Sesión ordinaria Cámara de Senadores. 14 de Marzo de 2012
Presidencia del Senador José González Morín.
En el siguiente apartado del Orden del Día, tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional sobre delitos contra periodistas.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Sí se omite la lectura, senador presidente.
-EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Muchas gracias. El dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo. Por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Informo a ustedes que el senador Ricardo Monreal entregó el texto de su intervención sobre este asunto, el cual se integrará al Diario de los Debates.
Informo también a la asamblea que para la discusión del proyecto de decreto se han inscrito por las comisiones el senador Melquiades Morales y el senador Alejandro Zapata, y para fundamental su voto por los grupos parlamentarios, el senador Santiago Creel, el senador Carlos Jiménez Macías, el senador García Zalvidea, el senador Jorge Legorreta y el senador Ericel Gómez Nucamendi.
En consecuencia, tiene la palabra por las comisiones el senador Melquiades Morales.
-EL C. SENADOR MELQUIADES MORALES FLORES: Señor presidente, señores integrantes de la Mesa Directiva, señoras y señores senadores.
Con el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que hoy sometemos a su consideración, se pretende adicionar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución, para dar respuesta a una demanda sentida de la sociedad y a los distintos convenios internacionales que sobre la materia nuestro país ha suscrito y con ello establecer medidas para preveer y sancionar los atentados a la libertad de expresión.
Con la adición al párrafo segundo de dicho artículo, se establece un mecanismo de excepción que permite atraer al ámbito federal la facultad de conocer también de los delitos del furo común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta.
En el actual contexto democrático que vive la República, los profesionales del periodismo ejercen tres funciones básicas.
Proporcionan a la ciudadanía información para que pueda fundamentar sus decisiones, expresan sus ideas y posturas sobre los asuntos públicos; vigilan, publican y denuncian abusos cometidos por la autoridad gubernamental.
En síntesis, el periodismo genera a la sociedad información, expresa diferentes posturas sobre un mismo problema público y vigila el actuar de quienes ejercen el poder tareas históricas del periodismo, surgidas de los diversos movimientos sociales e históricos.
Con la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, se pretende contar con un marco jurídico adecuado para investigar violaciones a este derecho de las personas que ejercen la noble y elevada profesión del periodismo.
La propuesta de otorgar a las autoridades federales la facultad de atracción, no tiene como objeto invadir las esferas de competencia de las autoridades estatales, sino que pretende, como lo señala el propio dictamen, que la federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza trascienden en el ámbito de las entidades federativas.
Así las cosas, podría establecerse que esta facultad será ejercida en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales así lo soliciten o bien a petición de la víctima u ofendido, cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público local.
Con este mecanismo de colaboración, la fuerza de las instituciones federales, como son la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, de Seguridad Pública y otros organismos que combaten la delincuencia organizada y desorganizada, articularan acciones para prevenir y combatir delitos cometidos contra el ejercicio de la libertad de expresión.
De aprobarse esta reforma, la federación de forma subsidiaria y complementaria a las competencias originarias podrá asumir de manera directa la conducción de las investigaciones a fin de atender y resolver dichas transgresiones a derechos fundamentales, como en el caso concreto lo es la libertad de expresión ejercida a través de la actividad periodística a efecto de no conculcarle a la víctima su derecho de acceso a la justicia.
Permitirá la posibilidad de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, la respuesta en el ámbito sus tantito para la persecución e investigación de este tipo de delitos, pues hasta ahora tiene una capacidad limitada de acción, ya que continuamente los tribunales del Poder Judicial-Federal, invocan un discutible criterio de incompetencia de origen de la Fiscalía Especial.
La libertad de expresión es pues, un indicador de nivel de consolidación de la democracia en el país y un fiel reflejo del ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
Reiteramos que la violación de la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo representa un daño no sólo a las personas sino a la sociedad en su conjunto.
En tal virtud, señores senadores, solicito a ustedes su voto aprobatorio a este dictamen con lo que fortaleceremos el sistema de derechos humanos y nuestra democracia.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias al Senador Melquíades Morales.
Quisiera dar la bienvenida a este recinto, a nombre del Senado de la República, primero al Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General del Universal; a Roberto Rock, Director Editorial de El Universal; a David Aponte, Subdirector; a José Carreño Carlón también colaborador de esa casa editorial, bienvenidos todos al Senado de la República a acompañarnos en la discusión de este importantísimo tema que hoy nos ocupa. (Aplausos)
Bienvenido, Juan Francisco, Roberto, Pepe, David.
Tiene ahora la palabra el Senador Alejandro Zapata Perogordo, para fundamentar el dictamen también por parte de las Comisiones.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: Con su venia, Presidente.
Honorable Asamblea.
Distinguidos asistentes.
Algo que ha establecido esta Cámara de Senadores durante la presente Legislatura ha sido las libertades.
Hemos hecho reformas constitucionales en materia de libertades y derechos. Yo no concibo un país democrático que aspire a tener desarrollo si no se protege ni garantiza las libertades de las personas que en él habitan.
Así pues, el día de hoy se hace una reforma, no es todavía una reforma completamente concluida, pero sí abre la puerta para tener la capacidad de establecer las formas como debe protegerse, no solamente la labor periodística de los comunicadores, de sus instalaciones, de aquellos que tienen el compromiso de informar que ese derecho de información es complemento de la libertad de expresión, sino que adicionalmente estamos también llevando a cabo una reforma para dar facultades al Congreso de la Unión, a efecto de salvaguardar una de las libertades más importantes que tenemos que es la de la libertad de expresión.
La libertad de expresión no la podemos concebir sin aquellas personas, sin aquellos instrumentos encargados de estar informando a la población, de dar sus puntos de vista, de obviamente propiciar el debate social, esa es la democracia, las libertades y el intercambio de ideas.
Cuando se establece en el artículo 73 la posibilidad de ejercer la facultad de atracción para la Procuraduría General de la República en aquellos ilícitos que se cometan contra periodistas, comunicadores e instalaciones atentando contra el principio básico de la libertad de expresión, pues en ese sentido estamos dando pauta para que pueda, en todo caso existir dos instancias: la primera, que se pase la Procuraduría General de la República desde el punto de vista federal en tanto que, puede contar con elementos técnicos mucho mejores que los que tienen a veces en las propias entidades federativas.
La segunda, porque en múltiples ocasiones, en las entidades federativas es donde puede existir el problema fundamental de inhibir esa libertad de expresión y por lo tanto se le saca de un ámbito que puede no solamente politizarse, sino en múltiples ocasiones estamos hablando de que la dificultad local impide el poder ejercer correctamente la justicia.
La segunda, puede en todo caso, verse desde el ámbito local si se considera que el asunto no es de trascendencia o relevancia tal que pueda impedirán correcto y adecuado tratamiento.
Aquí tenemos que observar cuál es el bien jurídico que se debe tutelar, y el bien jurídico que se debe tutelar es la libertad de expresión, pero fundamental y particularmente que aquellos comunicadores puedan ejercer la plenitud en este país, que esté salvaguardado no tanto para que se pueda utilizar la facultad de atracción, sino lo que más queremos, lo que se pretende es que no se inhiba esa libertad de expresión y que solamente esta parte se pueda utilizar en caso de excepción.
Por eso, el día de hoy nos congratulamos porque esta Cámara de Senadores vuelve a levantar la mano a favor de las libertades y de los derechos, creo que esa es la senda por la que tenemos que transitar y caminar, que a veces no nos agrada o no nos gusta porque nos sentimos afectados.
La realidad es que el interés general de la nación debe estar por encima de los intereses particulares de todos y cada uno de nosotros o bien, por encima inclusive de grupos.
En realidad, y esa es la parte a la que yo quiero, finamente enfocar, esta Cámara de Senadores ha dado pauta para una verdadera transformación jurídica en el país y así hemos podido llevara cabo reformas transcendentes tan profundas como la de la Constitución de 1857 o bien consolidando aquellos derechos sociales de la Constitución de 1917, aquellos que decían que teníamos que reformar de manera integral y hacer una nueva Constitución, habré de decirles que no hubo necesidad, esta Cámara de Senadores ha transformado la Constitución en su base fundamental de la democracia ,de las libertades y los derechos, y no podemos dejar, aunque estemos en las postrimerías de la conclusión de esta legislatura y de este Senado a hacer los últimos esfuerzos para seguir aportando nuestro pequeño grano de arena a esta gran montaña democrática de la mexicanidad. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, Senador Zapata.
Tiene ahora la palabra el Senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
-EL C. SENADOR ERICEL GOMEZ NUCAMENDI: Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, don Francisco Healy Ortiz, señores periodistas, Roberto “Rock”, amigo, que cuando fui víctima, y mis compañeros periodistas del periódico de Oaxaca, “Voz e Imagen de Oaxaca”, me brindaron su solidaridad, así como carmen Aristegui, cotidianamente todos los días me entrevistaba para saber cómo iba el problema.
Compañeras y compañeros senadores, en México cada vez se acrecienta más la ola de violencia en contra de periodistas, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos, particularmente al derecho de la libertad de expresión, reconocido por el Estado Mexicano, en su marco jurídico, así como en diversos instrumentos internacionales.
La Declaración de Principios sobre la libertad de expresión subsiste en el seno de la Organización de Estados Americanos, en el año 2000, señala que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inminente, inherente a todas las personas; es además un requisito indispensable para la existencia misma de la sociedad democrática.
Este mismo instrumento internacional enfatiza que el asesinado, secuestro, intimidación, amenaza, a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas, y coarta severamente la libertad de expresión; es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores, y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Efectivamente con esta reforma a la fracción vigésima primera del artículo 73 constitucional, para atraer la Procuraduría General de la República, delitos cometidos contra periodistas en los estados, delitos del fuero común, efectivamente dará garantías a los periodistas para ejercer con libertad su profesión.
Aquí está Felipe González, que le consta el peregrinar que hicimos como empresa para defender a los periodistas del periódico “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”, que en el 2005, en noviembre del 2005 fueron secuestradas sus bodegas por parte del gobierno de Ulises Ruiz, y manejados por el actual diputado, Jorge Franco Vargas.
Posteriormente el sindicato se prestó a una maniobra del gobierno para demandarnos laboralmente al cien por ciento todas las prestaciones a sabiendas que no podría subsistir este medio de comunicación; nos inventaron realmente delitos que no habíamos cometido, nos persiguieron, nos persiguieron no solamente a los periodistas que estaban bajo mis órdenes, quienes fueron secuestrados durante 30 días en el edificio, sino que nos inventaron delitos para sacarnos del Estado, por fortuna hubieron medios de comunicación, por eso le agradezco a don Francisco, a Roberto “Rock”, su solidaridad, y a Carmen Aristegui, y otros periodistas que en este momento, no por falta de agradecimiento no los menciono, sino que en este momento no los recuerdo, pero definitivamente fue una persecución injusta.
Qué bueno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos brindó su apoyo para dar recomendaciones para que no se atentara contra la vida de mis compañeros, los periodistas del periódico “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”.
También es cierto que al final de la jornada definitivamente el gobierno no pudo sostener la agresión, y se logró una negociación por parte de Gobernación para que nos devolvieran las instalaciones, y dentro del marco de la justicia laboral también logramos obtener el triunfo, que el laudo fuera a nuestro favor, dado que cuando contestamos la demanda, hasta el año siguiente le dieron curso a nuestro escrito de contestación de demanda.
Qué bueno que ahora con esta reforma constitucional se garantice la libertad y la vida de los periodistas, porque al atraer la Procuraduría General de la República, ya los delitos cometidos en contra de los periodistas, definitivamente es una garantía porque a veces, y casi cotidianamente son los gobiernos locales los que atentan, más que todo en contra de esta libertad de expresión.
Creo que tenemos en nuestras manos, compañeras y compañeros, para que podamos realmente sacar adelante esta reforma constitucional que en mucho beneficiará al gremio periodístico de México; pero también qué vamos a hacer con las víctimas, con los asesinatos, con las desapariciones de compañeros periodistas, creo que en justicia también debe reparársele el daño causado, a través de sus familias a los periodistas desaparecidos y asesinados, por ello muy respetuosamente les pido a mis compañeras y compañeros senadores, y si así lo considera la presidencia, se guarde un minuto de silencio para todos los compañeros periodistas que han sido asesinados a lo largo del país.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Esta presidencia hace suya la propuesta del senador Gómez Nucamendi. Ruego a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los periodistas fallecidos. Muchas gracias.
-EL C. SENADOR ERICEL GOMEZ NUCAMENDI: Muchas gracias, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador Gómez Nucamendi. No puedo dejar de mencionar y agradecer la presencia aquí en el recinto, de “Michael O´Connor”, que es representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas que tiene su sede en Nueva York, “CPJ”, por sus siglas en inglés, Bienvenido “Maik” a la Cámara de Senadores. (Aplausos).
Tiene la palabra, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Jorge Legorreta Ordorica.
-EL C. SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA: Muchas gracias, presidente. El contenido del dictamen que hoy se pone a nuestra consideración, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, constituye una respuesta eficaz hacia el reclamo social relativo a tratar de evitar y, por supuesto, sancionar todos los atentados que se den contra el derecho a la libertad de expresión.
Se trata nada más y nada menos que de enfrentar este problema que surge cuando por supuesto existen elementos suficientes que presupongan la necesidad de que sea la federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar algún delito que sea de competencia de las entidades federativas.
La cuestión no es para nada menor, por supuesto no obedece tampoco a un tratamiento especial para un determinado gremio, pero creemos…. que es necesario dejar claramente establecido que los periodistas se encuentran en el peor momento de su vida profesional.
Por ello, ha quedado ya señalado que el afectar la libertad de expresión es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda nuestro país.
Basta solamente recordar que México ocupa el primer lugar como el país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo después de Irak tras la ocupación de los Estados Unidos en el año 2003. Pero no sólo eso, en los últimos años organizaciones nacionales e internacionales han dado cuenta del incremento de los ataques, amenazas y actos de intimidación en contra de las personas que ejercer la labor periodística y de los medios de comunicación en América Latina.
Dentro de este contexto, México desafortunadamente es considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región. Por ello, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y columnistas de diversos medios de comunicación han levantado la voz clamando seguridad y justicia.
Un ejemplo de esto, fueron las manifestaciones públicas llevadas a cabo el 7 de agosto del año 2010 en 14 ciudades para reclamar condiciones de seguridad en el ejercicio de su actividad y protestar por el secuestro de 4 periodistas en Gómez Palacio, Durango, por parte de quienes exigían la difusión de videos a cambio de su libertad.
Esta lamentable realidad ha ocasionado la rendición de informes por parte de especialistas enviados por organismos internacionales en los que ha quedado patente la necesidad de llevar a cabo reformas al marco jurídico para atender esta problemática.
Consideramos también indispensable mencionar el informe del Relator Especial Sobre la Libertad de Expresión y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien de manera categórica afirma que México debería acelerar la aprobación y entrar en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, y emitir la legislación secundaria correspondiente a la brevedad posible a efecto de garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión.
Pero además, también es enfático al mencionar que se deben adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión.
Y, todo ello precisamente porque la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de intimidación y violencia que sufren a diario las y los periodistas.
Según el informe en los últimos 10 años 66 periodistas han sido asesinados y 12 han sido desaparecidos. México ha devenido así en el lugar más peligroso, como ya comenté, para ejercer el periodismo.
En adición a lo anterior, las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas son incompatibles con la libertad de expresión de acuerdo con el Artículo 19 de al Declaración Universal de Derechos Humanos; y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Compañeras y compañeros legisladores: Tal y como lo hemos dicho, la libre manifestación de ideas en todas sus posibilidades y alternativas permiten que las sociedades avances en la construcción del diálogo y de una opinión que respete la pluralidad de ideas, y que a su vez permita el desarrollo de una cultura política y participativa necesaria en la consolidación de un estado democrático de derecho.
Así, la libertad de expresión es un indicador de nivel de consolidación de la democracia de un país, y un fiel reflejo del ejercicio de otros derechos fundamentales.
Por todo esto y porque pensamos que es necesario que la autoridad federal pueda coadyuvar en los delitos de orden común cuando hay ataques a los periodistas en la libertad de expresión el Partido Verde votará a favor de este importante dictamen.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, senador Legorreta. Tiene la palabra el Senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. SENADOR JOSE LUIS GARCIA ZALVIDEA: 66 casos de asesinatos de periodistas, y muy pocos de ellos esclarecidos, entre 2000 y 2010.
12 periodistas desaparecidos, entre el año 2000 y diciembre de 2010, con su permiso, Presidente.
Compañeras y compañeros senadores: La Organización de las Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que es de suma importancia que los medios de comunicación y los periodistas gocen ampliamente del derecho fundamental a la libertad de expresión para que alimenten un debate informado entre la población.
En tal sentido, para conocer la situación que priva en las libertades de opinión y de información en nuestro país las relatorías sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas realizaron por primera vez una visita oficial conjunta a México, misma que se desarrolló del 9 al 24 de agosto de 2010.
La visita estuvo encabezada respectivamente por Catalina Botero, Relatora Especial Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank Larru, Relator Especial Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas que mantuvieron reuniones con autoridades, con organizaciones de derechos humanos y periodistas de los Estado de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, y en el propio Distrito Federal.
Asimismo, en 19 de mayo de 2011 se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe del Relator Especial Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, visón México. De ese informe se derivan estas cifras tan dramáticas que he comentado al principio.
Hace referencia a este informe a atentados recientes contra los medios de comunicación; en algunas zonas los periodistas se encuentran sujetos a intimidación y a autocensura.
El informe señala que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos. Las cifras mencionadas han convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en las América.
En respuesta a esta grave situación, el informe hace referencia a la necesidad de crear un mecanismo nacional de protección para periodistas. Sostiene que el nuevo mecanismo debe ser implementado a través d un comité oficial e interinstitucional de alto nivel, liderado por una autoridad federal con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno, dotado con recursos propios y suficientes, y con la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación.
Así, el relator especial recomienda fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías Generales.
No puedo dejar de mencionar que el hecho de una creación especial, una subprocuraduría para atención de diferentes delitos en contra de periodistas, en contra de defensores de derechos humanos, defensores de los migrantes, cualquier establecimiento de una fiscalía especializada significa un reconocimiento tácito de que la propia Procuraduría General de la República, las autoridades encargadas de procurar justicia, no han funcionado.
De cualquier manera, renovamos aquí nuestra fe en ésta, encargada de delitos, de combatir delitos en contra de los periodistas.
Quiero concluir, amigos con un comentario.
Lejos del espíritu de esta iniciativa está el hecho de dotar de privilegios a un grupo especial de la sociedad: Los periodistas lejos de ser un grupo privilegiado, es un grupo de alto riesgo, una de las profesiones más peligrosas del mundo, y ellos tutelan, ejercen en su profesión el derecho que tiene la sociedad a ser informada.
Por eso, en la medida que defendemos a nuestros periodistas, nos defendemos todos nosotros como sociedad. Por eso no podemos permitir, de ninguna manera un ataque, un acoso, una violación a los derechos más fundamentales d ellos periodistas, porque ellos son los que salvaguardan nuestro derecho a ser informados. Esa es la importancia del tema.
La libertad de expresión es una de las condiciones de la existencia y de posibilidad de un régimen democrático; no puede haber democracia sin libertad de expresión. Inclusive la libertad de expresión es mejor considerarla como posible fuente de abusos, siempre es mejor el exceso que el defecto, aquí siempre nos pronunciamos en contra de cualquier censura, en contra de cualquier represión a la libertad de expresión.
En este orden de ideas, debe destacarse que la posibilidad de que todas las personas participen en las discusiones públicas, es uno de los bienes más preciados para una sociedad, y constituye el presupuesto necesario para la construcción de una racionalidad discursiva que permita la generación de consensos y la toma de decisiones entre los componentes de los diversos grupos sociales; pero que también constituye un cauce de expresión de los disensos que en la democracia son tan naturales, necesarios diría yo, los consensos y los disensos son tan naturales como los acuerdos.
La deliberación pública realizada en libertad es una de las características de los modernos regímenes democráticos. Precisamente con esta reforma constitucional que se refrenda un compromiso de esta soberanía para tutelar y asegurar que la libertad de expresión se mantenga como un baluarte de nuestros derechos republicanos.
Finalmente, quiero anunciarles que hoy precisamente a las cinco de la tarde estaremos presentando, con otros senadores, un grupo plural de senadores, una iniciativa de ley con este mismos espíritu, esta misma filosofía, una iniciativa de ley para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Por todo ello, solicito de ustedes su voto a favor del presente dictamen.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, Senador García Zalvidea.
Tiene ahora la palabra el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
-EL C. SENADOR CARLOS JIMENEZ MACIAS: Gracias, señor presidente. Con su venia.
Colegas; senadoras y senadores:
A nombre de mi grupo parlamentario, del Partido Revolucionarios Institucional, he pedido el uso de la palabra para razonar nuestro voto a favor de esta reforma constitucional. Quiero también a nombre de mi grupo parlamentario saludar, en la persona de Don Francisco Ealy, a todas y todos los periodistas que hoy nos acompañan, creo que al saludarlo a él como reconocimiento a su lucha permanente, reconocida incluso internacionalmente a favor de los derechos de los periodistas, estoy saludando a toda la comunidad de los medios de comunicación de nuestro país.
¿Qué duda cabe que esta era una de las deudas pendientes con el sistema democrático que el Poder Legislativo tenía? Es inadmisible que cuando los medios de comunicación, los comunicadores jugaron un rol crucial, un protagonismo fundamental, una dinámica de comunicación que generó un ánimo democrático e hizo que el país transitara a una mejor democracia, tenemos entonces que reconocer el valor fundamental de los medios de comunicación para el ejercicio de una mejor democracia.
Por lo tanto, resulta vergonzoso que la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación tiende a agravarse en nuestro país, y lo más lamentable es que estas muertes y esta violación a los derechos humanos, casi en su totalidad, han quedado impunes.
Esto no sólo representa una ofensa para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, representa una vergüenza para un país que se proclama, que sustenta su existencia en el estado de derecho porque muestra su incapacidad para cumplir con su responsabilidad de proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Es cierto, y se ha repetido demasiadas veces, y tal vez por ello parezca un lugar común, pero hay que volverlo a repetir, hay que decirlo y en voz alta, en la comunidad internacional estamos considerados como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión, e incluso organismos internacionales que luchan por las libertades de los periodistas y de los medios no hace mucho nos clasificaron, y ya se ha dicho en esta tribuna, pero hay que repetirlo hasta el cansancio, como el país número uno, después de Irak, en violación a los derechos humanos y en asesinatos y daños a medios de comunicación en el mundo.
Esta reforma, que sin duda alguna es una reforma de gran calado a partir de que modifica la sustancia institucional en esta materia, en la Constitución, es, sin duda, uno de los mejores, diría yo, logros, y así hay que reconocerlo, del diálogo, de la concertación, del acuerdo en este Senado, porque hoy todos los que hemos hecho uso de la tribuna, y todas las colegas, las y los senadores se han manifestado a favor de esta reforma.
Cuando se afirma que en el Poder Legislativo nunca nos ponemos de acuerdo, creo que hoy vale la pena destacar que la lucha de los medios de comunicación y de los periodistas nos han motivado a todos a coincidir en la urgencia de esta reforma. Pero también, tenemos que decirlo, y decirlo subrayadamente, no es posible ignorar el constante acercamiento de medios de comunicación, de comunicadores, con los senadores, con los miembros de este cuerpo de la Nación mexicana para que esta reforma avanzara.
Por eso, es muy importante destacar la presencia de muchos de ellos esta mañana en este recinto y en esta Sesión, sin duda histórica para la vida de los medios de comunicación y de los periodistas.
Quiero concluir afirmando que, sin duda alguna, el compromiso de todos los grupos parlamentarios ha sido que a la brevedad posible avancemos ahora en la regulación de esta reforma constitucional para que no vuelva nuevamente a darse un espacio largo de tiempo en el que tengamos que ponernos de acuerdo para reglamentar lo que en su espíritu hoy estamos reformando. Me parece que la comunidad internacional, hoy aquí representada también en la defensa de los periodistas y de los medios, hará un reconocimiento a este avance en el Senado mexicano; pero ese avance no significará nada, en primer lugar, si no ordenamos la reglamentación que dará mayor vigencia y contundencia a esta reforma constitucional. Y tampoco servirá de nada si no hay voluntad política en el ejercicio y aplicación de la ley desde los órganos que son responsables de ello.
Es vergonzoso, y nuevamente lo repito, porque hay que subrayarlo constantemente el número de crímenes contra periodistas que se han dado en esto, que por cierto, ha sido la guerra contra el crimen.
Muchos periodistas valientes que han denunciado y han levantado su voz en este tema tan lacerante para la sociedad mexicana, han sido víctimas justamente del crimen organizado.
Que nunca más, y a partir de una nueva ley de cara a un nuevo país que quiere ser más democrático y que sustenta uno de los principales ejes de esa democracia en la libertad de expresión, que nunca más vuelva a ser motivo de violencia cualquiera que ejerce el oficio de expresar libremente lo que piensa.
Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, Senador Jiménez Macías.
-Habiéndose agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto que adiciona la fracción vigésima primera del artículo 73 constitucional
-Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
-EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor; 0 en contra, 0 abstenciones.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, en consecuencia, queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo II de la fracción vigésima del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 Constitucional. (Aplausos).
-A nombre del Senado, agradezco nuevamente la presencia de Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General de El Universal.
De Roberto Rock, Director Editorial de El Universal.
De José Carreño Carlón, colaborador de ese diario.
De David Aponte, Subdirector de El Universal.
De Michael Connor, Representante en México del Comité para la Protección de Periodistas.
Y de la maestra Laura Borbolla, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.
Muchas a gracias a todos por habernos acompañado esta tarde, aquí en el Senado de la República.
Gracias, y felicidades a todos por esta importancia reforma. (Aplausos).
-Pasamos a la segunda lectura a otro dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que adiciona el apartado c) del artículo 102 Constitucional sobre la creación de la Fiscalía Contra la Corrupción.
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