México, D.F., 17/07/2012
Qué tal, muy buenos días a todas y a todos.
Muchas gracias por estar aquí, en esta mañana.
El Gobierno del Presidente Felipe Calderón es un gobierno que escucha, que atiende, que dialoga con la sociedad civil.
A lo largo de los últimos años diversos organismos han planteado un número significativo, importante, de propuestas sobre los distintos problemas que en su perspectiva aquejan a nuestro país.
Desde el inicio de la Administración, en lo personal he tenido la oportunidad de tener contacto con diversos líderes de la sociedad civil, en varias ocasiones, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar para buscar la consolidación de una ciudadanía más activa, más eficaz, libre, en distintos aspectos de su participación en el ámbito público.
Tal es el caso más recientemente de la reunión que tuve con el grupo convocante de la Primera Cumbre Ciudadana, este pasado 14 de junio, en donde me comprometí, a nombre de la Secretaría de Gobernación, a revisar de manera conjunta las distintas acciones a desarrollar hasta el final de la presente Administración.
Se está dando seguimiento a
cada uno de los rubros ahí presentados y en particular quiero destacar el día
de hoy tres ejes, con el fin de seguir fortaleciendo la participación ciudadana
y a las organizaciones de la sociedad civil.
Primero, el acompañar y
fortalecer los diversos proyectos de las organizaciones de la sociedad civil
para la prevención social de la violencia y de la delincuencia.
Como es de su conocimiento,
la reconstrucción del tejido social, así como la prevención de la violencia y
la delincuencia son un eje fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Desde el Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, esto en el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene la tarea de
desarrollar programas, políticas y lineamientos en materia de prevención social
de la violencia, así como de fomentar activamente la participación de la
sociedad civil en la implementación de la política de prevención.
Hoy día este centro está
apoyando económicamente 48 proyectos de organizaciones que logren un modelo de
operación y sustentabilidad, que pueda ser replicado en distintas partes del
país, por un monto de 81 millones de pesos y seguiremos desarrollando proyectos
adicionales en la materia.
Segundo, es indispensable
reducir los costos y simplificar los trámites que enfrentan las organizaciones
de la sociedad civil. Para ello estamos trabajando en mecanismos basados en las
mejores prácticas internacionales que nos permitan impulsar el fortalecimiento
de las organizaciones de la sociedad civil.
Como ejemplo de ello, estamos
diseñando alternativas para facilitar la obtención del trámite de
reconocimiento de labores que se le exige a aquellas organizaciones que desean
ser donatarias autorizadas, para que este trámite se pueda lograr de una manera
mucho más sencilla y mucho más eficaz.
El Gobierno Federal está
convencido de que la mejor manera de solucionar los problemas que más preocupan
a la ciudadanía es mediante el trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno.
Tercero, indudablemente la
exigencia más profunda de la ciudadanía a sus representantes es que la política
de seguridad sea transparente, sea eficaz y que los tres órdenes de Gobierno, la
Federación, los estados y los municipios, rindan cuentas eficazmente.
Hemos buscado distintos
mecanismos para ello, hemos invitado a la participación de las organizaciones
de la sociedad civil, se han abierto los diálogos de una manera permanente, por
parte del propio Presidente de la República, con organizaciones de la sociedad
civil en todos los ámbitos de nuestro país.
Pero es indispensable
garantizar una mayor participación y una vinculación más directa y eficaz de
las organizaciones de la sociedad civil con la política de seguridad del Estado
Mexicano.
Para tal efecto, y por
instrucciones del Presidente de la República, se invitará al Consejo Nacional
de Seguridad Pública, de manera permanente, a cinco representantes de la
sociedad civil, conforme al planteamiento desarrollado por las propias
organizaciones y que es del conocimiento público.
Como ustedes saben, las
distintas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su interés en
estar presentes de manera permanente en todas las sesiones del Consejo Nacional
de Seguridad Pública con voz y con una participación directa en la agenda de
dichas reuniones.
Estaremos atendiendo esta
petición, la hacemos propia porque con su participación permanente en el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, las distintas organizaciones de la
sociedad civil podrán dar un seguimiento más efectivo, más cercano a las
labores del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados en materia de
seguridad.
Estamos llevando la voz de
los ciudadanos de manera permanente, de manera transparente y clara al máximo
órgano colegiado deliberativo y de toma de decisiones de nuestro país para la
seguridad pública.
Iniciaremos de inmediato los
trabajos de conformación de esta representación ciudadana ante el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar la mayor transparencia y
amplitud en la convocatoria.
Éste es un anuncio de la
mayor relevancia porque permitirá garantizar que a partir de ahora y para las
sesiones futuras, contaremos con la voz de los ciudadanos de manera sistemática
y clara en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Estamos, con esta medida,
poniendo a los ciudadanos, no solamente en el centro de la atención de las
políticas de seguridad, sino también en los centros de decisiones para que sea
su voz la que se escuche con la mayor claridad y la mayor eficacia posibles.
Amigas y amigos de los medios
de comunicación, el Gobierno Federal reconoce la fuerza, reconoce el vigor de
una ciudadanía activa, propositiva y crítica, que busca permanentemente la
solución a los problemas que enfrentan sus comunidades, sus ciudades, sus
regiones, nuestro país.
El Presidente Calderón nos ha
instruido a seguir trabajando intensamente, hasta el último día de la
Administración para potenciar todos los esfuerzos de la sociedad civil
organizada.
Estamos convencidos que la
democracia no radica únicamente en la participación en las urnas, es también la
democracia, el ejercicio eficiente y transparente del poder público que pueda
ser fiscalizado por la sociedad.
Las organizaciones de la
sociedad civil, además de consolidarse, deben incrementar permanentemente su
presencia en la vida pública y el Estado debe de ser facilitador de esta
participación. Así las organizaciones, los ciudadanos, seguirán siendo un
factor de construcción de ciudadanía y de transformación de las políticas públicas.
Desde el inicio de la
presente Administración ha existido el compromiso de ampliar los espacios para
que las organizaciones de la sociedad civil sumen valor a nuestro país,
aportando su inconformidad, aportando su activismo, aportando su perspectiva
crítica y aportando todo ese extraordinario trabajo que miles y miles de
ciudadanos en nuestro país realizan todos los días con la convicción de que
están forjando un futuro mejor.
La participación ciudadana es
indudablemente el mejor camino para contribuir a que la democracia permee en
todos los ámbitos de nuestra vida pública.
El Gobierno Federal convoca a
todas las organizaciones de la sociedad civil a seguir fortaleciendo el diálogo
constructivo y la participación responsable para la construcción de las
soluciones de fondo que requiere nuestro país, con el cual construiremos un
México más democrático, más justo, y más seguro para todos.
Muchas gracias, estoy atento
a sus preguntas.
Sesión
de preguntas y respuestas:
-
Pregunta: Buenos días, Secretario.
Varias
preguntas, también de varios temas. Sobre el tema en particular que está usted
tratando, quiero preguntarle por qué hasta ahora se permite, se aprueba esta
participación de la sociedad civil a las sesiones del Consejo Nacional de
Seguridad, si es un reclamo que tiene por lo menos dos años y además recuerdo
que las últimas sesiones de los consejos se ha acotado la participación de la
sociedad civil, sobre todo al Observatorio Ciudadano de Seguridad, y muy breve.
Y me gustaría tocar también
otros temas. Ya se cumplió prácticamente o casi una semana de que la Comisión
Permanente regresó las observaciones de la Ley de Víctimas al Ejecutivo.
Quisiera
saber, de manera concreta, ¿qué decidió el Ejecutivo en torno a este tema, si
va a presentar la controversia constitucional o va publicar la ley como lo
demandan los legisladores?
También preguntarle: Ayer se
dio a conocer una información relativa a contratos de la SEDENA, millonarios,
para la compra de equipo, aparentemente para hacer espionaje.
¿Para
qué se van a utilizar estas herramientas, si se justifica el costo que tuvieron
las mismas?
Y
si me permite también, por último. El fin de semana se dio a conocer un plan de
acción por parte de organizaciones ante lo que llaman la imposición de la
Presidencia, posible Presidencia de Enrique Peña Nieto y también mañana se dará
a conocer por parte de Andrés Manuel López Obrador un plan para defender lo que
llama la democracia.
¿Usted
haría un llamado a estas dos partes, a que los planes no incluyeran tomas de
espacios, movilizaciones, mítines o posibles plantones, incluyendo a López
Obrador?
-
Secretario Alejandro Poiré: Gracias, Antonio. (Baranda de Reforma?)
Ahora sí que ya mero te
quedas con todas las preguntas de tus compañeros, pero bueno, ahora sí el
privilegio de ser el primero.
Como lo hemos mencionado en
otras ocasiones, desde el inicio de la Administración se ha tenido la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Nacional
de Seguridad Pública.
Han estado presentes
distintas organizaciones, en algunas ocasiones para algunos temas en específico,
particularmente respecto a los observatorios ciudadanos y creo que esa
presencia ha sido permanente.
El objetivo es garantizar, de
manera formal, una presencia más activa, permanente y conforme a un mecanismo
de integración, que ha sido el que han propuesto las propias organizaciones de
la sociedad civil y en el cual estaremos trabajando de inmediato.
Creo que esta es una
propuesta del Ejecutivo Federal para garantizar que en el seno del Consejo
Nacional de Seguridad Pública esta política tenga una permanencia. Y creo que
esa es una noticia relevante y que obedece directamente a esta petición hecha por
las organizaciones de la sociedad civil.
Creo que hay una cosa que es
muy importante recordar respecto a la Ley de Víctimas: Se hicieron llegar las
observaciones al Ejecutivo Federal el 1º de junio, el plazo para presentar
observaciones vencía el 1º de julio y en ese día se hizo entrega de las
observaciones.
Es decir, estamos, con toda
claridad, dentro del plazo que marca la Constitución para hacer las
observaciones.
¿Qué
implicación tiene esto?
Que formalmente, conforme a
la Constitución, quienes tienen la atribución de desechar las observaciones son
los plenos de ambas cámaras del Congreso, es decir, el superar las
observaciones del Ejecutivo por dos terceras partes de la votación. Ese debiera
ser el procedimiento, si el Congreso de la Unión decide que no tienen sustento
las observaciones del Ejecutivo.
Nosotros estamos atentos a la
comunicación que ha hecho la Comisión Permanente, pero sí debemos aclarar que
la atribución formal con respecto a la presentación de observaciones por parte
del Ejecutivo le corresponde, en su caso, al pleno de ambas cámaras.
¿Qué
es lo importante?, más allá de si hay una controversia o no.
Lo importante es tener una
buena ley, lo importante es impedir que con la publicación de la ley hagamos
sufrir más a las víctimas del delito, que tengan que ir a distintas ventanillas
para la atención a sus necesidades, que pierdan la atención de PROVÍCTIMA.
Tenemos que impedir que eso ocurra.
Tenemos que impedir que como
resultado de la publicación de una ley, que tiene un muy buen propósito, las
víctimas del delito se enfrenten con que algún gobierno estatal o algún
gobierno municipal simple y sencillamente dice: “Híjole, yo no puedo cumplir
una ley, porque esa ley no tiene sustento constitucional”.
Esa es la discusión de fondo
y esa es la discusión en la que estamos trabajando con las organizaciones de la
sociedad civil y a la que hemos convocado también a las señoras y señores
legisladores.
Ya la Secretaría de la
Defensa Nacional ha explicado que el equipo adquirido es conforme a los planes
así establecidos para el ejercicio de sus atribuciones, y hay que recordar que
el ejercicio de ese presupuesto es conforme a lo aprobado así por el Congreso
de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Respecto a las distintas
manifestaciones y planes de acción, hay que recordar que desde el primer
momento de la Administración el Gobierno Federal ha sido plenamente respetuoso
de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación.
Es decir, nos hemos conducido
en apego la ley en un marco democrático.
¿Y
qué quiere decir un marco democrático?
El pleno respeto al ejercicio
de estas libertades, pero también el cumplimiento de la ley, y seguiremos
actuando en esa medida.
-
Pregunta: Sobre este tema del que nos informa, hay también un ofrecimiento que
le hizo el Gobierno Federal a las organizaciones de la sociedad civil, que fue
este Padrón Nacional de Víctimas y a cinco meses de concluir el sexenio,
Secretario, ¿están en condiciones de entregarlo como lo ofrecieron?
El
punto número dos, entonces sobre la Ley de Víctimas ¿no se corre el riesgo,
Secretario, de que esté en un callejón sin salida, en el limbo, esta minuta?
Porque
de acuerdo a sus cuentas, ¿qué sería lo que procedería si están en una etapa de
observaciones?
Y
el número tres, hay ya algunas manifestaciones de grupos que hablan de la
posibilidad de impedir la toma de posesión del próximo Presidente o en todo
caso, si se confirma que es Enrique Peña Nieto.
¿Qué haría el Gobierno, qué
ofrecería hacer el Gobierno Federal o si ya sería una negociación ya de
competencia del Gobierno de transición?
- Secretario Alejandro Poiré:
Respecto a tu primera pregunta me decías de un padrón nacional, pero no estoy
claro a cuál te refieres específicamente.
- Pregunta: El padrón de
víctimas, de desaparecidos que identificaba causas, que identificaba espacios
de las víctimas.
- Secretario Alejandro Poiré:
Estamos trabajando en dos vertientes.
Primero, se refiere al
trabajo de Províctima; Províctima está atendiendo de manera sistemática,
literalmente, a miles de personas que han solicitado sus servicios.
Aproximadamente son un poco
más de ocho mil que han atendido
directamente de manera presencial, digamos, en las distintas oficinas de
Províctima en todo el país.
Otro tanto aproximadamente a
través de vía telefónica, y estos son casos a los que se les da seguimiento de
la más diversa naturaleza; víctimas de la violencia, víctimas de delitos y se
les está apoyando desde el seguimiento de las investigaciones, hasta con apoyos
específicos en materia de salud, en materia de becas, en materia de atención
sicológica, en fin, según sea el caso y según corresponda.
Respecto a la integración de
un padrón de desaparecidos, hemos trabajado ya, a través de la Procuraduría
General de la República y de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, para que en cada una de las entidades que tienen estos reportes se
puedan integrar a un padrón nacional.
Uno de los objetivos de la
eventual reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública es ver la
actualización, precisamente, de ese padrón.
Insisto, esta es una de las
tareas muy importantes a las que se dedica el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, pero al final del día estas denuncias se presentan ante las
autoridades del fuero común.
Nosotros necesitamos integrar
ese listado y validarlo, evidentemente, con los datos que tengamos de otras
entidades donde se pudiera haber identificado a estas personas.
Tendremos una actualización
respecto al avance en esa materia en la siguiente sesión del Consejo Nacional
de Seguridad Pública. Está trabajando de manera sistemática la Procuraduría con
las distintas fiscalías y procuradurías estatales.
Respecto a la Ley de Víctimas
lo que nosotros planteábamos, digamos el procedimiento constitucional ordinario
para las observaciones que recibe el Congreso de la Unión del Ejecutivo, es
turnarlo a comisiones; porque ahí en las comisiones en donde se puede llevar a
cabo el trabajo de decir: A ver, si estas son las observaciones, vamos a
trabajar sobre esas observaciones, cuáles sí corresponde, cuáles podemos
mejorar, cuáles podemos ampliar, cómo garantizamos que no se dé este problema
de que no tengamos el fundamento constitucional, etcétera, para poderlo
avanzar.
Pero en la medida en que la
Comisión Permanente y el Senado de la República han planteado el regresar esas
observaciones, justamente tenemos que hacer el análisis jurídico para ver si lo
que corresponde es una controversia, para poder dar curso a estas
observaciones.
Pero más allá de lo que
ocurre específicamente con ese trámite jurídico, lo central es sentarnos a
trabajar, precisamente, para decir: A ver, ¿cuál es el objetivo de todos y cuál
es el compromiso del Gobierno Federal?
El compromiso es fortalecer
la atención a las víctimas. El primer paso, que es un paso significativo, es
justamente Províctima. Ahí está, estamos de acuerdo en que se necesita una
mejor ley, claro que sí.
¿Qué
tenemos?
Tenemos dos cosas de entrada:
Primero. Ya tenemos una
minuta aprobada por el Senado de la República, de un cambio constitucional, ese
cambio constitucional, precisamente, lo que hace es reconocer que ahorita el
Congreso de la Unión no tiene facultades plenas para legislar en materia de
reparación del daño.
Ya se hizo esa modificación,
ya está en la Cámara de Diputados, un primer paso que podríamos hacer es de
inmediato tener el dictamen por parte de Cámara de Diputados para tener la
Reforma Constitucional. Eso nos garantizaría el que contáramos con una base
constitucional, que nos permita tener una ley general sólida. Ya con la base
constitucional y una ley general sólida no va a haber forma de que un estado o
un municipio o la propia federación en un momento dado, digan esa atención a
esa víctima por ese delito no me
corresponde a mí.
No, eso es importante y el
Senado de la República tan reconoce que se necesitaba esa base constitucional
que ya la aprobaron. Ese es un primer paso.
Pero independientemente de
eso, que es un paso que se puede dar en el ámbito del Congreso de la Unión, lo
que necesitamos es instalar grupos de trabajo.
Yo he tenido ya comunicación
con algunos legisladores y con algunos de los integrantes de las organizaciones
de la sociedad civil, insistiremos en ello para instalar en esta misma semana
una mesa de trabajo y para poder definir el contenido de la agenda sobre las
observaciones que ya se han vertido, sobre los distintos proyectos que hay en
la materia para poder contar con una ley lo antes posible, y creo que eso puede
llevarse a cabo el trabajo en comisiones, independientemente del trámite
constitucional al que ya hemos hecho referencia.
Lo que le corresponde al
Gobierno de la República, en todo momento, es guardar y hacer guardar la ley.
¿Eso
qué quiere decir?
Quiere decir el pleno
ejercicio de las libertades ciudadanas, y así se ha hecho, así se hizo durante
todas las campañas, así se hizo previo a las campañas, así se hizo después de
la jornada electoral y así lo seguiremos haciendo.
El pleno ejercicio de la
libertad es en qué marco. En el marco del cumplimiento de la ley y eso ocurrirá
hasta el día de la toma de posesión y, digamos, esto no es más, pero tampoco es
menos, que el cumplimiento del mandato de la Constitución y creo que además
todos hemos aprendido mucho de la pertinencia del diálogo, de la utilidad y lo
valioso que es la búsqueda de acuerdos en el marco de la ley y ese es el
compromiso permanente del Gobierno de la República a este respecto.
-
Pregunta: Mi pregunta va en el sentido de las declaraciones recientes en torno
al desempeño del Gobierno del Presidente Calderón, tanto del Congreso de
Estados Unidos, del Senado de Estados Unidos, que cuestiona uno de los
principales, digamos, bastiones en el discurso presidencial, que es el tema de
la seguridad. Cuestionan gravemente o señalan omisiones graves respecto de esta
lucha contra el crimen organizado.
Y
la segunda, es esas declaraciones de Javier Sicilia en el sentido de que el
Presidente ha sido traicionado otra vez.
Yo
quisiera saber si usted observa en estas declaraciones alguna mezquindad por
parte de los declarantes o bien alguna deficiencia por parte del Gobierno del
Presidente Calderón, que de alguna manera también se reflejó en el resultado
electoral.
Secretario Alejandro Poiré: Como
ya lo hemos dicho, el compromiso del Gobierno Federal y el compromiso del
Presidente Calderón es justamente, con una mayor y mejor atención a las
víctimas, y precisamente en ese sentido es que estamos actuando. Estamos absolutamente
claros y convencidos de ese propósito.
Y por supuesto que existe, en
un momento dado, un desacuerdo con respecto a cuál es el mejor instrumento o
mecanismo para lograrlo.
Nosotros hemos sido abiertos,
hemos sido transparentes y hemos platicado con distintos representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, precisamente, para explicarles tanto el
propósito como el mecanismo para lograrlo y ahí está el compromiso claro de
trabajar para lograr este resultado que todos deseamos.
Y en democracia existen
diferencias de opinión; somos un Gobierno democrático y abierto, y en ese
Gobierno democrático y abierto hay claridad de propósito y un compromiso claro
de construir esa solución que todos deseamos.
Con
respecto a las declaraciones de legisladores estadounidenses, ya hemos señalado
con una gran claridad que rechazamos los informes unilaterales, que este es un
informe unilateral que carece de la información debida, que
no tiene el sustento adecuado, que el Gobierno de la República, por supuesto,
tiene una estrategia integral, que es una estrategia que desde luego ha
requerido de la presencia de la Fuerza Federal, de la Policía Federal, de la
Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México
en defensa de los ciudadanos, a solicitud de los gobiernos locales, que incluso
esta presencia está signada en convenios, formalizada como tal, pero que ese es
un componente nada más de la lucha.
Y que un componente mucho más
profundo, mucho más trascendental es justamente el que se refiere a la
transformación de las instituciones de seguridad y de justicia, que es también
una tarea de los gobiernos estatales, como lo es del Gobierno Federal.
A este respecto daba un dato,
que seguramente los legisladores estadounidenses desconocen, pero que vale la
pena destacar: Hoy día, gracias al esfuerzo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, y me refiero a la Federación y a los estados, contamos con más de cien
mil policías en todas las entidades que han aprobado su Control de Confianza.
Díganme ustedes cuándo, en la
historia de este país, podíamos contar con por lo menos un viso de que algún
día contaríamos con policías certificadas y aptas.
Falta muchísimo por hacer, y
también lo he dicho: Es necesario que así como estamos certificando a los
buenos, pues corramos a los malos y hay que avanzar en ese trabajo, desde
luego.
Pero es indudable que ahí
está la muestra de una transformación institucional en proceso, en camino y a
paso acelerado.
Y esto por no mencionar, por
supuesto, el tercer componente de una estrategia integral, que es la de la
profunda transformación del tejido social, de la cual hemos hablado en otras
ocasiones y que incluye, por ejemplo, la integración de la red de atención y de
prevenciones más amplia y de toda América Latina, con centros Nueva Vida, con
centros de Atención Juvenil y con todo un esquema de prevención de las
adicciones y de rehabilitación, que además ha duplicado todo el presupuesto
generado durante la administración pasada.
Precisamente por eso la
propia Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado su rechazo a este tipo
de informes unilaterales.
-
Pregunta: Buenos días, Secretario. Yo también tengo varias inquietudes.
La
primera. Ayer también un comité del Senado Estadounidense sacó un reporte de
que el Banco HSBC estaría lavando o prestando algunas de las cuentas para lavar
dinero de carteles del narco mexicano.
¿Ustedes tenían conocimiento
de esto? Si no es así, ¿México tendría que iniciar también una investigación de
la filial de HSBC aquí en México?
Segundo. Esta semana la
Revista Proceso sacó un reporte de que los zetas se están dividiendo, los
liderazgos entre el Z- 40 y El Lazca, en los últimos meses habíamos visto
también algunos otros reportes sobre esto, periodísticos, sobre todo.
¿Usted
podría confirmarnos esto, si es cierto que se está viendo una división en la
cúpula de Los Zetas?
Y
tercero. Si me lo permite, el Presidente Calderón dijo al Diario El País, este
fin de semana, que los homicidios en el primer semestre habrían bajado entre 15
y 20 por ciento.
¿Usted
tiene la cifra concreta o total específica de los homicidios?, porque la última
que tenemos de homicidios vinculados al crimen organizado son de septiembre de
2011, ¿por qué ya no dan a conocer estas cifras, Secretario?
- Secretario Alejandro Poiré:
Muchas gracias Eduardo.
Respecto a esta última
pregunta, ya lo hemos aclarado en otras ocasiones, pero lo señalo con toda
claridad: la estadística a la que se refería el Presidente de la República, la
estadística que hemos hecho pública ya de manera sistemática desde hace muchos meses,
a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
es la de homicidios dolosos.
Porque precisamente el
objetivo es contar con los datos formales de las averiguaciones previas, de las
actas circunstanciadas en su caso de los gobiernos estatales, para poder tener
un registro formal oficial, conforme a investigaciones específicas de los
homicidios que se están llevando a cabo; y ese dato, si mal no recuerdo, ya se
dio la última actualización conforme al dato más reciente que se dio, que si no
estoy equivocado es hasta mayo.
Pero se están dando de manera
sistemática y esos datos reflejan justamente esa tendencia de la que hablaba el
Presidente de la República.
No quisiera especular
respecto a estos reportes periodísticos que, entiendo, se hacen en referencia a
algunas de las mantas o escritos publicados por las organizaciones
delincuenciales.
Para nosotros el objetivo es,
por supuesto, poner a los distintos responsables de estos delitos ante la
justicia y por supuesto que la inteligencia correspondiente hace el análisis a
ese respecto.
No conozco el contenido
específico, conozco solamente los reportes mediáticos de este reporte ante el
Comité del Senado estadounidense, pero evidentemente que corresponde a las
autoridades ministeriales o de inteligencia financiera o de combate al lavado
de dinero, el evaluar la información ahí vertida y, en su caso, por supuesto, actuar en
consecuencia.
- Pregunta: Volviendo un poco
a lo que es la Ley General de Víctimas.
Usted
el pasado jueves dijo que estaban esperando la comunicación del Senado; quiero
preguntarle si ya llegó esta comunicación, sobre todo porque ahorita usted
acaba de decir que va a iniciar algunas mesas y quiero saber si esto es con la
venia de los propios legisladores, el inicio de estas mesas.
La
otra, debe existir un plazo de publicación de esta ley. Quiero saber cuánto
tiene la Secretaría de Gobernación para publicar el plazo, sobre todo porque si
hay alguna controversia, estos trámites son muy largos y a la presente
administración ya no le daría tiempo de ver cristalizados todos estos cambios
que ustedes quieren hacer.
Y
sobre el tema de hoy, usted acaba de decir el llamado para cinco organizaciones
para que se incluyan a este Consejo. ¿Ya tienen ustedes las solicitudes o ya
tienen a las organizaciones que podría participar con un representante en este
Consejo?
-
Secretario Alejandro Poiré: A
ver, qué bueno que haces la pregunta así. Sí, en efecto, ya tenemos la
comunicación por parte del Senado y la estamos analizando, pero tenemos que
distinguir dos cosas.
Primero, el trámite formal
jurídico-técnico de la respuesta que nos está enviando el Congreso de la Unión.
Eso pudiera derivar en una controversia porque como ya he dicho, para que se
rechacen las observaciones del Ejecutivo, lo que tendría que ocurrir es que dos
terceras partes de ambas Cámaras se pronuncien al respecto y eso no ha
ocurrido.
Entonces,
tenemos que analizar esa parte jurídica.
Pero precisamente por lo que
dices, porque esos trámites jurídicos pueden llevar mucho tiempo, lo necesario
es sentarnos a trabajar.
Ya he hablado con algunos
legisladores precisamente para ese efecto, porque evidentemente que las mesas
de trabajo tienen que incluir a los legisladores y tienen que contar con la
participación de las distintas organizaciones porque, como bien dices, hay
prisa.
Nuestra propuesta era que las
observaciones se fueran directamente a las Comisiones, para ya en las
Comisiones poder trabajar sobre esas observaciones y sobre todas las demás
cosas que se quisieran debatir.
Tenemos que reconstruir ese
proceso, independientemente del trámite jurídico.
Entonces, hay que hacer las
dos cosas al mismo tiempo: ver el trámite jurídico, ver cuál es la vía para
poder resolver este dilema técnico; pero sobre todo, contar con un instrumento
que nos permita tener una ley de víctimas lo antes posible y para eso se
necesita trabajo, el diálogo con las organizaciones.
Ya existe una propuesta sobre
cómo incluir a los grupos de la sociedad civil. Causa en Común la ha presentado
a nombre de distintas organizaciones de la sociedad civil y creo que esa traza
una muy buena ruta para garantizar que no sea el Gobierno el que se selecciona
a las organizaciones de la sociedad civil, sino que hay una representación
plural, amplia, diversa, abierta, enfática, de las organizaciones de la
sociedad civil de manera permanente.
Ese es el objetivo:
garantizar una presencia permanente, eficaz, que le dé transparencia, que le dé
mayor firmeza a la vinculación entre los gobiernos y las organizaciones de la
sociedad civil en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
- Pregunta: Entonces no hay
una fecha exacta para la publicación de la ley. Usted dice que van a trabajar
en paralelo.
Precisamente no hay y una
fecha, la ley no les marca una fecha para poderla publicar, o nos vamos a
llevar de aquí al 1º de diciembre o días antes para que se publique.
Secretario Alejandro Poiré: Tiene
que trabajarse en los dos sentidos.
Por un lado en resolver esta
solicitud del Congreso de que se publique una ley sobre de la cual nosotros ya
hicimos observaciones.
Si la ley está observada, no
se puede publicar con las observaciones, salvo que exista una mayoría de ambas
Cámaras del Congreso de dos terceras partes. Entonces, ahora formalmente no hay
un plazo para publicar esa ley.
Precisamente porque no existe
un plazo perentorio, lo que tenemos que hacer es acelerar el trabajo de
definición de una ley con esos elementos, precisamente, para poder tenerla lo
antes posible y en cualquier caso requerirá de la participación del pleno de
ambas Cámaras, en su momento.
- Pregunta: Déjeme insistir
en el tema de la Ley de Víctimas, al menos a mí no me queda claro.
Usted
señala, uno pelea mucho el Gobierno Federal la parte de que se entregó en
tiempo, de acuerdo a lo que el Congreso les envió en su momento cuando la
aprobaron.
Luego,
señala usted, hace referencia a este Artículo, si no me equivoco debe ser el
73, que fue aprobado por el Congreso, por el Senado más bien, y que permite,
que da facultades al Congreso en su totalidad para trabajar sobre la situación
de víctimas que la Cámara de Diputados no ha aprobado.
El
llamado es que apruebe la Cámara de Diputados las modificaciones al 73
Constitucional para, en su caso, ya poder trabajar sobre lo que es la Ley
General de Víctimas per se, es lo que no queda claro, Secretario.
Ahora,
señala usted la necesidad de que estas observaciones que ustedes devuelven, que
la permanente les dice que no, tiene que ser regresado, en su caso, o visto por
ambas Cámaras por separado. Creo que lo único que ya quedaría es hacer un
llamado a un periodo extraordinario porque si no, ya será hasta el siguiente
periodo y ya le tocaría a la siguiente administración.
Esa
es la parte de los tiempos, porque por más que se sienten a trabajar ahora, son
tiempos de que se acaba esto, se acaba la administración. Eso por un lado.
Por
el otro, dígame Secretario, cuáles son estas cinco representantes de
organizaciones civiles que son invitados a formar parte del Consejo de
Seguridad.
Y
por último, en cuanto a los informes de Senado de Estados Unidos, dice usted
que no aceptan los informes unilaterales. Perdón, pero ¿que no trabajan en
conjunto para este tema de la seguridad el Gobierno de Estados Unidos ayuda a
México, al menos en cuestiones materiales, recursos materiales?
Y
el Gobierno Mexicano mucho presume de esta colaboración que tienen y estos 100
mil policías que usted presume hoy están ya listos, ya aprobados, supongo que
entrarán en estos equipos que son preparados, incluso, o adiestrados o formados
por mismas autoridades de Estados Unidos.
Y
ahora sí la última. Es que respecto al tema de HSBC, está siendo acusado igual
por Estados Unidos, en Estados Unidos, por lavado de dinero. ¿El Gobierno de
México iniciará alguna investigación al respeto, porque se está haciendo en
México?
- Secretario Alejandro Poiré:
Ley de víctimas, en el orden en que tú
propusiste Ariadna, si te parece bien.
Primero, los tiempos. Sí, por
supuesto, que tenemos que insistir en el tema de los tiempos, porque era uno de
los argumentos con respecto al cual el Senado dice: “Oye, tus observaciones
están fuera de tiempo”. Pues no, no están fuera de tiempo, las observaciones se
entregaron en tiempo y forma, creo que eso está cabalmente demostrado.
El Congreso de la Unión nos
manda a nosotros la minuta el 1º de junio; el plazo para hacer observaciones
vence el 1º de julio. Dentro de ese plazo se entregaron las observaciones.
Creo que ese es un primer
tema de los tiempos de las observaciones.
Segundo. Sí, la observación
que hacía es respecto al 73 Constitucional, ¿por qué?
Porque una de las
observaciones que el Presidente de la República le envía al Congreso, cuando le
dice: “Oye, esta Ley General de Víctimas no jala muy bien”, es precisamente que
no tiene el debido sustento Constitucional.
¿Y eso qué quiere decir?
Vamos a ver: El Congreso
federal es el congreso que representa a la Federación y no tiene atribuciones
directas, salvo en casos específicos, para determinar las acciones de los
estados.
En particular, en lo que se
refiere a reparación del daño, hoy día el Congreso federal no tiene atribución.
¿Qué se necesita para darle
atribución? Una Reforma Constitucional. ¿Por qué una Reforma Constitucional?
Porque en esa interviene el Congreso federal y los Congresos de todas las
entidades federativas.
Por eso sí decimos: Una cosa
muy pertinente es la aprobación de esa minuta.
¿Qué quiere decir eso? Que el
Senado ya reconoció que, en efecto, se necesita darle esa atribución al
Congreso de la Unión y ya le envió la minuta a la Cámara de Diputado. Bueno, un
paso adelante sería ese, de entrada.
No quiere decir que tenga que
ser un paso previo, lo que estamos diciendo es que al mismo tiempo que eso
ocurra, cuando se reúna la Cámara de Diputados para votar ese precepto
constitucional, ese cambio a la Constitución, independientemente de eso lo ideal
sería que ya tuviéramos una nueva Ley General de Víctimas para que cuando entre
en vigor el cambio constitucional, también entre en vigor al mismo tiempo la
nueva ley, una ley que cuente con el precepto constitucional, pero que además
garantice un funcionamiento adecuado del esquema de atención a víctimas.
Lo último que queremos, de
verdad, es que alguien que ha sido víctima de un delito o alguien que ha sido
víctima de la violencia, se enfrente a todo un proceso burocrático para ser
reconocido como víctima, primero y después toda una serie de ventanillas para
decir: “¿Quién me va dar la atención?” –“No, pues la secretaría de salud del
estado; no, mejor vete con el Seguro Popular; no, mejor con…” No, que esté muy
claro cuáles deben de ser los pasos para atender a las víctimas en el momento
que entre en vigor la ley.
Precisamente por eso el
trabajo es, independientemente de si esto se hace al final del día, en una
votación en un periodo extraordinario o el 1º de septiembre, a partir del 1º de
septiembre, cuando se reúne la nueva Legislatura, pues que podamos trabajar ya
en un proyecto consensuado, que incorpore las preocupaciones de las víctimas
pero también que garantice un resultado adecuado para las propias
organizaciones que representan precisamente a los afectados por los delitos.
El informe del Senado. Sí, sí
trabajamos de manera muy sistemática con el Gobierno de los Estados Unidos y,
precisamente por eso, nos llama mucho la atención que un grupo parlamentario
del Congreso de los Estados Unidos, de manera unilateral, presente un informe
que con toda franqueza, y ya lo hemos dicho, no tiene sustento en los hechos y
por eso lo rechazamos categóricamente.
Los cinco representantes.
Haremos una convocatoria amplia y abierta conforme al procedimiento para esto
planteado por las propias organizaciones de la sociedad civil y, justamente, no
los vamos a definir nosotros.
Hay un proceso así planteado,
lo ha planteado Causa en Común, involucraba la participación de distintos
actores de la sociedad civil y de líderes académicos, etcétera, para poder
generar una convocatoria amplia y ese será el procedimiento que estaremos
nosotros proponiendo ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
- Pregunta: ¿Y respecto a
HSBC?
- Secretario Alejandro Poiré:
Evidentemente que si existen indicios sobre la comisión de delito, que se
deriven de este reporte y que pudiera ser que ya hay investigaciones en curso dentro
de nuestro país, le corresponderá a las autoridades competentes llevar a cabo
las investigaciones y, en su caso, informar al respecto.
Muchas gracias, muy buen día.
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