El Universal, 16 de agosto de 2012
Quizás es muy temprano para afirmar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido infiltrada por el crimen organizado, pero la decisión de un juez federal de someter a proceso a un funcionario del alto tribunal no puede desestimarse.
Juan Carlos de la Barrera Vite, quien se desempeñaba como director de área (recursos humanos) de la Corte y durante 2007 y 2008 fungió como secretario de estudio y cuenta en la Primera Sala, está acusado de haber proveído información a miembros del cártel que comanda Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, revelaciones que habría obtenido mientras trabajó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Por lo que ha trascendido, entregaba datos provenientes de las declaraciones de testigos colaboradores a Felipe Cabrera Sarabia, El Inge, detenido en diciembre del año pasado, a quien se identifica como uno de los lugartenientes de El Chapo.
El crimen organizado dispone de recursos incalculables para corromper o intimidar a funcionarios en áreas clave y nuestras instituciones no parecen estar preparadas para reducir sus vulnerabilidades. Durante la administración de Vicente Fox, se detuvo al coordinador de giras de la Presidencia de la República, Nahum Acosta Lugo, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
A la fecha permanece prófugo Julio César Godoy, medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, acusado de formar parte de las redes de protección política del narcotráfico en ese estado, y varios generales están siendo sometidos a proceso por su presunta relación con criminales.
La lección es muy clara: es imperativo establecer en unos casos y reforzar en otros, los procedimientos de contratación y permanencia de funcionarios en áreas vinculadas con la lucha contra el crimen organizado, de los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno, lo que deberá incluir la aplicación aleatoria de rigurosos exámenes de control de confianza que incluyan la revisión de su situación patrimonial. Hace unos días, un prestigiado abogado penalista me decía que para asomarse a la corrupción en la estructura judicial, bastaba con observar en los estacionamientos de los juzgados penales, los vehículos de jueces y funcionarios.
La infiltración en instituciones clave constituye un riesgo a la seguridad nacional.
Mientras el gobierno del presidente Felipe Calderón intenta probar que los delitos están a la baja, los grupos criminales están empecinados en desmentirlo. La semana pasada en Apatzingán y otros tres municipios de Michoacán se vivieron seis horas de combate y bloqueos; los delincuentes, al parecer miembros de Los Caballeros Templarios —una escisión de la Familia Michocana— incendiaron vehículos y se enfrentaron a policías federales.
Por otra parte, entre jueves y viernes de la semana pasada, quedó un reguero de cadáveres, al parecer como producto de enfrentamientos entre las bandas y de ejecuciones: sólo en San Luis Potosí 21 muertos.
Un Mejoral para el PAN
El Consejo Nacional del PAN que sesionó el pasado fin de semana, decidió integrar un Comité de Evaluación y Mejora del PAN.
La sola denominación, “Evaluación y mejora”, parece desestimar la profundidad de la crisis. ¿De eso se trata?, ¿de mejorar al PAN, que es como decir, que sólo requiere una “manita de gato”? Pues entonces que recurran a un Mejoral que, según decía hace muchos años su publicidad: “mejor mejora”.
Para colmo, integran esta comisión, entre otros: Luis Felipe Bravo Mena, César Nava, Germán Martínez. Muchos de los males que aquejan al PAN se dieron por la ineptitud, la irresponsabilidad y los excesos de algunos de algunos de quienes hoy evaluarán al partido. Malas noticias para quienes reconocen que es imperativo emprender una cirugía mayor.
@alfonsozarate
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