Abusos de la Border Patrol, ¡de nuevo!

El caso de Sergio Adrián Hernández Güereca, menor asesinado en junio de 2010 por el disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense en el Puente Internacional entre Ciudad Juárez y ElPaso.

Sesión de la Comisión Permanente, miércoles 30 de mayo de 2012

¡Propuesta de Punto de Acuerdo aprobado hoy!

De la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a convocar, ante los graves eventos de brutalidad policiaca contra inmigrantes mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza, a una Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México – Estados Unidos para la Implementación de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI.  Esto con el fin de evaluar la observancia de la Declaración Conjunta México – Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y evaluar posibles reformas a los Protocolos vigentes sobre el particular.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Mexicano a establecer un Grupo de Trabajo Intersecretarial que de seguimiento puntual a los casos de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policiaca en la frontera con la finalidad última de emitir recomendaciones para la prevención y supresión de eventos de esta naturaleza.
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar e implementar una ofensiva jurídica y diplomática en defensa de los mexicanos víctimas de la brutalidad policiaca y el uso excesivo de la fuerza en los Estados Unidos. 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de mayo de 2012.
Propuesta original planteada el 16 de mayo de 2012 por  la Senadora Adriana González Carrillo (PAN)
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA:  Tenemos ahora la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, sobre una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México – Estados Unidos, para la implementación de la Declaracion sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI. 
Le ruego a la secretaría dar lectura a los resolutivos,   tres resolutivos. …(
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO JAIME CORREA:  Doy lectura al dictamen…
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Tiene el uso de la voz doña Adriana González Carrillo,  para “perorar” al respecto.
-LA C. SENADOR ADRIANA GONZALEZ CARRILLO (PAN):  Muchas gracias senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, primero que nada quisiera celebrar la presentación de este dictamen de la Segunda Comisión, de la Comisión Permanente, y pedir al mismo tiempo el voto a favor del mismo, puesto que plantea un tema de la mayor relevancia para el futuro de las relaciones México – Estados Unidos.
Como ustedes saben, el caso de Sergio Adrián Hernández Güereca, es apenas la punta de “iceberg”, en una larga lista de grandes violaciones a lo derechos humanos de nuestros migrantes en la frontera norte. 
Los casos de brutalidad policíaca y uso excesivo de la fuerza, fundamentalmente por parte de agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, los mismos que frecuentemente desembocan en el asesinato de migrantes, se ha venido multiplicando hasta alcanzar niveles francamente alarmantes. 
Ayer mismo, la Comisionada, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se refiero a la existencia de un patrón de crímenes de odio contra mexicanos perpetrados por agentes fronterizos estadounidenses, según se desprende, no sólo del caso de Adrián, sino también de casos similares como el de Anastasio Hernández Rojas, golpeado hasta la muerte por personal de “Home and Security” en mayo de 2010; Ramsés Barrón, Carlos Lamadrid, y José Alfredo Yáñez Reyes, asesinados con arma de fuego en 2011.
Pero quizás haya algo peor en este patrón de violencias, que es el patrón de impunidad que se registra prácticamente en todos estos casos.
Recientemente nos enteramos de la desafortunada decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el sentido de no presentar cargos y no obsequiarles la extradición del asesino de Sergio Adrián, argumentando no tener jurisdicción en el caso porque el disparo ocurrió en el lado de los Estados Unidos, y la muerte en el lado mexicano.
Hay que decirlo también, que ante ello la PGR mantiene el expediente abierto, así como la orden de detención, y le pedimos, desde aquí también a la PGR, que la mantenga abierta como hasta ahora.
Sin embargo, muy a pesar de los protocolos vigentes y de distintos instrumentos jurídicos y declarativos, que de una u otra manera obligan a las autoridades estadounidenses a prevenir situaciones de esta naturaleza, estos casos ponen entre dicho y demeritan los principios de confianza mutua y especialmente el de responsabilidad compartida sobre los que debería sostenerse nuestra relación bilateral de diálogo y cooperación sobre la frontera.
Sin duda, puntos centrales de la denominada declaración sobre la administración de la frontera en el Siglo XXI firmada por los gobiernos de México y los Estados Unidos, están siendo violentados por autoridades estadounidenses.
Pero más aún, ponen en tela de juicio nuestro compromiso, y el compromiso que ellos dicen tener con la protección y defensa de los derechos humanos.
Sorprende, por decir lo menos, que el Senado de la Unión Americana apruebe 244 millones de dólares como parte de los fondos de la Iniciativa Mérida para 2012, condicionando el 15 por ciento de los mismos al respeto de los derechos humanos en nuestro país.
Otra vez una certificación unilateral e injerencista, como la certificación antidrogas que sufríamos en los años 90. Pero esta vez con un componente adicional de cinismo y simulación que no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia.
Son ellos los que promueven esta certificación en materia de derechos humanos, mientras ellos son quienes se constituyen en violadores de los mismos en perjuicio de nuestro migrantes; protegen en la mayor impunidad a los agentes de la Patrulla Fronteriza señalados por su responsabilidad en estos brutales ataques; se rehúsan a entregar en extradición a quienes son perseguidos por la justicia mexicana y violan sistemáticamente las garantías individuales y los derechos humanos de nuestro connacionales.
No olvidemos, compañeras y compañeros legisladores, que se han negado en Texas y en otros estados de la Unión Americana, a cumplir el fallo que la Corte Internacional de Justicia emitió con respecto al caso Avena.

No olvidemos tampoco la actuación de múltiples congresos locales y autoridades en los Estados Unidos aprobando legislación xenófoba, discriminatoria y antimigrante. Esto es motivo de preocupación en México, pero también de algunos otros actores de los Estados Unidos.

De acuerdo con un pronunciamiento de legisladores federales que recientemente dirigieron, a través de una misiva, hace algunos días, a la Secretaria de Seguridad Interior de ese país, manifestando su rechazo a lo ocurrido en el caso de Anastasio Hernández, y sugiere que estamos en una presencia de un problema estructural, que incluye, entre otros elementos: falta de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y entrenamiento adecuado para los miembros de la Patrulla Fronteriza.

A esto reclamos, por justicia, y por cambiar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la Patrulla Fronteriza, se unen también voces de numerosas organizaciones de la sociedad civil en ambos países, y nosotros como legisladores no podemos ser la excepción.
Por tanto, es urgente que el Poder Legislativo levante la voz sobre este asunto y haga escuchar su indignación de los legisladores mexicanos ahí en nuestras fronteras.
Nos hemos enterado, recientemente, que precisamente el día de mañana jueves se reunirá el Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados Unidos, para la implementación de la declaración sobre la administración de la frontera en el Siglo XXI.
Celebramos la oportunidad, por tanto, para respaldar al Poder Ejecutivo Federal, para continuar con los esfuerzos encaminados a prevenir la violencia y acordar los protocolos respectivos.
Incluir este tema como una prioridad en la agenda de los trabajos del comité, y al mismo tiempo, desde aquí les exhortamos a seguir tomando decisiones firmes sobre el particular.
Establezcamos este grupo de trabajo para poder acordar medidas en la prevención y combate de estas prácticas de brutalidad policíaca y uso excesivo de la fuerza.
Diseñemos e implementemos una ofensiva diplomática y jurídica en defensa de los mexicanos víctima de estos flagelos.
Y yo propondría, incluso, algo más de fondo, especialmente, compañeras y compañeros, después de escuchar las intervenciones en el anterior puntote acuerdo, y es lo siguiente: revisemos nuestra política de extradición para dejar en claro a nuestras contrapartes estadounidenses, que hasta que no se haga justicia en estos casos, no se restablecerá la confianza en las extradiciones.
Con esa claridad, lo decimos los legisladores: “Ya basta de que no haya corresponsabilidad y que haya posicionamientos únicamente de cooperación del lado mexicano, y no existe la reciprocidad del lado norteamericano”.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, creo que resulta de la mayor importancia aprobar este dictamen y enviar un mensaje firme, tanto en apoyo a nuestros connacionales en los Estados Unidos, como un enérgico rechazo a lo que es a todas luces una actuación reprobable de nuestro vecino del norte en materia de derechos humanos.
Pero más importante aún, es buscar alternativas que nos permitan juntos a ambos países, y bajo el espíritu de responsabilidad compartida y cooperación estrecha, superar este triste capítulo de nuestras relaciones bilaterales.
Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).
EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Muchas gracias.
En virtud de que no hay otros oradores, pregunte la secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO JAIME CORREA: Consulto a la Asamblea  --en votación económica--   si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Aprobado por unanimidad.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Aprobado, comuníquese.
*
El dictamen:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 16 de mayo de 2012, la Senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. La legisladora que propone el punto de acuerdo en análisis informa que en el pasado mes de febrero presentó ante el pleno del Senado de la República una proposición relativa al caso de Sergio Adrián Hernández Güereca, menor asesinado en junio de 2010 por el disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense en el Puente Internacional entre Ciudad Juárez y El Paso. Tal incidente, vinculado con otros en que dicha institución norteamericana despliega acciones sin precedentes de brutalidad y uso excesivo de la fuerza, como en el caso de Anastasio Hernández Rojas, asesinado a golpes por más de veinte agentes de la misma corporación en el cruce de San Ysidro, o bien los de Ramses Barron Torres, José Alfredo Yáñez y Carlos La Madrid todos jóvenes asesinados por arrojar piedras desde el lado mexicano.
Propuso entonces que el Senado exhortara a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar prestando la asistencia jurídica correspondiente a los familiares de Sergio Adrián y se priorizara la implementación de una estrategia integral para prevenir y responder a incidentes de violencia fronteriza que incluyera exponer y eventualmente dirimir estos casos de brutalidad policiaca ante instancias internacionales de carácter diplomático y judicial.
Alude la proponente a las recientes noticias sobre algunos de estos casos, como la decisión del Departamento de Justicia estadounidense de no presentar cargos contra el agente fronterizo que disparó, la que generó un amplio rechazo no sólo en México sino incluso en los Estados Unidos, donde un grupo importante de legisladores han enviado ya una dura carta de protesta a la Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, así como al Procurador Eric Holder. A esto se suma la indignación de gran parte de la comunidad inmigrante de origen latino que ve con dolor la forma en que se sienta un precedente de arbitrariedad e impunidad en los Estados Unidos aún si la solicitud de extradición prosperara y fuera atendida para que el agente fronterizo Jesús Meza enfrentara a la justicia en México. En segundo lugar, la noticia sobre la inexplicable demora y las sospechas de impunidad alrededor del caso de Anastasio Hernández Rojas. Hace apenas unos días su familia viajó a Washington donde, con la colaboración de la Embajada de México, entregaron al Departamento de Justicia unas 35 mil peticiones a favor del esclarecimiento de este caso.
Plantea que, independientemente de que se haga justicia en todos esos casos, es indispensable insistir en detener el aumento en el uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes por parte de corporaciones policíacas de los Estados Unidos en la frontera.
Considera que el Gobierno Mexicano puede hacer mucho más que encabezar la defensa y el reclamo de justicia de cada uno de ellos. Puede y debe convocar a sus pares estadounidenses con el fin de analizar el mecanismo idóneo para honrar los compromisos asumidos por ambas partes en materia de cooperación ante sucesos de violencia fronteriza. Puede y debe priorizar este asunto en la agenda de diálogo bilateral y multilateral así como buscar un esquema para evitar, en lo posible, nuevos casos de brutalidad policiaca en perjuicio de nuestros migrantes.
Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a convocar, ante los graves eventos de brutalidad policiaca contra inmigrantes mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza, a una Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México – Estados Unidos para la Implementación de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI.  Esto con el fin de evaluar la observancia de la Declaración Conjunta México – Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y evaluar posibles reformas a los Protocolos vigentes sobre el particular.
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Mexicano a establecer un Grupo de Trabajo Intersecretarial que de seguimiento puntual a los casos de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policiaca en la frontera con la finalidad última de emitir recomendaciones para la prevención y supresión de eventos de esta naturaleza.
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar e implementar una ofensiva jurídica y diplomática en defensa de los mexicanos víctimas de la brutalidad policiaca y el uso excesivo de la fuerza en los Estados Unidos. 
II. Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo suscribimos sus términos los argumentos de que se vale la legisladora proponente del punto de acuerdo bajo dictaminación.
Denostamos, en ese sentido, la brutalidad policíaca y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policíacas y migratorias norteamericanas, que se presenta como un fenómeno creciente, vinculado a expresiones de xenofobia y otras formas de discriminación en contra de las personas migrantes, con o sin documentos, de muy distintas nacionalidad, pero especialmente de nuestros connacionales.
Reiteramos que los abusos de la patrulla fronteriza estadounidense contra migrantes mexicanos constituyen ya un patrón de conducta y la indebida protección de que son objeto por parte de las autoridades de ese país advierte sobre un desdén institucional al respeto de los derechos humanos universales.
Reafirmamos nuestra convicción de que la migración de personas a un país distinto al de su nacionalidad, sin el amparo de documentos migratorios, no puede bajo circunstancia alguna constituir un crimen; sino que criminales son, en cambio, los actos de brutalidad que el Estado receptor comete en su contra, generalmente asociados al flagelo de la discriminación.
III. Esta dictaminadora recuerda que el 19 de mayo de 2010, durante la Visita de Estado del titular del Ejecutivo Federal a Washington, se realizó la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI mediante la cual se estableció el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB), órgano que se reúne cada año y fija planes de acción con la misma temporalidad para avanzar en el fortalecimiento de la relación fronteriza.
En su primera reunión, el 15 de diciembre de 2010, el Comité  adoptó un Plan de Acción con metas específicas para el año 2011, con el compromiso de revisarlas  y actualizadas en forma periódica. Además, el Comité adoptó la Declaración Conjunta para Prevenir la Violencia  en la Región Fronteriza, estableciendo los principios centrales que guiarán la cooperación y coordinación entre ambas naciones para hacer de la frontera un espacio seguro para facilitar los viajes legítimos, el comercio y los flujos de personas, con pleno respeto a los derechos humanos. Tal declaratoria establece:
México y Estados Unidos comparten el interés de crear una frontera que promueva la seguridad, la competitividad económica y comunidades binacionales vibrantes. La amplitud, complejidad e interrelación de estos objetivos presenta retos especiales que requieren comunicación  y coordinación bilateral estrecha.
Ambos gobiernos están comprometidos a garantizar el flujo seguro de personas a través de la frontera y comparten una profunda preocupación por acontecimientos en nuestra frontera que resultan en la pérdida de vidas humanas. Incidentes recientes a lo largo de nuestra frontera común subrayan la urgencia con la que México y Estados Unidos necesitan tomar acciones decisivas para evitar su recurrencia. Tales sucesos destacan a su vez la necesidad de ratificar nuestra responsabilidad compartida por la seguridad fronteriza y la seguridad pública, y la determinación para fortalecer nuestra relación.  México y Estados Unidos están comprometidos a aplicar la ley cabalmente en todos los casos donde la violencia de cualquier tipo o forma afecte o amenace a los ciudadanos de ambos países.
El nivel actual de entendimiento, colaboración y coordinación entre México y Estados Unidos es histórico y sin precedente. Durante los últimos 18 meses, ambos gobiernos han trabajado estrechamente en una amplia agenda de temas que incluyen mecanismos de comunicación transfronterizos, operación de puertos de entrada, facilitación del comercio y flujos lícitos de personas, intercambio de información, procedimientos de repatriación, operaciones contra el crimen organizado y otros esfuerzos para mejorar la seguridad pública. México y Estados Unidos consideran que una cooperación bilateral más profunda es esencial para disuadir la violencia fronteriza, minimizar la necesidad de que agentes federales de México y Estados Unidos recurran a la fuerza letal y  asegurar que el uso de dicha fuerza sea consistente con las políticas y estándares de nuestras respectivas dependencias  y se dé en cumplimiento de los instrumentos legales bilaterales y multilaterales de los que México y Estados Unidos son parte.
En consecuencia, al amparo de los principios incorporados en la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y del Gobierno de Estados Unidos sobre el Manejo de la Frontera del Siglo XXI – y del Comité Ejecutivo Bilateral establecido para poner en práctica esa Declaración – México y Estados Unidos  identifican las siguientes áreas para profundizar su colaboración:
Compartir prácticas de procuración de justicia y procedimientos sobre el uso oficial de la fuerza letal; consultarse recíprocamente acerca de los medios, métodos y estándares que regulan el uso de la fuerza letal y de las armas menos que letales, así como sobre las directrices de patrullaje y persecución de individuos en áreas fronterizas y los programas de capacitación y de conocimiento del terreno.
Fortalecer a nivel interno el entrenamiento, la coordinación y todas las políticas necesarias para prevenir la descarga de armas letales y menos que letales de un lado a otro de la frontera, en cumplimiento de los compromisos mutuamente reconocidos para que el ejercicio de las acciones de procuración de justicia se dé con pleno respeto a la soberanía territorial de cada país, acorde con estándares legales y reconociendo el valor de la vida humana.
Mejorar la cooperación para los diagnósticos situacionales por medio del intercambio regular de información apropiada y de evaluaciones sobre riesgos binacionales y amenazas comunes, así como el mapeo del crimen y la violencia en las regiones fronterizas para mejorar el despliegue de los recursos de procuración de justicia y las capacidades de ambos países.
Mejorar la forma en la que los gobiernos de México y Estados Unidos comparten información sobre la investigación de incidentes y los resultados de dichas investigaciones.
Patrullar cada lado de la frontera en las áreas de alto riesgo que sean identificadas por las evaluaciones para prevenir y responder adecuadamente al crimen y la violencia, así como a los incidentes de lanzamiento de piedras, incursiones, persecuciones a pie en los puertos de entrada, agresiones a personal de procuración de justicia y a otros incidentes criminales que involucren a civiles.
Respuestas de procuración de justicia proactivas, coordinadas y de alcance global en toda  la frontera, incluyendo una mejor comunicación transfronteriza y asistencia entre autoridades investigadoras.
  Mejora e instrumentación plena de los canales de enlace establecidos y de los procedimientos operativos preestablecidos, incluyendo los Mecanismos de Enlace Fronterizo, los Protocolos de Violencia Fronteriza, los Comités de Seguridad Portuaria, los Grupos de Trabajo de Seguridad y Procuración Fronteriza y otros programas que serán actualizados y ampliados cuando así se estime conveniente.
Ambos gobiernos trabajarán para iniciar con prontitud acciones que instrumenten estos compromisos  y asegurarán la coordinación y el seguimiento sistemático a través del un mecanismo ad hoc acordado por el Comité Ejecutivo Bilateral  establecido en la Declaración sobre el Manejo de la Frontera del Siglo XXI.
Además, el Comité adoptó un Plan de Acción Bilateral México-Estados Unidos adoptado  en la Reunión Inaugural del Comité Ejecutivo Bilateral para la Gestión Fronteriza del Siglo XXI, identificando áreas clave de colaboración bilateral en la materia.
El Comité acordó enfocarse en esta etapa inicial en proyectos prioritarios con miras a  que los Gobiernos de México y Estados Unidos los lleven a cabo en un plazo máximo de doce meses. Además, acordó que conforme se vaya concluyendo la instrumentación de las iniciativas podrán irse identificando de manera bilateral proyectos adicionales que podrán incluirse en este Plan de Acción, previa aprobación del CEB o de sus miembros.
Las áreas claves identificadas entonces, cada una de las cuales contenía diversos proyectos, fueron:
    Coordinación Binacional en Infraestructura.- Mejorar la coordinación binacional en la planeación, financiamiento, emisión de permisos, diseño, construcción y operación de los puertos de entrada, incluyendo la identificación de prioridades compartidas para la inversión en infraestructura fronteriza, así como de mecanismos de financiamiento y asignación adecuada de personal en los puertos de entrada.
    Gestión Binacional de Riesgos.- Establecer programas compartidos, fortalecer el intercambio de información, el uso de mejoras tecnológicas y otras estrategias para la administración de riesgos, a fin de enfocar la aplicación de la ley en aquellos que más lo amerite, al tiempo en que se acelera el flujo de pasajeros y carga de bajo riesgo.
    Mecanismos Binacionales de Interacción Pública.- Instrumentar un mecanismo binacional coordinado de interacción pública y establecer reuniones periódicas, que involucren a los gobiernos locales y estatales, a las cadenas productivas, así como a otros actores interesados, a fin de atender eficazmente las preocupaciones de la comunidad en materia de seguridad y eficiencia en la frontera.
    Reanudación Comercial.- Crear protocolos que garanticen la plena coordinación binacional antes, durante y después de cierres comerciales por emergencias. Desarrollar un estudio compartido sobre opciones para la reanudación comercial después de contingencias

    Pre-revisión, Pre-Escaneo y Pre-Inspección Binacional.- Evaluar modelos para la pre-revisión, pre-escaneo y pre-inspección de personas, bienes y productos a fin de reducir el congestionamiento en los puertos de entrada terrestres e interceptar individuos y bienes peligrosos, piratería,  plagas vegetales y animales, comida adulterada o en mal estado, así como el contrabando antes de que provoquen algún daño.

    Mejoras al comercio y los vínculos transfronterizos.- Reducir el congestionamiento y retrasos en la entrada de vehículos entre México y Estados Unidos, estableciendo las bases para una frontera eficiente con mayor crecimiento económico, mejorando la seguridad de las comunidades fronterizas y reduciendo las emisiones contaminantes de vehículos.

    Cooperación Binacional en materia de Procuración de Justicia.- Congruente con el principio de corresponsabilidad, incrementar la cooperación en materia de procuración de justicia, incluyendo la recopilación, análisis e intercambio de información –en apego a las leyes, normatividad y políticas aplicables- en cuanto a intercepciones, investigaciones y enjuiciamientos, a fin de combatir los flujos criminales y fortalecer la seguridad pública.

Más re cientemente, en su Tercera Reunión, desarrollada el 15 de diciembre de 2011, el Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Administración de la Frontera del Siglo XXI adoptó un nuevo Plan de Acción para el presente año, que trasladó algunas acciones del Plan de Acción 2011, con objeto de que México y EUA puedan continuar trabajando mutuamente en ciertas iniciativas relevantes. Las áreas claves, cada una de las cuales contiene diversos proyectos, son:

·    Coordinación Binacional sobre Infraestructura.- Mejorar la coordinación binacional en la planeación, financiamiento, emisión de permisos, diseño, construcción y operación de puertos fronterizos, incluyendo la identificación de prioridades compartidas para la inversión en infraestructura fronteriza, así como de mecanismos de financiamiento para proyectos de infraestructura, y la asignación óptima de personal en los puertos de entrada.

·    Mejoras al comercio y los vínculos transfronterizos.- Reducir el congestionamiento y los retrasos en los cruces fronterizos de vehículos entre México y Estados Unidos, estableciendo las bases para una frontera eficiente y un mayor crecimiento económico, mejorar la seguridad de las comunidades fronterizas y reducir las emisiones contaminantes de vehículos.

·    Mecanismos Binacionales de Interacción Pública.- A fin de atender de mejor manera las preocupaciones de las comunidades fronterizas respecto a seguridad y eficiencia, instrumentar un mecanismo binacional coordinado de interacción pública y establecer reuniones periódicas, que involucren a los gobiernos locales y estatales, a las cadenas productivas, así como a otros actores interesados, a fin de atender eficazmente las preocupaciones de la comunidad en materia de seguridad y eficiencia en la frontera.

·    Administración Binacional de Riesgos.- Utilizar programas compartidos, fortalecer el intercambio de información, el uso de mejoras tecnológicas y otras estrategias para la administración de riesgos, a fin de enfocar la aplicación de la ley en aquellos que más lo ameritan, al tiempo que se acelera el flujo de pasajeros y carga de bajo riesgo.

·    Cooperación Binacional en materia de Procuración de Justicia y Seguridad.- En congruencia con el principio de corresponsabilidad, incrementar la cooperación en materia de procuración de justicia, incluyendo la recopilación, análisis e intercambio de información –en apego a las leyes, normas y políticas aplicables en cada país—en torno a intercepciones, investigaciones y enjuiciamientos, a fin de combatir los flujos criminales y fortalecer la seguridad pública.

IV. Como se aprecia, el mecanismo bilateral al que alude la Senadora proponente del punto de acuerdo bajo dictaminación representa una vía idónea para la concertación entre ambos países de acciones que puedan reportar una mejora en la operación de las autoridades fronterizas norteamericanas, con miras a disminuir los problemas que aquí se vienen analizando.
Cabe destacar que el Plan de Acción permite que los gobiernos de México y EUA introduzcan nuevas acciones mediante acuerdo bilateral, después de ser aprobada por el CEB o sus delegados en cada país.
Por tales motivos, quienes integramos esta Comisión consideramos apropiadas las propuestas contenidas en el punto de Acuerdo bajo dictaminación.
Es oportuno recordar que esta dictaminadora aprobó en su pasada reunión de trabajo, el 22 de mayo, un dictamen que aborda esta misma materia, pero bajo la perspectiva de la necesaria acción de la justicia mexicana para el deslinde de responsabilidades en el caso del menor asesinado, Sergio Adrián Hernández Güereca. Dictamen que fue aprobado por el Pleno de esta Comisión Permanente en su sesión del día 23 de mayo.
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a convocar, ante los graves eventos de brutalidad policiaca contra inmigrantes mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza, a una Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México – Estados Unidos para la Implementación de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI.  Esto con el fin de evaluar la observancia de la Declaración Conjunta México – Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y evaluar posibles reformas a los Protocolos vigentes sobre el particular.
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Mexicano a establecer un Grupo de Trabajo Intersecretarial que de seguimiento puntual a los casos de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policiaca en la frontera con la finalidad última de emitir recomendaciones para la prevención y supresión de eventos de esta naturaleza.
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar e implementar una ofensiva jurídica y diplomática en defensa de los mexicanos víctimas de la brutalidad policiaca y el uso excesivo de la fuerza en los Estados Unidos. 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de mayo de 2012.