VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIÓ, EL PRESIDENTE NACIONAL DEL CEN DEL PRI SENADOR PEDRO JOAQUÍN COLDWELL.
Roberto Calleja Ortega, Secretario de Prensa del CEN del PRI (RCO): Compañeras y compañeros, buenos días. Gracias por acudir a nuestra invitación.
El señor presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, quien encabeza esta conferencia de prensa, dará lectura a un documento, que es el objeto central de esta conferencia.
Y ojalá, las preguntas que ustedes tengan, se refieran al tema central que nos ocupa.
Le acompaña el licenciado Raúl Cervantes Andrade, secretario de Asuntos Jurídicos, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, que como ustedes saben, recientemente fue designado vocero del Comité Ejecutivo Nacional.
Escuchemos al presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Pedro Joaquín Coldwell (PJC): Muchas gracias. Aprecio la asistencia de ustedes a esta rueda de prensa.
El motivo por el cual los hemos convocado es que disponemos de información de que el Gobierno Federal está realizando acciones tendientes a una eventual remoción del titular de la FEPADE, siendo la FEPADE, junto con el IFE y el TRIFE, una trilogía de instituciones que son fundamentales en su desempeño para que el proceso electoral se lleve a cabo en condiciones de imparcialidad, equidad, certeza y objetividad, como disponen nuestra Constitución.
He tomado la determinación de enviarle una carta a la señora procuradora general de la República, cuyos términos, le quiero pedir al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del Comité Ejecutivo Nacional, que se los dé a conocer a ustedes, gracias.
Eduardo Sánchez Hernández, vocero del CEN del PRI (ESH): Gracias, muy buenos días.
Maestra Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la República.
Muy distinguida procuradora:
Como es de su conocimiento, el próximo 1 de julio se celebrarán elecciones federales para renovar las dos Cámaras del Congreso de la Unión y elegir al próximo Presidente de la República. Igualmente, habrá elecciones concurrentes en 15 entidades de la federación.
En este contexto, cobra vital importancia contar con instituciones fuertes y confiables en el ámbito electoral, incluyendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), adscrita a la Procuraduría General de la República.
Cabe referir que en diversos medios de comunicación se ha mencionado la posible sustitución del Fiscal Especializado titular de la FEPADE, no obstante que el actual proceso electoral federal inició desde el pasado 7 de octubre de 2011, información que no ha sido desmentida.
Como entidad de interés público, nos parece que sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la FEPADE e igualmente, nos interesa conocer las causas por las cuales se removería al actual fiscal.
En fechas recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional.
Es inadmisible que la FEPADE se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.
Hay que recordar que la creación de la FEPADE se generó a raíz del impulso y solicitud que el Instituto Federal Electoral acordó a través de su Consejo General, razón por la cual, genera desconfianza que en pleno desarrollo del proceso electoral, existan versiones de una eventual sustitución del mencionado servidor público, por un nuevo titular que pudiera ser susceptible a recibir consignas político-partidarias.
El PRI reitera su irrestricto apego a la ley y a las instituciones del país.
El PRI no defenderá a nadie que actúe fuera de la ley, incluyendo a sus propios militantes.
Sin embargo, nos oponemos a que se pretenda aplicar la ley, violando la ley.
Nos oponemos también a que se pretenda manipular la aplicación de la ley como un distractor de los problemas y la difícil realidad que viven millones de mexicanos: desempleo, pobreza e inseguridad.
México no olvida que durante los gobiernos de Acción Nacional el número de desempleados se ha incrementado 166 por ciento, es decir, hoy hay 1.5 millones de desempleados más que a finales del año 2000, de acuerdo con datos del INEGI.
El país tampoco olvida que entre 2000 y 2010, 5 millones de mexicanos cayeron en condiciones de pobreza, de acuerdo con información pública de CONEVAL.
Las familias de México no olvidan que la violencia se ha disparado, cobrando al menos 47 mil 515 vidas a septiembre de 2011, según cifras de la propia Procuraduría General de la República.
Lamentamos que los recursos institucionales del Estado mexicano se distraigan con fines político-partidarios, en lugar de atender y resolver estas problemáticas.
En este contexto, apelamos a su reconocido profesionalismo para que la institución a su cargo se apegue a los principios de imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad, que deben imperar en el proceso electoral.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida colaboración.
Atentamente, “democracia y justicia social, senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Esta carta, se le dirige copia a todos y cada uno de los consejeros del Instituto Federal Electoral.
La carta esta bien redactado salvo los últimos cinco párrafos que están fuera de lugar; ¿que tienen que ver?
Y en las sesión de preguntas y respuestas.
Les recordó Riberto cajlleja a los reporteros de la fuente: “Vamos a dar paso a las preguntas que tengan ustedes a bien formular. Repito, ojalá y sean centradas en este tema.
Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula: -Buenos días, disculpe presidente, la pregunta que yo le formularía. Yo sé que las instituciones son muy importantes, el que se remueva a la gente o no puede ser importante, ¿pero tiene sentido estar reaccionando por parte del partido a rumores de que van a removerlo, y sobre todo, cuando la propia FEPADE, sinceramente, señor, creo que para la mayoría de la gente no ha servido de nada, porque formalmente no hay ningún delincuente que haya perseguido la FEPADE, realmente, y lo hayan metido por algún delito electoral?, salvo algunas excepciones, ¿tiene sentido reclamar esto bajo rumores, por rumores?
PJC: Se trata de una institución que es fundamental para el proceso, y además, han habido una frecuencia de hechos que apuntan a que el Gobierno Federal para apuntalar a su partido está haciendo un uso faccioso de la procuración de justicia.
Y me parece que habiendo una institución como esta, que surgió por un planteamiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral al gobierno y que tiene una gran relevancia en el desarrollo del proceso y en la investigación y persecución de delitos de corte electoral, o sea, tiene que ver mucho con la limpieza electoral.
Esta modificación no debe hacerse, si hay un relevo en proceso, no debe hacerse en la opacidad.
Lo que nos parece es que se está preparando en lo más recóndito de oficinas del Gobierno Federal, sin explicar si existe o no una causa justificada.
Los índices de gestión que tenemos nosotros de la fiscalía, indican que sí está trabajando adecuadamente.
En este momento voy a pedir que me lo pasen, para dárselos a conocer, en un momento más.
Entonces, lo que queremos saber es por qué esta decisión no se transparenta, cuál es la causa por la cual una vez iniciado este proceso electoral, que estamos prácticamente en el corazón del proceso electoral, el gobierno está planteando la remoción de este titular.
¿Cuál es la razón?, ¿a quién se pretende poner en su lugar?, ¿qué perfiles tiene?, lo que demandamos es transparencia en este punto.
Raymundo Pérez, Milenio (RP): Gracias, buenos días. Preguntarle a Pedro Joaquín, ¿no es paranoica esta posición del PRI?
PJC: ¿No es qué, perdón?
RP: ¿No es paranoica la posición del PRI?, porque no ha sucedido la remoción de este personaje, insisto, como decía Juan Carlos, se basan en rumores. No hay un hecho, ¿no es muy paranoica?
La segunda pregunta, preguntarle la posición del PRI sobre este periodo de entre campañas, ¿ustedes también pedirían al IFE definición sobre lo que se puede o no se puede hacer en este periodo o cuál sería la postura del PRI en ese aspecto?
PJC Disponemos de información fehaciente que indica que esta decisión está en proceso de tomarse, y se está realizando -como decía yo- en la más absoluta opacidad. Estamos demandando que se haga con absoluta transparencia y que se expliquen si existen causas justificadas o no para remover al titular de la FEPADE.
No es una institución menor del proceso electoral, y me parece que si el gobierno presume de tener credenciales democráticas, debe de explicar las causas de esta remoción.
Respecto a la otra parte de su pregunta, sí, desde luego, es importante que el IFE defina las actividades que pueden desempeñarse durante este periodo de silencio o de intercampaña, como se le llama.
Es importante que los partidos instruyamos a todos nuestros candidatos y tengamos claridad y certeza sobre lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse, para evitar acusaciones de campañas anticipadas.
Arturo Cerda, Televisa (AC): Gracias, buenos días. Solamente para preguntarle señor presidente, ¿esto que están hoy diciendo es una, es digamos, la expresión de un temor o una acusación formal, una denuncia ante la sociedad de una intención política del manejo de la justicia?
PJC: Estamos demandando al gobierno explicaciones, información a los partidos y a la sociedad sobre por qué en pleno proceso electoral se toma una decisión como esta de, eventualmente, sustituir al titular de la fiscalía, ¿cuál es la razón?, ¿por qué ahorita?
Sabemos, porque lo hemos vivido, que hace 6 años en Jalisco, a una semana de las elecciones el candidato del PRI fue acusado falsamente de actividades ilegales de delincuencia organizada. Este candidato era el primer lugar en las encuestas, eso influyó en el resultado electoral, en los días siguientes, resultó que todo era absolutamente falso.
A lo largo de este sexenio, hemos visto que este tipo de golpes, que degradan a las instituciones de procuración de justicia y minan la confianza en la democracia, se repitieron en el caso de Guerrero, en el caso de “el michoacanazo” y otras acciones similares que sufrieron también militantes de otros partidos que eran candidatos, donde, evidentemente Acción Nacional tenía intereses electorales.
Por eso creemos que esta decisión, lo que estamos pidiendo, que se abra, que se transparente, que el gobierno nos expliqué porqué motivos quiere hacer esta remoción, ¿hay causas para hacerlo?, ¿cuáles son esas causas?, ¿a quién se pretende nombrar en la fiscalía?
Omar Aguilar, MVS (OA): Presidente, qué tal, buenos días. Tocando todavía el tema judicial, me gustaría saber qué paso con la averiguación previa que interpusieron en la PGR, por la filtración del caso de los gobernados acusados, presuntamente, de narcotráfico.
PJC: Antes de contestar esta pregunta, voy a complementar la respuesta que le dí a Juan Carlos Santoyo. Los datos que obran en la información oficial de la procuraduría, respecto a los índices de la FEPADE, son los siguientes: en el último año y medio, el promedio mensual de asuntos iniciados se incrementó en 74 por ciento respecto de los años anteriores.
En los últimos 18 meses, se ha consignado el equivalente al 34.6 por ciento del total, desde que se creó la fiscalía.
Respecto a las órdenes de aprehensión en 2011, se obtuvo el 75.31 por ciento de las solicitadas.
En el 2011 el 92 por ciento de las sentencias son condenatorias, lo que está demostrando que hay una eficacia punitiva, o sea, los índices de gestión nos indican que la institución, bajo su actual titular, está funcionando.
Por eso es que cabe preguntarse por qué la remoción en el corazón del proceso electoral.
Respecto a la investigación de la denuncia por la violación del sigilo judicial que interpuso el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no tenemos conocimiento de cuál haya sido el resultado.
Esperemos que pronto la Procuraduría General de la República nos dé cuentas al respecto.
Pensamos que es una averiguación muy fácil de realizar, que debe dar resultados en el corto plazo, porque los custodios de esos expedientes son funcionarios de la SIEDO, y esos expedientes se encuentran en las instalaciones de la propia Procuraduría General de la República.
Entonces, es una investigación que debe realizarse en casa.
Ricardo Gómez, El Universal (RG): Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Preguntarle, ¿cuál es el riesgo de que el gobierno haga oídos sordos a esta petición de su partido, y en un momento dado, conforme a sus facultades legales que le otorga la ley, haga este nombramiento, haga esta sustitución, como dice usted, en pleno proceso preelectoral?, ¿qué otras acciones tomaría el PRI en caso de que este escenario se concretará?
Y si usted me permite, preguntarle, hemos visto en las últimas horas, fin de semana, arrecia la pugna entre priistas y panistas, ya los panistas con una candidata formal, a una semana de esta elección, vemos que se empiezan a… los discursos cada vez son más fuertes, ayer Eruviel Ávila hace una defensa a ultranza de Peña Nieto.
Quisiera yo tener su opinión de este ambiente, usted también ayer hace declaraciones fuertes en Jalisco, este ambiente se empieza a crispar, empieza tomar forma, color preocupante, ¿qué opinión le merece este tipo de situaciones?, muchas gracias.
PJC: Nosotros estimamos que, desde luego, el presidente de la República tiene facultades para nombrar al fiscal. Si lo hacen en una decisión que no expliquen las razones del cambio, y llegaran a nombrar en sustitución del actual titular a un funcionario a modo para manipular las investigaciones de (inaudible) sobre irregularidades electorales a lo largo de la campaña, esto contribuiría a un deterioro del clima político que debe de prevalecer en la campaña.
Minaría la confianza en las instituciones, y creo que pondría en duda las credenciales democráticas del gobierno. Haría, evidentemente, ante la sociedad, esta manipulación de la justicia, que ya empieza a afectar el proceso que debiera desarrollarse dentro de un clima de confianza en estas instituciones.
Es fundamental, para que el proceso electoral marche adecuadamente, que exista un funcionamiento de gran imparcialidad y de apego a la legalidad, tanto del IFE, como del TRIFE, como por supuesto, de la FEPADE.
Insisto, son tres instituciones que surgieron durante los gobiernos priistas, y que han posibilitado la transición democrática. Son el tripie donde descansa la fortaleza de los procesos electorales mexicanos. Si el gobierno los erosiona, si el gobierno los daña, va a afectar, indudablemente, nuestros procesos de corte electoral.
Ciertamente, los discursos han tomado un tono más alto en los últimos días, por parte del PRI, lo que estamos señalando es un diagnóstico de la realidad económica y social por la cual está atravesando el país.
Nos parece que -y lo decimos en esta carta- el gobierno, una de las razones por las cuales está criminalizando los procesos electorales, es para lanzar cortinas de humo y desviar la atención sobre la dura realidad que vive el país.
El gobierno se niega a reconocer lo que millones de mexicanos viven todos los días. Hay una violencia desatada en todo el territorio nacional. Hay una inseguridad que cada día limita más la libertad de tránsito de los mexicanos. El país está estancado económicamente. El desempleo está creciendo.
En los últimos 2 años, se incrementó la pobreza en 5 millones de pobres, y este uso faccioso de la justicia le está sirviendo al gobierno para lanzar este tipo de cortinas mediáticas que distraigan la atención sobre esta lacerante situación de seguridad y de bajas perspectivas económicas por las que está pasando el país.
Jenaro Villamil, Proceso (GV): Buenos días, senador. Sobre este uso faccioso de la justicia que usted señala, ¿la FEPADE, por ejemplo, en algún momento dado tendría que investigar este tipo de contexto o de casos como el de Tamaulipas? Y en segundo lugar, la otra pregunta, ¿qué ha sucedido con la propuesta del PRI, sobre el acuerdo para blindar las campañas electorales de la presencia del crimen organizado, se procesó algo en la FEPADE?
PJC: Sí Jenaro, la FEPADE solamente investiga delitos de corte electoral.
Las investigaciones sobre posibles hechos de delincuencia organizada, ésas corresponden a la SIEDO.
Sin embargo, tenemos el caso, por ejemplo, de las elecciones de Michoacán, donde dentro de las denuncias que la FEPADE recibió y las investigaciones que realizó, señaló que no había visto involucramiento del crimen organizado en las elecciones o coacción del voto, por parte del crimen organizado en las elecciones, lo cual hubiera sido un delito electoral: la coacción sobre los votantes.
¿Y la otra pregunta, cuál era?
JV: El pacto del blindaje.
PJC: ¿Ah, el pacto? Nosotros ya implementamos las medidas internas que tomamos al interior del partido, la comisión ya se instaló, ya se está trabajando, ya ha señalado los distritos donde va a llevar a cabo auditorias a nuestros propios militantes.
Ya vamos a iniciar la capacitación, una vez que tengamos candidatos ya aprobados en las convenciones, que serán la próxima semana.
Iniciaremos la capacitación de sus coordinadores financieros, y hemos planteado ante el Instituto Federal Electoral un proyecto de blindaje que ya fue aprobado por este consejo y que vamos a cumplir cabalmente.
Adolfo Sánchez, Notimex (AS): Este temor que tiene el PRI, se debe principalmente, o bueno, se origina por lo que pasó en Michoacán, cuando no ganó la candidata panista al denunciar hechos de que se vinculaba al crimen organizado de haber participado en el proceso electoral, la sentencia del tribunal, en la sala regional, de que les anuló la elección en Morelia, en Michoacán, y de lo que pasó este fin, recientemente, en el IFE, donde casi casi les (inaudible) no tomó en cuenta, bueno, no sancionó ni al PAN ni al PRD por el cierre de campañas, ¿no?, de los candidatos a la presidencia municipal de Morelia y sí sancionó al del PRI anulando la elección.
¿Este temor no se da por la situación que se está generando, el uso faccioso?
PJC: No es temor, es una exigencia que estamos planteando en la cual estamos precisando que el gobierno ajuste su conducta a la ley, esa es la exigencia que estamos dando y le estamos exigiendo transparencia en la toma de decisiones cruciales.
Que nos explique claramente por qué se está preparando un cambio en la FEPADE, que no ha sido explicado ni a los partidos políticos ni a la sociedad ni a los consejeros del IFE, esta es la posición que estamos señalando.
Y desde luego, que hay una serie de hechos acumulados que nos llevan a tener una profunda desconfianza de las acciones de este gobierno porque concatenados hemos visto un uso faccioso de la procuración de justicia.
Lo reitero, el caso de Jalisco, hace seis años con la anterior administración panista; los hechos de “el michoacanazo”; Acapulco y otros más que ustedes conocen, tanto o mejor que yo.
Alejandro Colón, La Prensa (AC): Quiero preguntarle si justamente esta conferencia que se dá, de manera inusitada, porque se reacciona a un hecho que todavía no sucede, es una parte de una sospecha -porque no tienen temor- a que la FEPADE pueda ser utilizada como instrumento para golpear al PRI, por una parte.
Y por otra parte, ¿ustedes estarían descalificando, antes de conocerse, a un nuevo titular de la FEPADE?, gracias.
PJC: Nosotros lo que exigimos es claridad en la toma de decisiones, y que tengan una lógica, que tengan una racionalidad.
La pregunta que nos formulamos es, ¿por qué en este momento se va a cambiar a un titular de la FEPADE, cuyos índices de gestión, según los datos de la propia procuraduría, muestran que la institución está funcionando?, ¿Cuál es la razón de hacer este cambio en este momento?
Estamos demandando una explicación del gobierno, que nos diga qué causa justificada existe para la remoción de un funcionario de esta naturaleza.
Si no están pensando hacerlo, pues que nos lo aclaren. Y si lo están pensando, que nos digan ésta causa y que también nos señalen qué perfil va a venir aquí, porque sería muy grave para el sano desarrollo de nuestro proceso que se pretenda sustituirse por un funcionario a modo, que no esté dispuesto a hacer valer la autonomía técnica de la cual, competencia, facultad que tiene, esta fiscalía, y que es fundamental para su buen desempeño.
Enrique Méndez, La Jornada (EM): Para preguntarle, ¿por qué no nos cuenta la historia completa, es decir, quién está presionando al fiscal o quién ha estado presionando al fiscal para que tome decisiones que no ha querido tomar, esto es que haya actuado en el caso de Michoacán, que haya actuado en otros casos en contra de priistas?, ¿es el presidente, es el secretario de Gobernación?, porque esa versión que ustedes nos presentan hoy ha estado ya manejándose entre priistas.
Quién es el que presionando?
PJC: La información de que disponemos es que se le está pidiendo la renuncia, me parece que es de parte de las explicaciones que el gobierno tiene que darnos a todos, de las que estamos solicitando. Pero bueno, es desde los altos mandos del gobierno, y justo para evitar caer en un terreno de especulaciones, es que demandamos transparencia en la toma de esta decisión.
Adriana Hernández, 24 Horas (AH): Buenos días, senador. Al fin nos tocó a las mujeres, ¿no?, puro hombre estaba ahorita en la mañana, nada más el comentario, ¿no?, porque llegamos temprano.
Senador, a mí me gustaría saber si esta sospecha que ustedes, pues han manifestado, la vayan a compartir con otros partidos, con el PRD e incluso con Nueva Alianza, con otros partidos, para que pueda ser una exigencia conjunta, ya que corren el peligro, tanto ustedes como el PRD, con “el michoacanazo” y otros casos que se han dado, gracias.
PJC: Pues nosotros estamos planteando lo que consideramos que se debe de hacer para garantizar que no se use de manera facciosa la procuración de justicia y favorecer al partido Acción Nacional, y cometer injusticias, como ha sido en el pasado, donde gente que, incluso ha pasado, ha sido privada de su libertad, y luego con el “usted perdone” ya pasada la elección, liberada.
Esperamos que los otros partidos políticos también pues se sumaran a esta acción, que no es una causa estrictamente partidista, sino es una demanda, insisto, de transparencia en una toma de decisión para que todos los partidos políticos tengamos garantías de legalidad y de imparcialidad en el desarrollo del proceso.
Respecto a la carta, va a ser entregada en unos momentos más en las oficinas de la titular de la Procuraduría General de la República.
Muchas gracias a todos.
Fuente. CEN del PRI
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