Este jueves 20 de septiembre de 2012 la Senadora Cristina Díaz Salazar (PRI), presentó propuesta de punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la implementación y capacitación del nuevo sistema de justicia penal.
Dicen las consideraciones, de acuerdo a la gaceta parlamentaria:
El 18 de Junio del 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales referentes al nuevo sistema de justicia penal, el cual tenía como objetivo, entre otros, el revertir las críticas y los llamados a su modernización, tanto por la sociedad en general como por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
De igual forma, se dio paso a la creación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y a la Secretaría Técnica del Consejo. Esta última es el órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que brinda apoyo a las entidades federativas respecto a las políticas necesarias para la coordinación nacional, en los tres órdenes de gobierno del Sistema de Justicia Penal.
Era imprescindible que la sociedad recuperara la confianza en sus instituciones; que sintiera la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que este fuera, se impusiera una sanción proporcional a la conducta y que la víctima tuviera a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado.
Sin embargo en nuestro país, los niveles de impunidad y de inseguridad pública se han incrementado en los últimos años. Es claro que esta situación dificulta el desarrollo de México, ya que aleja las inversiones, da lugar a una percepción de temor generalizado en la sociedad, provoca desconfianza en las instituciones públicas y obstaculiza el desarrollo personal de los individuos y de toda nuestra comunidad.
Es un hecho conocido que los altos niveles de violencia que agobian a la vida social en México, han puesto en entredicho la eficacia de las instituciones de seguridad y el nuevo sistema de justicia penal en el país. Un ejemplo de ello, el ataque a los miembros de la Embajada de los Estados Unidos en recientes fechas.
Dicho lo anterior, es de vital importancia que esta soberanía conozca de la implementación que la Secretaría Técnica en comento, ha tenido en su gestión respecto de los planes estratégicos con que cuenta; los proyectos de reformas legales y normativas; la reingeniería organizacional; la construcción y operación de infraestructura; la difusión del nuevo sistema de justicia penal y la capacitación de los miembros del sistema (Jueces, Agentes del Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados).
No debemos dejar en soslayo la evaluación de protocolos, metodologías y las bases con las cuales se está conduciendo dicha Secretaría Técnica.
El informe nos permitirá conocer cuales son los puntos que habrán de reforzarse y las actuaciones que cada quien, desde su trinchera tendrá que realizar, para lograr que la sociedad vea materializado de forma imperante en nuestro país, la seguridad y justicia que tanto hace falta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, se informe a esta soberanía sobre la implementación y capacitación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil doce.
La propuesta ni siquiera fue leída; el Presidente del Senado ordenó que en su momento se turnara a la comisión de Justicia para su dictamen correspondiente.
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