrar dentro de la competencia de la CPI, ya pasamos una etapa formal.”
Según sus cálculos, “tan sólo en la oficina del fiscal el análisis va a durar un año o algo así, porque se antepone una etapa en la que se permite al gobierno demostrar que hay voluntad de juzgar los crímenes, y de tomar medidas efectivas para contener la violencia y castigar las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas del orden, entre ellas las de las tropas del Ejército mexicano”.
Lo que resta, dice Sandoval Ballesteros, es esperar que Moreno Ocampo intervenga como en el caso de Colombia, país sometido a un proceso de observación permanente de la CPI, lo que ha obligado a las autoridades de ese país a demostrar su capacidad y voluntad para llevar a juicio a los autores de la violencia y abusos: policías, militares, paramilitares y narcotraficantes.
“La CPI ha desarrollado un principio de complementariedad activa, que es una especie de recomendaciones que están bajo observación. Estaríamos pidiendo ese proceso, que se monitoree la situación en México. El fiscal puede pedir que se demuestre en forma efectiva que el país está capacitado para cumplir las observaciones y sancionar a los responsables de los crímenes. Si no es capaz de comprobarlo, entonces el fiscal toma en sus manos el asunto y lleva a cabo los procesos penales”, explica el abogado.
Sandoval Ballesteros adelanta que es posible que el proceso en la CPI se desarrolle después de que Calderón deje la Presidencia, por lo que corresponderá a su sucesor “atender las observaciones del fiscal”.
El próximo gobierno será el encargado de “castigar a los responsables de la crisis humanitaria que nosotros denunciamos”, puntualiza el abogado, e insiste en que Calderón “tiene responsabilidad por su omisión a sancionar a quienes cometen los crímenes de guerra y de lesa humanidad; él tiene responsabilidad por el clima de impunidad.
“Nuestra principal sospecha es que esta situación se debe a su decisión de no sancionar al Ejército mexicano, que está cometiendo agresiones sistemáticas contra la población en general.”
Si el sucesor de Calderón minimiza la situación, se niega a tomar en cuenta lo que llegue a determinar el fiscal y continúa con la misma política de impunidad, la CPI podría iniciar un proceso penal contra Calderón, reitera Sandoval Ballesteros.
Aunque aclara: “No nos interesa ver a Felipe Calderón en prisión, sino que se deje de aplicar la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las amputaciones de cuerpos. Pedimos que dejen de ser violadas mujeres y niñas por soldados mexicanos y que los cárteles de la droga dejen de reclutar a niños. Luchamos porque se tomen las medidas necesarias para recuperar la paz”.
Según la agencia española EFE, el argentino Moreno Ocampo confirmó haber recibido comunicaciones no sólo de México sino de Venezuela, para llevar a juicio a Calderón y a Hugo Chávez; anunció que iniciaba la labor de “análisis de los datos presentados”, pues, dijo, su tarea es “abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados no hacen las investigaciones”.
Para Sandoval Ballesteros las declaraciones de Moreno Ocampo echan abajo las descalificaciones de abogados afines a Calderón que insisten en que la demanda es improcedente:
“Esta petición que hicimos a la Corte Penal pasó un primer filtro. Está claro que se trata de un país (México) que firmó el Estatuto de Roma, que los hechos pueden ser juzgados por la CPI por la competencia temporal, porque México lo firmó y ratificó en el gobierno de Vicente Fox, así como por la declaración del fiscal; hay un indicio de que lo que nosotros estamos narrando puede entrar dentro de la competencia de la CPI, ya pasamos una etapa formal.”
Según sus cálculos, “tan sólo en la oficina del fiscal el análisis va a durar un año o algo así, porque se antepone una etapa en la que se permite al gobierno demostrar que hay voluntad de juzgar los crímenes, y de tomar medidas efectivas para contener la violencia y castigar las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas del orden, entre ellas las de las tropas del Ejército mexicano”.
Lo que resta, dice Sandoval Ballesteros, es esperar que Moreno Ocampo intervenga como en el caso de Colombia, país sometido a un proceso de observación permanente de la CPI, lo que ha obligado a las autoridades de ese país a demostrar su capacidad y voluntad para llevar a juicio a los autores de la violencia y abusos: policías, militares, paramilitares y narcotraficantes.
“La CPI ha desarrollado un principio de complementariedad activa, que es una especie de recomendaciones que están bajo observación. Estaríamos pidiendo ese proceso, que se monitoree la situación en México. El fiscal puede pedir que se demuestre en forma efectiva que el país está capacitado para cumplir las observaciones y sancionar a los responsables de los crímenes. Si no es capaz de comprobarlo, entonces el fiscal toma en sus manos el asunto y lleva a cabo los procesos penales”, explica el abogado.
Sandoval Ballesteros adelanta que es posible que el proceso en la CPI se desarrolle después de que Calderón deje la Presidencia, por lo que corresponderá a su sucesor “atender las observaciones del fiscal”.
El próximo gobierno será el encargado de “castigar a los responsables de la crisis humanitaria que nosotros denunciamos”, puntualiza el abogado, e insiste en que Calderón “tiene responsabilidad por su omisión a sancionar a quienes cometen los crímenes de guerra y de lesa humanidad; él tiene responsabilidad por el clima de impunidad.
“Nuestra principal sospecha es que esta situación se debe a su decisión de no sancionar al Ejército mexicano, que está cometiendo agresiones sistemáticas contra la población en general.”
Si el sucesor de Calderón minimiza la situación, se niega a tomar en cuenta lo que llegue a determinar el fiscal y continúa con la misma política de impunidad, la CPI podría iniciar un proceso penal contra Calderón, reitera Sandoval Ballesteros.
Aunque aclara: “No nos interesa ver a Felipe Calderón en prisión, sino que se deje de aplicar la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las amputaciones de cuerpos. Pedimos que dejen de ser violadas mujeres y niñas por soldados mexicanos y que los cárteles de la droga dejen de reclutar a niños. Luchamos porque se tomen las medidas necesarias para recuperar la paz”.
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