23 ene 2013

Militares indiciados, arraigos y testigos colaboradores/FA

Militares indiciados, arraigos y testigos colaboradores/FA
Publicado en La Silla Rota, 23 de enero de 2013

http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=58935:militares-indiciados-arraigos-y-testigos-colaboradores&Itemid=186
En un hecho sin precedente, y después de varios meses de “investigación” la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que no tiene ninguna prueba que confirme las declaraciones de los testigos colaboradores que incriminaron al general Tomás Ángeles Dauahare de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.
 La dependencia admitió en un oficio fechado el 15 de enero y dirigido al Juez tercero de en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, simplemente que no pudo corroborar los dichos de los testigos "Jennifer" y "Mateo", quienes declararon en varias ocasiones que el Gral. Dauahare ayudó a Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", para conseguir la protección de militares en el desembarque de aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca. En el oficio-DGCPPAMDO/707/2013- la fiscal adscrita a la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), en alcance a su similar DGCPPAMDO/457/2013 del 15 de enero pasado, manifiesta que el único dicho que han “comprobado” es que los indiciados – sospechosos de haber cometido un delito-son o fueron servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que “por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados -léase señalamientos- de los testigos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado –persona sometido a un procedimiento penal-, fue servidor público de la Sedena, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de los atestes léase testigos- Jennifer y Mateo”, se indica en el documento integrado a la causa penal 44/2012.
(Muy cargado de tecnicismos el vocabulario empleado por la PGR, creo que es exagerado, con “todo respeto”).
 Hay que reconocer que tiene su valor de la institución de hoy al decir “perdón me equivoqué” Sin duda es por instrucciones del nuevo Procurador que aspira a recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución. Jesús Murillo Karam apenas llegó a la institución y marcó un nuevo estilo, que incluye no abusar de los arraigos sin tener pruebas sólidas o con testigos "de oídas", como ha sido el caso. No fue casual que en pocos días de su arribo a la institución dejó en libertad bajo reservas de ley a la ex agente del Servicio de Seguridad de la Embajada de EU Beatriz Elena Veramendi Martínez tras estimar que la acusación que la vincula con la delincuencia organizada es de oídas y por tanto carece de elementos.
 Ese fue el primer caso en que la PGR habría liberado a una persona sin que se cumpliera el término de su arraigo al reconocer que carece de indicios suficientes sobre su implicación en un delito. Ahora con el caso de los militares va en el mismo sentido.- No será fácil, pero si de mucho interés por las argucias en el debido proceso.
Lo que es un hecho es que se debe revisar la figura del arraigo y del testigo colaborador. Ya hay señales de avanzar en ese sentido; legisladores del PRD y el PRI coinciden en ello.
 Este martes 22 de enero, la bancada del PRI en el Senado informó que revisará el marco legal que permite la existencia de los llamados testigos protegidos, o testigos colaboradores. Emilio Gamboa Patrón aseguró que la figura de testigo protegido será analizada en su grupo parlamentario con el procurador Murillo Karam.
Por su parte legisladores del PRD como Dolores Padierna y Luis Miguel Barbosa Huerta, coinciden que en el caso de los generales indiciados, se debe aplicar la justicia de manera estricta, con apego a la ley y las figuras de arraigo y de testigo colaborador están en entredicho. Y como no estarlo si vemos que solamente por un testigo protegido estrella de nombre Jenifer (cuyo nombre real es Roberto López Nájera) hay bastantes personas que fueron arraigadas y sujetas a proceso penal. La lista es larga. Entre ellos sin duda, hay personas inocentes.

Posicionamiento de la PGR
 Casi nadie leyó con detenimiento el mensaje del Procurador Murillo Karam en la sesión del CNSP el lunes 17 de diciembre de 2012 en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, cuan do dijo que “la PGR, arrastra a través de los años, de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad actual (…) Perdimos el propósito central de la investigación y lo tuvimos que cubrir con medidas extraordinarias que han producido un efecto perverso al convertirse en mecanismos casi únicos de consignación, violentando con frecuencia derechos fundamentales; situación que nos muestran claramente las dramáticas estadísticas sobre el tema.
 Y agregó que el Presidente Peña Nieto “ha ordenado revisar este tipo de figuras (el arraigo y el uso de testigos), a la mayor brevedad, para darles consistencia, capacidad y moldearlas conforme los recursos modernos y jurídicamente adecuados para que el respeto a los derechos humanos, a la integridad de la persona y a la implantación de un auténtico sistema de derecho se apliquen en forma inmediata y corrijamos las figuras que esto propicia.”
 Es claro, el posicionamiento de don Jesús, nombrado procurador por cierto en un proceso fast trak y que tuvo el aval de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, salvo una excepción, que se abstuvo de votar. El compromiso fue darle el beneficio de la duda y que presente en los próximos días un plan de trabajo, sin duda, hay señales positivas.
 La pregunta es obligada: ¿sirven de algo los testigos colaboradores?
 ¡La respuesta inmediata es si! Pero también es un arma de dos filos.
 En algunos la figura es imprescindible en el combate contra el crimen organizado. Difícilmente las instituciones de procuración de justicia podrían descubrir plenamente el entramado de las organizaciones criminales secretas y a los personajes que las integran, sin que contase con información desde dentro de las mismas. En muchos casos la única forma de lograr llevar a proceso a los líderes de las organizaciones criminales es a través de las imputaciones indirectas.
 Es un mal necesario, puede proporcionar información valiosa e útil para las autoridades, aunque también ´puede mentir deliberadamente y dañar a inocentes.
Siempre he manifestado que el fiscal especializado en la materia, así como el juez y en su caso los magistrados que lleven el caso donde existan testigos de oídas deben ser muy cuidadoso para no equivocarse. No hay que olvidar que el testigo protegido es, de entrada, un delincuente.
 Los testigos sirven sólo si sus testimonios son reales y si se pueden comprobar por otras vías. Es decir, para que la información que proporcionan tenga sentido tiene que estar refrendada por datos duros; por información objetiva que demuestre lo que esos testigos están declarando. Esa es la labor de los juzgadores que se equipara a quien hace periodismo de investigación, quien confirma una y otra vez sus fuentes. El daño que se causa puede ser irreparable. (Véase Testigos protegidos: ¿un mal necesario?/ Fred Álvarez Publicado en Código Topo, de Excélsior, 5 de enero de 2009).
 He seguido de cerca y a través de los medios y en charlas con académicos y especialistas el caso de los generales, concretamente de Tomas Ángeles Dauahare, y me interesa ver el desenlace. Hay cosas “raras” y se pueden percibir intereses políticos.
 El tema dará todavía mucho de qué hablar y de leer
 Esta vez sólo comparto para los lectores de La Silla Rota está línea del tiempo, creo que nos sirve para intentar entender mejor el caso.

Línea de tiempo:
 · 17 de marzo de 2010. Una persona desconocida dijo por la vía telefónica a un fiscal de la SIEDO que los ahora militares consignados estaban vinculados con traficantes de drogas.
A partir de entonces, la PGR- SIEDO abrió una averiguación que esencialmente se fundó en las declaraciones de los testigos protegidos "Jennifer" (cuyo nombre real es Roberto López Nájera), y Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande), operador del cártel Beltrán Leyva, quienes los señalan de haber recibido pagos de 500 mil a 5 millones de dólares, para colaborar desde el 2007 con los narcotraficantes sinaloenses.
· 15 de mayo de 2012. Tres años después, es detenido en el sur de la Ciudad el general divisionario Tomás Ángeles Dauahare, quien de inmediato fue llevado al campo Militar Número 1, en la sede de la Secretaria de la Defensa Nacional para que le practicaran el examen médico; minutos más tarde, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal
En otro operativo fue detenido el general Brigadier, Roberto Dawe González así como otros militares;
· 17 de mayo de 2012: Fueron detenidos el General Ricardo Escorcia Vargas y el Teniente Coronel de Caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. .
· 17 mayo 2012- Leticia Zepeda, esposa del General Ángeles, dijo que el Ejército traicionó a su marido. En el mismo sentido Guadalupe García, esposa de Roberto Dawe, reprochó a la Sedena el abandono de los generales hasta entonces arraigados “No sé si haya consigna del gobierno de la República, sea una línea del Estado Mayor Presidencial… no entiendo qué vaya a pasar”, dijo.
· 23 de mayo de 2012: Anabel Hernández entrevista telefónicamente al General Ángeles. “"Si hay un proceso transparente y se investiga a fondo, saldré libre", asegura el general. -¿General, teme por su vida?, le preguntó Anabel, la respuesta fue “No”
· 19 de junio de 2012, Tomas Ángeles declara al periódico Milenio que torturaron a Gerardo Ortega Maya para culparlo. A través de la queja 48641 que presentó ante la CNDH, el militar solicitó al organismo una copia de la queja 44767, que se interpuso por presuntas violaciones a los derechos humanos de Gerardo Ortega.
· 17 de julio de 2012: SIEDO incurrió en desacato a una orden judicial por no presentar las pruebas de descargo que acreditan o no las acusaciones realizadas en contra de Ángeles y no cumplir el mandato dictado por la juez décimo segunda de distrito en amparo del Distrito Federal, Josefina del Carmen Mora.
· 25 de julio de 2012: La PGR cumplió con la orden judicial emitida por la jueza Mora quien le mandó aceptar las pruebas de descargo presentadas por la defensa del general Tomás Ángeles.
· 31 julio 2012 Tras 70 días de arraigo, Raúl Valerio Ramírez, Juez Tercero de Distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, ordenó las aprehensiones de Tomás Ángeles, y de los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como del teniente coronel Silvio Hernández Soto por presuntamente colaborar con los hermanos Beltrán Leyva.
Asimismo ordenó la detención del Mayor Iván Reyna Muñoz y los narcotraficantes Édgar Valdés Villarreal, "La Barbie"; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; Pedro Bermúdez Suaza, "El Arquitecto", y Denys Gerardo Rodríguez Pacheco, "El Denys".
· 31 de julio de 2012. Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del general Ángeles afirmó en una entrevista radial que la orden de aprehensión girada contra el militar es un escenario que tenían previsto “y lejos de disgustarnos, aunque suene contradictorio, nos sentimos bien de ya sea ante un juez federal ante quien podamos ventilar un proceso ya con parámetros de tiempos y acciones perfectamente estipuladas,
· 1 de agosto de 2012 Uno de los testimonios que derivó en la detención de Tomás Ángeles fue la declaración de Mateo (léase Sergio Barragán Villareal) El narcotraficante afirmó que el general se encontraba relacionado íntimamente con personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado; que ello le consta con motivo de haber presenciado una reunión junto con el militar, a mediados de julio de 2008. Además, aseguró haber entregado al general la cantidad de 5 millones de dólares. Sin embargo, Matero cambió su dicho, pues comentó que no fue en 2008, sino en 2007, la mencionada reunión.
·5 de agosto de 2012. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, negaron ante autoridades judiciales conocer a los generales Tomás Ángeles, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez, Sin embargo, la prueba mayor son las declaraciones de los testigos Jennifer y Mateo.
· 6 de agosto de 2012. La PGR cumplimentó las órdenes de aprehensión contra el General Ángeles y otros militares acusados de crimen organizado, pero no a los narcotraficantes del Cártel de los Beltrán Leyva que supuestamente los corrompieron. “De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF), la PGR no ha ejecutado las aprehensiones contra "La Barbie" y "El Indio", ordenadas en la misma causa contra los Generales, pese a que el primero incluso está acusado de homicidio”
· Sábado 13 de enero de 2013. Una nota del periódico La Jornada, comenta que “en los próximos días un tribunal unitario con sede en Guanajuato emitirá resoluciones en las que decidirá si tiene sustento el auto de formal prisión dictado en contra del general Tomás Ángeles”
· Martes 15 de enero. Una nota del periódico “La Jornada” Informa que los generales Ángeles y Dawe, a un paso de obtener su libertad: fuentes judiciales Ángeles y Dawe, a un paso de obtener su libertad: (informan) fuentes judiciales. “El segundo tribunal en materia penal del segundo circuito con sede en Toluca, estado de México, admitió como prueba superveniente, dentro del expediente judicial con el que buscan su libertad los generales Tomas Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, una resolución de la PGR en la que los fiscales antidrogas autorizaron la devolución de las cuentas bancarias y los inmuebles asegurados al primero de ellos, bajo el argumento de que no se encontraron elementos probatorios para vincular esos bienes con actos de delincuencia organizada o lavado de dinero”
· 16 de enero de 2013. Una nota informativa del CJF informa que el Quinto
· Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región -a cargo del Magistrado Rafael Rojas Licea-, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, informa que, “en fecha ocho de enero de 2013, resolvió el toca penal número 258/2012, del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito. (A cargo de la Magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza, del Estado de México), y resolvió “confirmar el auto de formal prisión dictado por el juez de distrito -, al considerar correcta su apreciación jurídica, en el sentido de que hasta el momento procesal en que se encuentra la causa penal, existen suficientes pruebas para tener por demostrado el cuerpo de los delitos especificados, así como de manera particular, la probable responsabilidad de los mencionados inculpados en su comisión, en términos de las exigencias que se prevén en el artículo 19 Constitucional, así como los dispositivos 161 y 168 de Código Federal de Procedimientos Penales.

Este fallo de segunda instancia no es definitivo, pues ahora los acusados tienen la posibilidad de impugnarlo por medio de un amparo que deberá resolver un tribunal colegiado. O en su caso la SCJN

· Jueves 17 de enero 2013: El Gral. Tomas Ángeles solicitó cerrar su juicio y dictarle sentencia con base en las declaraciones de los testigos protegidos, renunciando a interrogarlos ante un juez.
· 21 de enero de 2013. Una nota de Rubén Mosso de Milenio, señala que el Juez Raúl Valerio Ramírez pidió a la PGR que presente a comparecer a Gustavo Adolfo Flores, agente del MP que ofreció otorgar beneficios a un narcotraficante a cambio de que declarara contra los generales inculpados. Sin embargo, la PGR notificó al juez que no puede cumplir ese requerimiento, pues la persona a la que pretende declarar dejó de laborar en la dependencia desde noviembre de 2012:.
“Al respecto, hago de su conocimiento que la persona de nombre Gustavo Adolfo Flores dejó de prestar sus servicios para esta unidad especializada el 30 de noviembre de 2012, razón por la cual está representación social de la Federación se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a su requerimiento”, indicó la PGR al juez.
· Martes 22 de enero de 2013. En un hecho sin precedente, la PGR reconoció mediante un escrito (DGCPPAMDO/707/2013), fechado el 15 de enero y dirigido al Juez de la cusa que no tiene ninguna prueba que confirme las declaraciones de los testigos colaboradores que incriminaron al general Tomás Ángeles Dauahare de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva. Punto.
· Hoy sabemos que el juez Raúl Valerio Ramírez, notificó la tarde del lunes 21 de enero lo anterior a los militares inculpados, y fijo un plazo de 10 días hábiles al subprocurador general de Justicia Militar para que entregue el nombre del personal militar que se encontraba adscrito en diciembre de 2007 al aeropuerto internacional de Cuernavaca, donde supuestamente Tomás Ángeles dejaba pasar cargamentos de droga del cártel de los Beltrán Leyva.
· Martes 22 de enero de 2013. El senador Emilio Gamboa Patrón (PRI), señaló que su bancada pondrá a revisión la figura del testigo protegido, la cual será revisada con el Procurador Jesús Murillo Karam.
· Legisladores del PRD piden revisar la figura del testigo colaborador y del arraigo.
· Y los que se sumen.

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