- El “gran fraude”, el gran fracaso/Arturo Rodríguez García
- Proceso # 1877, 21 de octubre de 2012 (abajo)
Nota de Abel Barajas
Reforma, 22 octubre 2012.- Aunque no saldrá todavía de prisión, Néstor Moreno Díaz consiguió que un juez federal le concediera la libertad provisional bajo caución en el juicio por cohecho, iniciado porque presuntamente recibió un depósito de 29 mil 500 dólares de un contratista de la Comisión Federal de Electricidad.
El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal del DF fijó al ex funcionario el pago de una fianza de 500 mil pesos, para que acceda a la libertad provisional por lo que toca a este proceso que recientemente fue iniciado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Reclusorio Oriente.
El ex director de Operaciones de la CFE ya sólo espera que el magistrado Manuel Bárcena Villanueva resuelva el cumplimiento de un amparo en el que también pidió la libertad provisional en el juicio de un presunto enriquecimiento ilícito de 33 millones 99 mil 292 pesos.
Raúl Cárdenas Rioseco, defensor de Moreno, confirmó que el juzgado de amparo concedió al inculpado la protección de la justicia, aunque precisó que este fallo no es definitivo.
La PGR presentó el viernes una queja ante un tribunal colegiado, el cual tendrá la última palabra respecto a si queda firme la resolución del juzgado de amparo.
De acuerdo con información judicial, en el caso de cohecho la juez federal Taissia Cruz Parcero, quien instruye el juicio, no se pronunció sobre si debía ser concedida o no la libertad provisional al ex funcionario, por ello Moreno buscó a través de un amparo que se le concediera.
En el proceso penal donde le negaron este derecho, es en el iniciado por enriquecimiento ilícito, delito que le fue atribuido por presuntamente ser propietario de un yate, un Ferrari, cuentas bancarias e inmuebles en distintas entidades del País.
La magistrada Graciela Santés Magaña, del Cuarto Tribunal Unitario Penal, le concedió un amparo a Moreno para el efecto de que su colega del Primer Tribunal Unitario del DF, Manuel Bárcena, vuelva a estudiar su caso y resuelva si debe llevar su juicio en libertad. El fallo está próximo a ser dictado.
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El “gran fraude”, el gran fracaso/Arturo Rodríguez GarcíaRevista Proceso # 1877, 21 de octubre de 2012
Néstor Moreno Díaz, el exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad preso por los presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, está a punto de recuperar su libertad, pues hasta ahora la PGR no ha podido demostrar las acusaciones que le imputa. Y mientras el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, se jacta de haber llevado a prisión al protagonista de “uno de los más escandalosos actos de corrupción” del sexenio, el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien asesora a la defensa de Moreno, sostiene que el proceso ha estado plagado de irregularidades.
El caso del exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz, a quien las autoridades federales acusan de presuntas acciones de cohecho y enriquecimiento ilícito en detrimento de la empresa, se convirtió en el gran fracaso para la administración calderonista.
En este hecho, considerado por las autoridades federales como “uno de los más escandalosos actos de corrupción” durante el actual sexenio, ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) ni la Procuraduría General de la República (PGR) pudieron demostrar que los más de 33 millones de pesos –entre dinero y bienes inmuebles– que se le atribuían fueran suyos; menos aun que se tratara de sobornos entregados por contratistas de la paraestatal.
El 31 de agosto pasado, según informó el diario El Universal, el titular de la SFP, Rafael Morgan Ríos, entrevistado en Culiacán, se jactó de que entre los miles de expedientes abiertos para sancionar ilícitos estaba el de Néstor Moreno, e insistió en que era uno de los más escandalosos.
Pero, según los elementos de defensa que se han presentado a favor del exfuncionario, las pruebas en su contra resultaron en extremo frágiles, pues se fundaron en facturas y documentos cuyas firmas aparentemente no son de Moreno Díaz; además, el dinero fue reintegrado antes del juicio, y en los contratos que originaron el presunto soborno no participó el inculpado, pues él jamás tuvo facultades de contratación.
Con estos argumentos, los abogados Raúl Cárdenas Montesinos y José Luis Nassar Daw consiguieron un amparo a su cliente. De acuerdo con el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien asesoró a la defensa, se detectaron graves violaciones a las garantías constitucionales de Moreno Díaz, quien está preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Para Carrancá y Rivas, el amparo era inevitable, pues se violaron los principios de presunción de inocencia de Moreno Díaz; se le intentó juzgar por dos delitos bajo las mismas pruebas, y se le impuso una fianza de 40 millones de pesos, los cuales, por la imposibilidad de pagarlos, violentan la prohibición de imponer multas excesivas y hacen nugatorio el derecho a la libertad bajo caución.
Imputaciones y carpetazos
De acuerdo con el Padrón de Servidores Públicos de la SFP, Néstor Moreno Díaz entró a trabajar a la CFE en 1986. Ahí ocupó diferentes cargos de generación, transmisión, transformación y control de electricidad.
Supo ascender en el escalafón, en particular durante la dirección transexenal de Alfredo Elías Ayub. En 2007, en el sexenio calderonista, fue nombrado director de Operaciones. Ocupaba ese cargo cuando, en octubre de 2009, el presidente Calderón emitió un decreto en el que declaraba la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la comisión absorbió las operaciones de la compañía.
Las denuncias contra Moreno Díaz empezaron a finales de los noventa, pero la intervención de Elías Ayub y otros directivos de la CFE evitó que prosperaran (Proceso 1859).
En 2010 se abrieron los procesos penal y administrativo en su contra por la supuesta recepción de sobornos por parte de empresas, emulando dos juicios que se seguían en Estados Unidos. En ambos se implicaba a Moreno Díaz.
En el primero, radicado en la Corte Federal de Distrito Central de California, en Los Ángeles, se acusó a la empresa Lindsey Manufacturing Co. de entregar a Moreno un yate valuado en 1.8 millones de dólares, un auto Ferrari Spyder cuyo costo era de unos 297 mil dólares, así como 23 mil 450 dólares a cambio de conseguir contratos en la CFE.
El segundo juicio, incoado en la Corte Federal de Distrito Sur de Texas, era contra John O’Shea, director de la empresa ABB Inc., por 12 cargos de “prácticas corruptas en el extranjero”.
En ambos casos Moreno fue señalado como el beneficiario de los sobornos. En medio del escándalo, el 27 de septiembre de 2010 dejó su cargo en la CFE. Dos semanas después, la PGR anunció el aseguramiento del yate Dream Seeker, cuya propiedad atribuyó al exfuncionario.
“Como parte de la investigación a Moreno Díaz”, la procuraduría emitió el comunicado 1156/10 para informar sobre el aseguramiento del yate marca Horizon, modelo 1999, con 82 pies de eslora en Acapulco. Exponía también que la diligencia se derivó de la averiguación previa PGR/UEIDCSPJ/MXXVI/136/2009, abierta contra el exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito.
En 2011, la SFP abrió los expedientes 04/2011 y PA/081/2011, según los cuales se acusaba a Moreno de negligencia administrativa durante su gestión en la CFE. De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la SFP, el primero de ellos se resolvió en noviembre de ese año, al inhabilitar a Moreno durante 12 meses; el segundo, resuelto el 17 de julio último, indica que se inhabilita a Moreno por 17 años y medio y se aplica una multa cercana a los 70 millones de pesos.
Mientras la PGR y la SFP empezaban a actuar contra él, en Estados Unidos los casos en los que se mencionaba su nombre fueron desestimados. En diciembre de 2011, en California, el juez del caso, Howard Matz, señaló que la fiscalía y el FBI incurrieron en irregularidades y “conductas indebidas” en su intento por vincular los pagos de Lindsey Manufacturing a los mexicanos Enrique Aguilar y su esposa Ángela Gómez, quienes supuestamente eran los intermediarios para sobornar a Néstor Moreno.
Y aun cuando el Departamento de Estado intentó una apelación contra el fallo del juez Matz, el 25 de mayo pasado se desistió. El caso quedó cerrado. El juicio radicado en California se sustentaba en las pruebas que la PGR esgrime en el juicio contra Moreno: los presuntos sobornos pagados por Lindsey Manufacturing, aun cuando el gobierno estadunidense no pudo probarlos.
Por lo que atañe al expediente de la SFP, es parecido al caso que se abrió en Texas contra el exdirectivo de ABB Inc, John O’Shea. De acuerdo con la acusación, el ejecutivo sobornó a Moreno para conseguir contratos, entre los que destaca una adjudicación para adquirir “bienes informáticos” por un monto de 116 millones de pesos.
El 9 de febrero último, el juez Lynn Hughes dio por concluido el caso, al considerar que no había materia ni siquiera para que fuera conocido por un gran jurado. El motivo: la fiscalía no acreditó que O’Shea hubiera hecho pagos ilícitos. Además, la acusación se apoyaba en la imputación de un testigo único.
La SFP no resolvió la inhabilitación de Moreno por cohecho –no pudo demostrar los presuntos sobornos–, ye n cambio arguyó que hubo dos irregularidades: una indebida adjudicación directa a ABB Inc. para el contrato de equipos de cómputo y otra porque se registró un sobreprecio que causó un daño patrimonial por 5 millones de dólares y un perjuicio económico por 677 mil dólares.
No obstante, el caso de ABB Inc. no está relacionado con el proceso penal que mantiene preso a Néstor Moreno.
Pruebas falsas
A partir de la averiguación previa PGR/UEIDCSPJ/MXXVI/136/2009, la procuraduría consiguió que el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal admitiera la causa y liberara una orden de aprehensión contra Néstor Moreno en agosto de 2011.
Y aunque el acusado consiguió un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, el 3 de septiembre de 2011 un grupo de agentes federales lo detuvieron en el aeropuerto de Toluca y lo remitieron al Reclusorio Oriente. Salió libre horas después, pero se le notificó la orden de aprehensión.
La defensa de Moreno intentó otro amparo ante el Séptimo Tribunal Unitario de Circuito de la Tercera Región, con sede en Guadalajara. El pasado 10 de abril fue detenido en Hermosillo, Sonora, y aun cuando tenía el amparo, se le impuso una fianza por 130 millones de pesos.
El abogado Raúl Carrancá y Rivas insiste: las violaciones constitucionales detectadas son graves. Destaca sobre todo que se haya pasado por alto la presunción de inocencia. Aun sin haber sentencia de un juez, sostiene, Néstor Moreno fue privado de su libertad.
Carrancá y Rivas recuerda que en la reforma constitucional en materia penal realizada en 2008, la presunción de inocencia –consignada en el artículo 20– ha sido pregonada por Felipe Calderón como un aspecto medular de la modificación a las leyes que consiguió ese año. En el caso de Moreno, reitera, se pasó por alto dicho principio.
E jurista destaca también que la fianza se haya fijado en 130 millones, cuando la acusación por enriquecimiento ilícito es por 33 millones, de los cuales unos 20 millones corresponden al yate asegurado.
La defensa de Moreno logró que el monto de la fianza se redujera al monto de la acusación. Con el yate asegurado y el Ferrari Spyder que se le atribuyen, Moreno sólo habría depositado los 23 mil dólares. Sin embargo, como dichos bienes no son suyos, la fianza fue inaccesible y el amparo quedó sin efectos, explica Carrancá y Rivas.
Y es que, entre las pruebas ofrecidas por la defensa, destaca el dictamen del perito Jorge Lizárraga Trujillo, quien concluyó que las facturas del yate y el vehículo no están firmadas por Moreno, como aseguran las autoridades.
Respecto a la entrega de 23 mil 450 dólares, los abogados demostraron que el dinero fue depositado en el colegio St. John’s Northwestern Military Academy, de Wisconsin, para cubrir la colegiatura de un hijo de Moreno.
En el anexo 13 de las pruebas presentadas por la defensa, destaca que el dinero se depositó en ese colegio, pero el trámite no se concretó y los directivos del plantel regresaron el dinero, que fue reintegrado por Moreno a su dueño: Enrique Aguilar, quien junto con su esposa fue mencionado en el juicio radicado en California. Al final, ambos fueron exonerados.
En el caso de México, a partir de las pruebas documentales y testimonios, se asentó que el yate, el automóvil y el dinero eran de Aguilar. Él se los había prestado a Néstor Moreno, quien es su amigo.
Según la defensa y los implicados, los préstamos de yate, vehículo y dinero no tienen relación con los contratos. De ahí la insistencia de los abogados de que Moreno carecía de facultades para autorizarlos.
“Los delitos ameritan fianza –advierte Carrancá y Rivas–. Es escandaloso que el Ministerio Público se burle de la Constitución y haga nugatorio el derecho a la libertad bajo caución. Lo mismo ocurre con el articulo 22 constitucional en el que se prohíbe la multa excesiva”.
Pesquisa inconstitucional
Raúl Carrancá señala que durante el proceso ha habido prácticas dilatorias. Y pone un ejemplo: cuando Moreno obtuvo un amparo, el asunto se archivó durante cuatro meses y medio; simplemente fue enviado al Tribunal Colegiado.
Y añade que cuando Moreno llegó al Reclusorio Oriente, en abril, su situación jurídica cambió, por lo cual el amparo quedó sobreseído. Entonces volvió a solicitar libertad bajo caución, pero se le negó a petición de la PGR.
El argumento de la procuraduría fue que Néstor Moreno tiene familiares fuera de México, lo cual facilita su fuga y, como es una persona educada, conoce las rutas de fuga. Además, ocupó un cargo importante en la CFE, lo que le permite tener acceso a información sobre rutas de fuga en otros países.
Asimismo, según la procuraduría, como la acusación es relevante por el monto que implica y como el pueblo de México ya está cansado de servidores públicos corruptos, si Moreno se fuga, existe el riesgo de que el pueblo se enardezca.
La negativa fue admitida por la juez del caso, y se confirmó en apelación. Sin embargo, el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito concedió el amparo indirecto 18/2012, el 23 de agosto pasado. La PGR se inconformó el 11 de septiembre, pero el amparo se confirmó. No obstante, la procuraduría intentó una nueva maniobra: imputarle a Moreno el delito de cohecho.
Raúl Carrancá afirma que, con lo anterior, se está juzgando a Moreno dos veces por los mismos hechos, lo cual viola el artículo 23 constitucional, que prohíbe juzgar por dos delitos en relación con los mismos hechos, así como el artículo 14, pues se le ha privado de todos sus derechos.
La nueva acusación de cohecho representa, a juicio del abogado, un agregado a la serie de inconsistencias graves que se han registrado para conseguir sentenciar a Moreno, por lo que se presentó un nuevo juicio de amparo que está pendiente de resolución.
“De esta forma –dice–, manteniéndolo preso sin sentencia, sin posibilidad de pagar una fianza, acusándolo por un nuevo delito por los mismos hechos, se le mantienen en el infierno carcelario siendo inocente, sin que se haya demostrado lo contrario y sin reparar en el daño a él, a su honor, a su familia”.
El jurista, quien asesoró al Sindicato Mexicano de Electricistas en su intento por conseguir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la extinción de Luz y Fuerza del Centro, aclara que al asesorar el caso de Moreno no existe conflicto de intereses.
“Todo indica que Néstor Moreno es un chivo expiatorio, que se utilizó cuando servía, como en el caso de LFC, pero luego se le imputaron crímenes que en realidad son una vendetta”.
Según el abogado, la PGR puede impugnar el amparo y se encuentra en plazo, pero será difícil que pueda revertir las pruebas y la valoración de las violaciones cometidas contra Néstor Moreno
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