FCH recibe informe 2011 de la CNDH

El Presidente Calderón atestiguó este viernes 3 de febrero de 2012, la presentación del Informe de Actividades 2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que encabeza el Doctor Raúl Plascencia Villanueva.

Parte del discurso:

“Tengo la impresión de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha entrado a una dinámica renovada, fortalecida y muy activa a partir de la Presidencia del doctor Plascencia Villanueva, y eso es bueno para México por donde quiera que pueda verse.

“La seguridad en sí misma, es un derecho humano, un derecho al que deben tener acceso todas las mexicanas, todos los mexicanos, todos quienes estén presentes en el territorio nacional. Y es, además, en cierta manera, la base para poder ejercer las demás libertades consagradas en nuestra Constitución.

“..Y es por ello, también, que celebro que durante el lapso de esta Administración Pública se pudiera concretar, por el Constituyente Permanente, las reformas tan trascendentales, como es la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, con la que, entre otras cosas, se elevó a rango constitucional todos los derechos humanos contenidos en los tratados suscritos por México y, desde luego, ratificados por el Senado de la República.

De la misma forma, no es trivial, no es menor, la reforma que se hizo a la legislación de Amparo, que extiende la protección de la justicia Federal, no sólo a quien lo solicita, sino a toda persona que se encuentra en la misma situación jurídica; es decir, se introduce por primera vez en México el principio erga omnes de las resoluciones judiciales en materia de Amparo.

También, se ha realizado una importante ampliación de derechos en materia de fondo y en materia procesal de carácter penal; es decir, en nuestro sistema de justicia, que, qué duda cabe, lo reconocemos, sigue siendo una fuente de violación de derechos humanos, principalmente de la denegación de justicia.

La reforma, que se ha implementado en el país, propuesta al Congreso desde el inicio de la Administración, y aprobada ya, y en su fase transicional de ejecución, es una reforma que tiene una clarísima perspectiva de derechos humanos.

Y con la aprobación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal transitaremos de un sistema inquisitorial, a uno acusatorio y presencial, con juicios orales, públicos, procesos simplificados, y una estructura de igualdad de las partes en el proceso, con un principio enfático, también, de atención y protección a víctimas.

Son éstas y otras reformas las que se han realizado en este periodo gubernamental. No omito la modificación de otras leyes, que también tienen un contenido sustancialmente abocado a los derechos humanos….”

Al final subrayó el Jefe del Ejecutivo federal:

Primero. Quiero reiterar que las Fuerzas Federales tienen instrucciones explícitas de actuar con apego a la legalidad y a los derechos humanos, que su procedimiento regular es el de detener a criminales y llevarlos ante las autoridades correspondientes, sea que actúen en flagrancia o por mandato judicial….

“..Como lo he señalado, también, los criterios en materia de custodia y preservación de evidencia, que también son fundamentales para garantizar derechos humanos en materia de administración de justicia, ya están considerados en la iniciativa que ya presenté, también, al Congreso de la Unión, de reformas al Código de Procedimientos Penales de carácter Federal y que, desde luego, está también pendiente de ser analizado y de ser dictaminado por el Legislativo.

En este punto, quiero, también, señalar que, a mi juicio, es evidente. Es evidente que lo deseable es que sean las propias entidades federativas, las que, a través de sus cuerpos policiales de carácter civil, cuerpos policiacos confiables y capacitados, entre otras cosas, en derechos humanos, sean las que primariamente se encarguen de las tareas de seguridad, precisamente, en el ámbito local.

Desgraciadamente, lo sabemos, una buena parte de las entidades federativas no cuentan con tales cuerpos policiacos y de cumplimiento de la ley, por lo menos no con tales características.

Por lo tanto, es, precisamente, en  atención a los derechos humanos que todos queremos proteger, es urgente que se corrija esa omisión; que se cumpla con la ley, en particular, la Ley de Seguridad Pública, para que se integren, se constituyan y se fortalezcan cuanto antes tales cuerpos de seguridad y de justicia, y que sean cuerpos civiles capacitados en materia de derechos humanos, los que hagan frente a esa tarea.

Esa es una forma en la cual podremos reducir de manera considerable cualquier comisión de actos violatorios de derechos humanos y, desde luego, dar respuesta a la sensible y justificada preocupación de la Comisión y de la sociedad.

Segundo. Quiero reiterar, señor Presidente, que el Gobierno Federal tiene un firme compromiso con la atención a las víctimas de la violencia. Ellas son, a final de cuentas, la razón de nuestra lucha y la razón de lo que hacemos….

En concreto, en el caso de las víctimas, fue que en atención a una demanda creciente en la sociedad, que creamos la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia. Es una respuesta a una muy sentida y justificada demanda de la sociedad, que exige una mejor atención a quienes han sido lastimados por los criminales o por las autoridades….

PROVÍCTIMA ha atendido, ha apoyado a casi cuatro mil personas en toda la República. Cuatro mil personas en 100 días, con atención jurídica, médica, sicológica y asistencia social….

Tercero. Y como señalé en diciembre, también, el Gobierno Federal tiene el compromiso, y un compromiso firme, de aceptar y de cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con pleno respeto a su autonomía y a la autoridad que le ha sido conferida.

“…El punto cuarto. El Gobierno Federal tiene el compromiso y la convicción cabal de cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quinto. Conscientes de la relevancia que tiene en estos momentos tan delicados el tema de seguridad, todo el personal, como he dicho, Federal, que actúa o que está vinculado con tales asuntos, debe tener necesariamente la preparación y la capacitación adecuada en derechos humanos.

Sexto. Estamos trabajando para ofrecer mejor protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. El mecanismo de protección a periodistas, integrado por dependencias del Gobierno Federal y de la CNDH, y en el que participan, incluso, representantes de Naciones Unidas, ha atendido los 11 casos que se han presentado, y ya ofrece protección a los afectados.

Séptimo. En cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, que ya aludí, estamos trabajando por modernizar nuestro marco jurídico e impulsando tareas de armonización legislativa.

Quiero recordar que en octubre del 10 presenté al Congreso una iniciativa que busca, entre otras modificaciones, reformar la jurisdicción y el fuero militar, para que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan delitos de desaparición forzada de personas, de violación o de tortura, sean juzgados invariablemente por tribunales civiles y no militares, en estricto apego a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Igualmente, giré instrucciones para que las Fuerzas Armadas establezcan los procedimientos necesarios para declinar de manera regular al fuero ordinario, al fuero civil, las acciones que se sigan por violaciones a derechos humanos donde estén involucrados civiles…

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El discurso completo:

Muy buenos días.

Señor doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Distinguidas, distinguidos integrantes, Consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Distinguidas, distinguidos galardonados con el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Muy estimados Presidentes de las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos.

Distinguidos Legisladores.

Distinguidos invitados especiales.

Señoras y señores:

Me es muy satisfactorio recibir en la Residencia Oficial de Los Pinos el Informe que constitucionalmente debe rendir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por conducto de su Presidente.

Como bien ha dicho el doctor Plascencia, ésta es la última ocasión en que me corresponde recibir el Informe de la Comisión, en mi calidad de Presidente de la República, y quiero reconocer el trabajo responsable, el trabajo serio, el trabajo firme que realiza este organismo autónomo, encabezado por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, en la promoción y en la defensa de los derechos fundamentales en México, no sólo de los mexicanos.

Tengo la impresión de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha entrado a una dinámica renovada, fortalecida y muy activa a partir de la Presidencia del doctor Plascencia Villanueva, y eso es bueno para México por donde quiera que pueda verse.

A lo largo de estos años, efectivamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno Federal hemos trabajado juntos, con la plena convicción de que el fortalecimiento de nuestra democracia, de nuestro desarrollo como país, debe tener como un pilar fundamental e irrenunciable la preservación y protección de los derechos humanos.

Nos ha tocado, en este esfuerzo, en este camino que hemos recorrido juntos y, afortunadamente, sobre la base del respeto mutuo, del entendimiento y de la colaboración en el propósito común de los derechos humanos en nuestro país, vivir momentos muy difíciles para la Patria. Momentos en que hemos enfrentado, en particular, un fenómeno delincuencial de enorme agresividad.

Y sabemos que nuestro deber es trabajar por la seguridad de los ciudadanos, sin menoscabo de la protección de los derechos.

La seguridad en sí misma, es un derecho humano, un derecho al que deben tener acceso todas las mexicanas, todos los mexicanos, todos quienes estén presentes en el territorio nacional.

Y es, además, en cierta manera, la base para poder ejercer las demás libertades consagradas en nuestra Constitución.

Por ende, coincido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que la protección y defensa de los mismos, debe ser el principio de acción de todo Gobierno y, desde luego, del Gobierno Federal.

Y es por ello, también, que celebro que durante el lapso de esta Administración Pública se pudiera concretar, por el Constituyente Permanente, las reformas tan trascendentales, como es la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, con la que, entre otras cosas, se elevó a rango constitucional todos los derechos humanos contenidos en los tratados suscritos por México y, desde luego, ratificados por el Senado de la República.

De la misma forma, no es trivial, no es menor, la reforma que se hizo a la legislación de Amparo, que extiende la protección de la justicia Federal, no sólo a quien lo solicita, sino a toda persona que se encuentra en la misma situación jurídica; es decir, se introduce por primera vez en México el principio erga omnes de las resoluciones judiciales en materia de Amparo.

También, se ha realizado una importante ampliación de derechos en materia de fondo y en materia procesal de carácter penal; es decir, en nuestro sistema de justicia, que, qué duda cabe, lo reconocemos, sigue siendo una fuente de violación de derechos humanos, principalmente de la denegación de justicia.

La reforma, que se ha implementado en el país, propuesta al Congreso desde el inicio de la Administración, y aprobada ya, y en su fase transicional de ejecución, es una reforma que tiene una clarísima perspectiva de derechos humanos.

Y con la aprobación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal transitaremos de un sistema inquisitorial, a uno acusatorio y presencial, con juicios orales, públicos, procesos simplificados, y una estructura de igualdad de las partes en el proceso, con un principio enfático, también, de atención y protección a víctimas.

Son éstas y otras reformas las que se han realizado en este periodo gubernamental. No omito la modificación de otras leyes, que también tienen un contenido sustancialmente abocado a los derechos humanos.

La Ley de Refugiados, por ejemplo, que constituye un notable avance en la materia, y que, en conjunto con las mencionadas: la de Amparo, la Reforma en Materia de Derechos Humanos, en sí misma, y ésta, de Refugiados, constituyen en su conjunto la ampliación más grande de libertades y de garantías jurídicas en la historia contemporánea de México.

Al mismo tiempo, como decía, esto ha sido posible, muchos de estos ordenamientos, porque se creó un ambiente de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo. También, hay que decirlo, en cierta parte, y hasta donde ello es posible, con el Poder Judicial.

Y es, precisamente, en este ámbito en donde se dieron la formulación de iniciativas, la concreción de los debates legislativos y, finalmente, su aprobación.

Pero, también, y hay que reconocerlo en toda su magnitud, también, en este periodo se ha vivido enfrente de uno de los más grandes desafíos que le haya tocado enfrentar al país. Como decía, un fenómeno delincuencial de enorme magnitud y agresividad, criminales que secuestran, que roban, que extorsionan a los mexicanos de bien y que son la mayor amenaza, a mi juicio, para los derechos de las personas.

Delincuentes que amenazan y asesinan a periodistas, que amenazan y asesinan a defensores de derechos humanos. Delincuentes que, además, son quienes mayormente abusan, no sin complicidad de ciertos agentes de la autoridad, de los derechos de los migrantes.

Grupos violentos, que incluso han buscado incidir en los procesos democráticos, poniendo en riesgo nuestras instituciones.

Esta violencia de los criminales es una realidad, una realidad que lamentablemente existe y que nos indigna a todos por igual. Estoy seguro.

Ante esa realidad y ante la petición, ante el verdadero clamor de ayuda, expresado por ciudadanas y ciudadanos de varias partes del país, que sufren esta situación de delincuencia y violencia en algunas regiones de México.

Ante la petición, además, explícita de sus autoridades, señaladamente los Gobernadores, pero, también, en muchos casos, los Poderes Legislativos locales, el Gobierno de la República ordenó apoyar a esas autoridades para que, coadyuvando con  ellas,  se combatiese la delincuencia y su violencia, con estricto apego a la ley.

Vale la pena recordar, siempre, que en tales acciones, las Fuerzas Federales asumen sus deberes constitucionales y legales de cumplir y hacer cumplir la ley, que es el primer mandato de cualquier gobernante; de coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública, que es una responsabilidad compartida entre instancias de Gobierno; de preservar la seguridad interior del país, que es una misión explícita de las Fuerzas Armadas y, desde luego, la de apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, tanto Federal como estatal.

Por eso, quiero subrayar, además, que las Fuerzas Federales actúan conforme a mandatos constitucionales. Y no sólo eso. Quiero subrayar que actúan bajo órdenes explícitas, también, de conducirse con pleno respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas.

Desafortunadamente, es cierto, se han dado casos de actos violatorios de los derechos humanos, algunos de ellos muy graves. Y sin embargo, debo decir, también, que en todos los casos en que hemos tenido conocimiento de tales hechos, el Gobierno mexicano no sólo los ha  condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los autores de los mismos, ante los tribunales competentes.

Tales violaciones, independientemente de su número o distribución geográfica, son inadmisibles, por supuesto, son repudiables y, como tales, son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano.

Debemos decir, también, que en torno a la magnitud del problema, no son de  ningún modo sistemáticas, ni resultado de una política institucional. En México existe una política de Estado, y ésta es para garantizar los derechos humanos de todas las personas.

También, he dicho que, por lo mismo, la Estrategia Nacional de Seguridad ha entrado a una nueva etapa. A una etapa en la que iríamos más a fondo, precisamente, en este tema, que es la protección de los derechos  humanos.

Una etapa en la que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en todos los niveles, particularmente, en el orden local, tuviese siempre éste énfasis.

Y por ello,  estamos implementando políticas públicas que resulten más eficaces, que mejoren el marco normativo para la protección y defensa de los derechos humanos, y que enfaticen, precisamente, la razonable exigencia, la absolutamente justificada exigencia de respeto, sin excepciones, de respeto escrupuloso a la observancia a los derechos humanos.

En ese sentido, en el pasado mes de diciembre, en la Entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos, anuncié una serie de medidas, a las que quiero referirme nuevamente, precisamente, para darles un seguimiento no sólo desde la Presidencia de la República, sino desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desde la sociedad civil.

Primero. Quiero reiterar que las Fuerzas Federales tienen instrucciones explícitas de actuar con apego a la legalidad y a los derechos humanos, que su procedimiento regular es el de detener a criminales y llevarlos ante las autoridades correspondientes, sea que actúen en flagrancia o por mandato judicial.

Que para garantizar que esto ocurra en todos los casos y atendiendo a las instrucciones que he comentado, las instituciones Federales responsables de la seguridad están actualizando directivas y construyendo protocolos claros sobre el uso legítimo de la fuerza; protocolos sobre detenciones y puestas a disposición de la autoridad, así como de preservación de evidencia y cadena de custodia, que guíen sus actuaciones.

Hoy reitero esa instrucción y, además, instruyo a todas las Fuerzas Federales y a las dependencias del Gobierno Federal no sólo a garantizar la aplicación de esta instrucción, sino que en este mismo mes de febrero emitan, sin excepción, las directivas actualizadas para hacerla efectiva y actuar en todo momento con apego a tales directivas.

También seguiremos avanzando en la capacitación permanente y pido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que nos ayude, nos siga ayudando, precisamente, en la capacitación de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros agentes ministeriales Federales y de los agentes de la Policía Federal.

Nuestro objetivo es que todo servidor público implicado en labores de cumplimiento de la ley, de seguridad y procuración de justicia, tenga un conocimiento, una capacitación adecuada en materia de derechos humanos, como un principio fundamental de la corrección y cancelación de los abusos que puedan presentarse en el cumplimiento de tales tareas.

Como lo he señalado, también, los criterios en materia de custodia y preservación de evidencia, que también son fundamentales para garantizar derechos humanos en materia de administración de justicia, ya están considerados en la iniciativa que ya presenté, también, al Congreso de la Unión, de reformas al Código de Procedimientos Penales de carácter Federal y que, desde luego, está también pendiente de ser analizado y de ser dictaminado por el Legislativo.

En este punto, quiero, también, señalar que, a mi juicio, es evidente. Es evidente que lo deseable es que sean las propias entidades federativas, las que, a través de sus cuerpos policiales de carácter civil, cuerpos policiacos confiables y capacitados, entre otras cosas, en derechos humanos, sean las que primariamente se encarguen de las tareas de seguridad, precisamente, en el ámbito local.

Desgraciadamente, lo sabemos, una buena parte de las entidades federativas no cuentan con tales cuerpos policiacos y de cumplimiento de la ley, por lo menos no con tales características.

Por lo tanto, es, precisamente, en  atención a los derechos humanos que todos queremos proteger, es urgente que se corrija esa omisión; que se cumpla con la ley, en particular, la Ley de Seguridad Pública, para que se integren, se constituyan y se fortalezcan cuanto antes tales cuerpos de seguridad y de justicia, y que sean cuerpos civiles capacitados en materia de derechos humanos, los que hagan frente a esa tarea.

Esa es una forma en la cual podremos reducir de manera considerable cualquier comisión de actos violatorios de derechos humanos y, desde luego, dar respuesta a la sensible y justificada preocupación de la Comisión y de la sociedad.

Segundo. Quiero reiterar, señor Presidente, que el Gobierno Federal tiene un firme compromiso con la atención a las víctimas de la violencia. Ellas son, a final de cuentas, la razón de nuestra lucha y la razón de lo que hacemos.

Y por ello, estamos impulsando que en todos los niveles de Gobierno avancen las investigaciones de todos y cada uno de los casos, para que quienes han sufrido de la acción de los criminales, encuentren pronto la justicia que con toda razón demandan.

El motivo de la lucha es, justamente, que no haya más mexicanos que sean víctimas de la violencia criminal, y que si lo son, tengan una respuesta de los aparatos de justicia.

Por eso, es indispensable que a cada delito que se cometa en el país, trátese lo mismo desde un robo o un homicidio, tenga una autoridad ministerial que investigue ese delito, conforme lo manda la Constitución en los ámbitos competentes. Ésta es una parte medular para construir la sociedad justa que queremos.

En concreto, en el caso de las víctimas, fue que en atención a una demanda creciente en la sociedad, que creamos la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia. Es una respuesta a una muy sentida y justificada demanda de la sociedad, que exige una mejor atención a quienes han sido lastimados por los criminales o por las autoridades.

En sus primeros 100 días de operación, la Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia, y agradecemos mucho a la Comisión que nos haya permitido utilizar, además, el acrónimo de la Comisión, PROVÍCTIMA.

PROVÍCTIMA ha atendido, ha apoyado a casi cuatro mil personas en toda la República. Cuatro mil personas en 100 días, con atención jurídica, médica, sicológica y asistencia social.

Debemos decir, además, que requerimos fortalecer la Procuraduría Social de Atención a Víctimas, y pido, en este sentido, también, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sigamos y que podamos coordinar esfuerzos para que la atención de las víctimas pueda ser una tarea distribuida y que haya una sinergia de recursos públicos, sea en la Procuraduría, sea en la propia PGR, sea en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sea en las propias dependencias locales de derechos humanos, que podamos, entre todos, atender este problema enorme en nuestra sociedad.

La atención a las víctimas no puede sustentarse con esfuerzos aislados. Todas las instituciones del Estado, de todos los niveles de Gobierno, debemos cerrar filas para llevar justicia a quien lo exige.

Y, por ello, celebro el trabajo que en este sentido realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impulsada por su Presidente, e instruyo a la Procuradora de Atención a Víctimas, aquí presente, a que estreche los vínculos con este organismo para que el trabajo conjunto se refleje en una mejor atención a los ciudadanos.

Tiene que haber sinergias, sinergias, en este caso, de la Procuraduría de Atención a Víctimas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero, también, con los órganos de derechos humanos de las entidades, con los Poderes Legislativos estatales y Federales, porque todos ellos cuentan con comisiones de atención a víctimas o de atención al público o de atención a ciudadanos, de atención ciudadana.

Todos tenemos algo que ver con las víctimas y todos debemos abocarnos a resolver su apremiante problemática.

Quiero, también, señalar, amigas y amigos, que la mayoría de los delitos que lastiman a los ciudadanos, contra lo que pudiera pensarse por lo dramática que es la información relativa a la violencia criminal, la mayoría de tales delitos que lastiman a los ciudadanos son del fuero local; concretamente, por ejemplo, el delito de robo ocupa el 84 por ciento de los delitos que se cometen en el país.

Lo mismo éste, como la extorsión, como el secuestro o el homicidio simple, por ejemplo, son del fuero local y su atención  corresponde, precisamente, a las autoridades locales.

En particular, es fundamental subrayar ello, porque corresponde primariamente a las autoridades iniciar las investigaciones en estos delitos, independientemente de la competencia que derive, una vez que se colecten las evidencias y los indicios de cada uno de los hechos.

Es indispensable que los estados busquen mecanismos para ofrecer una mejor atención a los casos delictivos, a la investigación de los mismos y a las víctimas, para que podamos cerrar las heridas que la violencia criminal ha abierto en el país.

En diciembre, también, señalé la necesidad de avanzar en el Registro de Personas No Localizadas. Éste es un tema que hemos analizado, con preocupación, con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Él me ha extendido, insistentemente, la preocupación de la Comisión  por este tema. Y por eso, en ese sentido, la Procuraduría General de la República, el 18 de enero, solicitó a todos los Gobernadores, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, información sobre el estado que guarda la construcción de este registro en cada entidad.

Tenemos protocolos que se han propalado ya entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia locales para, precisamente, abocar la capacidad nacional de procuración de justicia, a registrar a las víctimas, a registrar a las personas desaparecidas, y a iniciar las averiguaciones correspondientes en cada ámbito competencial.

Así que, no puedo más que exhortar  a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno para que aceleremos el paso, de manera que construyamos una base de datos creíble de personas no localizadas, que pueda estar listo en el primer trimestre, en el segundo trimestre de este año.

Y agradezco, nuevamente, la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la construcción de dicha base de datos.

Tercero. Y como señalé en diciembre, también, el Gobierno Federal tiene el compromiso, y un compromiso firme, de aceptar y de cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con pleno respeto a su autonomía y a la autoridad que le ha sido conferida.

Y he dialogado, precisamente, con el Presidente para revisar, incluso, personalmente los casos o las circunstancias por las cuales las recomendaciones en determinados eventos no hayan sido aceptados o cumplimentados.

Como ya se ha dicho, sin embargo, hay que considerar que de las más de 20 mil quejas recibidas por la Comisión en el año, se han emitido 95 recomendaciones; 75 han sido para dependencias del Gobierno Federal. Y he instruido a las dependencias responsables para que aceleren los trabajos que permitan darles un cumplimiento cabal.

En el caso particular de la recomendación sobre cateos ilegales, a lo que se ha hecho referencia, también instruyo a las Fuerzas Federales y a los agentes del Ministerio Público para que sean estrictos en el cumplimiento de esta recomendación.

También exhorto respetuosamente a los gobiernos locales para que impulsen su cumplimiento. Buena parte de los operativos que pueden caer en estos casos, son competencialmente responsabilidad de las autoridades locales.

Las autoridades Federales actuarán, redoblarán el esfuerzo para actuar con apego a la legalidad en los casos de cateos o de pesquisas que se realicen en domicilios de personas físicas o morales.

De la misma manera, quiero señalar la apertura del Gobierno Federal al escrutinio de organismos internacionales especializados en la materia. Y en ese sentido.

El punto cuarto. El Gobierno Federal tiene el compromiso y la convicción cabal de cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También, hemos atendido de manera insistente, las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las dependencias y entidades de la Administración Pública están atendiendo dentro de su ámbito de competencia todas esas sentencias y todas esas resoluciones.

Es de destacar, por ejemplo, que en el año hemos avanzado en el cumplimiento de varias de las sentencias de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Señaladamente, debo recordar que el propio Secretario Francisco Blake, que en paz descanse, impulsó decididamente estos cumplimientos; se realizaron actos de desagravio y de reconocimiento de responsabilidad en distintas partes de la República; en el Estado de Chihuahua, él mismo iría personalmente al Estado de Guerrero dos días después de la fecha en que lamentablemente falleció. El Secretario de Gobernación en funciones, el encargado del Despacho, cumplió con esa recomendación. Fue en el caso de Radilla. Y, finalmente, la Corte Interamericana dio por cumplimentado esa instrucción.

Y estamos haciendo esfuerzos, además, por cumplir todas las observaciones que los distintos casos pendientes de resolución tienen consideradas para México. Y es, quizá, la primera vez que el Gobierno mexicano explícitamente está cumpliendo o dando cumplimiento a estas sentencias de Corte Interamericana.

Quinto. Conscientes de la relevancia que tiene en estos momentos tan delicados el tema de seguridad, todo el personal, como he dicho, Federal, que actúa o que está vinculado con tales asuntos, debe tener necesariamente la preparación y la capacitación adecuada en derechos humanos.

Por eso, vamos a intensificar en estos 10 meses que restan de mi Administración las labores de capacitación en todas las instituciones Federales. Y nuevamente, pido y agradezco la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tal materia.

Sexto. Estamos trabajando para ofrecer mejor protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. El mecanismo de protección a periodistas, integrado por dependencias del Gobierno Federal y de la CNDH, y en el que participan, incluso, representantes de Naciones Unidas, ha atendido los 11 casos que se han presentado, y ya ofrece protección a los afectados.

La labor de los periodistas es fundamental para el país, porque ahí está el baluarte de la libertad de prensa y de expresión. Es el mismo caso de los defensores de los derechos humanos, quienes han sido baluarte para la consolidación de los derechos fundamentales de las personas, y hoy se ven amenazados, al igual que los periodistas, por criminales.

Por ello, la Secretaría de Gobernación está trabajando con diversas organizaciones civiles, en un mecanismo que permita brindarles mayor seguridad.

La amenaza, precisamente, contra periodistas y defensores de derechos humanos proviene, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en otros países o, incluso, en éste, la principal amenaza contra su integridad, su libertad y su vida, no proviene de las instancias de Gobierno. Proviene de las organizaciones criminales y, por supuesto, las instancias de Gobierno tenemos una responsabilidad de velar por esa seguridad, cuya omisión constituye, efectivamente, una materia de exigencia en el terreno de los derechos humanos.

Séptimo. En cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, que ya aludí, estamos trabajando por modernizar nuestro marco jurídico e impulsando tareas de armonización legislativa.

Quiero recordar que en octubre del 10 presenté al Congreso una iniciativa que busca, entre otras modificaciones, reformar la jurisdicción y el fuero militar, para que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan delitos de desaparición forzada de personas, de violación o de tortura, sean juzgados invariablemente por tribunales civiles y no militares, en estricto apego a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Igualmente, giré instrucciones para que las Fuerzas Armadas establezcan los procedimientos necesarios para declinar de manera regular al fuero ordinario, al fuero civil, las acciones que se sigan por violaciones a derechos humanos donde estén involucrados civiles.

De manera tal, que hoy reitero esa instrucción, e independientemente de los recursos que puedan alegar para que la competencia permanezca en el terreno militar, los defensores de los acusados, desde la Procuraduría Militar se insista, precisamente, en esos procedimientos de declinación de competencia.

Señor Presidente.

Señores Comisionados:

Recibo, desde luego, con el compromiso, no sólo de revisar, sino de cumplir las recomendaciones de la Comisión contenidas en este Informe, que hoy presenta en cumplimiento de la ley.

Quiero reiterarles a ustedes y a los mexicanos que sabemos muy bien que la seguridad es un derecho humano que debe disfrutarse plenamente y que, al mismo tiempo, la defensa de los derechos humanos es un principio indeclinable, que no puede ser sacrificado por otro principio, como el de la seguridad pública. Es necesario y esa es mi convicción, que es posible, tenemos que hacerlos absolutamente compatibles.

Por eso, por una parte, el Gobierno Federal no cejará en su empeño por combatir a la delincuencia y proteger a los mexicanos, sin titubeos ni medias tintas. Y

Y, por la otra, lo seguiremos haciendo dentro del marco de la legalidad, con las herramientas institucionales que brinda nuestra democracia, sin cancelar derechos ni garantías para nadie, respetando los derechos humanos, y en aquellos casos donde agentes del orden público violen tales derechos, que reciban el castigo que la ley establece.

Como Presidente de la República, seguiré trabajando por la seguridad hasta el final de mi mandato, porque creo en la seguridad como un elemento fundamental para alcanzar un México justo, seguro y próspero.

Creo, también, en los derechos humanos como baluarte de la democracia, y como condición indispensable para el desarrollo de los ciudadanos. Y por eso, también, seguiré trabajando por los derechos humanos hasta el último día de mi mandato.

Creo en la democracia como el único camino para alcanzar una sociedad justa y libre. Y, ante todo, creo en la libertad humana como la base de una vida personal y social digna.

Todos los mexicanos debemos seguir trabajando en la construcción de una sociedad, que no será verdaderamente humana, mientras en ella no se respeten los derechos fundamentales.

Por eso, estoy convencido de que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, por muy apremiantes que sean las circunstancias que, evidentemente, vivimos, son, precisamente, la base de una sociedad más fuerte, que esté destinada a triunfar  sobre cualquier adversidad.

Los mexicanos de esta generación, estamos sembrando la semilla de un México mejor. Una sociedad que se construye con ciudadanos, que son, finalmente, los verdaderos protagonistas, los verdaderos héroes, que abrazan apasionada y congruentemente, en especial, la causa de los derechos humanos, es también una sociedad destinada a superar sus desafíos.

Está en nosotros, está en ustedes, defensores de derechos humanos, que esa semilla se convierta en los árboles frondosos que cubran con una sombra de justicia y de libertad, y de democracia, a nuestro país y a los hijos que vendrán después de nosotros.

Muchísimas gracias por este Informe.