La justicia que queremos/Ana Laura Magaloni

"... En el sistema de justicia penal, quien defiende, representa y protege a la víctima es el MP. A los jueces les toca otro papel: controlar la arbitrariedad de la actuación de MP y policías, tanto hacia la víctima, como hacia el acusado...ALM

La justicia que queremos/Ana Laura Magaloni

Reforma, 10-Mar-2012

Vuelvo a confirmar, cuando escucho y leo algunas de las opiniones sobre el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar en el caso Cassez, que estamos muy lejos de tener un sistema de justicia penal digno de ese nombre. La razón es clara: no creemos, como sociedad, en los valores y principios que rigen la justicia penal de una democracia. Todavía creemos que la presunción de inocencia, el derecho del acusado a ser asistido por su defensor desde la fase de investigación, el derecho a no ser incomunicado por la policía o el derecho a un juez sin ideas preconcebidas sobre el acusado son "meros formalismos legales". No nos hemos percatado cabalmente de que la eficacia de estos derechos es el único vehículo posible para tener un sistema de justicia confiable, potente, al servicio de los ciudadanos y capaz de generar credibilidad social en la ley y las instituciones.

El debate mediático y algunas de las plumas importantes del país estiman que el proyecto de Zaldívar se olvida de "los derechos de las víctimas". Se trata, por lo que parece, de un dilema insalvable: si el juez garantiza la eficacia del debido proceso y del derecho de la acusada a un juicio justo, entonces deja desprotegidas a las víctimas. O dicho en sentido inverso, para que las víctimas queden "protegidas", el juez debe permitir que policías y ministerios públicos violen los derechos constitucionales de la acusada. La distorsión de los roles, bajo este paradigma, es preocupante. En el sistema de justicia penal, quien defiende, representa y protege a la víctima es el MP. A los jueces les toca otro papel: controlar la arbitrariedad de la actuación de MP y policías, tanto hacia la víctima, como hacia el acusado, asegurarse de la calidad del proceso y actuar como árbitros imparciales frente las partes. Si, como sostiene el proyecto, la policía armó un montaje mediático y detuvo más tiempo del razonable a la acusada y el MP no dio aviso en forma inmediata al Consulado francés y contaminó los testimonios de las víctimas con el montaje televisivo, quien dejó desprotegidas a las víctimas no es Zaldívar, sino quienes llevaron a cabo esas violaciones. Ello es una tragedia. Pero, repito, los responsables son policías y MP. Al juez le toca asegurarse de que los principios centrales que hacen creíble y confiable la justicia penal se cumplan. Entre estos principios básicos se encuentran los que obligan a la policía y al MP a actuar conforme a la Constitución y las leyes. Este papel del juez, tan elemental en una democracia, es lo que viene a defender el proyecto de Zaldívar.

Detrás de esta discusión entre los derechos del acusado y los de las víctimas se esconde la idea, bastante aceptada en la sociedad mexicana, de que, tratándose del enjuiciamiento penal, tenemos que admitir, casi inevitablemente, altas dosis de arbitrariedad por parte de MP y policías. Lo que cuenta es que los "delincuentes" sean atrapados a cualquier precio. La calidad de la justicia importa poco. Las violaciones a los derechos del acusado importan menos. Lo único realmente relevante es que los "delincuentes" (como quiera que definamos quiénes son) "reciban el castigo que se merecen".

Después de muchos años de estudiar cómo funciona nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, estoy convencida de que su arbitrariedad y su ineficacia están fuertemente asociadas. Hoy el MP puede armar una acusación fabricando evidencia y coaccionando a testigos y acusados y, de cualquier modo, va a ganar el juicio y obtener una sentencia condenatoria. ¿Por qué habría de hacer distinto su trabajo? Además, la otra cara de la moneda de las prácticas autoritarias es que, al igual que violan los derechos del detenido, el MP y la policía pueden perfectamente asociarse con los presuntos responsables para que, a cambio de dinero, la averiguación previa quede en el olvido y la víctima completamente desprotegida. Permitir que policías y MP operen violando la Constitución y las leyes es lo que hace que estas autoridades puedan fabricar culpables o vender impunidad. El sistema como tal deja desprotegidos a todos, a víctimas y acusados.

El único camino posible para comenzar a resolver la enorme debilidad de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia es rompiendo de raíz los asideros del modelo de persecución criminal autoritario. No conozco un sistema de justicia penal potente y confiable en el mundo en donde determinadas violaciones a los derechos del acusado no tengan como consecuencia una sentencia absolutoria. Gracias a que esas violaciones tienen costos para el MP, ello deja de ocurrir y las instituciones de persecución criminal comienzan a desarrollar verdaderas capacidades investigativas y de litigio.

Así, el dilema que nos pone enfrente el proyecto de Zaldívar es qué tipo de sistema de justicia penal queremos: el que tenemos o uno profesional, creíble y honesto en donde cada una de las partes -juez, MP y defensa- desempeñen el papel que les corresponde.