Jorge Carrasco Araizaga
Revista Proceso # 1871, 8 de septiembre de 2012
Después de dos sexenios de poder, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su hombre más cercano, Luis Cárdenas Palomino, llegan al cambio de gobierno confrontados con los agravios de quienes fueron dejando en el camino y que ahora forman parte del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto.
Tres de las designaciones del priista para la entrega del poder revivieron episodios en los que García Luna y Cárdenas Palomino fueron protagonistas o hicieron valer su fuerza e influencia: el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, la ejecución del abogado Marcos Castillejos Escobar y las disputas dentro del gabinete de seguridad de Calderón.
El exprocurador del Estado de México Alfonso Navarrete Prida; el abogado Humberto Castillejos Cervantes, y quien fuera su jefe en la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, así como el candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal) en 2006, Roberto Campa Cifrián, reaparecieron en el camino de García Luna.
Navarrete Prida, quien obligó a declarar a Cárdenas Palomino y tuvo como indiciados a varios de sus hombres por el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, fue designado por Peña Nieto como coordinador de Trabajo para la transición. Aunque formalmente no participa en el equipo de seguridad para el cambio de gobierno, el exprocurador y exdiputado federal tiene mucho que decir sobre la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y el asesinato del hermano del expresidente de la República, en diciembre de 2004, cuando García Luna estaba al frente de esa corporación.
Campa Cifrián padeció a García Luna y su manera de ejercer el poder. Hace cuatro años, a principios de septiembre de 2008, salió del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) confrontado con el poderoso y consentido secretario de Felipe Calderón. Hoy es el coordinador de seguridad de Peña Nieto y en esa condición ahora deberá entrevistarse con su antagonista.
Lo mismo que a Campa, un año después le pasó al entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien salió del gobierno en septiembre de 2009 en medio de las disputas en el equipo de seguridad de Calderón y con García Luna como protagonista. Designado embajador en Gran Bretaña, Medina Mora terminó del lado de Peña Nieto.
En la PGR, Medina Mora tuvo como coordinador de asesores a Humberto Castillejos Cervantes, ahora designado por Peña Nieto como su asesor jurídico para el cambio de gobierno. Castillejos es hijo del abogado penalista Marcos Castillejos Escobar, ejecutado afuera de su despacho en la colonia Condesa de la Ciudad de México en julio de 2008. Castillejos Escobar era suegro de Cárdenas Palomino, razón por la que éste fue citado a declarar por la PGR de Medina Mora.
Cadena de ejecuciones
Los agravios en contra de quienes ahora están en el entorno de decisiones de Peña Nieto comenzaron hace casi ocho años, en el gobierno de Vicente Fox, con el asesinato de Enrique Salinas de Gortari.
El hermano del expresidente apareció muerto luego de ser extorsionado por agentes de la Dirección de Investigaciones Policiales de la AFI, a cargo de Cárdenas Palomino, hoy jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.
A Enrique Salinas de Gortari lo buscaban las autoridades de procuración de justicia de Francia por los millonarios depósitos bancarios que había hecho en ese país. El gobierno francés pidió ayuda a la PGR, en ese momento a cargo del general del Ejército, ahora retirado, Rafael Macedo de la Concha. La responsable de ejecutar las órdenes de aprehensión era la AFI, al mando de García Luna.
El 6 de diciembre de 2004 se encontró el cadáver de Enrique Salinas en una zona residencial de Huixquilucan, Estado de México. Ese mismo día, Cárdenas Palomino comunicó a las autoridades francesas que nada se sabía de su paradero.
El entonces procurador mexiquense, Navarrete Prida, pidió la detención de varios agentes de la AFI e hizo declarar a Igor Labastida Calderón, subdirector de Secuestros, bajo el mando de Édgar Eusebio Millán, ambos dependientes de Cárdenas Palomino y ejecutados, respectivamente, en junio y mayo de 2008.
El 9 de julio de ese año fue asesinado Castillejos Escobar, suegro de Cárdenas Palomino. Ambos habían tenido que declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Navarrete Prida también obligó a que rindiera testimonio el ahora peñista Humberto Castillejos Cervantes, a la sazón jefe de asesores de Macedo de la Concha en la PGR. Los tres fueron identificados por la procuraduría mexiquense en llamadas telefónicas realizadas al celular de Enrique Salinas de Gortari, en vísperas de su homicidio.
Castillejos Escobar era abogado de varios mandos de la AFI y participó en la investigación de casos polémicos, como la ejecución del conductor de TV Azteca Paco Stanley; también intervino en la defensa de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca, hijos de la esposa de Vicente Fox, Marta Sahagún, acusados de tráfico de influencias.
Fue defensor del propio García Luna, cuando el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, lo acusó en 2001 de irregularidades en la adquisición de equipo y armamento en la entonces Policía Federal Preventiva, donde había sido director de Inteligencia. Esta corporación terminó en sus manos bajo la denominación de Policía Federal, gracias a Felipe Calderón que le otorgó el mando de 36 mil hombres.
Cárdenas Palomino también fue acusado de obstruir la detención del capitán del Ejército Luis de la Barreda Moreno, quien fue director de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), acusado de delitos de lesa humanidad por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), desaparecida por Calderón.
El exmilitar tenía órdenes de aprehensión desde diciembre de 2003. Su abogado fue Marcos Castillejos, quien tuvo el apoyo de su yerno para evadir durante 17 meses la detención de su cliente. Cárdenas Palomino era entonces director de Investigación Policial y Mandamientos Judiciales de la AFI. En abril de 2005, el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo, acusó públicamente a la AFI de tener un conflicto de interés.
Cárdenas Palomino fue relevado de esa “búsqueda” por Daniel Cabeza de Vaca, quien en 2005 sustituyó a Macedo de la Concha al frente de la PGR. Cabeza de Vaca es ahora consejero de la Judicatura Federal. Pese a todo, Carrillo Prieto nunca pudo llevar a la cárcel y ni siquiera logró una condena en contra del exmilitar defendido de Castillejos.
El litigante, asesinado con arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tenía una larga trayectoria. Se desempeñó como director de Reclusorios en el Distrito Federal, subprocurador y profesor universitario. El caso fue atraído por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que lo derivó a la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud ante la sospecha de que se trató de un asesinato cometido por narcotraficantes. Esta acción incluso podría interpretarse como un mensaje para Cárdenas Palomino y García Luna.
Entre los clientes más conocidos de Castillejos Escobar se encuentran Elba Esther Gordillo, denunciada por el asesinato del profesor mexiquense Misael Núñez Acosta; el excomandante de la Policía Judicial de Acapulco Wilfrido Castro Contreras, acusado de la ejecución extrajudicial de un guerrillero, y el expresidente de Guatemala Alfonso Portillo, a quien el litigante salvó de la extradición, pues se había escondido en México, acusado de un millonario peculado en su país.
El día del asesinato de Marcos Castillejos, Cárdenas Palomino se trasladó, custodiado por decenas de agentes federales, al hospital a donde fue llevado el litigante. Después de la muerte de su suegro, el hombre de las confianzas de García Luna se divorció.
Los frentes
Activo participante en la campaña presidencial de Peña Nieto, el hijo de Castillejos Escobar ha mantenido una estrecha relación con los encargados de la procuración de Justicia en el Estado de México, tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de su sucesor, Eruviel Ávila.
Junto con sus hermanas María del Carmen y Minerva, Humberto Castillejos Cervantes comparte la firma CLG Abogados (Consultoría, Litigio, Gobierno), en la que participa el que fuera procurador de Peña Nieto en el Estado de México entre 2008 y 2010, Alberto Bazbaz Sacal. Su salida del cargo se debió al escándalo desatado por la extraña muerte de la niña Paulette Gebara Farah.
CLG Abogados tiene oficinas en el Distrito Federal, Cancún y Acapulco. De acuerdo con su página web, entre sus clientes se cuentan gobiernos estatales y municipales, entidades financieras y empresas de distintos sectores productivos y de servicios.
Además, Castillejos Cervantes es primo de Humberto Castillo Cervantes, procurador de Justicia del Estado de México hasta hace algunas semanas y designado por Peña Nieto como coordinador de Justicia. En un chat del periódico El Universal, del Estado de México, el 11 de noviembre pasado Castillo Cervantes escribió: “Yo soy sobrino de Marcos Castillejos y con él me inicié en el tema del litigio. Ahí se me dieron las primeras oportunidades”.
García Luna tiene otro frente abierto. Peña Nieto designó como coordinador de Seguridad de la transición gubernamental a Roberto Campa Cifrián, quien hace cuatro años, a principios de septiembre de 2008, salió del Sistema Nacional de Seguridad Pública confrontado con el secretario preferido de Calderón.
Campa, hombre de la jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del Panal, Elba Esther Gordillo, salió del SNSP empujado por García Luna, a pesar de que era parte de la cuota que Calderón le pagó a Gordillo por haberlo apoyado en la elección presidencial de 2006.
El 1 de septiembre de 2008, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado para anunciar que luego de una reunión con el titular de la dependencia, Campa presentó su “renuncia irrevocable”.
Pero él no había presentado su renuncia ni había ocurrido tal reunión. Fue más bien un madruguete del secretario contra el excandidato presidencial, que una semana antes había logrado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Dos días después del comunicado, el ahora coordinador de Seguridad de Peña Nieto le envío una carta a Calderón en la que acusaba a García Luna de falsear su renuncia y le dijo que “el manejo de los hechos y lo sucedido hasta el día de hoy solamente revelan lo que permanentemente ocurrió”, escribió Campa en la misiva, publicada por el periódico Reforma.
Campa decidió dejar el SNSP, que dependía entonces de la SSP y ahora de la Secretaría de Gobernación, como instancia encargada de la coordinación en materia de seguridad entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios.
Todavía en medio del escándalo por la manera en que salió Campa, García Luna les dijo a los diputados, durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Calderón, que la salida del titular del SNSP no fue por diferencias con su gestión, sino por proyectos políticos personales.
Balance negativo
García Luna cierra su gestión en el panismo en medio de la adversidad. En vísperas de la elección presidencial, elementos de la Policía Federal se enfrentaron a balazos entre sí, en pleno día, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por disputas relacionadas con el narcotráfico. Tres policías murieron y otros tres acusados de los homicidios huyeron.
Como otras veces, el titular de la SSP intentó ocultar lo ocurrido a través de un comunicado engañoso: “Esta mañana, elementos de la Policía Federal, quienes realizaban una investigación, se trasladaron para realizar el aseguramiento de probables responsables vinculados con el delito de tráfico de drogas en la Terminal 2 del AICM; al verse rodeados se realizaron disparos con arma de fuego contra los efectivos federales”.
Dos meses después, el 24 de agosto, la Policía Federal quedó de nueva cuenta atrapada en el escándalo cuando una camioneta de la embajada de Estados Unidos fue emboscada por elementos de esa corporación en la carretera México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Tres Marías.
En el vehículo iban un capitán de la Marina, Armada de México, dos agentes estadunidenses y un informante de la organización de Héctor Beltrán Leyva, El H, que identificaba los lugares donde se esconde el narcotraficante. El ataque fue ordenado por el propio jefe de esa organización delictiva, según dijeron a este semanario fuentes de seguridad del gobierno federal (Proceso 1869).
Las malas noticias no acaban para García Luna. El viernes 7 fue liberado uno de sus más fuertes y abiertos críticos, el excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien estuvo preso tres años, nueve meses y 20 días en el penal de mediana seguridad El Rincón, en Nayarit, acusado de trabajar para el Cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.
A principios del sexenio, Herrera Valles hizo públicas sus diferencias con García Luna y la llamada estrategia de seguridad del gobierno calderonista. Después de ser destituido de su cargo y dado de baja, la propia Policía Federal lo detuvo, acusado por un testigo protegido de trabajar para El Chapo.
El diario Reforma publicó el viernes 7 que el magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal de Nayarit revocó, por falta de pruebas, la sentencia de 10 años de prisión que le había impuesto el Juzgado Segundo de Distrito de Tepic.
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