Gloria Leticia Díaz, reportera,
El uno de diciembre
Pese a su bien cuidada imagen como alcalde de una ciudad progresista y tolerante, el exjefe del gobierno capitalino Marcelo Ebrard en los hechos ha demostrado desde hace años su aversión hacia los jóvenes –especialmente los que se atreven a protestar contra los abusos de la autoridad– y los luchadores sociales. Deslumbrado por Rudolph Giuliani, quien pacificó Nueva York, copió su política de “tolerancia cero” y la aplicó aquí a rajatabla. Un largo rosario de denuncias, testimonios y recomendaciones de la CDHDF da cuenta de la verdadera cara, la represiva, de quien hace poco fue nombrado presidente de la Red Global de Ciudades Seguras.
Distinguido por la ONU como presidente de la Red Global de Ciudades Seguras, Marcelo Ebrard impuso su sello de intolerancia a movimientos sociales y de criminalización de la juventud hasta el último minuto de su gobierno en el Distrito Federal.
Para representantes de varias organizaciones sociales, sólo así se explica el comportamiento de cientos de policías desplegados en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
Los policías capitalinos estuvieron horas antes bajo el mando de Manuel Mondragón y Kalb, actual encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dependencia a la que le correspondió coordinar las acciones de la Policía Federal afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.
De las denuncias ciudadanas y de las investigaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), presidida por Luis González Placencia, se puede concluir que los policías capitalinos replicaron una conducta aprendida durante el sexenio de Marcelo Ebrard y antes, cuando el exjefe de Gobierno fue secretario de Seguridad Pública.
El informe preliminar de la CDHDF, coordinado por el primer visitador Mario Patrón Sánchez, inicia su recuento con resoluciones del organismo por hechos ocurridos en 2011 y 2012 relacionados con la actuación irregular de policías ante las llamadas “fiestas clandestinas” –que dio lugar a la última recomendación del organismo a Ebrard, la 20/2012– y la investigación abierta por la detención de 238 reggaetoneros en julio de este año.
La recomendación en cuestión alude a otra, la relacionada con la muerte de 12 personas –nueve de ellas jóvenes y tres policías– en un fallido operativo policiaco en 2008 en la discoteca New’s Divine, en la delegación Gustavo A. Madero, y que le costó el puesto al entonces procurador Rodolfo Félix Cárdenas y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, Joel Ortega.
La recomendación 11/2008 por hechos que marcaron el gobierno de Ebrard hacía señalamientos precisos al entonces jefe de Gobierno para tomar medidas tendientes a evitar la criminalización de los jóvenes de la capital, situación que cuatro años después, según la CDHDF, no ha cambiado.
La recomendación de 2008 fue emitida por el entonces presidente de la CDHDF Emilio Álvarez Icaza, quien desde julio de este año es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que por cierto hasta el viernes 7 no se había pronunciado sobre la represión del 1 de diciembre en México.
Detenciones arbitrarias y torturas
Esos son los antecedentes que para la CDHDF explican la actuación de los cuerpos policiacos capitalinos contra los jóvenes, al grado de considerar que las autoridades capitalinas encabezadas por Marcelo Ebrard criminalizaron a este sector de la población.
“El patrón común de estos casos ha sido la ejecución de detenciones arbitrarias en perjuicio de jóvenes”, indica el informe divulgado el jueves 6 con el objetivo explícito de incidir en el criterio de la juez 47 de lo Penal, Carmen Patricia Mora Brito, según admitió González Placencia ante los medios.
El documento refiere que para el organismo son 88 los agraviados por las actuaciones policiacas, de los cuales 22 estarían plenamente identificados como víctimas de detenciones arbitrarias y cuatro sujetos a torturas antes de ser remitidos a las instalaciones del Ministerio Público el 1 de diciembre.
El viernes 7 la CDHDF añadió 10 casos a la documentación de arrestos ilegales. Hasta el cierre de esta edición permanecían en el Reclusorio Norte y en Santa Martha Acatitla 69 personas acusadas de delitos contra la paz, que tienen una penalidad de cinco a 30 años de prisión.
“El 80% de los detenidos tienen menos de 30 años, lo que habla de que se trató de un operativo muy planeado, selectivo en contra de los jóvenes; fue un ataque frontal”, acusa Juan de Dios Hernández Monge, del Colectivo de Abogados Zapatistas, que el 1 de diciembre se integró con un equipo de al menos 30 abogados para defender gratuitamente a los jóvenes reprimidos por las fuerzas policiacas capitalinas.
Con una experiencia de 35 años, Hernández Monge ve en los hechos ocurridos el 1 de diciembre similitudes con otros ocurridos el 2 de octubre de 2003 y “que pintan de cuerpo completo la forma de actuación de las policías del DF y sobre todo de Marcelo Ebrard Casaubón”.
Hace nueve años, recuerda, siendo Ebrard secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno, le tocó defender a decenas de jóvenes que, “como los de ahora”, fueron acusados por delitos que no cometieron.
“El 2 de octubre de 2003 hubo un operativo que consistió en instalar retenes con la Policía Ministerial, entonces Policía Judicial, en las estaciones del Metro San Cosme, Revolución y Buenavista; junto a cada retén pusieron un camión de granaderos vacío. Todos los jóvenes con pelos colorados, piercings, tatuajes, vestidos de negro o con estoperoles eran detenidos para una ‘revisión de rutina’. A algunos los subían a los camiones. Esto empezó a las 12 del día y la marcha estaba convocada a las cuatro”, rememora el abogado, integrante ahora de la Liga de 1 de Diciembre.
Los vehículos con jóvenes fueron trasladados a las afueras del Museo del Chopo, cuenta, hasta que los policías recibieron órdenes de trasladarlos a la Agencia 50 del Ministerio Público, luego de que se difundió la información de que había desmanes y daños en comercios y agencias de automóviles.
De acuerdo con el seguimiento que dio el diario Reforma a los hechos del 35 aniversario de la matanza de Tlatelolco, 75 jóvenes, 31 de ellos menores de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los daños causados a los comercios, estimados en 10 mil millones de pesos.
“Los muchachos que habían estado en los camiones de granaderos, algunos desde las 12 del día, fueron acusados de los desmanes. ¿Cuál fue el resultado? Todos, absolutamente todos salieron libres pues la policía no pudo demostrar sus acusaciones. Eso es lo que creo que va a pasar ahora; cómo van a poder acreditar hechos que no ocurrieron el 1 de diciembre”, reflexiona Hernández Monge en entrevista con Proceso.
Contra movimientos sociales
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, coincide en que como en 2003 “los verdaderos responsables de los desmanes, que deben ser castigados, no están detenidos”.
Para el defensor, en este caso como en otros en los que la policía capitalina ha actuado contra movimientos sociales, “estamos frente a un fraude judicial en el que la policía trata de aparentar que está investigando y va a actuar contra la impunidad, pero fundamentalmente se está actuando contra personas que tienen una camiseta de #YoSoy132, que protestan, que usan rastas, es decir, se trata de una razzia”.
En entrevista coincide con Hernández Monge en que precisamente en el último mes de gobierno de Ebrard la policía capitalina actuó contra movimientos sociales, aunque ya lo había hecho antes de manera generalizada.
El 18 de noviembre, estando aún Mondragón y Kalb al frente de la SSP capitalina, granaderos reprimieron una manifestación contra las corridas de toros afuera de la Plaza México.
Los convocantes de la movilización eran activistas de la organización Derecho sin Fronteras que desde una semana antes anunciaron la protesta en las redes sociales. Pese a que la manifestación fue pacífica, agentes de la SSP la disolvieron violentamente y detuvieron a cuatro activistas a los que acusaron de robo y a quienes remitieron a la Agencia 50 del Ministerio Público, donde fueron liberados bajo caución.
Cinco días después, el 23 de noviembre, unos 200 granaderos destruyeron un campamento en las inmediaciones de la colonia Malinche, símbolo de la resistencia de vecinos y ambientalistas integrados al Frente Amplio contra la Supervía Poniente.
El campamento en el que estaban durmiendo 30 activistas la madrugada del 23 de noviembre había sido instalado desde el 26 de julio de 2010 y formaba parte de una serie de recursos a los que acudieron vecinos y defensores de la reserva del Bosque de Tarango.
El desalojo se inició en la madrugada en un operativo encabezado por representantes de las concesionarias OHL y Copri, denunciaron los integrantes del frente. Los policías utilizaron gases lacrimógenos, provocaron un corto circuito en la colonia Malinche y horas después quemaron el campamento.
“Fue un mensaje muy claro de parte de Marcelo Ebrard –dice a esta reportera Cristina Barros, vocera del movimiento–; después de años de mantenernos firmes en la defensa del medio ambiente, era obvio que le resultábamos muy incómodos a él y a las empresas que tienen interés en la zona (de acceso a Santa Fe); el jefe de Gobierno no podía dejar su gestión sin demostrar su desprecio hacia nosotros.”
El último día de su mandato Ebrard inauguró la Supervía Poniente, autopista urbana de cuota, aún inconclusa y concesionada a las empresas Copri y OHL. La inversión, totalmente privada, fue de 23 mil millones de pesos, según declaró a los medios el exsecretario de Obras, Fernando Aboitiz el pasado 13 de septiembre.
Para el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, las detenciones del 1 de diciembre responden a “la política de tolerancia cero que Marcelo Ebrard le compró a Rudolph Giuliani (exalcalde de Nueva York) cuando era secretario de Seguridad Pública” y que ha afectado a la población juvenil y a la callejera, entre otras tradicionalmente discriminadas.
Para los gobiernos que sostienen la “tolerancia cero” y recurren a las salidas fáciles para dar respuesta a las exigencias mediáticas, dice, “los jóvenes, en particular los punketos o rastafaris o aquellos no peinados con gel, pueden ser considerados sospechosos”.
En entrevista Pérez García recuerda las detenciones masivas de jóvenes durante la administración de Ebrard, así como de la política de limpieza social, de la que se negó a dar cuenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al no asistir a una audiencia ex profeso en noviembre en Washington.
La Redim, la CDHDF y la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras notificaron a la CIDH que en los últimos tres años el organismo que preside Luis González Placencia ha documentado 65 quejas y emitido seis recomendaciones a la SSP, a la Procuraduría del DF y a otras dependencias.
Los agravios acusados por los jóvenes detenidos el día de la toma de protesta de Peña Nieto, apunta el especialista, no son “algo nuevo en la Ciudad de México; lamentablemente este año se caracterizó por detenciones masivas de jóvenes y tendría que considerarse un tema de preocupación”.
Agrega: “Paradójicamente esta ciudad que ha enarbolado un discurso de derechos humanos es la que ha venido institucionalizando en el cuerpo de seguridad pública y en algunas otras dependencias la violación de los mismos”.
Además de las detenciones masivas de jóvenes este año, Pérez García agrega otros datos como evidencia de la política de discriminación, sobre todo de jóvenes y de población de la Ciudad de México: 60% de las personas detenidas en la cárceles del DF tienen menos de 25 años, muchas de ellas pertenecen a la población callejera y “todos esos acontecimientos en los que se han podido demostrar agresiones de los cuerpos de seguridad contra los jóvenes han quedado en la impunidad”.
En su número 1882 Proceso documentó las actuaciones de policías del DF contra cuatro jóvenes acusados de diversos delitos y que fueron víctimas de detenciones ilegales y tortura. Esos casos forman parte de una lista de más de 600 denuncias documentas por la CDHDF sobre hechos de tortura de 2008 a 2010, que dieron lugar a 10 recomendaciones.
En dos de los casos narrados en Proceso los agentes responsables están plenamente identificados por la CDHDF, pero no han sido sancionados y siguen en funciones.
En el caso específico de las detenciones del 1 de diciembre, agrega, “no sólo se trata de documentar los abusos, sino que haya sanciones para los responsables. El nuevo jefe de Gobierno tiene ahí un gran desafío: si quiere deslindarse tendrá que liberar a todos los detenidos de manera arbitraria y dar garantías de no repetición”.
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