Fracasada la AFI, otro experimento calderonista
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso No. 1865, 29 de julio de 2012
El policía consentido de Felipe Calderón, Genaro García Luna, tiene un nuevo juguete: la Policía Federal Ministerial. Creada el año pasado, ahora asume plenamente funciones y le da la puntilla a la AFI. La nueva corporación quedó a cargo de Vidal Díazleal, personaje de oscuro pasado y allegado al secretario de Seguridad Pública. Antiguos miembros de la Agencia Federal de Investigación comentan a Proceso que la nueva policía –que trata de imitar al cuerpo estadunidense de los marshals federales– está llena de personajes bajo sospecha de tener nexos con el crimen organizado.
A cuatro meses de concluir, el gobierno de Felipe Calderón no deja de improvisar en materia de seguridad. Frustrado su proyecto de hacer de la Agencia Federal de Investigación (AFI) un FBI a la mexicana, ahora intenta convertirla en una policía inspirada en el US Marshals Service, el equipo de alguaciles federales estadunidenses.
Después del fallido intento de unificar a la AFI con su Policía Federal (PF), el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, buscó una nueva forma de controlar el brazo policial de la Procuraduría General de la República (PGR).
Creador en 2001 de la AFI, 11 años después García Luna la sustituye con la Policía Federal Ministerial (PFM), de la que se hace cargo uno de sus hombres de confianza en la PGR, Vidal Díazleal Ochoa.
La corporación fue presentada el miércoles 25, dos días después de que Calderón publicara en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Orgánica de la PGR, la segunda en este sexenio, que facilita el control de García Luna sobre ese brazo operativo.
En el papel la nueva policía depende de la procuradora Marisela Morales, quien enfrenta cientos de demandas de exagentes de la AFI que han sido despedidos durante la aplicación del Proyecto Fénix, creado presuntamente para depurar a las fuerzas policiacas.
El encargado de la presentación de la PFM fue el propio Díazleal, quien llegó a la PGR en mayo del año pasado después de trabajar en la PF, de la que salió temporalmente en 2007 luego de un incidente en Cananea que dejó 23 sicarios y policías muertos y del que se le responsabilizó por haber sido omiso.
Ahora con el título de comisario de la Policía Federal Ministerial, el hombre de García Luna confirmó que la nueva policía se parecerá a los alguaciles (marshals) estadunidenses hasta en el uniforme. Llevarán pantalón caqui y playera azul. “A partir de mañana ningún uniforme de los anteriores, azules, que traen el escudo de la AFI, podrá ser utilizado por los agentes”, dijo el miércoles 25 al presentar la corporación a la prensa en sus instalaciones en Lomas de Sotelo.
A esta especie de marshals mexicanos les fueron asignadas cinco tareas principales: cumplimiento de mandamientos judiciales; protección de testigos, colaboradores y víctimas; realización de servicios especiales de seguridad –incluida la movilización aérea–; vigilancia del Centro Federal de Arraigo y localización de fugitivos extranjeros a través de la oficina de la Interpol en México, que ahora depende de la propia PFM.
Se trata casi de una calca de las funciones del US Marshals Service, cuerpo que funciona desde 1789 en Estados Unidos y que depende del Departamento de Justicia. Los marshals estadunidenses están identificados como la policía de las cortes federales, la encargada de proteger a todos los implicados en procesos judiciales federales: detiene a los fugitivos federales y cumple las órdenes de arresto en coordinación con los gobiernos estatales y locales y con la oficina de la Interpol en Estados Unidos.
También son responsables de la administración y operación de los prisioneros federales, del traslado aéreo de detenidos con permanencia ilegal en territorio estadunidense y de la seguridad de los testigos protegidos y sus familiares.
Sólo hay dos diferencias respecto a su copia mexicana: los alguaciles estadunidenses administran los activos que confiscan y participan en operaciones tácticas relacionadas con misiones sensibles y clasificadas, la seguridad interna, emergencias nacionales, crisis domésticas y la comunidad de inteligencia.
En México los bienes asegurados quedan a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda; de las operaciones especiales se encargan otras dependencias –entre ellas la PF de García Luna–, aunque la propia PFM podría participar en algunas como parte de sus tareas especiales de seguridad.
Policía científica
Por iniciativa de García Luna en noviembre de 2001, durante el primer año de gobierno de Vicente Fox, la AFI sustituyó a la Policía Judicial Federal. Infiltrada por el narcotráfico, ésta fue sustituida, según dijeron Fox y García Luna, para dejar de ser una policía reactiva y convertirse en una “policía científica”.
Como su antecesora, la AFI muy pronto se vio tocada por la corrupción y adquirió fama de arbitraria. Uno de sus casos emblemáticos en este sentido fue la detención de Florence Cassez, acusada de secuestro. En marzo último la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la AFI violó las garantías constitucionales de la ciudadana francesa, ahora presa en el penal femenil de Tepepan.
La detención estuvo a cargo de Luis Cárdenas Palomino, entonces director general de Investigación de la AFI y actual titular de la División de Seguridad Regional de la PF. Esta corporación se constituyó formalmente en 2009 en sustitución de la Policía Federal Preventiva (PFP), creada en 1998.
Con el apoyo de Calderón, a través de la PF García Luna le quitó a la AFI el monopolio, como auxiliar del Ministerio Público, de la investigación y persecución de los delitos federales y de aquellos atraídos por la Federación o los que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Al inicio del sexenio de Calderón el brazo operativo de la PGR fue objeto de discordia por las pretensiones de control de García Luna. Entre septiembre y octubre de 2008 decenas de agentes de la AFI se movilizaron para oponerse al mando único policial propuesto por el secretario de Seguridad Pública y que en la práctica significaba que la AFI se integrara a la PF.
García Luna también quería el control de la inspección migratoria, a cargo de la Secretaría de Gobernación, y de la fiscal y aduanera, que queda bajo la responsabilidad de Hacienda. La policía única fue rechazada incluso por el Congreso, que se opuso a reformar la Constitución y las leyes relativas a la operación de la policía en el país.
Ante ese fracaso Calderón primero reformó la Ley Orgánica de la PGR en mayo de 2009 para desaparecer paulatinamente a la AFI de la estructura de la procuraduría y crear la Policía Federal Ministerial, que quedó a cargo de Nicandra Castro Escarpulli. Luego, en junio de ese mismo año transformó oficialmente la PFP en PF, aunque ese cuerpo ya operaba como tal desde un año antes.
En septiembre de 2009 el procurador general Eduardo Medina Mora fue sustituido por Arturo Chávez Chávez, quien a su vez en abril de 2011 le dejó la titularidad de la PGR a Marisela Morales. Apenas llegó, la procuradora designó a Díazleal Ochoa director de la aún existente AFI y encargado de echar a andar el Proyecto Fénix para “limpiar la corporación”.
Díazleal, quien asegura que en octubre de 2011 comenzó la sustitución de la AFI por la PFM, fue uno de los seis mandos removidos en 2007 de la entonces PFP por un incidente catastrófico ocurrido en Cananea, cuando el responsable de la seguridad regional dejó pasar un convoy de varias decenas de sicarios durante unos 500 kilómetros de carreteras federales, hasta que hubo un choque con el Ejército que tuvo como saldo 23 muertos.
Díazleal era director general de Seguimiento Operativo de la PFP. Junto con él fue cesado Javier Garza Palacios, coordinador general de Seguridad Regional. Pero después Díazleal fue rescatado por el comisionado general de la PF, Facundo Rosas Rosas, quien lo hizo director de Planeación de la corporación. En junio de 2008 se fue a Guanajuato como uno de los coordinadores estatales de la naciente PF. Un año después viajó a Colombia para tomar un curso impartido por la Policía Nacional de ese país y la DEA.
Depuración selectiva
A su regreso en enero de 2010 fue designado coordinador de la PF dentro del Operativo Chihuahua, del cual el Ejército tuvo que regresar a hacerse cargo debido a las quejas de la población por los abusos de la PF, que además fue acusada de proteger al Cártel de Sinaloa. En mayo de 2011 Díazleal llegó a la AFI para aplicar el proceso de depuración conocido como Proyecto Fénix.
Según varios exintegrantes de la AFI entrevistados el año pasado por Proceso, ese proyecto no fue más que la justificación de García Luna para conseguir lo que buscó durante todo el sexenio: controlar la Policía Ministerial. Aseguraron que los primeros despedidos fueron quienes dos años antes se habían opuesto a la unificación con la PF.
El instrumento de la depuración fue el polígrafo en pruebas aplicadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR. Los exagentes dicen que tras la llegada de Díazleal, los primeros exámenes de control y confianza fueron aplicados entre junio y agosto de 2011.
Aseguran que hubo consigna para señalarlos como “no aptos”, “desconfiados”, “narcisistas” o incluso “de coeficiente alto”, lo que los hacía “susceptibles” de pertenecer a algún cártel del narcotráfico. Con esos resultados quedaron “boletinados” e imposibilitados de por vida para trabajar en áreas de seguridad del gobierno o de la iniciativa privada.
El pasado miércoles 25, durante la presentación de la PFM, Díazleal dijo que de abril de 2011 a junio de 2012 han sido cesados 721 agentes por no haber acreditado los exámenes de confianza.
La cifra representa una disminución de 25% del personal, con lo que ahora la fuerza es de 4 mil efectivos, aunque el funcionario previó que en los próximos tres años lleguen a 7 mil.
Entrevistados en noviembre del año pasado, cuando salieron a las calles y fueron a la Cámara de Diputados para protestar por sus despidos, algunos exintegrantes de la AFI contaron lo que padecieron por oponerse a la unificación policial. Ellos –que pidieron el anonimato– dijeron que la invitación a la policía única se les hizo en todo el país, “pero en principio nosotros no quisimos ser preventivos porque somos investigadores, y en segundo, aunque dan buenas prestaciones, implicaba renunciar a nuestros años de servicio”.
En mayo de 2009 se reformó la Ley Orgánica de la PGR y se estableció que quien reprobara un examen automáticamente quedaría fuera de la corporación. A partir de entonces cada quincena, cuando los agentes iban a la ventanilla a recoger los recibos de su salario, recibían una hoja para firma en la que aceptaban someterse a los exámenes de permanencia. Todos firmaron. No hacerlo implicaba el cese.
Añadieron: “Hubo un examen de entorno social en el que visitaban nuestro domicilio para verificar las condiciones en que vivimos. Pero no acudieron a las casas de la mayoría de los 600 agentes que aplicamos. También pidieron referencias personales y laborales, pero nunca hubo constancia de llamada.
“La mayoría de los evaluadores son gente muy joven y no se identifican como evaluadores certificados. A mí la poligrafista Nancy Estrada me frotó las manos porque dijo que estaban muy frías y no podía detectar nada la máquina. Hay otros compañeros a los que los pusieron a brincar… de todo esto hay videos”, dijo un exagente.
El problema radicó en lo que el polígrafo “predijo”. “No importó que al momento estuviésemos limpios. Te cesaban porque eres desconfiado, cuando esta es una característica de un policía. ¡Por favor!”, exclamó molesta una exagente.
En la notificación recibida por uno de los exagentes, la PGR le señaló textualmente: “Respecto a la revisión y verificación de conductas denominadas de alto riesgo, en su evaluación actual se encontraron indicadores de falta de veracidad en los temas evaluados referentes a beneficios derivados de actos de corrupción y formar parte de algún grupo delictivo, ante lo que ofreció la siguiente información: tiene conocimiento de grupos delictivos como lo son La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Beltrán Leyva, La Mano con Ojos…”.
–¡Claro que tengo conocimiento de La Familia Michoacana porque se supone que debo estar enterada! A Los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva, La Mano con Ojos ni siquiera se los mencioné. Lo juro.
Además dijeron que funcionarios como Díazleal “han sido premiados” a pesar de los señalamientos públicos contra su desempeño, y mencionaron que Víctor Gerardo Garay Cadena, comisionado interino de la PF, fue detenido por presuntas ligas con el crimen organizado, mientras que Mario Arturo Velarde, secretario de García Luna, renunció al ser investigado por nexos con la mafia.
Dijeron que Roberto Cruz Aguilar González, director del Centro Operativo de Mando de la PF, fue detenido en posesión de vehículos robados y armas de fuego, mientras que Francisco Javier Gómez Meza, exdirector del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, fue detenido por declaraciones de testigos protegidos que lo ligaron con el crimen organizado. Señalaron también al detenido Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, del que dijeron que es un personaje cercano a García Luna.
Los agentes se quejaron: “A los funcionarios señalados de tener algún vínculo con la delincuencia organizada no los cesan; al contrario, los ascienden. En cambio a nosotros Marisela Morales nos califica de corruptos, de que no somos aptos y de que no seguimos los principios, pero hay compañeros que ya fueron notificados y aun así los tienen capacitando a los que van a ingresar ¡Es incongruente!”, señaló otro de los entrevistados.
Además de ser declarados “no aptos” los obligaron a tomar cursos de sensibilización al cambio. Los reunieron en el auditorio de la AFI. Ahí les explicaron que los cursos eran para que no se deprimieran. “Como en la montaña rusa, hay subidas y bajadas”, les dijeron y los pusieron a hacer un performance y a gritar una y otra vez: “¡Los cambios son buenos!”.
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
30 jul 2012
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