El juez del michoacanazo

Destituido, el juez del michoacanazo/Jorge Fernández Menéndez

Columna Razones en Excélsior, 26 de octubre de 2012

Recuerda el escritor irlandés John Connolly en una entrevista con El País una cita de William Gaddis en la novela JR: “Obtienes justicia en el otro mundo. En éste, tienes la ley”. En nuestro caso, en nuestro mundo, demasiadas veces no tenemos ni la una ni la otra, ni la justicia ni la ley. Pero en ocasiones queda alguna esperanza.

En muchas oportunidades hemos hablado en este espacio de decisiones inexplicables de algunos jueces. Apenas a finales del pasado mes de agosto volvíamos a hablar del juez Efraín Cázares López, célebre por haber dejado en libertad a todos los implicados en el michoacanazo y también, entre otros, al ex alcalde de Benito Juárez (Cancún), el perredista Greg Sánchez.

Cuando ocurrió el michoacanazo, decíamos en agosto, las pruebas existentes contra la mayoría de los involucrados parecían ser abrumadoras: grabaciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos, cuentas bancarias, aparecían con sistemática regularidad en las acusaciones contra los detenidos. Inexplicablemente, el michoacanazo, que era el caso más importante y que mejor demostraba las verdaderas redes de la narcopolítica en el país, se fue desvaneciendo: primero, los acusados fueron trasladados desde las cárceles de máxima seguridad a la de Morelia donde, según los datos oficiales, tenían un régimen prácticamente de spa; y de allí fueron enviados por el juez Cázares López, uno por uno, a su respectiva casa. Todos sin excepción.

 Fue tal la impunidad que, ante el hecho contundente de que todos terminaron en libertad, se llegó a pedir, desde el gobierno michoacano de Leonel Godoy, profundamente involucrado en esa trama de corrupción, que el federal ofreciera una disculpa pública a los involucrados, por haber manchado “su buen nombre”. Y en paralelo con ello, el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy, que hasta entonces estaba prófugo se presentó, con un año de retraso, a tomar posesión de su curul en la Cámara de Diputados y obviamente de su fuero.

La historia es conocida: Julio César Godoy consiguió un amparo, de los mismos tribunales que habían dejado en libertad a los otros implicados en el michoacanazo y fue ingresado a San Lázaro en el baúl del carro de un diputado perredista, fue escondido en las oficinas del entonces líder de ese partido en la Cámara baja, Alejandro Encinas, y dos días después, rindió protesta, en uno de los hechos más bochornosos de la historia legislativa del país, como diputado federal. Para que la burla no fuera menor, Godoy Toscano se incorporó inmediatamente a la Comisión de Seguridad de la Cámara para analizar, dijo, los excesos de las fuerzas policiales.
Pero resulta que se solicitó su desafuero y los diputados de la Comisión especial, presidida por César Augusto Santiago, lo mismo que todos los mexicanos, pudimos escuchar las mismas grabaciones que el juez Cázares López había desestimado, para otorgarle un amparo y el fuero. Las conversaciones con Servando Gómez, La Tuta, uno de los jefes de La Familia Michoacana (ahora, dividido ese grupo, jefe de Los Caballeros Templarios), donde con lujo de detalles se le explicaba al entonces candidato sobre los apoyos que tendría de ese grupo criminal. Fueron decenas de cintas las que se entregaron a la Comisión legislativa. Julio César Godoy fue desaforado. Antes tuvo tiempo de darse a la fuga y hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. Ninguno de los involucrados en su entrada a San Lázaro, de haberlo convertido en candidato y luego en diputado, de haber permitido esa burla al Congreso y a la ciudadanía, se ha disculpado por ello, ni mucho menos se ha hecho responsable de lo ocurrido.
Ayer, el juez que ordenó todas las liberaciones del michoacanazo y la de Greg Sánchez, entre otros, el juez Efraín Cázares López, fue destituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura. Estaba siendo investigado por el Consejo junto con otros jueces, entre ellos, José Guadalupe Luna Altamirano. En agosto, el presidente de la Suprema Corte y del Consejo, Juan Silva Meza, había dicho que ese órgano defendería a cualquier juez “que sea perseguido por cumplir con su responsabilidad”. Ayer fue destituido. Todavía podrá apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para recuperar su cargo. El michoacanazo y el caso Greg Sánchez fueron una burla de la justicia, uno de sus principales actores no podía quedar impune.
Por cierto, hablando de jueces, ¿a quién se le puede ocurrir dejar en libertad a Brenda Quevedo, una de las principales implicadas en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda, porque “no existen pruebas suficientes en su contra?” ¿Qué necesitan para juzgar a una delincuente que secuestró y mató?