Conferencia del Secretario Poiré, 24 de octubre

Conferencia de prensa que ofreció el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
“..¿y cuál es la clave que nos está dando ese esfuerzo con el trabajo del CONAPRED y del CIDE? Que tenemos que acelerar la Reforma al Sistema de Justicia Penal, precisamente; para eso se impulsó, en parte, la propia Reforma al Sistema de Justicia Penal, para contar con un proceso que fuera más transparente y mayor transparencia va a implicar menor discriminación…AP
México, D.F., 24/10/2012
Qué tal, muy buenas tardes.
Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.
Les agradezco su presencia.
En los últimos años, México ha vivido un periodo de grandes cambios económicos, políticos, sociales. Y uno de ellos ha sido el de buscar permanentemente que la sociedad y el Gobierno, cuenten con mecanismos para analizar y resolver los problemas públicos de manera más eficaz y más cercana.
Desde el inicio de su Gobierno el Presidente Felipe Calderón lo estableció con una gran claridad, que para lograr políticas públicas más eficaces era indispensable fortalecer nuestras instituciones y ampliar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la propia evaluación de las políticas públicas.
Desde esta perspectiva es la sociedad, son los ciudadanos quienes viven las necesidades, quienes experimentan los problemas y quienes muchas veces tienen una perspectiva original, innovadora, mucho más certera sobre cómo resolverlos.
Es por ello que desde la sociedad se puede colaborar de una manera definitiva a construir las mejores soluciones.
El Gobierno de la República ha mantenido, precisamente por ello, una perspectiva de total apertura a la crítica y a las aportaciones de la sociedad en los ámbitos más diversos.
Los resultados alcanzados de esta Administración al lado de la sociedad son significativos, si bien reconocemos que son muchos más los espacios que se pueden ocupar y los resultados que se pueden lograr.
Pero sí quisiera aprovechar esta oportunidad para compartirles algunos de los aspectos o de los logros relevantes en materia de participación ciudadana, desde la perspectiva de la Secretaría de Gobernación.
El 21 de agosto del año de 2008, se alcanzó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Este es un Acuerdo que hoy precisamente nos sirve de referencia para vigilar el avance de las distintas autoridades, porque se firmó en ese entonces. Y se firmó en ese entonces como resultado, por supuesto de una estrategia que se venía implementando del Gobierno Federal, pero también de ciudadanos, de su exigencia que en su dolor y en su hartazgo le requirieron con una gran claridad a los tres órdenes de Gobierno respuestas más eficaces y compromisos más claros en materia de seguridad.
También destaco el esfuerzo sistemático del Gobierno por dialogar con la sociedad en materia de seguridad desde el inicio de la Administración.
El propio Presidente de la República ha encabezado casi 20 Diálogos por la Seguridad, que rompieron por completo con un paradigma en la relación entre el Titular del Poder Ejecutivo y la sociedad en nuestro país.
El propio Presidente de la República, de manera abierta, en vivo, frente a los medios encabezó diálogos del formato más plural, más libre posible, en el que participaron líderes ciudadanos de organizaciones civiles, empresarios, periodistas, académicos, presidentes municipales, líderes religiosos, líderes de partidos, gobernadores, legisladores y ciudadanos de todo el país.
Estos diálogos, además, se han replicado en diversas entidades del país y han permitido ir construyendo un modelo dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad para lograr dos cosas muy importantes:
Primero. Para que las tareas de seguridad a nivel estatal, estén vigiladas de manera más cercana por grupos de la sociedad civil. Pero además para que la implementación de las políticas de prevención y de combate al delito a nivel muy específico de las localidades, estén no solamente vigiladas, sino propuestas, definidas en muy buena medida por los propios habitantes de las comunidades.
Ejemplos de ello son, desde luego, los polígonos atendidos en Ciudad Juárez, en Todos somos Juárez; en la estrategia también en Tijuana, en Acapulco, y de manera sistemática en otras localidades como resultado del trabajo del Centro Nacional para la Prevención del Delito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También, en este orden de ideas, hay que destacar la inclusión de cinco miembros de la sociedad civil en el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Como recordarán, aquí lo anuncié, para cumplir a cabalidad con este objetivo, independientemente de que se pueda cambiar la ley después, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió una convocatoria el 11 de octubre, y a la fecha tenemos ya más de 80 solicitantes para poder participar en el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública; y enviaremos estos expedientes a los rectores universitarios para su evaluación.
De igual forma, como resultado de la exigencia de los ciudadanos, se ha creado una Procuraduría Social de Atención a las Victimas de los Delitos, PROVICTIMA, que ha atendido ya a la fecha a más de 11 mil ciudadanos de manera directa, e incorpora directamente en su Junta de Gobierno a consejeros ciudadanos para la toma de decisiones y la vigilancia de las políticas llevadas a cabo en la materia.

Quiero además mencionar brevemente que se está llevando a cabo el Foro Nacional de Jóvenes para la Prevención, Viral 2012, diseñado por y para jóvenes, con el apoyo del Centro Nacional de Prevención del Delito en la ciudad de Acapulco, Guerrero, con el objetivo de construir una agenda de la juventud para tomar decisiones y acciones en el fortalecimiento social de sus comunidades.

Adicionalmente, desde el 2009, el Presidente de la República presentó formalmente, y lo conocen bien, la iniciativa de Reforma Política al Congreso de la Unión; porque no solamente se trata de contar con consejos consultivos o con la presencia de ciudadanos en los órganos de toma de decisiones, sino al final de día de darle el mayor poder político al sufragio de los ciudadanos y a su participación.
En este año gracias al proceso legislativo, y aunque ciertamente todavía hay partes de esa agenda que se debieran de seguir impulsando, ya contamos con un cambio constitucional muy significativo en materia de democracia, con figuras como la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes.
Esta agenda sigue pendiente, debe de incluirse la reelección inmediata de legisladores y de alcaldes para darle más poder aún al voto de los ciudadanos y otras alternativas, como posiblemente la segunda vuelta para que tengan los ciudadanos aún más capacidad de decisión a la hora de elegir a sus gobernantes.
Un punto adicional es que en prácticamente todas las dependencias, entre ellas la propia Secretaría de Gobernación, se han construido mecanismos permanentes, que promueven la participación ciudadana en la discusión y definición de las políticas públicas; y es importante insistir en que esta cercanía y trabajo conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil, independientemente de los precedentes que tenga, debe de fortalecerse y debe de mantenerse en el futuro.
Y cinco: La participación de la sociedad civil organizada y la colaboración con organismos internacionales en la definición de leyes, mecanismos y programas en materia de derechos humanos y migración tampoco tiene precedente.
Como ejemplo de estos esfuerzos está el establecimiento, desde el año de 2007, de una mesa interinstitucional de diálogo sobre niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados; la nueva ley y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo Consejo se acaba de elegir por las propias Organizaciones de la Sociedad Civil, de manera independientemente y que estará funcionando ya de manera inmediata.
Y el Reglamento de la Ley de Migración que crea la figura de consejos ciudadanos para el propio Instituto Nacional de Migración, así como la nueva Ley de Refugiados que contó desde el principio con la participación de grupos de la sociedad civil en su consulta y en su definición.
Todos estos procesos han sido históricos, ya que nunca antes había existido una participación social tan cercana y tan amplia, particularmente en el aspecto de asuntos migratorios.
Amigas y amigos de los medios de comunicación:
La inclusión de la sociedad civil y sus organizaciones en la construcción de soluciones a los problemas públicos es un ejemplo de los esfuerzos de transformación que se han llevado a cabo en los últimos años en nuestro país.
Es una muestra también de que en una democracia fuerte, de que en una democracia vibrante las Organizaciones de la Sociedad Civil, los ciudadanos, las personas son las primeras generadoras de capital social y que el papel del Gobierno es ampliar sus espacios de participación, potenciar sus capacidades y abrir las decisiones públicas, a la crítica, a sus sugerencias y a las definiciones, de manera conjunta, para buscar un camino más fructífero y de manera más rápida.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil son también, en ese sentido, las principales constructoras de puentes y relaciones de confianza entre el sector público y el sector privado, entre la sociedad y entre sus gobernantes.
Por todo lo anterior, el camino hacia un mejor futuro tiene hoy bases que son más firmes, que son más duraderas, para que podamos vivir en el país más libre, más justo y más próspero que todos merecemos.
Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas.
Sesión de preguntas y respuestas:
-¿Qué tal, cómo está, Secretario? Mucho gusto en saludarle.
Comentarte varias cosas o preguntarte varias cosas. Precisamente hace unos días, no sé si ayer, se reunieron con el equipo de Peña Nieto. Se puede decir que, conforme a lo que nos estás diciendo, le van a entregar en unos cuantos días ya un Gobierno en orden, caminando y en paz. Esa sería una pregunta.
La otra, me gustaría también un comentario en torno a la Reforma Laboral. Pasa a la Cámara de Diputados; ¿ustedes sienten el riesgo de que ahí se atore, por las correcciones que le hicieron? De hecho, Andrés Manuel López Obrador ya anuncia también amparo, si es que llega a aprobarse.
Y, finalmente, ¿ya tienen los nombres de estos cinco ciudadanos que van a participar en el Consejo?
-Secretario Alejandro Poiré: Lo primero que quisiera hacer es un reconocimiento muy amplio a la labor del Senado de la República, empezando por el señor Presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores parlamentarios de los distintos grupos parlamentarios, pero diciéndolo de manera muy puntual a los 128 senadores y senadoras que estuvieron atentos, presentes, discutiendo, debatiendo y, al final del día, votando una nueva Ley Federal del Trabajo que no solamente incorpora los elementos de modernización laboral que van a permitir que los jóvenes tengan más empleo, que haya más empleos, con mayor rapidez, sino también las partes de transparencia y democracia sindical, con consensos de distintas fuerzas políticas.
En algunos casos, unánimes; en otros casos, con mayorías, pero con un espíritu, creo yo, democrático, serio, republicano, que ciertamente nosotros reconocemos y saludamos, por parte del Senado de la República y estoy convencido que lo mismo será el caso de la discusión de esta ley en la Cámara de Diputados.
Ha quedado perfectamente claro que necesitamos una nueva ley laboral, que esta nueva ley laboral dará más y mejores empleos, y que es necesario seguir adelante en el trámite legislativo y que la propia Cámara de Diputados ejercitará sus facultades, de una manera responsable, como lo ha hecho, hasta este momento, la Cámara de Senadores.
-¿Confía en que no será frenada?
- Secretario Poiré: Yo lo que veo es un trabajo responsable y serio, por parte del Poder Legislativo y estoy seguro que ese será el caso también de parte de la Cámara de Diputados porque hay, de hecho, una parte muy significativa de la iniciativa que ha sido ya votada en sus términos por ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Hay bastante consenso y hay otros elementos que, ciertamente, deben de seguirse discutiendo y creo que se ha dado un buen ejemplo de cómo la propia iniciativa preferente ha generado una discusión muy productiva y, con base en ella, esperemos se pueda concluir el proceso legislativo lo antes posible.
Con respecto a los cinco ciudadanos, ahora estamos por concluir la primera etapa, que es la etapa de inscripción de los ciudadanos ante este posible registro al Consejo Nacional de Seguridad Pública; una vez que se termine la inscripción, se llevan los expedientes, se les entregan a los señores rectores, para que ellos hagan la selección de los 15 ciudadanos que pueden formar parte del Consejo.
Y, con base en esos 15, la Comisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrada por tres gobernadores y el propio Secretario, elige a los primeros cinco que van a participar y a los siguientes cinco que van a ir entrando, en orden subsecuente, a las siguientes reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública; esto alcanzaría hasta para dos años de sesiones del Consejo; en una de esas, se cambia la ley antes de que eso ocurra y se formaliza y se le da carácter legal a esta que ha sido una propuesta del Gobierno de la República, hasta ahora.
Y respecto a los trabajos de transición, una vez más hemos tenido una reunión seria, cordial, profunda, detallada, entre el equipo de transición y el propio Presidente Electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, encabezada la reunión por el Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa; y la instrucción que nos ha dado el Presidente Calderón a todos los servidores públicos es participar en el proceso de transición buscando que sea útil al país, buscando que sea útil al nuevo Gobierno, dando toda la información necesaria para que, a partir del primero de diciembre, puedan tomar las decisiones con la responsabilidad que les corresponde y en beneficio de nuestro país.
-Hola, buenas tardes, Secretario.
Cambiando un poco el tema.
¿Qué opinión tiene sobre esta estatua que ha levantado tanta polémica que es del expresidente de Azerbaiyán que está ubicada en el Paseo de la Reforma?
¿Debe retirarla el GDF o qué procede? ¿Ahí se va a quedar esa estatua?
- Secretario Poiré: Creo que el Gobierno del Distrito Federal está tomando las decisiones correspondientes y creo que siempre los momentos históricos y las circunstancias históricas obligan al análisis de estos monumentos y de otras situaciones.
Pero es un ámbito estrictamente del ámbito local y nosotros seremos respetuosos de las decisiones tomadas en ese sentido por el propio Gobierno del Distrito Federal.
-Qué tal, Secretario.
Tres preguntas: Hace unos minutos mencionaste sobre el Acuerdo de Justicia y Legalidad y algunos avances. Sin embargo, hay organizaciones civiles que están en defensa de las víctimas de los delitos de todos estos años, que no comparten este optimismo, porque hace cuatro años el señor Martí les advirtió que si no podían que renunciaran y no han podido y no han renunciado.
Quisiera saber el punto de vista del Secretario de Gobernación.
Más o menos ligado con esto: en las últimas reuniones que han tenido con el Gobierno Electo y su equipo, quisiera que nos comentaras qué país les dejan, cuáles son los criterios sobre todo inseguridad.
Si me pudieras recordar estos cárteles, ¿cuáles son específicamente los cárteles de criminales y de narcotraficantes que el Gobierno está combatiendo y en qué lugares?
Y algún comentario sobre la situación en Michoacán, porque vemos que se trasgrede la ley allá y aquí.
¿El Gobierno Federal se va a mantener al margen de toda esta situación?
Secretario Poiré: Hace cuatro años y precisamente en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad en el Consejo Nacional de Seguridad Pública existía una exigencia. Y esa exigencia tenía que ver, desde luego, con resultados en materia de seguridad pública, pero incluso con la necesidad de tener mecanismos para verificar los resultados.
Es decir, datos fidedignos, compromisos claros por parte de la autoridad, objetivos específicos, programas determinados. Y eso se logró, precisamente, gracias a esa exigencia ciudadana y al impulso del Gobierno Federal y al compromiso de los gobiernos de los estados.
¿Hoy qué tenemos?
Ciertamente quisiéramos tener índices de seguridad mucho mejores indudablemente. Pero no nos escapa el dato de que en el primer semestre de este año, tuvimos un siete por ciento de homicidios menor que en el primer semestre del año 2011; tuvimos un cuatro por ciento de robos menos a nivel nacional que en el primer semestre del 2011.

Todos estos son los datos que da el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Centro Nacional de Información que son iniciativas que fueron generadas, precisamente, por esta estrategia, por la participación de los ciudadanos y por una definición legislativa, tenemos un Centro Nacional de Información, tenemos esa información que fluye.

Precisamente por eso hoy se puede verificar el avance de los gobiernos estatales en unas u otras cosas.

Hoy contamos, a diferencia de 4 años, hace 4 años ni siquiera teníamos Centros Estatales de Evaluación y de Control de Confianza en la mayor parte del país.

Hoy los tenemos en dos terceras partes de los estados, en prácticamente todos los estados, con excepción de dos, están funcionando. Y en dos terceras partes están acreditados esos centros.

Tenemos casi 130 mil policías estatales y municipales identificados como aptos, pasados por control de confianza, tenemos unidades especializadas de combate al secuestro, tenemos los propios centros de evaluación y de control de confianza.

Y tenemos también, además, los mecanismos ciudadanos para verificar quién va rápido y quién va lento. Y esas son bases indispensables para lograr el objetivo de todos, que es reducir los delitos y reducir la impunidad.

Respecto a las organizaciones delincuenciales, si nosotros revisamos los 37 delincuentes más peligrosos de nuestro país identificados así por la PGR, hoy 25 de ellos han sido inhabilitados.

Ahí estaban las organizaciones delincuenciales originales. Estas organizaciones o algunos remanentes, o decisiones, o pedazos de las mismas siguen siendo perseguidas en todo el país por los delitos cometidos y seguirán siendo perseguidas por las distintas fuerzas federales en coordinación con las organizaciones, con las instituciones de seguridad pública de los estados.

Ciertamente, lo que es indudable es que estos líderes que construyeron esas potentes organizaciones criminales hoy están debilitados; y hemos cambiado la trayectoria de fortalecimiento que al inicio del sexenio se veía como que los cárteles y las organizaciones criminales se iban haciendo cada vez más fuertes y el Estado no estaba avanzando.

Hoy el sentido es exactamente lo opuesto. Hoy las instituciones del Estado son cada vez más fuertes, más eficaces, más sujetas a control ciudadano; y las organizaciones delincuenciales más débiles.

Que falta, desde luego, resultados más rápidos en materia de seguridad, como los que he mencionado, pero como los que se ven también con gran claridad en Ciudad Juárez, en Tijuana y en otras plazas de nuestro país.

Ah, es cierto, lo de Michoacán.

Desde el inicio de la situación que ocurre en el estado de Michoacán, hemos tenido un diálogo político muy cercano con el Gobernador del estado. Yo hablé con el propio Gobernador Vallejo que, en repetidas ocasiones; en la propia gestión del diálogo con los normalistas ha estado presente el Titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, trabajando en la búsqueda de un diálogo, pero un diálogo sujeto a la ley, un diálogo con una base democrática.

Y la base democrática sí, sí quiere decir libertad de expresión y sí, sí quiere decir libertad de manifestación, pero sí también quiere decir cumplimiento de la ley y que no se pueden tolerar delitos de manera impune; y en esa medida estamos trabajando de manera cercana con el Gobierno del estado de Michoacán.

También quisiera señalar que es muy importante, además, pensar en el mantener los objetivos de calidad de la educación para la población de Michoacán; porque es, al final del día, la educación, su calidad y el beneficio que ello da para los niños de Michoacán lo que verdaderamente va a generar un desarrollo mucho más perdurable, mucho más duradero en esa y en todas las entidades del país. Pero estamos de cerca trabajando con el Gobierno del estado de Michoacán.

-Dos preguntas. La primera sería si nos puede recordar cuál es la postura del Gobierno Federal en el tema de democracia sindical y la rendición de cuentas de los sindicatos.

Y la segunda es que nos diera su opinión sobre el conflicto que hay entre productores agrícolas y menonitas en Chihuahua.

Secretario Poiré: La postura del Gobierno Federal en materia de transparencia y democracia sindical fue expresada en la propia iniciativa del Presidente Calderón que se envió a la Cámara de Diputados.

Es necesaria mayor apertura, democracia y transparencia al interior de las organizaciones de los trabajadores y, en esa medida, vemos con optimismo que el proceso legislativo está reconociendo algunos de estos elementos y seremos respetuosos de la decisión que tome eventualmente también la Cámara de Diputados, respecto a los avances adicionales que se han tomado en ese sentido en el Senado de la República por las distintas fuerzas políticas.

Estamos cercanos al Gobierno del estado de Chihuahua, respecto a lo que está ocurriendo allá en este momento.

Somos respetuosos de la gestión que se está haciendo por parte del propio Gobierno del estado, hablé con el Gobernador el día de ayer y estamos atentos a lo que está ocurriendo en este momento, no quisiera expresar una posición específica más allá del hecho de que lo estamos siguiendo con atención y, desde luego, dispuestos a coadyuvar en las negociaciones correspondientes, por parte del Gobierno del estado.

-Secretario, me podría dar su comentario, esta mañana fue presentado el reporte Discriminación 2012 de México; y en muchas áreas, especialmente en la impartición de justicia, en el aspecto laboral, etcétera, hay una desventaja de una buena parte de la población, le insisto, especialmente en la impartición de justicia.

Desde las indagatorias del Ministerio Público hasta las sentencias y las cárceles está en una situación de gravedad, según este estudio coordinado por el mismo CONAPRED y el CIDE.

Un poco a colación de este tema, si me puede dar su opinión. Ya son muchas las opiniones y los análisis de organismos nacionales e internacionales, en el sentido de que en México persiste la tortura. Algunos le dicen que es el pan de cada día, otros que es una práctica sistemática, en fin.

Y, por otro lado, si nos pudiera comentar, en el caso de la Reforma Laboral, hay una diferencia de opiniones de lo que debe ocurrir con esta reforma, una vez de que se hicieron cambios en la Cámara revisora; es decir que si se debe de aprobar o rechazar de inmediato o se debe hacer de 30 días o se puede hacer hasta el infinito.

¿Cuál es su opinión?

- Secretario Poiré: Respecto a esto último, creo que queda muy claro que a México le urge una nueva ley laboral; que afortunadamente, como resultado del consenso de las fuerzas políticas, contamos con la iniciativa preferente.

Que gracias a la iniciativa preferente y a la responsabilidad de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, hoy tenemos una parte muy importante de esa ley laboral, que ya ha sido aprobada por ambas cámaras, y tenemos algunas partes que el Senado de la República ha modificado, respecto a lo que le envió la Cámara de Diputados.

Nosotros seremos respetuosos de la decisión que tomen, desde el punto de vista del proceso legislativo, los senadores y los diputados, pero creo que existe un consenso generalizado en la necesidad de contar con una ley laboral que dé más empleos, como será esta ley, lo antes posible, y estoy seguro que los técnicos y los jurídicos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, van a encontrar los mecanismos para poder lograr esto lo antes posible y que los representantes de los distintos grupos políticos darán la discusión necesaria para que, lo antes posible, México cuente con ese instrumento, en el cual ya hay amplios consensos.

Hay algunas cosas que todavía están sujetas a discusión, pero ya hay amplios consensos y creo que hay avances clarísimos y muy significativos en parte de competitividad, también la parte de transparencia y democracia sindical, y creo que hay que seguir adelante con el proceso legislativo lo antes posible.

Con respecto a derechos humanos, hay que recordar: nosotros hemos sido muy claros, desde el inicio de la Administración, ante una circunstancia particularmente difícil como es el incremento de la criminalidad, la violencia de los grupos delincuenciales, el Gobierno de la República ha hecho cosas muy significativas:

Primero, desde el punto de vista normativo, ha ampliado, más que nunca, los derechos humanos y las garantías individuales; ha reformado la Constitución, para darle más facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ha reformado la Constitución también para darle estatus constitucional a tratados que México había firmado, en materia de derechos humanos.

¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día, cualquier juez de todo el país puede interpretar directamente cualquier tratado internacional, para que, en algún caso, beneficie al ciudadano, beneficie a la persona, si esto está conforme con su garantía de defensa de sus derechos humanos. Eso es muy significativo.

Además, ha dado mayor capacitación que nunca a todos los servidores públicos.

Hoy los únicos servidores públicos de Fuerzas Armadas que no cuentan con un curso en materia de derechos humanos, impartido o por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o por la Nacional de Derechos Humanos, etcétera, son aquellos que apenas acaban de entrar, pero prácticamente a los tres o cuatro meses ya todos están llevando cursos en materia de derechos humanos, todos los servidores públicos de todas las instituciones de seguridad y, adicionalmente se están cumpliendo todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las estamos revisando para asegurarnos de que todas ellas hayan sido aceptadas, salvo las que sean por casos verdaderamente excepcionales, y también las de Human Rights Watch y también las de Amnistía Internacional y, en esa medida, nos hemos abierto al escrutinio de todos los organismos internacionales.

Y, en esa medida, desde luego, tomamos muy en serio las recomendaciones que se están haciendo, y cada caso en el cual exista abuso, se está investigando, se debe de investigar y, en su caso, se dará la sanción correspondiente.

Es muy importante el estudio que se presentó hoy, por parte del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Precisamente, el objetivo del Gobierno era identificar con gran claridad si en nuestro sistema de justicia existían desventajas o efectos de la discriminación, aplicados a algunos grupos específicos.

Hoy ya contamos con ese diagnóstico, gracias al esfuerzo de CONAPRED, ¿y cuál es la clave que nos está dando ese esfuerzo con el trabajo del CONAPRED y del CIDE? Que tenemos que acelerar la Reforma al Sistema de Justicia Penal, precisamente; para eso se impulsó, en parte, la propia Reforma al Sistema de Justicia Penal, para contar con un proceso que fuera más transparente y mayor transparencia va a implicar menor discriminación.

Más veloz y mayor velocidad, va a permitirle a todos los ciudadanos poderle dar mejor seguimiento a los casos correspondientes, y mucho más abierto a soluciones alternativas que no siempre dependan de la resolución de un juez que se puede tardar, bueno, se está tardando ahora en promedio en los estados en los cuales todavía no se implementa la Reforma al Sistema de Justicia Penal más 560 días la solución de un caso.

Y en aquellos en los que ya se implementó, se está tardando en promedio cerca de 170, 180 días.

La receta está clara. Y ahora tenemos más claridad precisamente gracias a este estudio patrocinado por el propio Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, de cuáles son las áreas en las cuales en la implementación de la nueva reforma tenemos que acelerar el paso y tenemos que ser más enfáticos para la protección de estos grupos.

-Hay diagnósticos muy precisos. ¿No será que algunos elementos de las Fuerzas Armadas están tomando cursos pero de tortura?

- Secretario Alejandro Poiré: Están tomando cursos de derechos humanos, ya lo hemos mencionado. A ver, hay que recordar el dato.

Durante esta Administración se han incrementado los números de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en parte porque se ha fortalecido también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la totalidad de quejas que se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha resuelto, quejas de todo tipo: por posibles casos de tortura, por posibles casos de violación, por posibles casos de homicidio, de abuso de autoridad, etcétera.

De todas las que se han resuelto respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, menos del 2 por ciento han resultado en recomendaciones. Es decir, menos del 2 por ciento de los casos se identifica con claridad una violación en materia de derechos humanos.

Y como resultado de esas recomendaciones todos los posibles implicados y todos los involucrados están o sujetos a proceso o incluso muchos de ellos ya sentenciados, si es que cometieron un delito que ameritara prisión.

Lo que está ocurriendo es que tenemos un sistema que si se dan casos de tortura u otras violaciones en materia de derechos humanos, particularmente en el ámbito federal, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con otros mecanismos que tenemos de denuncia anónima, se identifican esas violaciones, se investigan y se sancionan.