El País |13 de junio de 2012
De acuerdo con el Premio Nobel de Economía Gary Becker, la discriminación por preferencias generalmente deja de ser rentable cuando aparece la competencia. Si yo fuera el presidente de un club de fútbol que se niega a fichar a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo porque aborrezco a los argentinos o a los portugueses, los dos se hubieran quedado muertos de asco en Santa Fe o en Madeira siempre que no hubiera competidores. En otras palabras, si existe una liga española o europea altamente competitiva, otros clubs que sepan de la valía de estos jugadores los ficharían, eliminarían a mi equipo en primera ronda, se llevarían los pingües beneficios de ganar los grandes torneos y mi equipo descendería o entraría en un concurso de acreedores. Lo mismo podría decirse si un director misógino del ballet nacional o el responsable de política científica no ficharan a Tamara Rojo o a María Blasco por ser mujeres. La evidencia empírica disponible nos muestra que, ceteris paribus,los grupos étnicos o de género desfavorecidos por estas prácticas discriminatorias han mejorado sustancialmente su situación profesional en aquellos sectores donde más ha crecido la competencia.
En este artículo, el tipo de discriminación al que me voy a referir está relacionado con el nepotismo. Por ejemplo, lo ocurrido con Bankia constituye un buen ejemplo de malas prácticas directivas y políticas que al final se pagan. La forma en que se realizó el SIP —fusión fría— de esta institución estaba condenada al fracaso en un contexto de alta competencia bancaria. La fusión de Caja Madrid y Bancaja, junto con otras cinco cajas pequeñas, estuvo determinada desde su inicio por la ambición de dos presidencias regionales afines políticamente por tener un banco grande “amigo” en un contexto donde el creciente avance de la Caixa en el sector de cajas de ahorro despertaba recelos autonómicos. La fusión para crecer en un sector no rentable, como es el de banca minorista (con un exceso de capacidad del 35%), concentrado primordialmente en un mercado de bajo crecimiento como es el doméstico, acaba pagándose. En el caso de Caja Madrid, hacerlo junto a entidades con más activos tóxicos y todavía más politizadas, se paga. Formar consejos de administración constituidos en buena parte por personas con afinidades políticas, e incluso familiares, con los dirigentes regionales, pero carentes de experiencia bancaria, se paga. Fomentar una salida a bolsa forzando, por motivos patrióticos, a varias grandes empresas nacionales a comprar paquetes de 25 millones de euros en la OPV —oferta pública de venta—, sin ser capaces de hacer un equity story —la historia del éxito, el potencial y el futuro de una empresa— en el que creyeran los inversores institucionales, se paga. La compra masiva de autocartera para sostener artificialmente el valor de la acción, provocando grandes pérdidas al derrumbarse ésta, se paga. Seleccionar nuevos equipos de profesionales de fuera sin experiencia en el funcionamiento de la institución e ignorar o prescindir de los de dentro, no sale gratis.
Nada de ello exime de responsabilidad a los anteriores gestores de Caja Madrid, donde la presidencia, como la de otras grandes empresas privatizadas en 1996-2000, fue a parar a compañeros de pupitre o de preparación de oposiciones del entonces presidente del Gobierno. ¡Qué mayor confianza que aquella emanada de los amigos de la niñez o de la juventud!
Sin embargo, los lodos de estos nombramientos no parecen haber hecho mella posteriormente. Hay múltiples ejemplos de afinidades similares en el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero (por ejemplo, en la presidencia de Caja CLM). Ejemplos recientes los tenemos en la propuesta de un candidato no suficientemente experto para el Consejo Ejecutivo de BCE, que no va a salir elegido pues hay otros más cualificados en esta materia de otros países. También en los recientes nombramientos para la cúpula del Banco de España de hace unos días. Por un mero prurito de independencia del Gobierno, ¿tiene sentido, nombrar a un candidato de 67 años con la expectativa de que dentro de tres años, cuando se jubile, pueda nombrarse a otro candidato afín, esta vez por un mandato de 6 años, en presencia de otros candidatos altamente cualificados pero políticamente más independientes?, o ¿cabe entender el veto como subgobernadora, tras haber salido su nombre en todos los medios (lo que hubiera supuesto un hito al ser la primera mujer en dicho puesto) a la anterior directora general de Tesoro precisamente por haberlo sido en un gobierno de otro color, ignorando que el penúltimo gobernador, nombrado por el PP, provenía precisamente de dicha dirección?
Es cierto que el gobierno actual tiene un amplio respaldo en las urnas pero ello no debe ser óbice para exigir un plus de profesionalidad en unas circunstancias tan complicadas como las que vive la sociedad española. Puede que estas acciones difícilmente comprensibles conlleven algún beneficio a corto plazo. Sin embargo, la competencia, esta vez a través de los medios globales y, sobre todo, por la presión de nuestros acreedores internacionales, serán en última instancia los que les (nos) hagan pagar por este tipo de desmanes que, si no son nepotistas (ojalá me equivoque), mucho se le parecen.
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