La propuesta lleva el aval de los senadores Arely Gómez (PRI) y de Roberto Gil (PAN).
El martes 24 de septiembre integrantes de la Red a Favor de los Juicios Orales demandaron a los coordinadores del PRI, PAN, PRD y PVEM en el Senado aprobar a la brevedad el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, para concretar la aplicación de la reforma en materia de justicia penal aprobada hace cuatro años.
En esa reunión los coordinadores del PRI, PAN y PRD se dijeron dispuestos a analizar y discutir el tema, pero no hicieron ningún compromiso sobre los plazos para aprobar el nuevo instrumento. (Demandan código de procedimientos, nota de Claudia Guerrero, Reforma, 25-Sep-2012).
¡Tres comisiones, Caray!
Textual:
Presidía el pleno el Senador Burgos García
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: El día de hoy venimos a esta tribuna a nombre de la senadora Arely Gómez, del senador Roberto Gil, y de su servidor, a detonar la discusión en el Senado, de un tema muy importante, que es la procuración de justicia en el país.
Venimos a dar formal inicio a las mesas de trabajo y al proceso de dictaminación, venimos a impulsar y a proponer la nueva reingeniería en el sistema de justicia, y deseamos hacerlo con un documento que se trabajó en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en el que participaron todos los grupos: el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, el PT y Convergencia, bajo la coordinación del doctor Humberto Benítez Treviño, sin duda ese es el documento que debe ser el inicio a esta discusión, que hemos modificado y le hemos agregado algunas cosas.
El sistema de procuración e impartición de justicia en este país tenemos noticias buenas y malas, o más bien, tuvimos noticias muy buenas y ahora son malas, y me explico.
La gran reforma del 18 de junio de 2008 se logró legislar la gran Reforma Constitucional Penal, sin duda esta, iba a marcar la gran diferencia sin precedente alguno en el Sistema de Justicia Penal Mexicana.
El cambio, el cambio de paradigma de un sistema persecutorio de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. El modelo de persecución criminal que estamos buscando cambiar y que se estaba buscando cambiar en ese momento, donde existía una relación, una vinculación entre los policías y los delincuentes que servía para pactar y para obtener información respecto a los casos que les interesaba, una facultad, una supuesta facultad que tenían los policías para torturar, para incomunicar, y para coaccionar, incluso, lamentablemente, la jurisprudencia de la Corte autorizaba esto y daba pleno valor probatorio a las confesiones que existían a pesar de que tuvieran huellas de tortura.
Por eso venimos a proponer este Código, un sistema en donde los ministerios públicos y ponen fianzas muy altas, nadie sale, y eso aumenta la productividad de los ministerios públicos, aumentan los indicadores de desempeño, robos por montos pequeños terminan en procesos judiciales permitiendo que los presuntos responsables pasen mucho tiempo en prisión preventiva; prisión preventiva, “la escuela del crimen”.
Robos pequeños, simples sin violencia, una encuesta del CIDE, nos decía que en el DF el 47 por ciento de los internos fueron sentenciados por robo simple sin violencia por un monto menor a los 500 pesos.
Lamentablemente de lo que estábamos hablando y de lo que estamos hablando es de la criminalización de la pobreza.
50 mil personas preventivamente presas pro delitos menores a 5 mil pesos, un sistema con viejos rasgos, donde siguen habiendo incomunicados, donde no se les permite tener un abogado o donde incluso no se les da de comer.
En los casos sin detenido, tenemos un actuar de un Ministerio Público que no se dedica a investigar, que no se dedica a crear tesis de qué es lo que está sucediendo, tenemos un Ministerio Público que opta por recibir un parte policiaco y eso anexarlo al expediente y con eso consignar.
Todas estas pruebas se les da pleno valor probatorio y así se consigue. Es decir, la justicia en manos de los policías.
Sin duda, sin duda hace muchos años el modelo funcionaba bajo dos premisas, la baja incidencia preventiva y la enorme centralización del Poder. Ahora la función es distinta, este Ministerio Público que tiene bajas probabilidades de tener éxito en sus investigaciones, todo se remite a un catálogo donde se asientan estos supuestos delitos, casos de robo siempre se requiere un peritaje. Es decir, si se toma un delincuente que ha robado unos jeans de un precio de 500 pesos, el Ministerio Público considera que es indispensable pedir un peritaje para saber cuánto cuestan esos jeans. Lo que se trata es de integrar expedientes, no importa con qué, con actuaciones, ¿Cuáles? Las que sean.
Las reformas del proceso penal del 2008 buscan este cambio de paradigma, y un paradigma autoritario a uno democrático. Sin duda las resistencias a las reformas están ahí, tiene que haber una reingeniería de los defensores, tiene que cambiar la forma de trabajar, los litigantes ahora tienen que aprender a hablar, tienen que estudiar. Los ministerios públicos igual, tienen que ponerse a estudiar y tienen que construir tesis y tienen que trabajar bajo los principios de transparencia.
No estamos hablando de juicios orales, estamos hablando de las nuevas figuras, de eso estamos hablando, de la aplicación de la justicia alternativa, de los procedimientos abreviados y de los nuevos actores procesales, de los jueces de control, del juicio oral y de las ejecuciones de sanciones, donde se establece la observancia de lo establecido por la Constitución, Tratados Internacionales y leyes de las materias. Hay entidades que cuentan con la Ley de Ejecución de sentencias, garantizando las condiciones que favorezcan los principios de reinserción social. Es decir, la revisión que van a tener que hacer los jueces, estamos hablando del control de convencionalidad difuso. Esta reforma del 2008 contiene principios, principios importantes, publicidad, oralidad, contradicción e inmediación y se le dan las facultades al Ministerio público de que de verdad sirva esta policía judicial, de que de verdad exista una labor científica, una labor en balística, en criminalística y en medicina forense. De eso estamos hablando.
Cuáles son las consecuencias de que al día de hoy no tengamos este Código Federal de Procedimientos Penales, el proceso penal seguirá siendo eminentemente escrito impidiendo la oralidad, la imposibilidad de audiencias públicas con presencia de un juez donde se desarrollen principios de inmediación, contradicción, concentración y presunción de inocencia.
Falta de acondicionamiento de las instalaciones para poder desarrollar estos juicios orales. No se están preparando ni actualizando los programas docentes y académicos con los que tienen que estudiar los ministerios públicos y los jueces.
Incumplimiento para alcanzar estándares internacionales sobre presunción de inocencia y derechos humanos.
Incumplimiento en la materialización de los derechos de las víctimas, no estamos yendo al cambio de cultura de los operadores del sistema como ministerios públicos, policías, jueces y defensores.
Indefinición del empleo de la justicia alternativa a nivel federal y la construcción de centros de readaptación.
Por todas esas razones son que el día de hoy, insisto, venimos a detonar la discusión a esta Cámara de Senadores, donde creemos que es muy importante iniciar de lo que ya se había trabajado en la Cámara de Diputados.
Es cuánto, señor Presidente, y le pediría que por la importancia de la iniciativa que se presenta, también sea turnada a la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana y Participación Ciudadana, porque han estado muy cerca de todos estos trabajos, organizaciones como las del señor Alejandro Marti, académicos importantes como Ana Laura Magaloni, como el Doctor Carbonell, y es necesario que las mesas de trabajo participe la ciudadanía.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Senador Escudero.
Como lo solicita, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos y Participación Ciudadana.
La iniciativa puede leerse en:
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