El “doble play” de Calderón/Jenaro Villamil
Revista Proceso # 1868, 19 de agosto de 2012
Felipe Calderón demuestra que no sólo llevó el país al desastre en materia de seguridad, sino también en competencia y en libertades básicas como la de expresión e información. Para ello, no le importó hacer que dependencias como Hacienda y la SCT se contradijeran, con tal de anotar su personal doble play: utilizar la banda 2.5 ghz como instrumento de castigo para MVS por recontratar a la periodista Carmen Aristegui el año pasado, y al mismo tiempo congraciarse aún más con Televisa, otorgándole prácticamente todo lo que exigió para consolidar su dominio en el ramo de las telecomunicaciones.
En el ocaso del sexenio de Felipe Calderón,
tras la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de “rescatar”
el espectro de la banda 2.5 ghz, el presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas,
decidió romper el pacto de silencio entre concesionarios y gobierno para
revelar que desde 2008 la administración panista optó por favorecer los
intereses de Televisa y negarle a su grupo el refrendo de sus concesiones para
impulsar un proyecto de internet en banda ancha. “La realidad hoy nos indica que la decisión
(de decretar el “rescate” de la banda) ya estaba tomada y que al final del
camino fuimos engañados”, sentenció Vargas en la rueda de prensa multitudinaria
que ofreció el miércoles 15.No sólo las presiones de Televisa explicarían la medida que la SCT anunció el miércoles 8. Joaquín Vargas relató los intentos de censura y presión ejercidos no sólo desde Los Pinos y la SCT, sino también a través del que fuera secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para que no recontratara a la periodista Carmen Aristegui como conductora de su noticiario matutino porque el 4 de febrero de 2011 lanzó al aire una pregunta relacionada con el supuesto problema de alcoholismo de Felipe Calderón.
“Minutos después –afirmó Joaquín Vargas–, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”.
Sostuvo que también el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, con quien se reuniría ese 4 de febrero, le advirtió: “Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno con MVS, y en especial de la 2.5, en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente”.
La advertencia más directa, dijo, provino del secretario del Trabajo, Javier Lozano, que en un encuentro realizado el 13 de febrero y en medio del escándalo internacional generado por la salida de Aristegui del aire le soltó: “Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta el último día”.
Aunque Lozano ha negado la versión, su amenaza se cumplió: La SCT tomó la decisión que paraliza inversiones por más de 500 millones de dólares, según informó Joaquín Vargas, luego de que MVS recontrató a Carmen Aristegui, quien se negó a leer una disculpa pública redactada desde Los Pinos.
Todavía el 3 de junio pasado, en vísperas de que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) autorizara la fusión de Televisa y Iusacell tras una intensa presión de Los Pinos a los tres comisionados que originalmente votaron en contra, Alejandra Sota volvió a advertirle a Joaquín Vargas que esta resolución “ofrecía a MVS una ventana de oportunidad para destrabar el proyecto de la 2.5, siempre que MVS accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución del gobierno”.
Antes de iniciar su rueda de prensa en el hotel Camino Real de la Ciudad de México, Joaquín Vargas confirmó a Proceso que la decisión de anunciar el “rescate” de los 190 mhz de la banda 2.5, la mayoría concesionados a MVS, fue una “venganza” de Felipe Calderón y que contaba con documentos para sustentarlo. “Esto fue muy similar a lo que le hicieron al general Tomás Ángeles”, comentó Vargas, en referencia al arresto y la acusación contra el militar por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Airada respuesta
La reacción de los funcionarios aludidos fue inmediata e irascible. Javier Lozano y Dionisio Pérez Jácome reviraron la acusación de Joaquín Vargas, quien según ellos quiso “chantajear” al gobierno calderonista con el posible despido de Aristegui.
La oficina de Comunicación Social de Los Pinos emitió un comunicado que en sus últimos párrafos contiene una amenaza nada velada:
“Cuando no son los principios los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace: calumniar, difamar, tergiversar y engañar con el simple objeto de alcanzar sus metas económicas.
“El intento de imponer intereses financieros por encima de los de México es inadmisible para el gobierno federal. No se cederá frente a la presión y el chantaje, al tiempo que nos reservamos la valoración de proceder conforme a derecho.”
El Grupo Televisa también decidió hacerse oír. En un breve comunicado afirmó que “es ajena a esas decisiones” de la SCT y que el tema central de confrontación es el monto de la contraprestación.
Como si se tratara de un guión, una vez que Televisa emitió su boletín cambiaron las versiones de la SCT y de la Secretaría de Hacienda. Ya no “rescataron” la banda 2.5 ghz por estar “subutilizada”, como originalmente afirmó Dionisio Pérez Jácome, sino porque MVS pretendía pagar “una bicoca” como contraprestación.
En su comunicado del jueves 16, Hacienda argumentó que MVS ofreció pagar sólo 104 millones de pesos por el uso de un bien que, de acuerdo con la valoración gubernamental, asciende a 27 mil millones. En otras palabras, la empresa ofreció “menos del 1%” de lo que pedía el gobierno, remató la SCT.
Las autoridades negaron rotundamente haber tenido alguna injerencia en la salida de Aristegui del 5 al 11 de febrero de 2011, pero el pasado jueves 16, en su espacio informativo, la periodista confirmó que no sólo fue una petición de disculpa pública sino la orden de que leyera un texto redactado desde Los Pinos. “Las presiones fueron escalando”, afirmó Aristegui en MVS Radio.
Las pruebas de MVS
Ante la dura respuesta del gobierno federal, así como de comentaristas y medios afines a Televisa y Los Pinos, Joaquín Vargas decidió suspender todo tipo de entrevistas y anunció que a partir del lunes 20 daría a conocer “las pruebas de las presiones de Comunicación Social de la Presidencia de la República”, de su dicho frente a la amenaza de Javier Lozano y de las presiones de Grupo Televisa.
Una de las pruebas documentales más importantes que Vargas asegura que presentará sería el modelo de “disculpa pública” enviada desde la oficina de Alejandra Sota en febrero de 2011 para que Carmen Aristegui la leyera como si ella la hubiera redactado, y entonces regresara a conducir el programa.
Este modelo, cuyo texto obtuvo Proceso desde febrero de 2011, se titula Carta de Disculpa Pública y la clave está en dos líneas, en las que se afirma que “no hay nada que pueda probar” que Felipe Calderón tiene problemas de alcoholismo y que la pregunta lanzada al aire era una “vulgar” difamación de los adversarios del presidente.
Ese texto es muy similar al artículo publicado por Ciro Gómez Leyva el 9 de febrero del mismo año en su columna de Milenio Diario.
En su conferencia de prensa del miércoles 15, Joaquín Vargas fue enfático en “dos hechos abominables”:
“Por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos que han favorecido ilegítimamente los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores; y por el otro, la revancha ejecutada desde el gobierno por quienes, matando dos pájaros de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para que MVS saliera del mercado que la televisora pretende avasallar y al mismo tiempo sancionar a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda.”
Desde 2008, cuando MVS decidió anunciar el lanzamiento de Dish, empresa de televisión restringida vía satélite que le arrebató 2 millones de suscriptores a Sky, la filial más próspera de Televisa, arreciaron las presiones de las empresas y de las cámaras afines a los intereses de Emilio Azcárraga Jean para que no se le renovaran las concesiones en la banda 2.5 ghz y para suspender la alianza con EchoStar y con Telmex en Grupo Dish.
Desde el 10 de julio de 2008, en un documento dirigido a Luis Téllez, entonces titular de la SCT, Cablevisión, filial de Televisa, le solicitó que no se renovaran las concesiones de MVS o se reservara “una porción de dicha banda a fin de que sea destinada al otorgamiento de nuevas concesiones en futuras licitaciones de bandas de frecuencias para prestar servicios de banda ancha”.
A través de Cablevisión, Televisa también le demandó a la SCT que “las contraprestaciones económicas que se exijan a las personas a quienes se prorrogue la respectiva concesión sean determinadas con posterioridad a la conclusión de las licitaciones de banda ancha del programa de licitaciones”.
El documento de Cablevisión, de 17 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, fue la base para que el 10 de diciembre de aquel año tres de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) revocaran la decisión inicial que tomaron en agosto de 2008 para renovar las concesiones de MVS en la banda 2.5 ghz.
“Se estima improcedente el otorgamiento de las prórrogas solicitadas en su oportunidad por Ultravisión, MVS Multivisión, Canal Plus y el C. José Gerardo Gaudiano Peralta, relativas a la vigencia de las concesiones a que se refieren los antecedentes I, II y V de la presente resolución atendiendo a las consideraciones técnicas señaladas”, concluye la resolución firmada por Héctor Osuna, presidente entonces de la Cofetel, y los comisionados José Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera.
El 22 de agosto de 2008 la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec), organismo corporativo dominado por Televisa en su confrontación con Telmex y MVS por el mercado del triple play, le envió otro oficio a Luis Téllez para argumentar que era necesario “reasignar” el uso de la banda 2.5 ghz “ahora que pueden proveerse servicios que antes no estaban previstos”.
En clara referencia a las concesiones de MVS, el escrito de la Canitec, firmado por Alejandro Puente Córdoba, argumentó que “deben señalarse los efectos adversos a la competencia que tiene el hecho de que un solo concesionario concentre 190 Mhz”, ya que esto representa “cuatro veces el ancho de banda máximo a que cualquier participante en la licitación pueda acceder a sus frecuencias”.
Contradicción
En menos de una semana, el gobierno de Felipe Calderón ha dado dos versiones oficiales para justificar el “rescate” –que no “expropiación”– de la banda 2.5 ghz: primero dijo que estaba “subutilizada” y después acusó a MVS de querer pagar en contraprestación menos de 1% del valor de este espectro, ideal para servicios de internet en banda ancha.
El miércoles 8, el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, afirmó que se tomaba la decisión de “iniciar el procedimiento de rescate” de todas las concesiones vigentes para llevar “a buen fin el reordenamiento, conforme a los principios de política pública” del gobierno federal.
Añadió que en México existen 11 operadores con 68 concesiones vigentes, de las cuales 42 pertenecen al Grupo MVS. “Mas allá de la disparidad en cantidad de megahertz concesionados y del número de concesiones que cada operador tiene, lo cierto es que la banda está considerablemente subutilizada”, afirmó.
El funcionario explicó que entre 2007 y 2012 la SCT le presentó a MVS diversos esquemas para autorizar la prórroga y la prestación de servicios amplios de concesiones, pero la empresa de la familia Vargas “no aceptó ninguna de las propuestas” y las presentadas por ellos “fueron inaceptables”, porque no aseguraban la explotación eficiente del espectro o no cumplían con las mejores condiciones económicas.
Una semana después, Joaquín y Ernesto Vargas desmintieron a Pérez Jácome. En rueda de prensa afirmaron que apenas 15 días antes de conocer el “rescate”, el 25 de julio, el subsecretario Héctor Olavarría les envió una propuesta en la que cedían 70 de los 190 mhz para que los detentara el gobierno y se refrendaban los 120 mhz restantes por 15 años, con la condición de pagar la contraprestación económica determinada por Hacienda conforme fueran utilizando el espectro para los servicios de telefonía móvil y banda ancha.
Tras las revelaciones que el Grupo MVS hizo el 15 de agosto, la versión oficial cambió. Ya no se trataba de un espectro “subutilizado” sino de la pretensión de Multivisión de pagar menos de 1% del valor comercial de esa banda.
En un comunicado, Hacienda afirmó que MVS ofrecía sólo 104 millones de pesos, cuando el bien público está valuado en alrededor de 27 mil millones de pesos. “El Estado está obligado a administrar el espectro radioeléctrico con eficiencia y economía y, por ello, tiene el derecho a recibir una contraprestación económica que refleje el valor de mercado de este recurso escaso”, afirmó la dependencia.
Hacienda también informó que en algún momento se le propuso a MVS la posibilidad de licitar un segmento de los 190 mhz, renovarle sus concesiones vencidas y ampliarle los servicios de sus concesiones vigentes, pero “esta propuesta también fue rechazada por MVS”.
Favores a Televisa
El celo de la Secretaría de Hacienda por el pago de una contraprestación alta para renovar las concesiones de 2.5 ghz contrasta con las facilidades fiscales y las licitaciones favorables al Grupo Televisa en el caso de los dos pares de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad o la llamada “ganga” de la Licitación 21, de la banda 1.7 ghz, que favoreció a la sociedad Televisa-Nextel, posteriormente disuelta por Azcárraga Jean para adquirir 50% del Grupo Iusacell.
El 3 de noviembre de 2009, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se reunió con los senadores del PAN para convencerlos de que apoyaran la exención fiscal por dos años a los nuevos competidores en telefonía móvil. Se trataba del polémico artículo transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, apoyada también por la bancada del PRI y cabildeada por Televisa.
“Esta no es una propuesta del PRI; es una iniciativa del presidente Felipe Calderón”, afirmó Molinar Horcasitas para sorpresa de los propios legisladores del PAN (Proceso 1724).
A la exención fiscal en la Licitación 21 le siguió el pago de sólo 180 millones de pesos de la sociedad Televisa-Nextel por el bloque de 30 mhz de una banda que, según distintos especialistas, tenía un valor superior a los 5 mil millones de pesos (Proceso 1761).
La sociedad Televisa-Telefónica-Megacable pagó menos de 900 millones de pesos por la licitación de los dos pares de fibra óptica oscura de la CFE. De acuerdo con la Auditoría Fiscal de la Federación, el Estado mexicano perdió más de 4 mil millones de pesos en esta licitación.
Por último, se autorizó la fusión de Televisa y Iusacell en la operación más polémica de este sexenio, ya que representa la concentración de los dos supuestos competidores mayores de la televisión abierta –Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego–, y un incentivo para generar un monopolio del cuádruple play, ya que en el próximo sexenio será la única empresa que podrá dar servicios de telefonía móvil y fija, internet y televisión.
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Contra la competencia/Jenaro Villamil
Desde 1989, a comienzos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, MVS comenzó a operar frecuencias en la banda 2.5 ghz para el uso de televisión restringida. De un total de 62 títulos de concesión, 16% de ellos fue asignado directamente por el salinismo y sujeto al pago de una contraprestación equivalente a 9% del ingreso del concesionario; 37% se otorgó por licitaciones públicas y el 47% restante fueron compras a terceros autorizadas por la SCT.
En 2003 y 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, MVS obtuvo 20 autorizaciones para dar servicios bidireccionales de datos y de transporte de señales de voz de telecomunicaciones, lo que sería el inicio de la utilización de esta banda para servicios de doble y triple play. La Secretaría de Hacienda estableció el pago de una contraprestación basándose en la última licitación de la banda 3.4 ghz.
Durante los dos últimos años de la anterior administración, MVS construyó una red para dar servicios de banda ancha en internet vía inalámbrica a través de la banda 2.5, y comenzó a buscar socios y contratos con otras empresas telefónicas como Axtel, Alestra, Avantel, Marcatel, Protel y Mexis. Para el año 2008 alcanzó a tener 47 mil suscriptores en la empresa MVS Net y sostener más de 450 empleos, según sus propios informes.
MVS Net invirtió 80 millones de dólares en la construcción y operación de esa red, que pronto se convertiría en el inicio de un proyecto más ambicioso, denominado “Banda ancha para todos” y constituido por un consorcio de cinco grandes inversionistas.
Ocho de sus 62 concesiones en la banda 2.5 ghz se vencieron en 2005. MVS presentó las solicitudes de prórroga ante la Cofetel. Ahí comenzó el litigio para que no se les renovaran estos títulos durante el sexenio de Felipe Calderón.
A pesar de que en agosto de 2008 la Cofetel autorizó el refrendo de esos títulos de concesión, en diciembre del mismo año los comisionados atendieron la solicitud del Grupo Televisa y de su filial Cablevisión para revocar la renovación de esas concesiones vencidas.
La decisión de la Cofetel coincidió con otro hecho que generó molestia en Televisa: en noviembre de 2008 MVS lanzó el servicio de televisión restringida satelital Dish. Hasta febrero de 2012 este sistema había alcanzado más de 2 millones de suscriptores, con lo que representó la mayor competencia para la empresa Sky, filial de Televisa, la única que ha registrado un crecimiento sostenido de más de 10% en los últimos años.
–Se va a molestar Emilio – le comentó Felipe Calderón a Joaquín Vargas, presidente de MVS, cuando le presentó el proyecto de Dish.
La referencia a Azcárraga Jean era obvia. Desde ese momento las negociaciones entre el gobierno federal y MVS para renovar los títulos de concesión y aceptar un ambicioso proyecto de inversión para ofrecer servicios de internet en banda ancha más ágil y a menor precio que el de Infinitum, de Telmex, se atoraron.
“Durante cinco años MVS y el gobierno federal han sostenido conversaciones orientadas a definir el futuro de la banda 2.5 ghz sin haber alcanzado hasta el momento los acuerdos y la certidumbre que permitan detonar inversiones y desplegar la red abierta de banda ancha móvil”, subraya la empresa de Joaquín Vargas en un extenso informe enviado a Dionisio Pérez Jácome, titular de la SCT, el 27 de marzo de 2012.
“El retraso de esta decisión ha implicado no sólo un perjuicio económico para un grupo concesionario, sino sobre todo un costo de oportunidad muy alto para los usuarios de servicios de telecomunicaciones y para la competitividad de nuestro país. En efecto, al día de hoy México sigue teniendo una de las velocidades promedio de acceso a internet más bajas y uno de los costos promedio más altos por este servicio dentro de los países miembros de la OCDE”, se advierte en el documento.
En efecto, mientras el promedio de porcentaje de usuarios de la banda ancha móvil es de 54.3% de la población en los países miembros de la OCDE, México tiene 7.7%, por debajo de Chile (17.4%) y muy lejos de Suecia (98%); Finlandia (87.8%), donde el acceso a la banda ancha es un derecho constitucional, y Japón (82.4%), de acuerdo con el último informe de la OCDE.
En su informe de marzo de 2012 ante la SCT, el Grupo MVS asienta que incluso ante el presidente de la República se ofreció pagar una contraprestación por servicios bidireccionales de datos y devolver 50 de los 120 mhz que detentaban, “en el entendido de que el gobierno reconocería a MVS el valor de esas frecuencias”.
Esto nunca sucedió. La decisión del gobierno de Calderón paralizó inversiones por mil millones de dólares que realizaría el consorcio de cinco socios, que incluía a Ericsson, para que el uso de las concesiones de la banda 2.5 funcionara como una súper carretera de banda ancha o “carrier de carriers” a través del cual podían operar otras empresas telefónicas y de telecomunicaciones.
El informe de MVS remata con un reproche al sexenio calderonista:
“Es importante señalar que la gran mayoría de nuestras concesiones tienen vencimiento hasta los años 2018 y 2020, y que hoy es la fecha en la que aún no se han precisado temas elementales para su mejor uso y explotación. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Hacienda pueda determinar el monto de la contraprestación de una banda de frecuencias que no ha sido objeto todavía de importantes definiciones de política pública?”
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