Hoy inicia un nuevo gobierno y, con ello, el tic tac del reloj empieza a correr de forma acelerada para que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete puedan darle rumbo y potencia a nuestro país. La designación de Jesús Murillo Karam (aunque falta la ratificación del Senado) como procurador general de la República es una muy buena noticia. Murillo Karam, durante la administración de Calderón, fue una pieza clave para que se aprobaran las reformas constitucionales más importantes del sexenio anterior: la reforma de acciones colectivas, la reforma de derechos humanos, la reforma de amparo y la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia. Todas estas reformas fueron diseñadas y aprobadas en mancuerna PAN y PRI. A la cabeza de estos procesos de diseño y cabildeo político estuvieron Jesús Murillo Karam, por parte del PRI, y Fernando Gómez Mont, por parte de la administración panista de Felipe Calderón.
Falta mucho para que cada una de esas reformas sea operativa y despliegue todo su potencial transformador. Muchas de ellas aún no cuentan siquiera con leyes reglamentarias. No obstante, el común denominador de todas ellas es que tienen el propósito de construir los cimientos jurídicos de la ciudadanía y de fortalecer a la sociedad civil organizada, al dotarla de nuevos instrumentos legales para impulsar sus causas y lograr que las acciones de gobierno se hagan cargo de un gran abanico de demandas sociales.
A Murillo Karam le tocará implementar a nivel federal y liderar políticamente a nivel local la reforma penal. Estoy convencida de que la forma en que opera el sistema de procuración e impartición de justicia constituye una manera de medir la calidad y profundidad de una democracia. Uno de los objetivos centrales de cualquier régimen democrático es establecer un modo de ordenación de la vida colectiva en donde el ejercicio del poder esté limitado jurídica y políticamente. Ello permite que los ciudadanos cuenten con ámbitos reales para ejercer su libertad y sus derechos. No hay poder más amenazante para el ejercicio de los derechos ciudadanos que el que pueden ejercer los delincuentes violentos, por un lado, y las instituciones de seguridad, por el otro. Ambos, de formas distintas, tienen capacidad para ejercer coacción física en contra de los ciudadanos. Sin embargo, mientras que los delincuentes, por definición, lo hacen violando las leyes, en cambio, las Fuerzas Armadas y los policías deben ejercer la coacción conforme a la Constitución y las leyes. El sistema de procuración e impartición de justicia sirve para garantizar que ello sea así. Es decir, dicho sistema se encarga de que, por un lado, se sancione a quien delinque y, por el otro, que el ejercicio del poder coactivo de las policías y Fuerzas Armadas se lleve a cabo conforme a los procedimientos y formas que marca el derecho y, de no serlo así, se sancione. Sólo así los policías se diferencian de los delincuentes y su poder coactivo pierde el carácter despótico e incontrolado propio de los regímenes autoritarios.
El eslabón perdido de la política de seguridad de la administración de Calderón fue precisamente el sistema de procuración y administración de justicia. En estos últimos seis años las políticas de seguridad se estructuraron bajo un paradigma autoritario. Este paradigma tuvo dos componentes: 1) la concepción de que al crimen se le controla a través de la coacción; era una lucha de quién tenía más fuerza: el Ejercito y los policías o los delincuentes. Ello asume que tan pronto los delincuentes perciban que el Estado puede más, dejarán de delinquir y, 2) el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la no autoincriminación por medio de la tortura o la coacción y la calidad de las pruebas son, en el mejor de los casos, poco relevantes y, en el peor, un obstáculo. Bajo el paradigma autoritario no hay forma en que quepa la justicia como mancuerna indisoluble de las políticas de seguridad.
Este paradigma autoritario explica por qué Calderón le apostó al fortalecimiento de la Policía Federal pero dejó en el cajón la implementación de la reforma penal. Quiero pensar que la decisión de Peña Nieto de poner al frente de la PGR a Murillo Karam nos habla de que esta nueva administración ha decidido sacar la reforma penal del cajón y hacerla parte integral de sus políticas de seguridad. Murillo Karam es funcionario con peso político propio y con conocimientos sólidos para enfrentar los enormes desafíos, políticos y técnicos, que significa poner en marcha una reforma que, por un lado, desmonte los asideros autoritarios de nuestro sistema de persecución criminal y, por el otro, logre implantar en las burocracias del MP y los tribunales nuevas formas de hacer las cosas. Del éxito de la reforma penal dependerá, creo yo, la posibilidad de construir una relación de confianza y cooperación entre los ciudadanos y la policía. El reto es mayúsculo. Le deseo el mayor de los éxitos a Jesús Murillo Karam.
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