Wikileaks se lanza contra la industria del espionaje
Assange acusa a 160 empresas de la industria de inteligencia de 25 países de vender "su tecnología a cualquier país del mundo"
Walter Oppenheimer Londres
El País, 1 DIC 2011
Julian Assange ha denunciado el jueves en Londres algo que no era exactamente un secreto en la ciudad que ha protagonizado el escándalo de las escuchas ilegales del difunto tabloide News of The World: que es muy fácil interceptar un teléfono móvil. El fundador de WikiLeaks ha lanzado en la capital británica su última campaña: la difusión de 287 documentos que quieren poner en evidencia los sistemas de interceptación masiva que se han desarrollado en occidente, en particular desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Acompañado de media docena de expertos y periodistas de investigación, Assange ha denunciado a 160 empresas de la industria de inteligencia de 25 países “que venden su tecnología a cualquier país del mundo”.
El periodista francés Jean Marc Manach ha presentado el caso de la empresa francesa Amesys, a la que ha acusado de haber vendido su tecnología al depuesto y linchado dictador libio Muamar el Gadafi. Esa tecnología habría permitido a Gadafi espiar desde Trípoli a opositores al régimen residentes en Londres, por ejemplo. Manach ha difundido una lista de direcciones electrónicas de numerosos opositores e incluso un abogado británico que trabaja para la Oficina de Investigación Periodística, que estaban en posesión del aparato represor del dictador libio.
La mayoría de los documentos son folletos de propaganda de las empresas en los que estas describen las capacidades de sus productos
El problema es que Assange y sus colaboradores no han podido citar a otras empresas que hayan colaborado con regímenes dictatoriales, aunque han sostenido que tienen una connivencia generalizada con los regímenes árabes en los que se están viviendo revueltas en los últimos meses. Tampoco han podido acusar a ninguna otra empresa concreta de haber cometidos actos ilegales, más allá de considerar ilegal vender a un régimen dictatorial material que puede ser utilizado para reprimir. Pero eso es algo que ocurre con muchos otros productos enmarcados en la categoría de tecnologías de doble uso: se pueden utilizar para bien o para mal.
La periodista italiana Stefania Maurizi, por ejemplo, admitió que las escuchas legales salvaron la vida de un colega suyo de la revista L’Espresso que iba a ser asesinado por la mafia. Por eso, a su juicio el problema es que habría que regular esa actividad y perseguir el espionaje ilegal.
“Es verdad que todos sabemos desde hace tiempo que ese tipo de actividades existen, pero al verlo reflejado de forma tan cruda en esos documentos me convencí de la importancia del tema”, declaró. Pero la inmensa mayoría de los documentos son meros folletos de propaganda de las empresas en los que estas describen las capacidades de sus productos.
Assange discrepó de Maurizi en un aspecto: en su opinión no se trata de un problema de regulación del sector sino de que los gobiernos faciliten a las personas potencialmente afectadas los instrumentos que les permitan contrarrestar esas tecnologías. El problema en este caso es que él mismo había dicho que hay millones de potenciales afectados: todos los que posean teléfonos móviles tan populares como iPhone, Blackberry o Android.
Jacob Appelbaum, un experto independiente en seguridad cibernética que actualmente trabaja con la Universidad de Washington y desde hace tiempo vinculado a WikiLeaks, insistió en que la cuestión de la legalidad o ilegalidad de las actividades de esas empresas es un asunto accesorio. “El problema es que estas compañías están enviando gente a países como Siria en un momento en que están matando a mujeres y niños y disparando a la gente entre los ojos. Por lo tanto lo de menos es que digan que esa tecnología tiene buenas intenciones cuando saben que se está utilizando para perseguir a adversarios políticos, como ha estado ocurriendo en Siria, en Túnez, en Egipto, lo que ha ocurrido en Libia. Estas compañías conocen muy bien la situación política de esos países e intentan mantener esas relaciones en secreto. Y este es un asunto muy serio que no se puede tomar a la ligera”, declaró.
El periodista francés Jean Marc Manach ha presentado el caso de la empresa francesa Amesys, a la que ha acusado de haber vendido su tecnología al depuesto y linchado dictador libio Muamar el Gadafi. Esa tecnología habría permitido a Gadafi espiar desde Trípoli a opositores al régimen residentes en Londres, por ejemplo. Manach ha difundido una lista de direcciones electrónicas de numerosos opositores e incluso un abogado británico que trabaja para la Oficina de Investigación Periodística, que estaban en posesión del aparato represor del dictador libio.
La mayoría de los documentos son folletos de propaganda de las empresas en los que estas describen las capacidades de sus productos
El problema es que Assange y sus colaboradores no han podido citar a otras empresas que hayan colaborado con regímenes dictatoriales, aunque han sostenido que tienen una connivencia generalizada con los regímenes árabes en los que se están viviendo revueltas en los últimos meses. Tampoco han podido acusar a ninguna otra empresa concreta de haber cometidos actos ilegales, más allá de considerar ilegal vender a un régimen dictatorial material que puede ser utilizado para reprimir. Pero eso es algo que ocurre con muchos otros productos enmarcados en la categoría de tecnologías de doble uso: se pueden utilizar para bien o para mal.
La periodista italiana Stefania Maurizi, por ejemplo, admitió que las escuchas legales salvaron la vida de un colega suyo de la revista L’Espresso que iba a ser asesinado por la mafia. Por eso, a su juicio el problema es que habría que regular esa actividad y perseguir el espionaje ilegal.
“Es verdad que todos sabemos desde hace tiempo que ese tipo de actividades existen, pero al verlo reflejado de forma tan cruda en esos documentos me convencí de la importancia del tema”, declaró. Pero la inmensa mayoría de los documentos son meros folletos de propaganda de las empresas en los que estas describen las capacidades de sus productos.
Assange discrepó de Maurizi en un aspecto: en su opinión no se trata de un problema de regulación del sector sino de que los gobiernos faciliten a las personas potencialmente afectadas los instrumentos que les permitan contrarrestar esas tecnologías. El problema en este caso es que él mismo había dicho que hay millones de potenciales afectados: todos los que posean teléfonos móviles tan populares como iPhone, Blackberry o Android.
Jacob Appelbaum, un experto independiente en seguridad cibernética que actualmente trabaja con la Universidad de Washington y desde hace tiempo vinculado a WikiLeaks, insistió en que la cuestión de la legalidad o ilegalidad de las actividades de esas empresas es un asunto accesorio. “El problema es que estas compañías están enviando gente a países como Siria en un momento en que están matando a mujeres y niños y disparando a la gente entre los ojos. Por lo tanto lo de menos es que digan que esa tecnología tiene buenas intenciones cuando saben que se está utilizando para perseguir a adversarios políticos, como ha estado ocurriendo en Siria, en Túnez, en Egipto, lo que ha ocurrido en Libia. Estas compañías conocen muy bien la situación política de esos países e intentan mantener esas relaciones en secreto. Y este es un asunto muy serio que no se puede tomar a la ligera”, declaró.
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