(Ricardo) García Cervantes: ante los desaparecidos, ¿cuántos bulldozers se necesitan?

(Ricardo) García Cervantes: ante los desaparecidos, ¿cuántos bulldozers se necesitan?

MARCELA TURATI

Revista Proceso  No. 1888, 6 de enero de 2013-

Insólitamente nombrado por el nuevo gobierno federal como subprocurador de Derechos Humanos, cargo clave para atender los graves pendientes que en esa materia dejó el sexenio de Felipe Calderón, el panista coahuilense Ricardo García Cervantes se duele de la situación de los derechos humanos en el país, que “ya conocía pero no tan de cerca”. Sin embargo –dice quien ha sido crítico severo de las prácticas corruptas de su propio partido–, guardará su corazón para darle sustento jurídico a sus tareas y así ayudar en serio a las víctimas de la delincuencia organizada y del Estado. Anuncia su intención, entre otras, de rescatar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos.

Desde la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se atienden los abusos de autoridad, en la oficina donde tocan las personas dolidas y decepcionadas de la procuración de justicia, el panista Ricardo García Cervantes evalúa el periodo de gobierno de sus correligionarios, que acaba de culminar.

“En el sexenio pasado hubo indolencia, no se dolían, porque si se hubieran dolido se hubieran detenido por lo menos a pensar, a reflexionar, a comunicar, a convidar, a hacer que las expresiones de la vida, las circunstancias reales fueran compartidas y existiera una comprensión”, dice en su nueva oficina, en el piso 17 de las oficinas centrales de la PGR en la Ciudad de México.

Desde el saludo confiesa que está “tremendamente impactado” por la magnitud de la violencia, por la cantidad de víctimas, por las secuelas que ha dejado. El exsenador coahuilense lleva un mes en el cargo y no tiene la certeza de durar. Es un panista invitado al gobierno priista y mantiene su filiación al PAN. En este lapso ha atendido a víctimas de asesinato, tortura y desapariciones de sus familiares, y se ha reunido con algunas organizaciones de derechos humanos.

“Me está doliendo mucho estar aquí, no sé si esto es para alguien normal y yo me considero alguien normal”, dice a Proceso el 2 de enero.

No adelanta una agenda porque dice que todavía está conociendo la procuraduría, se está empapando en datos y el procurador está por delegarle funciones, pero sí esboza los puntos débiles que, a nivel institucional, el nuevo gobierno debe atacar: los ilegales arraigos que terminan en tortura, la filtración de información en las líneas de denuncias anónimas que ponen en riesgo a los ciudadanos aliados de la justicia, la verdadera disposición de juzgar a militares en el fuero civil, la diplomacia que sólo quiere zafarse de recomendaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos, la descoordinación interna.

Menciona su preocupación por la protección a migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, y la búsqueda de personas desaparecidas, campo en el que advierte la falta de protocolos para realizar entierros en los panteones y exhumaciones en fosas, la necesidad del banco de datos genético y de una base de datos completa de personas desaparecidas, así como la asesoría de expertos como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Aunque, señala, “todos esos temas tienen que ver con derechos humanos, están en mi intención y la de él (el procurador general, Jesús Murillo Karam), ahora que nos reunamos nos vamos a poner de acuerdo y ver qué me toca hacer y qué no”. Agrega que tampoco quiere crear falsas expectativas.

Al ser cuestionado sobre las secuelas de la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, reflexiona: “¿Y además de a los norteamericanos, a quién le sirve todo esto? ¿Es un diseño de México para los mexicanos? ¿Está atendiendo prioritariamente la circunstancia propia de la comunidad nacional? ¿Hay otras cosas (detrás)? No lo sé pero lo sospecho”.

García Cervantes fue coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados de 1994 a 1997 y candidato a la dirigencia nacional. Es integrante del Comité Ejecutivo Nacional panista. Durante sus últimas apariciones públicas, tras la derrota electoral, señaló hacia la corrupción interna, la simulación y el cinismo en la que había caído su partido. (También fue Presidente de la Cámara de Diputados en el años 2000)

En una entrevista con este semanario (Proceso 1863, 15 de julio de 2012), señaló que el PAN estaba controlado por un grupo de personajes que no se afiliaron al partido por sus ideales sino por ambición al poder. “¡Son grupos de interés, muchos de ellos de negocios y de negocios ilícitos! Son grupos cohesionados por sus prácticas de corrupción frente a otros grupos y todos se saben capaces de cualquier cosa”, dijo.

Al concluir su periodo en el Senado, volvió a su tierra natal y anunció que lucharía en tribunales internacionales para lograr el rescate de los restos de 65 trabajadores fallecidos en la mina de Pasta de Conchos e insepultos desde el foxismo. El 5 de diciembre reapareció como miembro del equipo de Murillo Karam. Los medios de comunicación destacaron su extracción partidista.

García Cervantes dice que al aceptar el cargo es congruente con su trayectoria y consigo mismo, porque la defensa de la dignidad humana siempre ha sido una de sus convicciones, es su filosofía política y la de su partido.

“El tema, la materia de trabajo y la persona con la que iba a trabajar no me generaron duda. La duda fue la magnitud de los episodios que, a mi juicio, son absolutamente indignantes, contrarios a toda política que ponga en el centro la dignidad de la persona, y el miedo o el riesgo de llegar a un atoleo en que el único instrumento para administrarlo fuera el dedo (…) ¿Cómo estar seguro de que no llegaría a eso? No hay forma de estar seguro, más que viniendo”, dice.

“¿Qué se le puede decir, por llegar a un cargo, a más de 20 mil familias? ¿Que vamos a encontrar a sus familiares desaparecidos? ¿Lo puedo decir deveras? ¿No sería un engaño, una mentira? Y venir a decir mentiras, pues no. Jesús (Murillo) me dice: ‘Vamos a hacerlo en serio y bien’. Quiero acompañarme y que conozcamos cómo van las cosas.”

Se le menciona que en una columna de Milenio se califica como una “deliciosa perversidad” priista la inclusión al gabinete de “anticalderonistas” como él y la expanista Lía Limón (ella subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en Gobernación). García Cervantes contesta: lo perverso es esa lectura.

Aclara que no es anticalderonista porque no tiende a personalizar, y que sigue siendo panista aunque su postura es y será opuesta a la estrategia de “una escalada de violencia como principio de solución”.

Sobre la situación actual del PAN (y en ese momento aclara que abrirá un paréntesis porque en su nuevo cargo no abordará cuestiones partidistas) reitera que se llenó de gente interesada en el poder. Dice que aunque entró en fase de depuración, dentro del partido todavía no ve una sincera reorientación.

“No soy priista, tampoco me da roña hablar con los que sí son, buscando el mejor argumento (…) Soy un demócrata, así he tratado de vivir pero sí me cuesta trabajo ser demócrata donde las decisiones las toman unos cuantos con un interés distinto al partido, a la ideología. Sigo haciendo la misma crítica.”

–¿Qué les responde a quienes dicen que la decisión de aceptar la subprocuraduría será un harakiri político, que lo van a usar y a desechar?

A botepronto responde que no se va a detener a buscar la palmada en la espalda ni el escupitajo en el ojo. “Yo no estoy pensando en eso, sino en servirle al país. ¿Que si cuando ya no sirva me dan una patada y me dejan en el ostracismo? Pues de allá me sacaron, yo y mi familia ya nos habíamos ido a vivir a Torreón. Empaqué, renté mi departamento… Ahora vivo en un departamento rentado, estaba donde quería estar pero no donde debía estar, según las circunstancias que se me presentaron”.

Todo desmantelado

Se refiere a Murillo Karam –“don Jesús”, le dice cuando lo ve– como un político a quien conoce desde 1985, con quien ha trabajado y no tiene problemas de criterios, aun cuando tienen distintos puntos de vista.

Cuenta una anécdota: las oficinas de la subprocuraduría estaban en la calle López, en la colonia Guerrero, donde funcionaron por décadas los temibles separos de la Policía Judicial Federal y se cometieron torturas y homicidios acreedores de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Lejos de las oficinas centrales de la PGR, en el Paseo de la Reforma.

“¿Cómo se cita uno a platicar con familias que buscan a personas que cuando se les vio por última vez fue ahí?”, pregunta. Llamó entonces a Murillo y le preguntó: “¿Cómo debo interpretar que llegué a un apéndice alejado de la PGR?” Al instante, el procurador pidió que le buscaran un lugar en el piso abajo del suyo. “Y aquí estoy”, menciona como una buena señal.

Comparte el diagnóstico de su nuevo jefe de que la PGR está desmantelada. Dice que tiene un diseño institucional ilógico, poco inteligente, que da resultados mínimos. Equipara su diseño al de un atomizador de responsabilidades “para que nadie sienta que tiene mucha pero que a todos les ha tocado algo”.

Irónico, dice que el área de prevención del delito se dedicaba a promover pláticas contra el bullying. Que la fiscalía creada para atender delitos contra los periodistas actuaba por presión mediática en lo que duraba el escándalo. Menciona que muchas cosas se hicieron por cálculo político electoral.

“Todavía no sé como se va a reestructurar esta subprocuraduría, pero yo esperaría que no fuera sólo declarativa, sino de procuración de verdad: buscando, investigando, denunciando, acompañando los procesos para que no se abandonen”, enfatiza.

Entre los retos para la institución menciona que la gente vuelva a confiar en ella. Que no gane terreno la justicia por propia mano o esquemas alejados a los procesos democráticos, como las compañías ilegales de seguridad. Dar respuesta a las personas que tienen incubado un gran dolor que les ha llevado “a la médula de la desesperación que es germen del odio”, y a aquellos que desprecian de antemano la opción de presentar una denuncia porque saben que existe una impunidad absoluta.

Por lo pronto, dice que se ha reunido con Limón, su homóloga en Gobernación, y con el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque “estamos en aprietos; ahí vienen un montón de recomendaciones” del sistema interamericano de derechos humanos, sobre las cuales opina que México ya no puede seguir enfrentándolas en aras de criterios de política exterior o interior, sino en pos de la justicia.

A media entrevista, Murillo se presenta de improviso. Está recién operado de las cuerdas vocales. Los exlegisladores se dan el abrazo de Año Nuevo. El jefe le pide que suba para discutir el diseño de la Visitaduría, el órgano interno que atiende las quejas ciudadanas.

Una preocupación que el procurador ha mencionado como prioritaria, y que García Cervantes dice hacer suya, es el abuso de la figura del arraigo (de 4 mil realizados en dos años, 3 mil 800 fueron injustos, informó Murillo en la radio), que muchas veces es la puerta de entrada de la ya generalizada tortura.

Menciona la reticencia de los procuradores anteriores para aplicar el Protocolo de Estambul: “No me parece que no se pueda aplicar un protocolo para detectar la tortura cuando cuesta menos que una caja de balas”.

“Ni siquiera se considera como una medida que el Estado está obligado a aplicar en el momento en que existe siquiera noticia de la posibilidad de una tortura, pero es que entonces la tortura se ha generalizado. Y no lo digo tomado de algún testimonio: están ahí los reportes de los organismos internacionales, y en el fondo y detrás de todo esto se suma el dolor de ver un país en desprestigio.”

 Desapariciones, papa caliente

 Coahuila, su estado natal, es uno de los que registra más desapariciones de personas. El gobierno estatal ha reconocido mil 600 casos ocurridos durante el sexenio anterior, aunque la base de datos de la PGR, a la que Proceso y medios internacionales han tenido acceso, enlista 270. Al parecer esta base de datos también está desaparecida, pues ni Murillo Karam ni García Cervantes la conocen.

Entre los pendientes que menciona el panista está reunirse con el gobernador de la entidad, Rubén Moreira.

El tema de las desapariciones forzadas es difícil de abordar. Durante la entrevista, el subprocurador de Derechos Humanos se pregunta: ¿Qué tanto se puede hacer? ¿Cuántos bulldozers se necesitan? ¿Qué tantas fosas están ubicadas? ¿Podemos decir que vamos a encontrarlos? ¿Cuánto puede costar?

“Lo que cueste no importa –se responde–. Somos un país grande, con economía fuerte, somos importantes… Creámoslo y hagamos una gran cruzada: que todos los que tengan un familiar desaparecido lo registren”. De inmediato se frena y dice que el gran reto es la coordinación federal y con los estados.

Dice que será fundamental la coadyuvancia de las familias y las organizaciones, la transparencia de las acciones, dejarse acompañar por las relatorías de los organismos de derechos humanos y la vigilancia de la prensa.

García Cervantes se ha caracterizado por haber hecho alianzas, aun en contra de la disciplina partidista, en contra de los poderes fácticos como el duopolio de las telecomunicaciones, la industria del carbón y los líderes sindicales eternizados.

Sostiene que parte de su “ilusión” al asumir el cargo es rescatar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos (“mis mineros”, dice), víctimas de la tragedia ocurrida durante el foxismo y cuyo rescate, que suplican las familias, siguió bloqueado por la Secretaría del Trabajo en tiempos del calderonismo.

Al decirlo se contiene: “Aquí no vengo a hacer caprichos ni voluntarismo. Tengo que ver cómo está (el expediente) para fundamentar legal y sólidamente la reapertura de Pasta de Conchos, para que el Estado pueda ejercer sus funciones de procuración de justicia (…) Si el Estado no actúa, posteriormente en el ámbito internacional habrá una sentencia”.

E insiste: al negársele la justicia, la gente la busca por mano propia; el Estado tiene que recuperar su función de brindar seguridad. Dice que las encuestas señalan que, de cada tres familias, una tuvo contacto con la violencia o la delincuencia. Que más de la mitad está en contacto con actos de corrupción o participa en ellos.

–¿Usted puso condiciones para ocupar el cargo? ¿Se irá si no las cumplen? –se le pregunta.

–No estoy aquí para poner un ultimátum. Vengo a ser como soy y actuaré como siempre he sido. No voy a estar donde no pueda servir. A lo mejor me dan todo lo que pido y necesito, pero me iré si no soy el adecuado. Pero ganas sí le voy a poner. El corazón lo voy a guardar tantito (…) para usar más la razón, la inteligencia, el valor sin ser temerario. No me avergüenza decir que me está doliendo mucho lo que estoy encontrando, que ya lo sabía pero nunca lo había visto todo junto.