En el documento se ordena a un tribunal unitario dictar una nueva sentencia a Cassez, que inevitablemente sería absuelta de los delitos
Nota de Víctor Fuentes, con información de Guadalupe Irizar
Reforma, 22 enero 2013.- La Ministra Olga Sánchez propuso a sus colegas desacreditar totalmente los testimonios rendidos por las supuestas víctimas de la francesa Florence Cassez por considerar que incurrieron en múltiples contradicciones que les quitan todo valor probatorio.
REFORMA tuvo acceso al proyecto de sentencia que la Primera Sala de la Suprema Corte discutirá mañana, el cual elimina las declaraciones de Cristina Ríos Valladares, Christian Ramírez Ríos y Ezequiel Elizalde Flores.
En el documento se ordena a un tribunal unitario de circuito dictar una nueva sentencia a Cassez, quien inevitablemente será absuelta de los delitos de secuestro, violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y portación de arma prohibida.
También se desechan las declaraciones de Leonardo Cortez, un vendedor que reconoció a Cassez como quien vigilaba a Ríos Valladares previo a su secuestro.
"Las modificaciones que fueron realizando dichos testigos a sus respectivas declaraciones, producen dudas respecto de la espontaneidad del reconocimiento que hicieron de Florence Cassez en cuanto a su participación en los hechos que se le atribuyen, y permiten estimar que el mismo fue inducido a partir de su presentación ante los medios de comunicación", dice el proyecto.
La Ministra retoma en parte la propuesta de su colega José Ramón Cossío de eliminar los dichos de Ríos Valladares y su hijo porque reconocieron a Cassez en la televisión durante el montaje sobre su captura armado por la Agencia Federal de Investigación, pero va más allá, pues las partes no relacionadas con esta identificación también le parecen inverosímiles, y además desecha el dicho de Cortez López.
En cuanto a Elizalde, quien no identificó a Cassez con base en imágenes televisivas, y la mencionó desde su primera declaración, el desechamiento se basa en contradicciones o inconsistencias, y en el hecho de que la palabra de un solo testigo no es suficiente para fincar plena responsabilidad penal a Cassez.
"Dicho testimonio", dice el documento en relación a Elizalde, "genera dudas en cuanto a su credibilidad, si se toma en cuenta que el testigo, en su carácter de víctima del secuestro, incurre en diversas inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones, que hacen dudar de la fiabilidad de los hechos respecto de los que depone".
Sánchez Cordero incluso ilustra con tablas comparativas las inconsistencias que se fueron dando entre las cuatro declaraciones que rindieron Ríos Valladares y Ramírez Ríos; entre las tres declaraciones que rindió Elizalde; y entre las declaraciones de los tres testigos, en particular sobre la casa de seguridad en la que estuvieron retenidos durante sus secuestros entre octubre y diciembre de 2005.
El show
El proyecto también retoma las críticas que el ministro Arturo Zaldívar hizo en su propuesta de marzo de 2012 al show mediático armado por la AFI para exhibir la supuesta detención de Cassez en noticieros de Televisa y TV Azteca el 9 de diciembre de 2005.
"Resulta fundamental señalar que no es a la opinión pública o a los medios de comunicación a los que se les debe imputar el retraso en la puesta a disposición de la quejosa ante la autoridad ministerial, sino a los agentes responsables de la AFI que retuvieron indebidamente a la quejosa por aproximadamente cinco horas, con la finalidad de obtener la transmisión a través de un medio de comunicación televisivo de su supuesta detención", explica el proyecto.
"El hecho de que las autoridades permitieran transmitir públicamente la supuesta detención de la quejosa, a través de la televisión, trajo como consecuencia que entre el lapso en que efectivamente fue detenida (4:30 horas) y su puesta a disposición del Ministerio Público (8:53 horas) transcurrieron 5 horas con 45 minutos, lo que constituye una violación Constitucional grave", agrega.
Para la Ministra, este retraso en la puesta a disposición genera incertidumbre sobre las condiciones de la detención de Cassez y la obtención del material probatorio en su contra, tanto por el delito de secuestro como por el de portación de arma, lo que violó sus derechos Constitucionales de presunción de inocencia, asistencia consular e inmediata puesta a disposición del Ministerio Público.
"Si bien el parte informativo rendido por los policías federales es una prueba de carga por lo que respecta al delito de portación de armas, es el caso que dicho documento carece de fiabilidad", dice el proyecto, "pues en comparecencia de 1 de marzo de 2006, los referidos agentes reconocieron la existencia de un error en el oficio de puesta a disposición de la detenida, aclarando en ese acto una hora diversa a en la que aconteció la detención".
La diferencia central entre los proyectos de Zaldívar y Sánchez es que el primero daba más peso al "efecto corruptor" que la exposición mediática de Cassez tuvo sobre el proceso en su contra, y proponía la libertad inmediata de la acusada, mientras que el de la segunda refuta con mucho más detalle los testimonios y pruebas en que se basaron el juez de distrito y los cuatro magistrados de circuito que en tres instancias previas condenaron a la francesa a 60 años de cárcel, y contempla el trámite de que se dicte nueva sentencia en un tribunal inferior.
Advierten riesgos para lograr mayoría
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia podría volver a topar con pared en su intento por construir una mayoría para amparar a Florence Cassez, tal y como le sucedió en marzo de 2012, cuando se desechó un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar que proponía su libertad inmediata.
El nuevo proyecto, de Olga Sánchez Cordero, es menos radical que el de Zaldívar, pues reenvía el expediente a un tribunal unitario, pero tendría el mismo efecto práctico: la absolución de la acusada.
Fuentes de la Corte consideraron que existe el riesgo de cinco opiniones distintas, como en 2012, o de una "mayoría" de sólo dos ministros a favor del proyecto de Sánchez, lo que resultaría insuficiente para aprobarlo.
Para lograr mayoría de tres, es indispensable que por lo menos uno de los ministros que votaron en 2012 cambie su postura, y que el nuevo Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena apoye el proyecto; o en su defecto, que dos ministros de los que ya expresaron opinión, la modifiquen y se sumen a la propuesta de Sánchez Cordero.
A la hora del cambio de opinión, Zaldívar parece una opción más viable que su colega José Ramón Cossío, pues el proyecto de Sánchez Cordero es mucho más cercano a la postura del primero que la del segundo, quien solo se pronunció por eliminar algunas partes de los dichos de dos de los cuatro testigos que declararon contra Cassez, pero no por desechar todas las declaraciones en que se basó su condena.
En este caso, sería necesario un cambio de postura radical del Presidente de la Sala, Jorge Pardo Rebolledo, que en 2012 votó por negar el amparo, y que por su formación como magistrado puede tener serias objeciones a un proyecto como el de Sánchez, que realiza valoraciones de prueba que según penalistas son propias de un tribunal colegiado, no de la Corte.
Gutiérrez Ortiz-Mena, en tanto, tiene escasa experiencia en materia penal, y fue asignado a la Primera Sala con la idea de que, si iba a la Segunda, estaría impedido en gran número de asuntos por sus antecedentes en el SAT.
Si no hay mayoría, el proyecto de Sánchez seguramente será turnado al Pleno de la Corte, aunque no está claro cuál es el fundamento legal para esta medida.
Llama Vivanco a castigar abusos
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), llamó a fincar responsabilidades a los servidores públicos que violaron el derecho al debido proceso en el caso de Florence Cassez.
En entrevista con REFORMA a propósito del análisis del caso por la Corte, el activista planteó la oportunidad que se presenta a los Ministros de la Corte para señalar a los responsables.
"Ojalá que la propia Suprema Corte pueda también dar luces en relación con las responsabilidades que les conciernen a aquellos que abusando de sus autoridades, de sus poderes, de sus prerrogativas, cometieron vicios de tal envergadura que colocan en entredicho, que colocan en riesgo, una investigación procesal tan importante como el caso justamente de secuestros que dio origen a este proceso", comentó Vivanco a pregunta específica sobre el tema.
"Los problemas y las debilidades que existen en México, los abusos que a diario se cometen en materia de proceso penal son muy serios, y este caso yo creo que es un caso paradigmático del número de violaciones e irregularidades que los servidores públicos cometen faltando a las normas más elementales de profesionalismo", señaló Vivanco.
Consideró indispensable el obligar a los servidores públicos de todos los niveles --en este caso a las policías federales, estatales y municipales--, a trabajar y a conducirse respetando los más altos códigos de ética.
"Que no utilicen o no sigan utilizando sus facultades para dar una respuesta espectacular, un golpe noticioso que les sirve para dar por, entre comillas, resuelto un caso; un problema cuando en la práctica sabemos que los responsables reales de los abusos o de los delitos comunes que se cometen en México gozan de total inmunidad", agregó.
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